Coronavirus
La privatización de la sanidad, el aliado letal del covid-19

Los expertos, con título o sin él, no tardaron en dar todo tipo de explicaciones a la rápida expansión del virus y su alta tasa de mortalidad. El turismo y la interconexión en un mundo globalizado, la propia naturaleza del covid-19 y la de los líderes políticos que tardaron en reaccionar o lo hicieron con medidas equivocadas fueron algunas de ellas. Ahora un informe lanzado por Corporate Europe Observatory este mes de enero profundiza en una de las causas menos manoseadas por las tertulias: la privatización de la sanidad y de las residencias de mayores.

El estudio When the Market Become Deadly (Cuando el mercado se vuelve mortal) desgrana los intereses privados de los grandes oligopolios que dominan el negocio de la sanidad privada y desarma los argumentos que defienden que la gestión privada es más eficiente y barata. 

El trabajo de Corporate Europe acusa a los Estados europeos de haberse convertido gracias a sus políticas de privatización de servicios sanitarios y de cuidado de mayores en cómplices de la muerte de más de 466.000 personas en Europa. Y hace una advertencia para lo que queda de pandemia y para las crisis del futuro: “La UE debe rechazar a los grupos de presión privados que ahora le susurran al oído y darle la vuelta a las políticas que han acelerado la liberalización de la atención médica, y colocar a los servicios públicos en el centro de su estrategia. Si no lo hacen, estarán en juego más vidas”.

Los países europeos —con 26 millones de casos y medio millón de muertes hasta el 11 de enero— han sido junto con Estados Unidos, Brasil y la India los más afectados por la pandemia. Para esta organización internacional la relación es directa: a más privatización más muertes por covid-19. Hacer negocio con la salud “conlleva riesgos”, sentencian. Para “exprimir las ganancias” de los accionistas de los servicios de salud y cuidado de mayores, argumentan, las clínicas y las residencias recurren de forma sistemática a peores condiciones de trabajo, peores salarios, poco personal con más trabajo y más estrés, recortes en formación y en seguridad, algo que se traduce en una peor atención. La apuesta de los gobiernos europeos por la colaboración público-privada se ha traducido en una derivación sistemática de recursos hacia las clínicas privadas, vaciando de recursos a una sanidad pública pública que ha perdido en las últimas décadas gran parte de su capacidad de respuesta a una crisis como la vivida en estos meses. Un respuesta que tampoco vino de la sanidad privatizada.

El trabajo de Corporate Europe acusa a los Estados europeos de haberse convertido gracias a sus políticas de privatización de servicios sanitarios y de cuidado de mayores en cómplices de la muerte de más de 466.000 personas en Europa

Los efectos de la privatización de la sanidad, ya evidentes en tiempos de vieja normalidad, se han podido ver con lentes de aumento durante la crisis sanitaria: los proveedores privados, explican, seleccionan a los pacientes de menor riesgo y mayor capacidad adquisitiva, “mientras que los pacientes de mayor riesgo y menos recursos, o aquellos que necesitan atención de emergencia” siguen dependiendo de la sanidad pública. Una sanidad que “carece de recursos debido a la austeridad y la captación cada vez mayor de fondos públicos por parte de proveedores con fines de lucro”.

Estas tendencias, que ya resultan mortales en tiempos ordinarios, han tenido “implicaciones desastrosas” para la capacidad de los sistemas de salud y atención en tiempos de pandemia. 

“Los recortes en el presupuesto de salud han provocado escasez de personal y reducción del número total de camas hospitalarias, mientras que el aumento de los hospitales privados va de la mano de una caída de las camas de cuidados intensivos, que son menos rentables para las empresas”, señala el informe. 

Las clínicas privadas, explican desde este observatorio, dan prioridad a los pacientes más rentables y relegan los cuidados de emergencia y las unidades de cuidados intensivos (UCI). “Cuando golpeó la pandemia, el aumento de la proporción de camas de hospitales privados no pudo hacer nada para compensar la disminución general de camas de hospital en la sanidad pública, y en particular en las UCI, en muchas partes de Europa”, apuntan.

“Prepararse para una pandemia implica gastar dinero con la esperanza de que no sea necesario. Esto es algo que solo el sector público, liberado del afán de lucro, puede lograr”, concluía la investigación de la revista británica New Statesman

Corporate Europe pone como ejemplo a Italia, uno de los países más castigados por la pandemia en la primera ola, y pone el foco en la región de Lombardía. Una investigación de la revista política y cultural británica New Stateman entraba a responder por qué una región tan rica como esta había sufrido tanto los efectos del virus. Y señalaba a la sanidad privatizada, que pasó de captar el 30% de los fondos públicos en 2010 al 50% en 2020, como la principal razón. Sobre todo porque al mismo tiempo que crecían los recursos de la privada, la sanidad pública de la región agonizaba: el número de camas para pacientes agudos pasó de 7 por cada 1.000 personas en 1990 a 2,6 en 2015. En abril de 2020, una región que tiene el 20% de la población italiana sumaba el 50% de las muertes por covid-19. En esos tiempos, la mortalidad en Lombardía por coronavirus era del 18%, tres veces más que en la vecina región del Veneto.

“Prepararse para una pandemia implica gastar dinero con la esperanza de que no sea necesario. Esto es algo que solo el sector público, liberado del afán de lucro, puede lograr”, concluía la investigación de New Statesman.

Los efectos de la privatización fueron incluso más graves en el caso de las residencias de mayores, apunta Corporate Europe, en donde “han mantenido bajos sus costos al contratar muy poco personal, que a menudo está mal pagado, no está adecuadamente capacitado, recibe poca o ninguna paga por enfermedad y no tiene otra opción que el trabajo ocasional en múltiples instalaciones, lo que contribuye a la propagación del virus”.

El informe hace especial mención al caso español, donde tres de cada cuatro residencias están gestionadas por empresas privadas, muchas de ellas financiadas con fondos públicos. Los relatos de mayores muertos en sus camas y las órdenes lanzadas desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid de no trasladar a los enfermos a los hospitales hubieran sido impensables en un sistema que hubiera pensado más en el bienestar de los mayores que en el beneficio empresarial. La falta de personal y recursos en las residencias, unido a décadas de vaciamiento de la sanidad pública, según denunció Amnistía Internacional en un informe lanzado en octubre del pasado año, causaron decenas de miles de muertos en las residencias españolas. En toda Europa, cerca del 60% de las muertes por covid-19 se han producido en este tipo de instalaciones.

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Entre los responsables de esta deriva, Corporate Europe señala al “prolífico” lobby de la sanidad privada en Bruselas, que está utilizando la pandemia como una “oportunidad” para conseguir sus objetivos. La obsesión por los recortes de la Unión Europea, denuncian desde esta ONG, no ha hecho más que contribuir a la privatización del sector de la sanidad y de los cuidados de mayores “con resultados catastróficos” durante la crisis sanitaria.

“La evidencia en contra de la colaboración público-privada en salud está aumentando, pero aún se necesita un cambio de mentalidad”, indican. Poco ayuda que uno de los asesores de la Comisión Europea a la hora de tratar la crisis sanitaria sea la consultora privada McKinsey, que jugó un rol importante en el proceso de privatización de la sanidad pública británica.

El cuento de la mayor eficiencia y el menor costo

La mayor eficiencia de los hospitales público-privados es un mito interesado y “no nace de la evidencia”, según un informe de 2017 realizado por Eurofund, una agencia dependiente de la UE. Este estudio señalaba que las clínicas privadas seleccionan los tratamientos y los pacientes más rentables, y derivan los más costosos a los hospitales públicos, donde se realizan un “atención más compleja, costosa, y no rentable”, incluida la atención de emergencia y los cuidados intensivos, todos ellos convertidos en elementos clave en la atención de los pacientes más graves con coronavirus. 

El otro gran “cuento de hadas”, según palabras de Corporate-Europe, sobre las ventajas de los hospitales público-privados es el de un supuesto ahorro frente a los hospitales públicos.

Según el análisis de esta organización, basado en los datos de la OCDE de 2019, los países de la UE gastan mucho menos en su sistema de salud que Estados Unidos, que tiene un sistema “altamente privatizado”. 

“Un aumento del 10% en el gasto en sanidad privada se relaciona con aumento del 4,3% en los casos de covid-19 y un aumento del 4,9% en la mortalidad relacionada”, señalaba un informe del PNUD

El gasto total de EE UU en salud alcanza el 16,96% de su PBI mientras que la media europea es del 8,26%. Si el cálculo se hace en función del gasto del Estado por persona, la diferencia es aún mayor: EE UU gasta 11.072 dólares per cápita, mientras que la media europea se sitúa en 3.800. “La privatización sanitaria no solo es más cara para los usuarios finales sino también para el Estado”, sentencia Corporate Europe.

Esta externalización de servicios ha tenido consecuencias directas en el número de muertes producidas por la pandemia. Un informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el que comparaba el impacto de la primera ola en diferentes países se aventuraba incluso a proponer una fórmula: “Un aumento del 10% en el gasto en sanidad privada se relaciona con aumento del 4,3% en los casos de covid-19 y un aumento del 4,9% en la mortalidad relacionada”. Según esta agencia de la ONU, la privatización de la atención médica “aumenta significativamente las tasas de prevalencia y mortalidad de covid-19 en todos los países”.

La emergencia sanitaria todavía no ha acabado y amenaza con no ser la última. “La crisis del covid-19 ha sido una llamada de atención para muchos, un recordatorio de que podemos elegir cómo se administran nuestros servicios públicos vitales”, advierten desde Corporate Europe.