Comunidad de Madrid
La asfixia de las universidades públicas de Madrid continúa tras la aprobación de los Presupuestos de 2027

Continúa el déficit presupuestario para las universidades públicas de la Comunidad de Madrid tras la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2027 el pasado 30 de octubre. Como lleva sucediendo con los últimos proyectos financieros en manos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades (Partido Popular), los titulares grandilocuentes encierran una vez más datos poco halagüeños para estudiantes, PDI y PTGAS.

La Plataforma UCM x la Pública no ha tardado en sacar a la luz algunas de las grietas de un plan que la Consejería regional ha promocionado como “histórico” en términos de dotación económica. Lo han hecho con la mirada puesta en la huelga unitaria de universidades públicas prevista para este 4 y 5 de noviembre, que tiene como epicentro reivindicativo el “estrangulamiento económico” cronificado que sufren año a año estos centros.

Estos días de paro académico total las universitarias se sumarán al resto de la comunidad educativa, en huelga indefinida desde el pasado día 14 por la bajada de ratios y horas lectivas. “Exigimos a Mercedes Zarzalejo que deje de despreciar nuestras demandas y se siente a negociar ya. Si no hay negociación, la movilización irá a más”, han clamado las Plataformas de las seis Universidades Públicas Madrileñas este martes.

En un primer momento el acuerdo alcanzado con los rectores de los seis centros públicos madrileños (la CRUMA) traía consigo un aumento del presupuesto de hasta los 1.420,1 millones a través de un aporte de 180,5 millones de euros adicionales. Es decir, una subida del 14,6 %. No obstante, la comunidad académica recalca que con estos números el gasto en las universidades públicas sigue estancado en el 0,39 % del PIB en 2031, muy lejos de la media nacional situada en el 0,7 %.

Además, varias docentes plantean que “prácticamente toda esa subida se va a ver absorbida por la inflación y no va a suponer ningún aumento real”. Por otro lado, del total del presupuesto, 35,4 millones van a ir destinados a compensar subidas salariales. “Eso no es dinero para mejorar la universidad, sino para pagar lo mismo con salarios actualizados”, puntualizan las estudiantes sobre la letra pequeña de las cifras proporcionadas por la Consejería.

Realmente los nuevos presupuestos para Universidades no distan apenas del polémico Acuerdo de Financiación que Isabel Díaz Ayuso lanzó en marzo (conocido como “el acuerdo de la vergüenza” o el “Quirón educación”), el primer pacto de financiación regional para las instituciones educativas con carácter plurianual. Ya entonces la coordinadora interuniversitaria hizo hincapié en que las partidas presupuestarias, contempladas a cinco años vista, solo se materializan plenamente en el último año del periodo. Por lo tanto, respondían más a un lavado de imagen que a un esfuerzo real por mejorar la salud de las universidades. Tanto en marzo como ahora, las Plataformas exigen alcanzar al 1 % del PIB en 2031 “aumentando el esfuerzo 0,13 puntos porcentuales del PIB cada año”. Ese 1 % no es ni más ni menos que lo que obliga la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU (de carácter estatal).

De las 49 universidades públicas que hay en España, las cuatro universidades que menos porcentaje de financiación reciben por estudiante son madrileñas

Alcanzar esta cifra no supondría, aseguran, un esfuerzo económico significativo para las arcas de la Comunidad puesto que Madrid actualmente es la región más rica de España, cuenta con la renta per cápita más alta del país y su propio Gobierno prevé un crecimiento real del 2,3 %. Además, dispone de una de las deudas más bajas del país. A pesar de todo ello, actualmente de las 49 universidades públicas que hay en España, las cuatro universidades que menos porcentaje de financiación reciben por estudiante son madrileñas. Se trata pues, a juicio de las estudiantes y docentes en lucha, de una cuestión de voluntad política más que de una falta real de medios para revertir las carencias estructurales de las públicas.

Un incremento insuficiente de la financiación básica

De este modo, aunque las cifras pueden parecer abultadas, con los nuevos presupuestos la Comunidad de Madrid tan solo prevé aumentar un 5% su financiación básica en un momento de máxima “asfixia económica” en la mayoría de los centros de educación superior. En un comunicado lanzado este martes las plataformas de docentes y estudiantes por las públicas denuncian que el pago de gastos permanentes como las subidas salariales o la contratación de personal quedará a partir de ahora en manos de partidas finalistas o transitorias.

Las cifras proporcionadas por la Consejería de Educación “suponen un estancamiento en términos absolutos de la financiación básica... ”: Mario Rísquez, profesor de Economía en la UCM

“El convertir a buena parte de la financiación de las universidades en fondos finalistas lo que propicia es que cada vez más haya una batalla por los fondos dentro de los departamentos, entre los grupos de investigación, lo cual nos impide hacer bien nuestro trabajo”, declara a El Salto Paloma Villanueva, profesora de economía en la UCM. La financiación básica, la que sostiene nóminas y funcionamiento ordinario, pasaría de 1.166,3 a 1.224,6 millones de euros, apenas un tercio de la subida anunciada, tal y como apuntan desde UCM x la Pública.

Mario Rísquez, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Plataforma por la Universidad Pública, infiere en esta línea que las cifras proporcionadas por la Consejería de Educación “suponen un estancamiento en términos absolutos de la financiación básica, algo que no tiene ningún tipo de justificación en una comunidad con uno de los PIB per capita más altos de la Unión Europea”.

Por otro lado, los presupuestos para 2027 profundizan en la contratación de profesores dentro del programa Maria Goyri, cofinanciado por el Gobierno central a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este proyecto permite la oferta de plazas de Profesorado Ayudante Doctor (PAD) en las universidades públicas. El programa plantea la incorporación de 5.638 profesores ayudantes doctores de manera gradual hasta 2028, además de otros 600 millones de euros aportados por las comunidades autónomas para financiar 2.236 plazas adicionales.

Ahora bien, la comunidad universitaria en lucha ha expresado su preocupación ya que el dinero público destinado al programa no supone una inyección de fondos estable sino temporal. “Necesitamos unos presupuestos que nos den una seguridad y eso significa conseguir que se aumente más la financiación dado el contexto macroeconómico positivo que vive Madrid“, destaca Villanueva.

Contra la privatización educativa y la represión de la protesta estudiantil

Más allá de las cuestiones relatividad a la ya endémica infrafinanciación, las demandas de las estudiantes estos días previos a la huelga apuntan igualmente hacia la progresiva privatización de la enseñanza superior. Rísquez pone sobre la mesa que “el correlato de este ataque deliberado de la Comunidad de Madrid con la asfixia económica tiene como contrapartida todo ese proceso de privatización, es decir, el desmantelamiento de lo público que hace que se genere un trasvase de recursos de alumnado”.

Las deficiencias se palpan día a día en forma de salarios precarios, abuso de figuras docentes como las del ayudante doctor, infraestructuras que no llegan nunca a renovarse e incluso goteras y desperfectos múltiples en el interior de los edificios. El efecto inmediato de esta escasez de recursos generalizada ha sido el crecimiento de las matriculaciones en la privada.

A punto de salir a las calles en una huelga que ya arrancaron la Complutense y la Rey Juan Carlos —esta última la peor financiada de todo el Estado— el pasado 14 de octubre, las estudiantes y docentes ponen también el foco en la represión de la lucha estudiantil. Ese día las cargas policiales en Ciudad Universitaria en el transcurso de un piquete pacífico se saldaron con cinco detenidos y seis heridos. Como respuesta se organizó una encierro en el rectorado que no finalizó hasta que se consiguió negociar un comunicado para solicitar la investigación y la aclaración de los hechos para depurar responsabilidades.

“Hasta ahora lo único que hemos recibido ha sido ninguneo y negativas de todo tipo a nuestras reclamaciones. Por tanto queremos ver un avance en la comunicación con las administraciones y que se nos escuche”: Paloma Villanueva, profesora de economía en la UCM

“Estamos viendo una tendencia a la represión de los derechos políticos en la universidad, el derecho a la protesta está viéndose cada vez más mermado en las universidades”, asegura Rísquez. Por ello uno de los objetivos marcados por las plataformas es conseguir que Mercedes Zarzalejo, actual Consejera de Educación tras el cese de Emilio Viciana, reconozca la existencia de un conflicto abierto y tome cartas en el asunto. Pero también que acceda a negociar reconociendo a las plataformas interuniversitarias como interlocutoras a todos los efectos como representantes de la comunidad educativa.

“Es algo que vienen reclamando sin mucho éxito las educadoras infantiles de 0 a 3 en la huelga indefinida, algo que están machacando también las compañeras de Menos Lectivas en enseñanzas medias y es algo que pedimos también nosotras. Hasta ahora lo único que hemos recibido ha sido ninguneo y negativas de todo tipo a nuestras reclamaciones. Por tanto queremos ver un avance en la comunicación con las administraciones y que se nos escuche”, desliza Villanueva.