Opinión
ChatControl: la UE, las empresas privadas y nuestros datos sensibles

El pasado 14 de octubre el Consejo de la Unión Europea pospuso la votación sobre la Regulación para Prevenir y Combatir el Abuso Sexual Infantil (CSAR) por sus siglas en inglés, conocida popularmente como ChatControl. La versión del texto que se había preparado planteaba mecanismos técnicos que podrían haber exigido a los proveedores de mensajería la detección previa al envío de contenido ilícito. En la práctica, esto significaría la inspección de mensajes, imágenes o enlaces directamente en el dispositivo del usuario antes de su cifrado y transmisión, un enfoque conocido como escaneo en el lado del cliente o client-side scanning. 

Técnicas como esta requieren que se instalen en el dispositivo personal (teléfono, tablet...) sistemas automáticos que analicen el contenido en el punto de origen para buscar coincidencias con bases de datos de material de abuso o patrones de comportamiento sospechoso. El objetivo declarado es combatir la explotación sexual infantil, pero los expertos advierten de que la consecuencia real podría ser el acceso masivo a comunicaciones privadas y la creación de una infraestructura permanente de vigilancia digital.  

Reacción de expertos y sociedad civil 

Por este motivo, el pasado mes de septiembre más de setecientos científicos y académicos de toda Europa habían firmado una carta pública dirigida a las autoridades europeas, alertando que esto podía alertar un precedente peligroso para la seguridad y la libertad de expresión en línea. Introducir herramientas capaces de inspeccionar los mensajes privados convierte cada dispositivo en un potencial punto de vigilancia y debilita la arquitectura de seguridad sobre la que se basa el cifrado de extremo a extremo. Juristas y defensores de los derechos digitales se unieron a la voz de alarma, ya que esta vigilancia sistemática vulnera los principios fundamentales recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Recordemos que en 2022 ya se había pospuesto la votación a la primera versión de esta ley, que ya incluía las obligaciones de detectar, informar sobre y eliminar contenido sobre abuso sexual infantil en entornos digitales. Esta primera versión ya había recibido fuertes críticas desde los sectores expertos, investigadores, académicos y defensores de los derechos digitales. 

Ante la presión social, la votación se pospuso al fin de semana del 6 y 7 de diciembre. Sin embargo, la Unión Europea alcanzó por sorpresa un acuerdo la última semana de noviembre. 

El objetivo declarado es combatir la explotación sexual infantil, pero los expertos advierten de que la consecuencia real podría ser el acceso masivo a comunicaciones privadas y una infraestructura de control 

Es importante subrayar que en ningún caso los sectores críticos banalizan los abusos infantiles, o de cualquier tipo, ni niegan los riesgos de los entornos digitales. Sin embargo, alertan de que se trata de una fórmula para encubrir la vigilancia masiva de ciudadanos, en un momento en el que estamos viendo cómo los estados (y los grandes lobbies empresariales) buscan formas de concentrar poder y de implementar fórmulas de vigilancia de sus ciudadanos. 

Contexto internacional 

La presión para introducir identificaciones biométricas es un buen ejemplo de ello. Este mismo año Vietnam suspendió 86 millones de cuentas bancarias. Aunque oficialmente las cuentas no estaban embargadas, sus propietarios no podían acceder a ellas o bien por haberse negado a adoptar una identificación digital que incluye datos biométricos, o bien porque no pudieron actualizar a tiempo su documentación. Esta legislación se endurecerá a partir de 2026. También a partir de 2026 la Agencia Tributaria española limita aún más las cantidades que se pueden abonar en efectivo y, a partir de 2027, entrarán en vigor las legislaciones europeas sobre esta cuestión. El Banco Central Europeo es optimista en relación a poder implantar el euro digital en 2029. 

El pasado 26 de noviembre la Unión Europea publicó una nota de prensa según la cual se ha alcanzado un acuerdo para la aprobación de ChatControl

Recordemos también, que estas medidas fiscales vienen acompañadas de un aumento en la represión a movimientos sociales y activistas: Reino Unido es ya un caso paradigmático, y recientemente los tribunales alemanes, en referencia a los juicios abiertos por las protestas de Rebelión Científica en otoño de 2022, han confirmado que los motivos para tales acciones (alertar de la emergencia ecológica y la espada de Damocles de la extinción) no serán considerados como atenuantes. 

Aunque puedan parecer hechos aislados, estas y otras noticias deben considerarse como un ecosistema del ChatControl forma parte. ¿Qué panorama social nos dibuja esto, incluso en países donde los gobiernos se consideran democracias consolidadas? 

Empresas privadas y la próxima votación de ChatControl 

Volviendo a ChatControl, el pasado 26 de noviembre la Unión Europea publicó una nota de prensa según la cual se ha alcanzado un acuerdo para que la responsabilidad de escanear conversaciones y tomar las medidas que crean oportunas para detectar posibles conversaciones sobre abuso infantil. Con los casos identificados, la Unión Europea creará una base de datos sostenida por la agencia de nueva creación Centro Europeo del Abuso Sexual Infantil. 

Recordemos que gigantes como Meta ya han sido señalados y sancionados por cuestiones relacionadas con la protección de datos en diversos lugares del mundo. En 2023 se le multó con 390 millones de euros por infringir el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea. A finales de 2024, fue sancionada con 14 millones de euros en Corea del Sur por recopilar indebidamente información sensible de usuarios de Facebook para venderla a anunciantes sin consentimiento explícito e informado. Este 2025 un tribunal español ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a diversas empresas de prensa digital por competencia desleal, ya que utilizaba indebidamente datos personales para insertar publicidad en Facebook e Instagram. 

Podemos recuperar el presente y el futuro 

Las bases de la teoría política consideran que, en democracia representativa (la que existe actualmente en Europa) la sociedad civil tienen capacidad de ejercer control sobre los gobiernos a través de las elecciones. De forma simplificada: cuando un gobierno promulga leyes y acciones que socialmente se consideran injustas, este puede ser castigado en las elecciones. ChatControl ha sido socialmente rechazado dos veces. Trasvasar la ejecución de esta normativa a las empresas privadas es utilizarlas para puentear esta rendición de cuentas ante la ciudadanía, además de poner nuestros datos personales extremadamente sensibles e íntimos (conversaciones, imágenes, audios...) en manos de empresas cuya ética se ha visto más que cuestionada. 

Desde que empezó el siglo veintiuno hemos visto como han disminuido nuestras libertades, primero bajo el paraguas del terrorismo. Desde que se iniciaran las guerras en Iraq y Afganistán —las que la ciudadanía española también se opuso— no parece que vivamos en un mundo más pacifico. Llegados a este punto la cuestión ya no es solamente frenar leyes desproporcionadas que, en realidad, no atacan el corazón de los problemas (eco)sociales que nos apremian. Se trata de hacer ejercicios colectivos de imaginar cómo queremos vivir y cuál es el papel de los gobiernos en estos nuevos escenarios. Y construir a partir de ahí con todos los recursos que todavía tenemos, y con aquellos que podemos recuperar.