El fallo por el asesinato de Berta Cáceres deja impunes a los verdaderos responsables, denuncia el COPINH

El primer juicio sobre el asesinato de Berta Cáceres deja un saldo de siete condenados. El COPINH y la familia denuncian que la sentencia solo incluye al “escalón más bajo de la estructura criminal”, dejando impune la autoría intelectual 
Berta Cáceres

publicado
2018-11-30 12:20:00

“Con este fallo el Estado de Honduras no silenciará la demanda para una justicia integral a la compañera Berta Cáceres. No están juzgados los máximos responsables de este vil hecho”. Con estas palabras Berta Zúñiga —hija de la líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada el 3 de marzo de 2016— reiteraba la postura de la organización y la familia ante el resultado del proceso sobre la muerte de su madre. La Sala I del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa dio por terminado el juicio el pasado 24 de noviembre. La sentencia se leyó ayer, día 29.

Zúñiga, actual coordinadora general del COPINH, interpelaba a la sociedad civil  y a la comunidad internacional a ejercer presión ante las autoridades hondureñas, horas antes de que se hiciera público un fallo que no ha sorprendido a nadie, pues los condenados suponen, en palabras de la joven activista, “el escalón más bajo de la estructura criminal”.

Berta Cáceres
Dos compañeros de Berta Cáceres muestran sus preocupaciones ante el juicio, que empieza hoy
Activistas de la Plataforma por Honduras se están movilizando para denunciar las limitaciones del juicio por el asesinato de Berta Cáceres.

Siete son los hombres declarados culpables por el asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro, tres de ellos son sicarios Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, otros cuatro están vinculados a la Empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y al ejército hondureño: Sergio Rodríguez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano Díaz (mayor del ejército), Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA), Henry Hernández (exmilitar). Un octavo acusado, Emerson Duarte, en cuyo domicilio se encontró la pistola con la que se perpetró el crimen, ha sido absuelto.

“La justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen”, se había pronunciado la CIDH.

En un comunicado posterior a que se hiciera pública la sentencia el COPINH manifestaba su indignación ante un veredicto que “condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente con la empresa DESA”, algo que consideran insuficiente pues “las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune”. En concreto el COPINH viene señalando a la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, a quienes acusan de estar “detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”.

Juicio irregular

El COPINH vienen denunciando las irregularidades que se han dado durante el juicio, que le ha dejado, junto a la familia, fuera de la acusación —que fue asumida por el Ministerio Público— no admitiendo pruebas ni testimonios que consideraban fundamentales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron estas maniobras de la Justicia hondureña. “La exclusión en la fase de juicio oral y público de la acusación privada socava significativamente el derecho de las víctimas a un acceso efectivo y equitativo a la justicia así como su derecho a la verdad”, afirmaban en un comunicado.

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Se cumplen dos años de la muerte de Berta Cáceres, asesinada por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Su caso puso en evidencia la connivencia entre actores corporativos, financieros, estatales y paraestatales; así como la estrategia dirigida a eliminar cualquier oposición y resistencia, sin importar los medios utilizados para ello.

Ayer, mientras se leía la sentencia, Austra Flores recordaba, rodeada de periodistas, las múltiples pruebas, llamadas, mensajes de whatssap y otras evidencias que demostraban las conexiones entre lo directivos de DESA y quienes perpetraron el asesinato. “¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto?” le preguntaba después el COPINH al estado hondureño. Hasta el 10 de enero no se conocerán las penas de cárcel que enfrentan los condenados. “La justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen”, se había pronunciado la CIDH.

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos”, sentenciaba el COPINH en su comunicado. La empresa DESA era titular de la concesión para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, un embalse contra cuya construcción Berta Cáceres luchó a la cabeza del COPINH. Los grupos indígenas —principalmente el pueblo lenca— se enfrentaron así a los planes del Gobierno y la empresa para defender su territorio y su río. Tras el golpe de estado de junio del 2009, bajo el gobierno de Porfirio Lobo, se multiplicaron las concesiones para explotar el territorio hondureño. La violencia contra activistas y poblaciones que defienden sus territorios y la creciente pobreza están en el origen de movimientos migratorios como el de la Caravana Migrante que partió el 13 de octubre del país.

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