Comunidad de Madrid
Las universidades públicas de Madrid cierran su último día de huelga con protestas masivas

Nuevo seguimiento masivo de la última jornada de huelga de las seis universidades públicas (UAH, (UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC) de la Comunidad de Madrid este jueves 5 de noviembre. Por segunda vez consecutiva, miles de docentes y estudiantes se han congregado desde primera hora de la mañana en los campus para reanudar los piquetes. Durante el desarrollo de las acciones agitativas les han acompañado el resto de etapas educativas —Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato— en huelga indefinida desde el 14 de octubre. Ese día estalló también el primer parón universitario, si bien entonces solo convocaron la Complutense y la Rey Juan Carlos al ser los centros más castigados por los recortes presupuestarios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular).

El miércoles día 4 se sumaron finalmente las cuatro públicas restantes en una convocatoria unitaria de 48 horas sin servicios mínimos. Durante esa primera jornada “triunfal” más de 10.000 estudiantes, personal docente e investigador (PDI), personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) llevaron a cabo una manifestación multitudinaria que concluyó en Calle Génova, frente a la sede del Partido Popular. Sin duda este jueves ha sido la fecha que ha contado con una participación más abultada. Los estudiantes siguieron la huelga al 80-90% desde segunda hora.

“Este jueves el seguimiento hoy ha sido masivo, incluso más que ayer, hay facultades completamente cerradas, desde Información, Bellas Artes, Ciencias de la Salud, Farmacia, etcétera”, cuenta Eva Aladro, catedrática en la UCM.

“Este jueves el seguimiento hoy ha sido masivo, incluso más que ayer, hay facultades completamente cerradas, desde Información, Bellas Artes, Ciencias de la Salud, Farmacia, etcétera”, cuenta a este medio Eva Aladro, catedrática en la Facultad de Ciencias de la Información en la Complutense. La docente en lucha atribuye el éxito de esta segunda convocatoria -con más seguimiento que las huelgas del 26 y 27 de noviembre del año pasado- al “efecto llamada” que generaron las movilizaciones de la víspera en numerosas facultades, pero también a la colaboración activa con las educadoras de otras etapas. “Ha habido muchísima difusión, muy buena sinergia con las coordinadoras interuniversitarias pero también con los otros sectores educativos. Se nota un gran ambiente de efervescencia social”, añade Aladro.

Las protestas del día culminaron en una nutrida manifestación de toda la comunidad educativa que partió de Atocha a las 17.30 y en la que han participado cientos de miles de personas, 63.000 según los cálculos de la plataforma UCM x la Pública, quienes han asegurado que la marcha medía 900 metros a su llegada a Cibeles. “Reivindicamos algo tan básico como una universidad pública de calidad y universal, algo que ahora no se está garantizando. La responsabilidad de este conflicto es de la nefasta gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la pelota está en su tejado”, reivindicaban las docentes desde la marcha, advirtiendo a la administración regional que “si no hay negociación, la movilización irá a más”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), rápidamente calificó de “torticera” esta huelga estudiantil durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid. A su juicio, estos parones “políticos” han sido alentados por los partidos de izquierda, responsables de que al alumnado madrileño haya perdido “270.000 horas de clase”. “Cuando tenemos los mejores resultados PISA, las huelgas son aquí. Nos vienen ahora a promover las huelgas a manos de activistas que no representan a nadie”, reprochaba esta mañana.

Medidas estructurales contra el “estrangulamiento económico”

Las primeras horas del día tuvieron reminiscencias directas de aquel turbulento 14 de octubre, cuando los piquetes mañaneros en la Facultad de Químicas de la UCM se sofocaron con cargas policiales que resultaron en cinco detenidos y seis heridos. En esta jornada de cierre, los antidisturbios volvieron a reprimir a los docentes durante la concentración de las 12.00 h. de todas las educadoras.

Las universitarias que se encontraban en el lugar han denunciado la detención de un profesor de secundaria y miembro de la plataforma Menos Lectivas, que fue reducido por agentes de la Policía Nacional, algunos infiltrados en la concentración. “Nos parece que las fuerzas del orden están constantemente extralimitándose en sus funciones porque la manifestación era completa y absolutamente pacífica. Basta de infiltraciones a quienes luchamos por los derechos sociales”, clamaban al medio día con indignación manifestantes de UCM x la Pública.

Un día más, que pone el broche de oro a todo un ciclo histórico de movilizaciones, estudiantes, docentes, PDI y PTGAS han salido a reivindicar medidas estructurales para sacar a las universidades de su “estrangulamiento económico” debido a los sucesivos recortes presupuestarios del gobierno regional. La Ley de Presupuestos de 2027 continúa infradotando de medios financieros a las públicas, en línea con lo que ya había establecido el Plan de Financiación Plurianual de Ayuso.

El gasto en las universidades públicas sigue estancado en el 0,39 % del PIB en 2031, en contra de lo exigido por la ley universitaria estatal, que marca alcanzar el 1%.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, defendió recientemente que el acuerdo de financiación era “histórico” en cuanto a esfuerzo presupuestario. Pero nada más lejos de la realidad, tanto antes como ahora tras los nuevos presupuestos: Con esta última legislación, la financiación básica aumenta tan solo un 5% —de 1.166,3 a 1.224,6 millones de euros—. Además, el gasto en las públicas sigue estancado en el 0,39 % del PIB en 2031, en contra de lo exigido por la ley universitaria estatal (LOSU), que marca alcanzar el 1%. “Pedimos 350 millones de euros al año para las seis universidades, no estamos pidiendo la luna”, protesta Aladro.

Este jueves las docentes y estudiantes han puesto el acento en otras cuestiones que afectan igualmente a la calidad de la enseñanza: reclaman aumento de la contratación de PDI y PTGAS, ratios adecuadas para el profesorado, el mantenimiento de las infraestructuras y patrimonio común de las universidades y la reversión de la privatización educativa. Pero también independencia de las universidades públicas frente a las privadas, el fin de los contratos precarios, salarios que permitan cierta estabilidad y garantías de promoción profesional con reposiciones tras cada jubilación.

Dependencia de empresas privadas e infraestructuras deterioradas

Actualmente la falta de inversión para proyectos de investigación está dejando a los centros a merced de préstamos privados de empresas que acaban por condicionar tarde o temprano los recorridos formativos. Esto ocurre especialmente en carreras como ingenierías o arquitectura “que dependen mucho más de lo que es empresas privadas para hacer prácticas o TFGs. “Yo he tenido compañeros que a lo mejor no podían desarrollar su TFG porque la idea que tenían no era compatible con la empresa con la que estaban haciendo las prácticas”, cuenta Sarai Pazos, portavoz de URJC por la Pública.

Los estudiantes han subrayado que cómo, fruto de esta situación de dependencia económica cronificada, los títulos académicos responden cada vez más a requerimientos de entidades financieras y no tanto a criterios basados en la utilidad social.

Los estudiantes han subrayado que cómo, fruto de esta situación de dependencia económica cronificada, los títulos académicos responden cada vez más a requerimientos de entidades financieras y no tanto a criterios basados en la utilidad social. Luis Lloredo, profesor de derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, incide en este sentido que en su centro el 50% de su financiación proviene de dinero “externo” a base de patentes, contratos privados, convocatorias de proyectos competitivos nacionales, europeos etc. “Más de la mitad de lo que la Universidad gasta no viene porque la Comunidad de Madrid inyecte dinero vía presupuestos públicos con financiación estructural como debería ser, sino porque los profesores andamos consiguiendo dinero a base de todas estas modalidades precarias”, lamenta.

Su facultad está aquejada de numerosos problemas de infraestructura que también se deben a la ausencia de recursos financieros. “Hemos estado sin calefacción en los despachos de los profesores casi durante dos años o funcionando de manera intermitente, porque los servicios están viejos, no se reparan o se reparan pero serían necesarias reparaciones de mayor envergadura y no se pueden acometer”, explica. Recuerda el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, cuyo techo se derrumbó el año pasado porque no se habían llevado a cabo las obras pertinentes. En la Complutense, estos problemas se suman a otros como la imposibilidad de reparar ascensores o el cierre de bibliotecas y archivos históricos mientras que este centro ha tenido que solicitar un préstamo de 35 millones de euros “ como si estuviéramos en una crisis económica brutal”, relatan desde UCM x la Pública.

Sus grupos pueden llegar a albergar a 200 alumnos, con seminarios de 40 y 50 personas, una cifra muy por encima de lo recomendable para poder llevar a cabo un seguimiento adecuado de cada alumno. “La evaluación continua que supuestamente deberíamos hacer conforme a modelo del Plan Bolonia es imposible. No se puede dar una docencia de calidad”, alega. Por tanto instan a la Consejería de Educación a aumentar la oferta pública para evitar el abarrotamiento de las aulas y la masificación en los centro a través de la contratación de personal docente. Esta queja se repite por parte de miembros de URJC por La Pública, faltos de personal docente. “Hay figuras de profesores como citantes, asociados, que han ido cambiando de nombre en los últimos años. Se trata de profesores que no están como personal fijo de la universidad y que son subcontratados y tienen un salario ridículo. Cuando empiezas como ayudante doctor, también cobras el sueldo mínimo, que no da para pagar el alquiler”, explica Pazos.

Un grito contra la elitización de la enseñanza superior

La comunidad educativa ha recordado asimismo que las últimas actuaciones del gobierno regional en materia de enseñanza universitaria han ido en pro de la elitización educativa. En un comunicado reciente criticaban que Madrid sea a día de hoy  “el ejemplo más salvaje de la ofensiva contra las universidades públicas permitiendo la extensión de la apertura de universidades privadas, asociadas a élites económicas y órdenes ultraconservadoras católicas”. Por tanto, atribuyen al PP madrileño la responsabilidad directa de la progresiva la mercantilización de este servicio público mediante la apertura del mercado a privadas afines ideológicamente. “Se está produciendo un gran trasvase de trabajadoras que se han formado con inversión pública: por cada 100 personas que entraron a trabajar en la universidad madrileña entre 2016 y 2024, tenemos que 53 lo hicieron para las privadas y 47 para las públicas”, explicaban.

“Se está produciendo un gran trasvase de trabajadoras que se han formado con inversión pública: por cada 100 personas que entraron a trabajar en la universidad madrileña entre 2016 y 2024, tenemos que 53 lo hicieron para las privadas y 47 para las públicas”, explica la comunidad educativa.

Un contexto de privatización que se extiende también a otros servicios como la sanidad o el sector ferroviario que ha generado estos últimos meses una tormenta imparable de protestas en amplios frentes. “Estamos ya muy quemadas y que no vamos a tolerar más. Sabemos que esto ya existía, además de en la educación, en la sanidad, en la administración, ahora con los sindicatos de transporte. Estamos ante una movilización masiva porque vemos cómo está aumentando la desigualdad en el país, la gente joven es la que menos expectativas tiene de poder progresar y eso genera un enorme descontento social”, afirma Aladro.

Por ende, urgen que las plataformas de las universidades públicas sean reconocidas como interlocutoras para negociar con la Consejería de Educación, actualmente en manos de Mercedes Zarzalejo, los planes educativos y económicos. “Hemos pedido formalmente el año pasado que se nos admita en las reuniones para discutir los planes de financiación como representantes legítimas de la comunidad universitaria”, desliza Aladro.