Sanidad pública
Seis gráficas para entender diez años de privatizaciones y recortes en la sanidad madrileña

La pandemia del SARS-CoV-2 ha desatado una crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto la situación por la que estaban atravesando los sistemas sanitarios públicos, sobre todo en los países occidentales. Italia, Reino Unido, Francia o el Estado español han sido buena prueba de ello.

Desde la década de los ochenta y la contrarrevolución neoliberal, se fueron extendiendo políticas que preconizaban menos Estado y más mercado, incrementándose la penetración del sector privado en los servicios públicos. En la Unión Europea, desde el Tratado de Maastricht, los Estados miembro fueron adaptando legislaciones y normativas para que esto fuese una realidad.

En el Estado español se dieron los pasos necesarios en la misma dirección a partir del Informe Abril (1991), cuyas recomendaciones pretendían fragmentar los servicios de salud, incrementar la competencia y la libre elección de profesional y centro sanitario. Con la Ley 15/1997 se avanzó en el camino de privatizar servicios, centros y hospitales. Hoy, existe toda una normativa que abunda en el mismo sentido, como la que permite recurrir a la colaboración público-privada para la construcción de infraestructuras sanitarias.

Así, incluso en los años más duros de políticas de ajuste después de la crisis del 2008, se pudieron construir hospitales mediante esta fórmula sin que las administraciones públicas incurriesen en déficit, según obligaba el Plan de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Sin embargo, sí incide en un incremento de la deuda de las administraciones públicas.

Quizás el cambio legislativo más negativo en cuanto a recortes de gasto público y que a su vez alentó a proseguir por el camino de las privatizaciones fue el que sufrió el artículo 135 de la Constitución Española, cuya nueva redacción, en 2011, prioriza el pago de la deuda frente a la inversión pública.

Aunque no todas las comunidades autónomas siguieron la misma política sanitaria, sí recurrieron en mayor o menor medida a las privatizaciones tanto gobiernos del PSOE, del PP, como nacionalistas. De tal forma que si analizamos por ejemplo los fondos públicos que se trasfieren al sector sanitario privado debido a la realización de conciertos, las cantidades, según lo publicado por el Ministerio de Sanidad en el año 2018, oscilan entre el 26% de Cataluña al 3,5 % de Cantabria, pasando por el 10% de la Comunidad de Madrid o el 4,2% de Andalucía.

La Comunidad de Madrid supone un ejemplo paradigmático en el que un gobierno del PP que lleva 25 años en el poder ha recurrido a diversos mecanismos para introducir el mercado, y además ha recortado en sectores sanitarios estratégicos como luego se describe. Todo ello no ha evitado que su deuda crezca de manera importante como pone de manifiesto el gráfico 1.

Las privatizaciones en la Comunidad de Madrid comenzaron en los años 90 en los servicios mal denominados “no sanitarios”, aunque son servicios imprescindibles para que lo sanitario pueda funcionar. Así ocurrió con la limpieza, comidas, mantenimiento, documentación, la introducción de toda la digitalización, la recogida de sangre o lavandería de los hospitales públicos. Se continuó con el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 para la construcción de siete nuevos hospitales mediante la fórmula de concesión de obra pública (o modelo PFI, por sus siglas en inglés de Private Finance Initiative). Y posteriormente con el Plan de Infraestructuras 2007-2011 para la construcción de cuatro hospitales con la fórmula de concesión administrativa. En los primeros siete la concesionaria se queda con los servicios “no sanitarios” para su explotación, y el personal sanitario lo pone el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y a la concesionaria se le retribuye con un canon anual. En los cuatro hospitales de concesión administrativa, todo el hospital lo explota la empresa adjudicataria a quien, en base a la población a la que da cobertura, se le retribuye el servicio en base a un cálculo per cápita.

Ambos modelos han supuesto unos sobrecostes para el erario público muy superiores a lo que hubiese supuesto si las obras las hubiera realizado la propia Administración Sanitaria. Además, se cerraron tal número de camas en los grandes hospitales públicos que a pesar de la apertura de 11 hospitales, el balance final de camas es negativo, pues en año 2008 había 14.957 camas instaladas en el SERMAS y en el 2018 hay 14.334 camas. Y como se puede observar en el gráfico 2, las camas disponibles por 1.000 habitantes en la comunidad son 2,75 por debajo de la media de las CCAA que son 2,97. De cualquier forma ésta es una cifra muy alejada de la media de la UE-28 que asciende a 5,04 camas por 1.000 habitantes, como refleja el citado gráfico.

Para mejorar este cuasi mercado sanitario que se iba conformando también se cambió radicalmente la estructura organizativa al implantar el Área Única y la Libre Elección de profesional y hospital. Su objetivo fue impulsar la competencia entre centros sanitarios, tanto públicos de gestión directa como privados concertados. Si bien la Libre Elección resulta una falacia pues se realiza a través del Centro de Atención Personalizada, el conocido como call center que distribuye las citas que realizan los/as profesionales según criterios desconocidos, pero según se puede constatar en las Memorias del SERMAS prioritariamente se realizan a los hospitales privados de Quironsalud.

Y en el gráfico 4 se constata la diferencia con el gasto sanitario público por habitante de otros países, lo que demuestra a su vez que no todos los países de la UE siguieron las mismas políticas de recortes que comenzó el PSOE en el Estado español y profundizó el PP.

En la Comunidad de Madrid, las cifras de la inversión pública en sanidad han sido causa de un intenso debate político, desde la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, hasta el que fuera consejero de sanidad de la Comunidad cuando se intentó un ambicioso plan de privatizaciones que se paralizó gracias a las movilizaciones de la Marea Blanca. Nos parece importante señalar que tanto la Sra. Alvarez de Toledo como el Sr. Lasquetty, además del Sr. Casado, el Sr. González Pons y el Sr. Almeida, parecen ignorar las cifras que se recogen en las Memorias del SERMAS, como las que publica el Ministerio de Sanidad sobre gasto sanitario público, al que ya hemos hecho referencia, porque indudablemente el gasto crece, pero no lo que debiera según la riqueza de la CM, ni tampoco lo ha hecho tanto como para recuperar lo que se gastaba antes del año 2011.

Por ejemplo las cifras de gasto público total consolidado de la CM para el año 2011 fueron de 8.418 millones de euros lo que supone que invierte un 4,2 % de su riqueza en sanidad, o lo que es lo mismo de su PIB. La media del resto de las comunidades autónomas para ese año era del 5,9 %.

Los recortes que sufrieron los presupuestos posteriormente han hecho que en el año 2018 (último año con el gasto consolidado disponible) la inversión fuera de 8.389 millones de euros, lo que supone un 3,6 % del PIB. Es decir, a pesar del crecimiento de la riqueza de los últimos años, la CM no ha recuperado la inversión sanitaria, y lo demuestra el escaso porcentaje que dedica a sanidad.

Otra forma de observar los recortes que se dieron en la inversión sanitaria es comprobando el gasto per cápita, en el año 2011 era de 1.313 euros, y en el año 2017 fue de 1.254 euros como muestra el gráfico 5, lo que coloca a la comunidad que preside Díaz Ayuso en la segunda que menos invierte en sanidad.

Algo tan importante como los recortes es fijarse sobre qué partidas se han hecho, pues no todos los sectores han sufrido las mismas restricciones, y por supuesto es algo que los responsables de las privatizaciones y recortes del PP madrileño ocultan.

El capítulo de personal en el año 2010 suponía el 51,8 % de todo el gasto sanitario y en el año 2017 el 44,7%. Lo que explica la disminución de las plantillas tan acusada que se llevó a cabo en la Comunidad, como lo demuestra el gráfico 6.

Mientras el gasto en atención hospitalaria siguió creciendo, en el año 2011 era del 69,3 % de todo el gasto sanitario y en el 2015 había pasado al 71 %. Mientras la atención primaria era de un 12,7 % en el año 2010, cayó al 10,9 % en el 2011 y en el 2015 subió al 11,3%, lo que coloca a la Comunidad de Madrid en el último lugar de todas las comunidades autónomas.

La política sanitaria del PP se ha orientado claramente a un modelo mercantilizado en el que prima el hospital y en detrimento de la atención primaria y de la salud pública. Llegó a hacer desaparecer la Dirección General de Salud Pública en el año 2010.

Por último, ha tenido que ser la pandemia, la que en plena crisis con el mayor número de fallecimientos y contagios de todas las comunidades autónomas, la que ha demostrado cómo de importantes han sido los recortes en gasto sanitario y plantillas, en atención primaria y salud pública en la Comunidad de Madrid.