Derechos digitales
Trump exige desarmar las normas digitales antimonopolio de la UE a cambio de bajar los aranceles al acero

El pasado 17 de noviembre, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunciaba que pediría al PSOE la aplicación de una tasa para gravar la actividad de los gigantes tecnológicos, la mayoría de origen estadounidense, para equiparar sus obligaciones fiscales a las de las empresas nativas. “Que bajen de la nube y pasen por Hacienda”, declaraba. 

La líder de Sumar la llamó “Tasa Trump” y formaría parte de la negociación de unos presupuestos que nadie espera ver aprobados y que, en el mejor de los casos, servirían para tener una foto de Junts sumando su voto al PP y Vox para tumbarlos. Aunque no ha precisado el porcentaje concreto que está negociando con el PSOE, el objetivo es equiparar la tasa que pagan empresas y autónomos españoles, “entre el 15% y el 18%”. 

España fue uno de los primeros países del mundo en aplicar, en 2021, la Tasa Google, que grava con un 3% ciertas actividades de las grandes tecnológicas que operan en España, como la publicidad online, los servicios de intermediación como la venta online o redes sociales y la transmisión de datos. No es el único país que ha aplicado desde entonces este tipo de impuesto. También lo ha hecho Francia, Austria o Reino Unido. La OCDE —que agrupa a los países más ricos del planeta— y la Unión Europea llevan años intentando ponerse de acuerdo con un gravamen común para los gigantes digitales. La oposición de Estados Unidos, que califica esta tasa “discriminatoria” ha hecho imposible que esta propuesta avance.

Primero para el expresidente Joe Biden y ahora para Donald Trump se trata de un impuesto “discriminatorio” ya que buena parte de las empresas afectadas (Amazon, Meta, Oracle, Microsoft, AMD, Open AI o Google) son de origen estadounidense. En su primer mandato Trump llegó a imponer aranceles de un 25% a determinados productos españoles en represalia a la Tasa Google. Unos aranceles que fueron retirados por Biden tras llegar a un acuerdo: España y otros países europeos podrían mantener sus tasas digitales nacionales hasta que la OCDE llegue a un acuerdo común sobre fiscalidad a las grandes empresas. 

El acuerdo común sobre fiscalidad de los gigantes tecnológicos todavía no ha llegado y Estados Unidos ha renovado su presión para evitar nuevas tasas, eliminar las que existen y relajar la legislación digital y medioambiental europea para sortear los límites y normas que castigan las prácticas de monopolio. 

Para los representantes de EEUU, el reglamento de mercados digitales de la UE “solo afectan a empresas estadounidenses” con una aplicación “agresiva” y “multas elevadas” para sus empresas

Este lunes 24 de noviembre, representantes comerciales de EEUU han puesto sobre la mesa el precio que piden para rebajar los aranceles al acero y al aluminio, fijados en un 50%: que los ministros de Comercio de la UE “consideren seriamente analizar sus normas digitales, que intenten buscar un equilibrio, no descartarlas, pero encontrar el enfoque equilibrado que funcione con nosotros”, según las palabras del secretario de Comercio, Howard Lutnick. 

“Mi esperanza con respecto al sector digital es que la Unión Europea adopte nuestro asesoramiento y orientación, que presentamos hoy, resuelva algunos de los casos pendientes y cree un marco con el que nos sintamos cómodos”, decía Lutnick. Los buenos modales del secretario de Estado no ocultan lo que hay por detrás: más presión para que Europa relaje la ley de mercados digitales y la de servicios digitales si quiere que el acero y el aluminio europeo tenga alguna oportunidad en el mercado estadounidense. 

Según protestaba Jamieson Greer, otro de los representantes comerciales de EEUU que viajó a Bruselas, el reglamento de mercados digitales y otras normas europeas “solo afectan a empresas estadounidenses” con una aplicación “agresiva” y “multas elevadas” para las empresas norteamericanas. Unas normas demasiado estrictas para los estándares de EEUU que están favoreciendo a las grandes tecnológicas chinas, según denuncian. En septiembre de este año, la Comisión Europea impuso una multa de 2.950 millones de euros a Google por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad digital y en 2022, esta multinacional había recibido otra de 4.125 millones por abuso de posición dominante. También ha recibido multas otros gigantes tecnológicos de EEUU, como Apple, Amazon, Facebook o Microsoft.

Ya en abril, Trump había amenazado con represalias contra los países que aplican la Tasa Google, en especial contra España, que obtiene 200 millones de euros al año por esta vía

El acuerdo bilateral entre EEUU y la UE por el que se establecía un arancel genérico para los productos europeos —que no afectaba al arancel del 50% de la industria siderúrgica— tardó poco en mostrar su debilidad. Apenas seis días después del pacto, el 26 de agosto, Trump amenazaba con nuevos y “sustanciales” aranceles para los países que implementen o mantengan tasas “discriminatorias” contra las grandes tecnológicas estadounidenses.

Ya en abril, Trump había amenazado con represalias contra los países que aplican la Tasa Google, en especial contra España, que obtiene 200 millones de euros al año por esta vía. Los vientos internacionales corren en dirección contraria a la propuesta de Yolanda Díaz de elevar los impuestos hasta una cifra cercana al 15% para las big tech. Tras la llegada de Trump, poco queda del consenso internacional alcanzado en el marco de la OCDE para establecer un mínimo del 15% de impuestos para las grandes multinacionales. Aunque 136 países, entre ellos España, han firmado el acuerdo, se han encontrado con la fuerte oposición de EEUU y la mayoría todavía no ha empezado a aplicarlo.

Representantes de la Unión Europea han negado que vayan a relajar la normativa digital o ambiental para contentar a Trump. “El reglamento digital europeo no está sujeto a negociación”, declaró Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea. 

La afirmación de la exministra española de Medio Ambiente llega apenas unos días después de que la Comisión Europea lanzara un paquete de medidas digitales, la conocida como ley ómnibus digital, que retrasa un año la aplicación de garantías en los sistemas de alto riesgo que utilizan inteligencia artificial y desarma el sistema de protección europeo de datos para poder entrenar modelos de IA. Los sectores críticos del Europarlamento y de organizaciones de defensa de los derechos digitales señalan que el pack de medidas supone una claudicación a los intereses de las grandes tecnológicas estadounidenses y las presiones de Trump.