Derechos Humanos
Los patrones comunes de criminalización de los movimientos sociales en América Latina y València

En los últimos años, los movimientos sociales, colectivos feministas y defensores de derechos humanos están siendo víctimas de fuertes campañas de estigmatización y criminalización. Pese a tener particularidades diferentes en función del contexto y la coyuntura local, hay patrones comunes de criminalización en los movimientos sociales latinoamericanos y valencianos.

¿Cómo ha respondido el sistema a la lucha de las defensoras del medio ambiente en Colombia u Honduras y a la resistencia del Forn de Barraca en Alboraia? ¿Cómo se ha reprimido al colectivo feminista Demus de Perú y a l’Assemblea Feminista de València? ¿Qué sufren los periodistas que informan sobre estos temas en Nicaragua, México y València? Ahora pone luz sobre ello el informe Patrones de criminalización de movimientos sociales y defensoras de derechos humanos en América Latina y València, una investigación interdisciplinar realizada por alumnado de la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universitat de València en colaboración con Entrepobles.

Juicio del Forn de Barraca: las acusadas defienden que no hubo “resistencia” ni “desobediencia”

Raquel Andrés Durà

Represión

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Dos agentes de la Guardia Civil que declaran se contradicen y admiten que solo ellos conocían la fecha exacta del desalojo, por lo que la acción no estaba organizada.

De América Latina han participado miembros de la Colectiva de Mujeres refugiadas, exiliadas y migradas de Colombia; de la Agrupación para la despenalización del Aborto – Agrupación Feminista El Salvador; Sindicato de mujeres trans de Chile; colectivo feminista Demus de Perú; representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes; defensores de derechos humanos de Chile, Honduras, El Salvador y Colombia; y periodistas de El Salvador y Colombia. En València se ha contado con el testimonio de miembros del Forn de Barraca, Assemblea Feminista de València, Cuidem Benimaclet, Comissió Ciutat-Port, La Directa y Antimilitaristes MOC.

El informe se presentará este miércoles 12 de junio a las 18:00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universitat de València (Avda. dels Tarongers, s/n). Contará con la presencia y testimonio de la defensora hondureña Dalila Argueta, que ahora mismo vive en Bilbao, donde obtuvo asilo político.

El ejemplo de Dalila Argueta

Dalila Argueta es un ejemplo vivo de la resistencia y lucha por los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Su historia refleja un profundo compromiso contra la injusticia y la opresión que enfrentan las personas defensoras. Nacida en Honduras, en el Departamento de Colón, Dalila creció en la comunidad de Guapinol, que da y recibe el nombre del río que la atraviesa.

Desde siempre, ha sido testigo del avance despiadado de las multinacionales extractivistas que han invadido las tierras y las aguas de su comunidad. Proyectos mineros respaldados por el Gobierno y sin tomar en cuenta las graves repercusiones que esto acarrearía para las comunidades indigenas y relación simbiótica que mantienen con lo que denominan “la madre tierra”. Para Dalila y su comunidad, la tierra no es simplemente un recurso a explotar, sino un ser vivo, sujeto a derechos y merecedora de respeto y protección. Sin embargo, según afirma el informe, “los entes políticos no comprenden la perspectiva de las comunidades pues carecen de esa conexión ancestral que estas tienen con la madre tierra.”

El precio de su valentía fue alto. Como tantas defensoras de los derechos humanos y ambientales, Dalila fue blanco de continuos ataques, amenazas, persecuciones y hostigamientos

Ante la amenaza de la destrucción de su territorio por los proyectos de minería extractiva, la comunidad de Guapinol se articuló para defenderlo. En la primera línea de lucha, Dalila se convirtió en una líder valiente y decidida, enfrentó la maquinaría voraz de la industria extractiva, alzando su voz y organizando a su comunidad en defensa de la tierra y el agua. El precio de su valentía fue alto. Como tantas defensoras de los derechos humanos y ambientales, Dalila fue blanco de continuos ataques, amenazas, persecuciones y hostigamientos. El miedo se apoderó de su vida, tejiendo una red de peligro que la obligó a tomar la difícil decisión de abandonar su país en busca de seguridad. En abril de 2019, Dalila emprendió un viaje doloroso hacia el exilio, dejando atrás a sus familiares y vecinos.

El asesinato de la destacada activista ambiental hondureña Berta Cáceres en 2016 marcó un punto de inflexión, evidenciando una serie de violaciones graves contra las personas defensoras de derechos humanos y ambientales en Latinoamérica. Desde entonces, se han registrado numerosos casos de asesinatos e intentos de asesinato contra activistas en este ámbito, subrayando las profundas violaciones que enfrenta este colectivo. A estas violaciones se suman persecuciones, intimidaciones y detenciones policiales.

Siete condenados y el extractivismo impune

Redacción El Salto

Berta Cáceres

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Dalila también ha sido objeto de vulneraciones de sus derechos humanos, lo que la ha obligado a permanecer en constante alerta y le ha impedido vivir con tranquilidad. En múltiples ocasiones, han intentado sobornarla, pero ella siempre ha rechazado estos intentos porque no está dispuesta a ponerle precio a su voz ni a su compromiso con su comunidad. Además, Dalila ha sido objeto de vigilancia constante en su hogar, llegando incluso al extremo de encontrar pañuelos con sangre depositados en su casa como amenazas. Un evento que marcó un antes y un después en la vida de Dalila fue cuando fue perseguida en moto con la clara intención de provocar su muerte. En ese momento, Dalila fue consciente del peligro inminente que enfrentaba su vida. La persecución y la criminalización que Dalila sufría eran evidentes, y como resultado, se vio obligada a buscar protección en España.

Los casos valencianos

En el informe se recogen también entrevistas con activistas valencianas de colectivos como la Comissió Ciutat-Port, Cuidem Benimaclet, Antimilitaristes MOC, la asamblea feminista y la periodista de La Directa Ester Fayos. Estas personas narran, a través de entrevistas, las diferentes experiencias represivas que han tenido que afrontar por ejercer sus derechos políticos.

En el caso de las feministas, Mireia Vilalta tras la huelga de 2018 han tenido que hacer frente a numerosas multas que han afrontado de forma colectiva, con cajas de resistencia. Otro caso destacado que recoge el informe es la represión que sufrió el movimiento por la defensa del Forn de Barraca. Este edificio, situado en la tradicional huerta de València, fue un símbolo de la lucha contra la ampliación de la autovía CV-21, en la entrada norte de la ciudad, la cual implicaba la pérdida de 60.000 metros cuadrados de huerta productiva en Alboraia y el derribo de dos casas centenarias.

Forn de Barraca, un símbolo de resistencia

Eleuterio Gabón

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Especulación urbanística

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Tras doce días defendiendo el Forn de la especulación urbanística que amenaza la huerta de Valencia, nadie podía imaginar que las fuerzas del orden actuarían el día de las protestas por el cambio climático.

Datxu, una de las cuatro detenidas, narra como la Guardia Civil le dobló la mano al deteneral y cuando notó que los dedos le estaban tocando el antebrazo le dijo “me estás haciendo daño, yo voy a lo que tú me digas, pero no me cojas así”. Ante esto los agentes reaccionaron de mala manera tirándola al suelo y posteriormente entre los dos empezaron a golpearla, uno con patadas y otro con la porra aprovechando que no había nadie cerca. Datxu, fue condenada a juicio a pena de prisión, la cual fue suspendida por no poseer antecedentes. Sin embargo, corría el riesgo de que, si la detenían de nuevo en alguna protesta, esa vez si podía ir a la cárcel.

Por su parte, los activistas de Antimilitaristes MOC narran en el informe su experiencia por haber tratado de denunciar la escala de barcos cargados de armamento en el Port de Sagunt, en dos acciones realizadas tanto en 2019 como en 2023, por las que han sido multados. Además también realizaron una acción en Expojove, un evento cultural destinado al público joven y en el que estaban presentes con un stand las fuerzas armadas, por la que les piden 44.000 euros por daños a un tanque. El colectivo roció el vehículo con pintura rosa artesanal, hecha de agua, harina y remolacha, por lo que les parece disparatada la petición de indemnización a la que tendrán que hacer frente si así finalmente lo determina el juez.

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Tomás Muñoz

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La acción tiene como objetivo, además de monitorizar el cargamento, señalar la repulsa al envío de armas hacia el conflicto de Yemen.

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Patrones comunes y conclusiones

El informe identifica como conclusiones “claros patrones de criminalización dirigidos contra las personas defensoras de derechos humanos”. Según resumen en el texto, “todas aquellas que defienden el territorio y el medio ambiente, ya sean indígenas o campesinas, mujeres que reivindican sus derechos, abogados/as que defienden a esta víctimas o periodistas que denuncian estos hechos criminales, se convierten automáticamente en objetivo del poder”.

Concluyen que “la defensa de los derechos humanos y los esfuerzos por hacer efectivas las democracias en la región, oponiéndose a estos abusos, ya sea del Estado o de otros agentes, incluidos los operadores económicos, entraña un riesgo cierto y elevado para la vida y seguridad de las personas defensoras de América Latina”.

“la totalidad de las personas entrevistadas en València han hecho una referencia expresa a la importancia que supuso la aprobación en el año 2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza)”

En el caso de València, el informe concluye que existe “un nivel de intensidad de la criminalización menor que el observado en Latinoamérica. No obstante, también puede hablarse de obstáculos en el ejercicio de determinados derechos de participación política, como lo son los referidos a la protesta o la libertad de expresión”. Dentro de este marco, “la totalidad de las personas entrevistadas han hecho una referencia expresa a la importancia que supuso la aprobación en el año 2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza), normativa que impone sanciones administrativas por distintos comportamientos enmarcados en la protesta de los movimientos sociales”.