Córdoba
Los argumentos para exigir la titularidad pública de la mezquita de Córdoba que el Gobierno obvia

El pasado domingo 2 de noviembre, el Gobierno dio respuesta por escrito a la pregunta del portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, sobre la titularidad eclesiástica de la Mezquita-Catedral de la capital cordobesa. En su contestación, el Ejecutivo expuso que “no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad registral del inmueble”, desde 2006 inmatriculado por la Iglesia Católica, que gestiona el monumento Patrimonio de la Humanidad a través del Cabildo Catedral de Córdoba. “Hay argumentos de sobra. El Ayuntamiento de Córdoba podría emprender mañana acciones judiciales con los informes que ya tiene, pero hay miedo a abrir la caja de Pandora”, disecciona Antonio Manuel Rodríguez Ramos, jurista y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba.

Fue a raíz del incendio en la mezquita el pasado 8 de agosto que Santiago formuló la pregunta: “¿Va a realizar alguna acción el Gobierno para el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la Mezquita, […] redactar un Código de Buenas Prácticas […] para evitar acciones que perjudiquen la imagen y el significado del monumento, tal y como solicitan la Plataforma Mezquita de Córdoba y otros colectivos ciudadanos y patrimonialistas?”.

La Iglesia Católica inmatriculó la mezquita en 2006 en el Registro de la Propiedad con la denominación de Santa Iglesia Catedral de Córdoba. La polémica generada por la apropiación de la Iglesia del inmueble Patrimonio de la Humanidad ha llevado a especialistas de todo el mundo a reclamar una propiedad y gestión pública del monumento. En la Plataforma Mezquita de Córdoba llevan desde 2013 luchando por “que el patrimonio sea del pueblo”. “Si hubiese voluntad política, esto se solucionaría”, opina Miguel Santiago, portavoz de la entidad, que se muestra “muy defraudado” con el Gobierno y, en concreto, “con los ministros socialistas” —aunque el ala de Sumar, que posee el Ministerio de Cultura, debería tomar cartas en el asunto, cree el activista—.

“Nadie pregunta de quién es la Alhambra o las Pirámides de Egipto porque todo el mundo entiende que son bienes públicos”, razona Antonio Manuel Rodríguez, jurista.

Para Rodríguez Ramos, la pregunta “a quién pertenece la mezquita” es “capciosa” porque “da a entender que la mezquita puede ser propiedad privada”. “Nadie pregunta de quién es la Alhambra o las Pirámides de Egipto porque todo el mundo entiende que son bienes públicos”, razona.

Adentrándose un poco más en el campo del derecho, el jurista, que califica las inmatriculaciones como “el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España”, propone preguntarle a la Iglesia si la mezquita se puede vender, hipotecar o embargar: “Si la respuesta es que no se puede vender, es por definición un bien público. No existe ningún bien privado que no se pueda vender”, argumenta el profesor de Derecho Civil, que se muestra cansado por debatir sobre algo —que la mezquita no puede ser un bien privado, al igual que sería estúpido preguntar de quién es el Guadalquivir— que considera una obviedad: “Demasiadas cosas son evidentes; tanto que las pasamos por alto”.

Dos informes del Ayuntamiento permitirían recuperar la mezquita

En septiembre de 2018 se presentó un informe encargado por el Ayuntamiento a una Comisión de expertos sobre la Mezquita Catedral de Córdoba para dirimir la cuestión de la titularidad, entre otros problemas. Los tres expertos que redactaron el informe concluyen que “el análisis histórico realizado por esta comisión demuestra que la Iglesia Católica no tiene ni puede tener título de propiedad alguno” sobre la mezquita.

El estudio, que propone un Patronato como forma de gestionar el edificio y relegaría a la Iglesia a la gestión del culto católico, se explaya sobre las indefensiones y fallos jurídicos, además de los históricos. Los especialistas arguyen que la concepción de los obispos como fedatarios rompe el “principio básico de igualdad ante la ley” tanto de la ciudadanía como de los diferentes credos.

El Registro de la Propiedad incurrió en una “omisión en el deber de comprobación” del registro de la inmatriculación, lo que invalida la inscripción, según la comisión de expertos.

Los expertos ahondan en las supuestas irregularidades: en la inmatriculación “faltan los tres requisitos básicos exigibles a cualquier registro de un bien: prueba de la propiedad, descripción del bien y certificación de que se encuentra libre de cargas”. Con toda esta argumentación, concluyen que el Registro de la Propiedad incurrió en una “omisión en el deber de comprobación” del registro de la inmatriculación, lo que “anula la validez de la inscripción”.

El informe del secretario del Ayuntamiento de Córdoba concluyó que el edificio tiene un único dueño: “todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del mundo”.

Dos años antes del dictamen de la comisión de expertos, un informe del secretario del Ayuntamiento de Córdoba también se oponía a la propiedad eclesiástica de la mezquita: el edificio tiene un único dueño, “todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del mundo pertenecientes a cualquier tiempo o época sin distinción de pueblos, naciones, culturas o razas”, declaró Valeriano Lavela, quien había recibido el requerimiento del grupo municipal del PP de investigar si el Ayuntamiento tenía algún título de propiedad que invalidara la inscripción eclesiástica. Lavela no entró en su juego al declarar la mezquita propiedad de todo el mundo, pero además señaló la inconstitucionalidad de las normas que permitieron la inmatriculación del edificio.

Son estos dos informes los que el Ayuntamiento podría utilizar “mañana mismo” para recuperar la mezquita por la vía judicial, según Rodríguez Ramos.

La Iglesia inmatriculó la mezquita con argumentos históricos cuestionables

El Obispado de Córdoba inmatriculó la mezquita en 2006 gracias a una reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno de Aznar que devolvió a los obispos la condición de fedatarios públicos entre 1998, año de la acción legislativa, y 2015, cuando la norma fue declarada inconstitucional. El inmueble se inscribió como propiedad del clero sin necesidad de presentar documentos que dieran fe de la titularidad eclesiástica del edificio.

Una vez cuestionada la legitimidad de la Iglesia para apropiarse del monumento Patrimonio de la Humanidad, el Obispado ha mantenido una defensa basada principalmente en dos elementos: la consagración del templo como catedral de Córdoba tras la conquista cristiana en 1236 y el uso ininterrumpido del espacio desde entonces.

“Los obispos siempre se han sentido usuarios del monumentos, no dueños”, declara Santiago, autor de un libro sobre los prelados cordobeses.

Son muchas las personas especialistas que cuestionan esta argumentación. La tradición legal de la época dicta que los bienes conquistados son propiedad de la corona y en el archivo municipal de la ciudad no consta documento alguno de cesión. El hecho de que la Iglesia haya utilizado el templo como lugar de culto no implica que fuera propietario del mismo. “Los obispos de Córdoba siempre se han sentido usuarios del monumento, no dueños”, declara Santiago, que es también autor de un libro sobre los prelados de Córdoba.

Santiago señala algunos hechos que sustentan su postura: la construcción de una iglesia católica dentro de la mezquita no se realizó hasta que la corona dio el visto bueno —Isabel la Católica se negó; Carlos V lo autorizó— y, en 1910, cuando un rayo causó un incendio en el crucero de la catedral, el obispo comentó a la prensa que, si de él dependiera, habría instalado un pararrayos en el templo, tal y como existían en el seminario y palacio episcopal. “A lo largo de los siglos, la propiedad ha sido del Estado en sus diferentes formas”, concluye Santiago.

Un “mínimo de diligencia” podría desmontar los “endebles” argumentos de la Iglesia

Acusar al Gobierno municipal, autonómico y central de desidia por no luchar por la titularidad pública de la mezquita no es algo nuevo. En 2015, un centenar de personas expertas de 36 universidades de todo el mundo firmó un manifiesto a favor de la propiedad pública del edificio y señaló tanto a la Junta de Susana Díaz como al Ejecutivo de Rajoy por su inacción: “Un mínimo de diligencia por parte de la abogacía del Estado podría desmontar los argumentos jurídicos” de la Iglesia, “muy endebles”, para inscribir a su nombre una “joya del patrimonio histórico español”. Las personas firmantes señalaron la “falta de contundencia impropia de una administración democrática, obligada por el artículo 46 de la Constitución a conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España”.

La Plataforma Mezquita de Córdoba pide una “ley de dominio público” que recoja “que todo el patrimonio cultural de este país es del pueblo”.

Como solución, la Plataforma Mezquita de Córdoba pide una “ley de dominio público” que recoja “que todo el patrimonio cultural de este país es de dominio público, lo que sería reconocer que es del pueblo”, explica Santiago. “Que un Gobierno supuestamente de izquierdas no defienda el patrimonio público del Estado es un Gobierno que deja mucho que desear, al igual que un Gobierno de derechas”, añade el activista, que recuerda la promesa electoral de 2019 incumplida por parte de Pedro Sánchez. El líder socialista se comprometió en su discurso de investidura a revertir las inmatriculaciones realizadas sin documentación.

La titularidad pública como forma de defender la historia del templo

En el manifiesto ya mencionado, el investigador del CSIC y experto en Al-Ándalus, Eduardo Manzano, fue apoyado por especialistas en Historia, Arte, arabistas y medievalistas, que acusaron al Obispado de “depreciar el significado del monumento” y “secuestrar su memoria”. Y es que reclamar la titularidad pública también se considera una manera de impedir la tergiversación de la historia del edificio por parte del clero.

La jerarquía eclesiástica inmatriculó el templo como Santa Iglesia Catedral de Córdoba y solo la lucha social consiguió incluir la denominación de “mezquita” en el nombre y revertir el borrado histórico. A lo largo de los años, el Cabildo de la catedral ha minusvalorado en sus folletos turísticos el pasado musulmán del inmueble, llegando en un punto a referirse a la etapa de mayor desarrollo de la mezquita como “la intervención islámica”. Hoy, los trípticos hacen saber que la mezquita se construyó sobre un antiguo complejo episcopal cristiano, una afirmación cogida con pinzas en el mejor de los casos y totalmente inventada en el peor.

El Cabildo Catedral de Córdoba ingresó solo el año pasado 22 millones de euros por la explotación turística del templo.

El monumento Mezquita-Catedral de Córdoba es, además de uno de los edificios más emblemáticos de la historia de la ciudad, de Al-Ándalus y de Europa, un inmueble muy rentable. En el Plan Director elaborado por el Cabildo y presentado en 2021, el organismo eclesiástico esperaba ingresar unos 8 millones de euros al año en el trienio 2024-2026. 24 millones de euros en tres años tras recuperarse de las escasas cifras de la pandemia. Las previsiones se han quedado tremendamente atrás; el Cabildo recaudó 22 millones de euros solo el año pasado, según anunció el organismo este pasado agosto.

Esta recaudación procede de la explotación turística del edificio, que según el Cabildo se destina íntegramente al mantenimiento del edificio. Sin embargo, según el Plan Director mencionado, el organismo gestor de la mezquita planea invertir solo 25 millones de euros a lo largo de una década, es decir, dos millones y medio cada año, en actuaciones de conservación en la Capilla Real, la maqsura y la fachada norte del inmueble. A esto se le deberá sumar la recuperación del espacio destrozado por el incendio del 8 de agosto. La Iglesia Católica, que por ley está exenta de varias obligaciones fiscales y de transparencia para con la administración pública, no ha explicado a qué partidas destina el superávit de la explotación del inmueble.