Corrupción
“Hijos de” y apellidos ilustres afrontan años de cárcel por los negocios corruptos de Defex

Nacieron después de la guerra. Se criaron en el ambiente de la aristocracia militar, entre ingenieros y marinos. Forman una segunda generación ligada a la jerarquía de la Armada Española que optó por los negocios. En esta ocasión no los ha reunido una puesta de largo, un bautizo o un funeral; esta semana, la Fiscalía Anticorrupción ha emitido un escrito de conclusiones que, junto a las otras dos piezas investigadas en torno el caso Defex, arroja dudas sobre la honorabilidad de algunos apellidos honorables: Larumbe, Iglesias-Sarriá, Cervera, Blanco-Traba, Cerrolaza, Andreu o De Gortázar. [Actualización a 4 de marzo de 2022. La causa conta De Gortázar fue sobreseída en marzo de 2019 por auto de la Sala de lo Penal de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional].

El miércoles, el Ministerio Público, a través del fiscal Conrado Saiz, lanzaba un escrito de acusación en el que solicita condenas desde 15 hasta 29 años para los principales implicados en el escándalo que juzga el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata. Son al menos once contratos, firmados desde 2011 hasta 2016, que habrían movido cien millones de euros en mordidas o sobornos a altas instancias del régimen de Arabia Saudí. Junto a otras dos piezas sobre la actividad de Defex, como los contratos con Angola o Camerún, ya suman más de 220 millones repartidos entre los comisionistas. Es el mayor caso de corrupción, midiéndolo en dinero, de la democracia española. Y aún quedan pendientes las investigaciones sobre contratos con cuerpos armados de Egipto, Senegal, Gabón o Argelia.

Tanto los responsables de Defex como las empresas mercantiles que llevaron a cabo las transacciones investigadas por la fiscalía afrontan delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delito continuado de malversación de caudales públicos, falsedad documental, organización criminal y, en determinados casos, de blanqueo de capitales. Además, varias empresas, entre otras la propia Defex —hoy cerrada por el Gobierno—, afrontan el pago de millones de euros en concepto de indemnizaciones.

Fundada en 1973 como empresa dependiente del Instituto Nacional de Industria —posteriormente la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)— el objetivo de Defex fue siempre defender las armas producidas en España, primero desde empresas públicas como Bazán (luego Navantia) y luego desde el sector privado. El 51% de acciones de la compañía Defex pertenecía al Estado hasta su extinción en 2016 a raíz del escándalo de la participada, que afloró a raíz de la publicación en abril de ese mismo año de los Papeles de Panamá. En la práctica, y según la Guardia Civil encargada de instruir el caso, Defex funcionó siempre bajo su propio control con mecanismos de prevención del delito “simplemente inexistentes”.

El 49% de Defex lo formaban consejeros y empresarios del complejo militar industrial español, los grandes beneficiados de los contratos que Defex facilitaba con su gestión presuntamente corrupta que se llevó a cabo, al menos, desde el año 2003.

Los manejos en los paraísos fiscales de Gibraltar, Hong Kong, Suiza, Islas Caimán o Luxemburgo llamaron la atención de las autoridades de este último país, que puso en conocimiento de la Audiencia Nacional una trama en la que participaban figurones de la beautiful people internacional como el cónsul honorario de Uruguay Alexis Kamarowsky o el abogado Federico Cannizzaro di Balmontino.

El esquema se ha repetido en lo investigado en las distintas piezas del Caso Defex: la empresa participada pagaba mordidas a contrapartes de los países que deseaban comprar armas “Marca España” y, a su vez, los altos directivos se llevaban un bocado en forma de comisión comercial ilegal. Todos ganaban: los políticos que habían tomado las puertas giratorias para situarse en los Consejos de Administración de empresas que, aunque no participaban de los sobrecostes, veían sus negocios crecer gracias a la diplomacia de cheques y regalos, los comisionistas, algunas contrapartes sobre el terreno y los mandarines de Defex. Bueno, no; hay quien perdía con el negocio. Perdían los servicios públicos de los países que compraban armas muy por encima de su coste. Perdían también aquellas personas a las que esas armas les caían encima, les atravesaban o les quitaban la vida.

Las cabezas, gente guapa

Entre los nombres apuntados por la Fiscalía están el de Manuel Iglesias-Sarriá, director Comercial de Defex, hijo de un “ilustrísimo señor” autor de unas memorias sobre su experiencia en la División Azul durante la II Guerra Mundial. El investigado es, asimismo, primo del popular cantante Julio Iglesias, por tanto, sobrino del doctor Iglesias-Puga, también conocido como ‘Papuchi’. La Fiscalía considera probado que Iglesias Sarría, presuntamente un ilustrísimo truhán, ejercía “el control ejecutivo en la toma de decisiones de la operativa que se investiga y en el pago de comisiones ilícitas” a altos cargos del régimen saudí para la venta de armas con sobrecostes de dos y hasta tres veces más del precio acordado con la empresa fabricante de armas.

Junto a Manuel Iglesias, los cerebros de la presunta trama eran, según la Fiscalía, José Ignacio Encinas Charro y Ángel María Larumbe Burgui. Encinas Charro fue el presidente de la mercantil Defex desde 1991 hasta 2013. Encinas fue delegado del Instituto Nacional de Industria para Estados Unidos y Canadá. El periodista Daniele Grasso publicó en 2016 que Encinas era una de las 707 “personas expuestas políticamente” que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar medio millón de euros.

Larumbe Burgui es el único militar de graduación investigado por la justicia en el caso Defex. Se trata de un coronel en la reserva, hijo de militar y con el apellido de una estirpe de militares asociados a la sublevación de Mola en Navarra en 1936. Como en los casos de Iglesias-Sarriá y Encinas, la Fiscalía pide para Larumbe seis años por corrupción comercial, ocho por malversación de caudales públicos y tres por falsedad documental. El coronel del ejército español está acusado también, junto con Encinas, de blanqueo de capitales, delito por el que la Fiscalía solicita seis años más de prisión. Toda la trama formaría parte de una organización criminal, delito que sumaría seis años más hasta el total de 29 que afrontan sus cabecillas.

Actores secundarios, apellidos de tronío

La petición de penas de cárcel alcanza a otros representantes de la alta sociedad —subsección militar—. Álvaro Cervera Pérez, hijo de un contraalmirante de la armada ya fallecido, ejerció desde 1991 como agente comercial en Arabia Saudí. La Fiscalía, en contacto con las administraciones suizas, establece que, durante los años del pelotazo de Defex, Cervera dirigió y controló “un entramado societario y de cuentas numeradas que ha sido utilizado para canalizar comisiones ilícitas a terceros y para apropiarse de forma continuada de fondos de la empresa pública Defex”. Cervera se incluyó a sí mismo y a sus hijos como beneficiarios económicos de una docena de sociedades offshore.

En ese mismo entramado estaba Verónica Blanco-Traba, hija de Juan Manuel Blanco-Traba, capitán de navío y presidente de la Asociación de Estudios del Mar (Asesmar), exagregado naval de la embajada de España en Washington y posteriormente director comercial de Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, empresa que dio lugar a Navantia, hasta su extinción, una de las principales accionistas de Defex y hoy contratada por el régimen saudí para la construcción de cinco corbetas.

La fértil hemeroteca de ecos de sociedad de Abc indica que a la boda de la hermana de Blanco-Traba acudió una nutrida representación de la alta jerarquía militar, incluido el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Ángel Liberal Lucini. Verónica Blanco-Traba afronta una pena de 29 años de prisión como apoderada de la mercantil Defence Development, como Defex, contratista con las autoridades saudíes.

Por último, Fernando Aguilar Viyuela, presidente de la mercantil Defex desde 2013 hasta 2015, era conocedor —según el Ministerio Fiscal— del pago de comisiones o sobornos a las autoridades saudíes, según prueban correos electrónicos aportados durante la fase de instrucción. Aguilar, que no está acusado de blanqueo de capitales, afronta una condena máxima de 20 años de prisión. No se trata de alguien relacionado con la familia militar española. Es hermano de Francisco Aguilar, marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que siempre ha negado relación con la familia de su esposo.

más gente guapa

Los agentes comerciales Paula Alexandra de Oliveira y Carlos Ques Blandigneres aparecen también en la pieza como agentes comerciales de Defex. Al igual que Cervera, estos agentes acordaron presuntamente “comisiones concretadas en un porcentaje del precio de los contratos públicos, resultando en algún caso de un 20% del valor del contrato, a cambio de unas prestaciones o servicios que sabían que eran inexistentes pero que permitieron crear una apariencia de realidad comercial y justificar los pagos realizados por la empresa pública Defex”.

Son sospechosos habituales de un modus operandi que es el mismo, en líneas generales, al seguido en otra de las piezas que el juez José de la Mata ha instruido a raíz de las revelaciones que Luxemburgo facilitó en sus investigaciones sobre las actividades de Beatriz García Paesa, conocida sobrina del superagente Francisco Paesa, cuya historia cuenta la película El hombre de las mil caras (Alberto Rodríguez, 2016). De Paesa solo se puede añadir que se ha pasado todas las pantallas del invent, como prueba el hecho de que fue capaz de fingir su propia muerte. Además de Beatriz, otro sobrino del agente, Alfonso García, aparece en la pieza Cueto-Angola.

Las ramificaciones de ese caso, publicadas por El Salto en noviembre de 2018, vuelven a situar en el punto de mira algunos de los vástagos de la jerarquía militar de la dictadura. Son los casos de Alejandro Andreu Torrado, presidente del Real Club de Golf Cerdaña e hijo de Juan Antonio Andreu, farmacéutico y gran cruz de la Orden Civil de Sanidad —condecoración otorgada por el entonces ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega—; Juan Carlos Cueto, yerno de un “caballero cubiculario de San Ildefonso y San Atilano”; Ana Cerrolaza Gili, hija de José Ángel Cerrolaza, contraalmirante de la Armada Española y exconsejero de los astilleros Bazán; o José Luis de Gortázar Pérez Viñeta [Actualización a 4 de marzo de 2022. La causa conta De Gortázar por sobreseída en marzo de 2019 por auto de la Sala de lo Penal de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional]..

El abuelo de este último, el teniente general Alfonso Pérez Viñeta, fue uno de los militares más reconocidos del Franquismo dado que fue capitán general de Catalunya y procurador en Cortes del sector conocido como el “búnker” por su apoyo a los presupuestos más extremos de la Falange. El caso Angola, dentro del escándalo Defex, se encuentra de momento en fase de instrucción.

Un escándalo de grandes dimensiones

Pere Ortega, investigador del Centre Delàs d’ Estudis per la Pau, ha estudiado con detenimiento el caso derivado de las investigaciones de Luxemburgo. En conversación telefónica con El Salto, Ortega refiere que el “factor mágico” del que hablan algunos de los investigados en las comunicaciones que examina la justicia consistía en “corromper a altos funcionarios para la compra de armas”. En el caso de las armas vendidas a Angola, de los 152 millones de las operaciones aprobadas, solo un tercio se corresponden con los materiales proporcionados: cien millones corresponden a estas mordidas. Pero Ortega resalta otro hecho, y es que la empresa participada, a través de figuras como el coronel retirado Larumbe, “debe tener buenos contactos dentro del Ministerio de Defensa”, una de las carteras clave en la comisión interministerial que autoriza las ventas de armas, la conocida como JIMDDU.

La Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU) tiene como misión conjugar los deseos del complejo militar-industrial sobre venta de armas —España ha pasado a ser la séptima potencia mundial en este comercio— con la política de Exteriores, de manera que los objetivos de la paz mundial no salten por la ventana cuando Navantia, Santa Bárbara o Instalaza olfatean un contrato con países en conflicto, que no respetan la legislación internacional o con condiciones que se salten la Posición Común europea o la ley española de comercio de armas.

Según Pere Ortega, el caso Defex mostraría que la trama corrupta pudo haber influido en la JIMMDU para autorizaciones en casos de ventas a países como Angola, con gasto militar superior a sus necesidades de desarrollo humano —una de las condiciones que impide la autorización de venta de estos materiales—. En aquel proceso, Larumbe declaró que la Junta Interministerial estaba informada de la asociación entre Defex y el principal acusado, Juan Carlos Cueto, y que informó de ello al Centro Nacional de Inteligencia. El CNI lo negó todo.

En el caso de Oriente Medio, dos países —Egipto y Arabia Saudí— aparecen en los papeles del caso Defex y también como principales compradores de armas made in Spain. Entre 2007 y 2016, año en que se extinguió Defex, se exportó material de Defensa por valor de mil millones de euros a Arabia Saudí y de 684 millones a Egipto.

Las deliberaciones de la Junta Interministerial están protegidas por la Ley de Secretos Oficiales del año 1968, una ley que el próximo Gobierno ha prometido cambiar en sus negociaciones con el PNV. Ese secreto, hasta la fecha, impide saber qué armas concretas se sirvieron a los distintos países: qué tipo de munición, carros de combate o piezas de artillería sirvieron para engordar los beneficios de unos pocos y para reprimir, o acabar, con unos cuantos más.