Industria armamentística
El Ibex, la derecha y la izquierda política andaluza, inquietos ante el cambio de relaciones con Arabia Saudí
La desautorización de una venta de bombas a Arabia Saudí crea zozobra entre los poderes económicos y acentúa las contradicciones de PSOE y Unidos Podemos.
El conflicto de Yemen con la llamada liga árabe encabezada por Arabia Saudí ha protagonizado la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. La paralización, por parte de Defensa, de la venta de 400 bombas láser anunciada a principios de semana ha permitido a la secretaria de Estado desarrollar un discurso sobre la política “responsable y muy sensible” respecto a los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional en el organismo encargado de la discusión sobre comercio de armas, la llamada Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU).
“Mi intención sería no centrar el debate en un país concreto”, ha solicitado Méndez. Pero ha sido imposible. Sobre la mesa estaban las últimas informaciones acerca de la construcción de las corbetas que Navantia tiene previsto iniciar. Buques de guerra que, como ha alertado la campaña Armas Bajo Control —y ha sido motivo de una pregunta hoy del diputado de Compromís, Enric Bataller—, podrían ser utilizados no solo para el bombardeo de las costas yemeníes sino también para el bloqueo naval del país del golfo de Adén.
Casi simultáneamente a la comparecencia de Méndez, la portavoz de Gobierno, Isabel Celáa, ha defendido las relaciones con Arabia Saudí, negando cualquier tipo de crisis diplomática. Celáa ha defendido que el encargo de Navantia se llevará a término y que, incluso, cabe la posibilidad de que se revierta la decisión de Defensa sobre la exportación de las 400 bombas a la Coalición Saudí.
Industria armamentística
El dilema de Sánchez: barcos de guerra hacia Arabia Saudí o derechos humanos
La monarquía saudí lleva a cabo desde 2015 un ataque sobre Yemen que ha costado miles de vidas civiles. Varios países europeos han apostado ya por cortar el comercio de armas. Esta semana, el Gobierno de Sánchez ha dado pasos para cortar el flujo de bombas con destino a Arabia Saudí.
El diputado del PP Jesús Postigo ha tocado la fibra del Gobierno con preguntas sobre las futuras relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, cuyo gobierno está indignado, según varios medios de comunicación, con la denegación de la exportación de bombas. Este partido se ha hecho eco de la información publicada por El Confidencial que avanza la bronca interna entre el PSOE a cuenta de la fabricación de las corbetas. Según este medio, el Gobierno de Susana Díaz ha montado en cólera ante la posibilidad de que Arabia Saudí, vetada para toda relación económica por su defensa de cumplimiento de derechos humanos en el caso de Samar Badawi, tome medidas coercitivas contra España, como ya sucedió con el caso de Canadá.
“En ningún caso el Gobierno va a poner en peligro esta operación, el contrato sigue vigente, los primeros pagos se han realizado, el contrato sigue en marcha”, ha reiterado la secretaria de Estado, que conoce los riesgos de un posible fracaso de la operación, especialmente en la provincia de Cádiz, donde se concentra la mayor parte de los 6.000 empleos anunciados por la operación de la empresa Navantia. “Hasta donde yo sé el contrato está vigente”, ha declarado Méndez, que ha recordado que la autorización final todavía no ha pasado por la mesa de la comisión interministerial: “No vamos a ponerlo en riesgo pero la futura licencia va a ser estudiada con todo rigor”.
Podemos pasa de puntillas
La situación de desempleo crónico en la provincia de Cádiz —donde todos los municipios con más de 40.000 habitantes tienen un paro superior al 25%— ha generado en el pasado un conflicto en el seno de Unidos Podemos. En julio de este mismo año, el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, aseguró que “el contrato entre Navantia y Arabia Saudí es necesario porque en la ciudad significa trabajo”. Hoy mismo, pasadas las 15h, ‘Kichi’ ha publicado en su cuenta de Twitter una defensa de los puestos de trabajo de la bahía de Cádiz, sin referencia al contrato de Navantia ni a las corbetas, asegurando que los trabajadores “necesitan carga de trabajo estable, sostenida en el tiempo, respetuosa y no sometida a los caprichos de partidos que han despreciado nuestros Astilleros”
El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero (Sí Se Puede), también ha defendido públicamente la priorización del empleo en los astilleros frente a un cambio en la política respecto a Arabia Saudí. En la sesión de hoy, la diputada de Podemos Carmen Valido no ha hecho alusión al contrato de las corbetas con Navantia.
Ignacio Robles, activista por los derechos humanos y bombero expedientado por no participar en las operaciones de carga de bombas para la Coalición Saudí, explica cuál es el coste del desarrollo de la industria militar experimentada por España en las últimas décadas. Desde finales de los 90, explica Robles, el Estado ha invertido 47.000 millones de euros en la industria armamentística, vía Programas Especiales de Armamento: “Son puestos de trabajo muy caros. La patronal de defensa declara 22.500 puestos de trabajo. Como inversión en puestos de trabajo es una auténtica ruina”, declara Robles.
Industria armamentística
La industria militar debe 15.000 millones al Estado
Es un dinero que se ha gastado de forma que dependa totalmente de los astilleros de guerra, explica Robles, que denuncia que con Cádiz ha habido una política planificada por parte de los sucesivos Gobiernos que ha “secuestrado” a una región: “O los haces cómplices de la venta de armas a Estados terroristas o se quedan sin trabajo”. Para Robles, es imprescindible revertir esa política respecto a los astilleros gaditanos en busca de otras líneas de producción y fabricación.
Solución: cuando las corbetas se terminen
Ignacio Robles destaca la voluntad de mejora mostrada por el Gobierno, también una serie de medidas anunciadas que deben favorecer el principio del fin de la opacidad en torno a la venta de armas. En este sentido, Xiana Méndez ha anunciado que se creará una comisión conjunta de trabajo entre la Comisión de Defensa del Congreso y de la JIMDDU. Esto permitirá conocer más detalles sobre la “garantía de uso final” que Arabia Saudí esté dispuesta a firmar con el Gobierno español para asegurar que los cinco buques no sean utilizados en la guerra de Yemen o en otro futuro conflicto. En el actual, Yemen ha sido calificado como “la peor catástrofe humanitaria del momento presente” por la ONU.
La secretaria de Estado ha insistido en que el nuevo Gabinete quiere implementar mejoras en esas garantías de uso final, “mejoradas y súper reforzadas”. Un tipo de cláusulas que permiten desde conocer la situación de las armas exportadas hasta el bloqueo de los sistemas armamentísticos de un barco si sale del ámbito geográfico predeterminado, una cláusula que Estados Unidos ha impuesto en exportaciones a países “inestables”.
Desde la firma definitiva del contrato, que Navantia debe llevar a cabo en las próximas semanas, se abre el proceso de construcción de las corbetas. La primera debe estar lista 35 meses después de esa firma, las cuatro siguientes, a razón de una cada cuatro meses. Será en ese momento cuando la JIMDDU deba decidir sobre la autorización de las corbetas, en base a esas garantías que Comercio quiere “reforzar” y que serán conocidas, al menos en sus líneas generales, por los otros grupos del Congreso, presentes en la Comisión de Defensa.
Pero la carrera ya ha comenzado. Los medios anuncian movilizaciones por el empleo en Cádiz y Puerto Real, el Ibex 35 presiona a través de la prensa y de los partidos políticos conservadores para que se mantengan los “negocios como siempre” con Riad, y el PSOE se debate entre su ala derecha, el poder de Susana Díaz y el compromiso ratificado hoy por la secretaria de Estado en cuanto a que los derechos humanos deben prevalecer sobre los intereses comerciales en la venta de armas.
Industria armamentística
El chantaje del trabajo, el Carnaval de Cádiz y la banalidad del mal
La ciudadanía de Cádiz, donde el paro llega casi al 30%, ha recibido la noticia de la construcción de los barcos de guerra celebrándola, asintiendo o callando, sin apenas voces disonantes.
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Es bastante decepcionante comprobar que el nuevo gobierno de momento es incapaz de mover un dedo para aliviar el sufrimiento de millones de personas. El silencio sigue siendo la norma del gobierno que pretende eludir el necesario y urgente debate sobre la venta de armas.
Neo-liberales, imperialistas, monárquicos y nacionalistas Españoles. Podemos.
Se cierra el astillero de guerra, se acaba con la corrupción sistémica que lo rige y se evita colaborar con el genocidio de Yemen. ¿Cuando dejaremos de cerrar los ojos a nuestra participación necesaria al mundo que estamos creando? Parar de vender armas no es negociable
"Izquierda política andaluza"
¿Tanto miedo tienes a decir Podemos? En todo caso Izqueirda tricrnio, yesyoucanners, trns-humanistas,... etc. Pero ¿"izquierda"?
Podemos y las confluencias municipales de Cádiz y Puerto Real no son exactamente lo mismo. También está el Psoe.
https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/alcalde-Cadiz-antepone-trabajo-dilema_0_811919512.html
Kichi defiende la producción de corbetas para Arabia Saudí ante "el dilema entre fabricar armas o comer"
Los ayuntamientos del cambio. Que facha nos salio la izquierda tricornio.
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