Comunidad de Madrid
Cronología | Los pasos del Gobierno de Díaz Ayuso durante la crisis de las residencias

Primera fallecida por coronavirus en Madrid. Se trata de una mujer de 99 años que vivía en la residencia La Paz, muere en el Hospital Gregorio Marañón.

La Comunidad restringe las visitas de familiares en las residencias a las “estrictamente necesarias” pero no prohíbe terminantemente los accesos de familiares y allegados.

La Comunidad de Madrid establece el mando único sobre la Sanidad Pública y Privada de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad con pasado en un partido de ultraderecha. La oposición de Más Madrid ha pedido días antes un protocolo para residencias que no se ha tenido en cuenta.

09 de Marzo: Reunión con la Consejería de políticas sociales, proponemos:

- Dotación de EPIS al personal socio sanitario.

- Realización de Test masivos al personal.

- Activación del Servicio de Inspección.

- Plan para personas sin hogar.

— Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) March 24, 2020

Díaz Ayuso y Enrique Ruiz Escudero aseguran que las residencias de la Comunidad se van a medicalizar y los pacientes serán atendidos en ellas. La evaluación del mando único de coordinación de sanidad pública y privada anunciado el 12 de marzo no ha sido presentado en junio de 2020 en la Asamblea de Madrid.

En la primera comparecencia tras el decreto del estado de alarma del 11 de marzo, Pedro Sánchez anuncia que los ministerios de Defensa, Interior, Movilidad y Sanidad asumen el mando único para detener la expansión del covid-19. Desde entonces, Margarita robles, Fernando Grande Marlaska, José Luis Ábalos y Salvador Illa tienen la capacidad para asumir competencias de las Comunidades Autónomas, no así el resto de Ministerios ni vicepresidencias. En la práctica, las autonomías siguen quedándose encargadas de la gestión de centros residenciales. Varias órdenes posteriores especifican que las competencias de geriátricos son, durante toda la crisis, responsabilidad de las comunidades.

Con la entrada en vigor del estado de alarma se suspenden definitivamente las visitas y accesos a los centros residenciales en todo el territorio.

El Ministerio de Derechos Sociales anuncia la coordinación de un fondo extraordinario de 300 millones destinado a reforzar las prestaciones de servicios sociales. Se plasma en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. El decreto especifica que el fondo está previsto para “reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla”. Al menos 38 de esos 300 millones han ido parar a la Comunidad de Madrid.

La residencia concertada Monte Hermoso —propiedad de la sociedad Solothun Corporation— reconoce al menos 19 fallecidos. El diputado autonómico Emilio Delgado (Más Madrid) denuncia que, en ese momento, el gobierno desconocía el dato. “Se evidencia que no tenemos ojos en, al menos, el 90% de la red de residencias de carácter privado o concertado”, explica Delgado en un hilo de Twitter el 24 de marzo.

Daniel Moreno, periodista de Nius Diario (Mediaset) publica el 19 de marzo que la residencia Monte Hermoso (donde hasta entonces habían fallecido 17 personas) servía para guardar droga, según el jefe de la banda criminal “los Miami”.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el primer protocolo sobre traslados, titulado “Protocolo de coordinación para la atención a pacientes, institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19”. El protocolo lo firma Carlos Mur, en ese momento director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid. La orden limita o prohíbe el traslado desde las residencias a hospitales a las personas mayores. 

Las instrucciones, destinadas a “racionalizar el abordaje” del foco de emergencia que suponen las residencias establecen cribados, protocolos de intervención o triajes que:

“...se procederá a derivar al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios:

Insuficiencia respiratoria, disnea o taquipnea y fiebre.

El paciente es independiente para la marcha o índice de Barthel >60.

Paciente sin deterioro cognitivo, o deterioro cognitivo con GDS <6

No existe comorbilidad asociada en fase avanzada”.

Los dos puntos centrales señalan los límites al traslado vigentes desde ese momento, límites que impidieron la derivación a hospitales de personas con demencia (índice de Escala de Deterioro Global, GDS) y discapacidad física (índice Barthel). Este protocolo permanecerá dos meses oculto hasta su publicación por parte de Infolibre.

El miércoles 18 de marzo, un goteo de informaciones contaba 60 muertes en centros residenciales. Las instalaciones de Madrid destacaban con más de la mitad de los casos: 19 mayores fallecían en la residencia de Montehermoso, en plena Casa de Campo. Al mismo tiempo se apuntaban siete muertes en la residencia de Moratalaz gestionada por el grupo Albertia. Seis ancianos fallecían en la residencia Montserrat Caballé, también gestionada por la fundación del padre Ángel.

División en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos) es partidario de solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en las residencias. Isabel Díaz Ayuso descarta pedir que el Ejército ayude en las residencias: “Esta petición no sirve, porque el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios, no tiene capacidad para llegar solo en Madrid a 500 residencias, y no digamos por todo el país”, explica Díaz Ayuso en una entrevista en Onda Cero.

El Salto publica que trabajadoras y familiares de personas alertan de fallas y negligencias en la prevención de la pandemia del covid19 en las residencias de mayores. “Hemos estado todo este tiempo sin materiales de protección, entrando y saliendo de la residencia, nosotras y compañeras que doblan en otras residencias. El lunes nos trajeron mascarillas de papel. Me cuentan mis compañeras que hoy han llegado las mascarillas homologadas a mi centro. Pero solo han traído para enfermeras y para doctoras. Nosotras tenemos que ponernos doble mascarilla de papel”, explicaba una trabajadora de residencias a la periodista Sara Plaza.

Tragedia en las residencias de mayores por el coronavirus

Sara Plaza Casares

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Coronavirus

Tragedia en las residencias de mayores por el coronavirus

Sara Plaza Casares

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Trabajadoras y familiares alertan de fallas y negligencias en la prevención de la pandemia del covid19 en las residencias de mayores, después de que en pocas horas se revelase la muerte de más de 60 personas ancianas residentes en este tipo de recursos. 

“Me consta que la Sanidad atiende a todos los pacientes por igual, no se está seleccionando a nadie por nada”, explica Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en Onda Cero. 

Segunda versión del documento que establece los “criterios de exclusión de derivación hospitalaria”, enviado a hospitales y residencias de la Comunidad. Este informe, considerado el más duro de todos los firmados en este periodo, amplía los supuestos de exclusión, elimina la consideración de que si el paciente es “independiente de la marcha” será derivado al hospital. El mismo día, la UME inicia la desinfección de determinadas residencias.

La noticia de que la Fiscalía está “recabando información” de la situación en residencias de distintas comunidades autónomas lleva a Pablo Casado a pedir un protocolo de actuación al vicepresidente de Políticas Sociales. 

“Espero que no se esté dando prioridad a preconstituir pruebas cuando llevamos ya una semana en la cual el mandato único a nivel nacional hace que la responsabilidad sea del Gobierno de la nación", asegura Casado después de una reunión con presidentes de autonomías del PP. Se trata de la primera vez que se lanza la idea de que el control de las residencias ha sido asumido por el mando único del Gobierno central.

Durante la presentación del Fondo Social Extraordinario, 19 de marzo, el vicepresidente Pablo Iglesias no menciona en ningún momento la asunción de competencias de residencias de ancianos. Iglesias no forma parte del equipo de superministerios que centralizan competencias durante la crisis del covid-19. El 21 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publica la Orden SND/265/2020 “de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

La orden exige a los centros de personas mayores y centros sociosanitarios que separaran a sus residentes en cuatro grupos a) sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de coronavirus; b) residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo; c) residentes con síntomas; y d) casos confirmados.

En su punto séptimo, la orden especifica que las decisiones a tomar “corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma”.

El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos) anuncia en su cuenta de Twitter que ha solicitado a Derechos Sociales la intervención del Ejército para la atención y viabilidad de los centros residenciales. Es el último tuit de Reyero hasta la fecha (salvo una respuesta sin relación con el tema).

He solicitado al Ministerio de Derechos Sociales que active el apoyo sanitario y logístico del Ejército para atender los recursos residenciales con los que poder hacer frente al Covid-19. Las consecuencias sobre las personas que residen en estos centros son devastadoras pic.twitter.com/RCiGpQVaLa

&mdash; Alberto Reyero (@albertoreyero) March 21, 2020

La intervención de la Unidad Militar de Emergencias sobre residencias arroja titulares tétricos: el ejército encuentra cadáveres y ancianos en penosas de condiciones de salubridad e higiene abandonados en 73 residencias, 14 de ellas en la Comunidad de Madrid, donde se constata el mayor número de fallecimientos. La ministra de Defensa confirma en un programa de TV que han aparecido cuerpos “abandonados, cuando no muertos en camas” y avanza que Manuel Dolz, de la Fiscalía del Tribunal Supremo iniciará una investigación. Una de cada cinco residencias de mayores de Madrid ha notificado a esas alturas contagios de coronavirus.

El BOE publica la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y emitida por el Ministerio de Sanidad con medidas de carácter organizativo y suministro de información “en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial”. El reglamento declara las residencias servicios esenciales en la misma categoría que los centros sanitarios. La orden refuerza la competencia de las Comunidades Autónomos sobre los geriátricos y faculta a los Gobiernos regionales para la intervención de los centros. También detalla que esa autoridad competente es responsable del “alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otros centros residenciales, con independencia de su carácter público o privado”.

Tercera versión del documento del 18 y 20 de marzo. Se matiza la expresión “criterios de exclusión de derivación hospitalaria” y se cambia por ”recomendaciones de exclusión".

Gorka Castillo publica en El Salto una información sobre la opacidad de la dirección de un geriátrico de Morata de Tajuña en el que no se reconocen cinco muertes.

Angustia en Morata de Tajuña por la situación de una residencia geriátrica afectada por el covid19

Gorka Castillo

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Angustia en Morata de Tajuña por la situación de una residencia geriátrica afectada por el covid19

Gorka Castillo

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La hija de una anciana denuncia el secretismo de las monjas que regentan el centro Nuestra Señora de la Antigua, donde ya han muerto cinco residentes.

Cuarta versión del documento. Como indica Manuel Rico de Infolibre, el cambio más relevante es que se sustituye “centros residenciales” por “residencias de mayores”, lo que deja fuera de las prácticas de exclusión a personas discapacitadas. Explica Rico: “En comparación con las dos versiones anteriores, desaparecen los criterios de ‘deterioro funcional severo (definidos por Barthel <25)’ y de ‘deterioro funcional grave (Barthel 25-40) más deterioro cognitivo moderado (GDS 5)’. Y se añade un ‘criterio de fragilidad igual o mayor de 7’”.

La Consejería de Sanidad se aferra a esta versión y en el anterior cambio de “criterios de exclusión de derivación hospitalaria” por ”recomendaciones de exclusión" para justificar su actuación.

En una reunión con la oposición, Alberto Reyero muestra una tabla con los casos de propagación del virus en los centros. Son 1.101 fallecidos entre el 8 y el 25 de marzo. Según esos datos, el 72% de ellos habían fallecido en los centros, no en hospitales. 301 personas murieron en las residencias privadas, 632 en las concertadas, 66 en las de gestión indirecta y 102 en las públicas.

Trabajadoras del Movimiento Asambleario de Trajadores-as de Sanidad (MATS) de las residencias de gestión 100% pública denuncian en El Salto graves deficiencias en los protocolos de aislamiento, ausencia de cuidados paliativos y material de protección inexistente. “Los cadáveres permanecen en las residencias a veces de 24 a 48 horas sin que nadie se los lleve. En la residencia de Mayores de Alcorcón un señor que había fallecido se ha tirado en la habitación 38 horas”, aseguran las trabajadoras a Sara Plaza. En esa fecha, los muertos en residencia ya superan los 1.065.

“Ha habido cadáveres de mayores hasta 38 horas en la cama”

Sara Plaza Casares

Coronavirus

“Ha habido cadáveres de mayores hasta 38 horas en la cama”

Sara Plaza Casares

Trabajadoras del MATS de las residencias de gestión 100% pública denuncian graves deficiencias en los protocolos de aislamiento, ausencia de cuidados paliativos y material de protección inexistente. “Al final acabaremos el 95% contagiados”, denuncian.

Crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, las competencias sobre residencias pasan a estar controladas por Sanidad. Díaz Ayuso retira a Políticas Sociales (Alberto Reyero) del frente de la crisis. Reyero había anunciado un plan para la intervención de residencias siguiendo la Orden del Gobierno central del 24 de marzo. El plan contemplaba que un funcionario designado por el consejero gestionase cada residencia mientras durase la crisis del covid-19.

Tanto PP como Ciudadanos deciden evitar la crisis de Gobierno, el argumento oficial para justificar la retirada de competencias es la creación de un un mando único, al frente del cual estará  Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Desde entonces, se frena el flujo de información sobre contagiados y fallecidos en residencias.

Sara Plaza publica una información sobre la situación en la residencia Vitalia Home de Leganés, una de las más afectadas. Los familiares de residentes del centro madrileño contabilizan hasta 43 muertes desde principios de marzo: aunque la residencia habla de 13, el Comité de familias asegura tener constancia de más del triple. 

Familiares denuncian que 43 ancianos han fallecido en la residencia Vitalia de Leganés

Sara Plaza Casares

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Familiares denuncian que 43 ancianos han fallecido en la residencia Vitalia de Leganés

Sara Plaza Casares

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Los familiares de residentes del centro madrileño han contabilizado hasta 43 muertes desde principios de marzo: aunque la residencia habla de 13, el Comité de familias asegura tener constancia de más del triple.

La Comunidad anuncia que intervendrá ocho residencias privadas con la designación de funcionarios para tomar medidas “independientemente de la titularidad de las residencias”. Son los centros de Vitalia, en Leganés, DomusVI Espartales (Alcalá de Henares), Isabel la Católica (La Ventilla, Madrid), Casa Quinta (Ciempozuelos), Reina Sofía (Vallecas, Madrid), Monte Hermoso (Latina Madrid), San Celedonio (Chamartín, Madrid) y Sergesa, en Boadilla.

A lo largo de la crisis se intervienen otras seis: Residencia de Usera, Geriatel Rivas, Orpea Santo Domingo (Algete), La Purísima Concepción (Retiro, Madrid) y Santa Teresa Jornet (Madrid) y Las Golondrinas de Robledo de Chavela.

Hasta el 10 de junio han muerto 673 mayores en esos centros desde el 8 de marzo, el 83% en el primer mes, según un teletipo de Europa Press.

Tercera orden del Ministerio de Sanidad en la que se detalla la frecuencia con la que las Comunidades Autónomas deben informar. La Orden SND/322/2020 determina que: “las autoridades competentes de las comunidades autónomas deberán cumplimentar y remitir al Ministerio de Sanidad la información contenida en el anexo, en relación con los centros de servicios sociales de carácter residencial existentes en su territorio. Dicha información será remitida por primera vez antes del día 8 de abril de 2020 y será actualizada desde entonces cada martes y viernes antes de las 21 horas”. Sanidad pone a los servicios estatales del Imserso a disposición de las comunidades autónomas.

A esas alturas habían fallecido más de 3.000 personas en las residencias madrileñas. Ese día, la presidenta de la Comunidad de Madrid coloca al frente de esta crisis a María Encarnación Burgueño, sin apenas experiencia en el sector sociosanitaria. La designada es hija de Antonio Burgueño, que ejerce como asesor externo desde el estallido de la crisis del coronavirus y es uno de los artífices del proceso de privatización de la sanidad en Madrid.

Una información publicada por Infolibre en junio indica que el 7 y el 9 de abril la Policía recoge en sus actas quejas de residencias por no poder enviar enfermos a hospitales: “No hubiera habido tantos fallecimientos”, titula Infolibre citando las notas policiales. Son dos inspecciones, en la residencia Geriasa del distrito de Retiro y Amavir, de Usera. La Policía recoge un testimonio de la directora de la primera de esas residencias “Preguntada la filiada [la directora] al respecto de la situación manifiesta: si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos puesto que son residencia y no hospital (carecen de los medios hospitalarios). Que quiere hacer constar que se encuentra todo el personal agotado física y emocionalmente”.

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid escribió una carta en esa fecha a Amnistía Internacional que trascendió el 16 de junio. En ella, Reyero aseguró a la ONG que estaba “haciendo lo imposible por conseguir la implicación de la consejería", tras un requerimiento de Amnistía Internacional a los consejeros de las comunidades españolas.

Ante las repetidas denuncias sobre la falta de equipos de protección individual, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da tres días a la Consejería de Sanidad y al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para que evalúe los riesgos y medios de protección necesarios para los trabajadores de los centros sanitarios y residencias, y que facilite los equipos de protección en cuanto disponga de ellos.

Según una nota de prensa de la Comunidad de Madrid se ha implementado un “plan de choque” en los centros residenciales. “Se han definido cuatro perfiles de pacientes y se contemplan medidas de intervención, evaluación, derivación y seguimiento”. Añaden además que se han reforzado los servicios de oxigenoterapia y que se ha creado “una red de 22 geriatras referentes, que trabajan como especialistas clínicos consultores, ordenando traslados, facilitando fármaco terapia y material fungible a las residencias”.

Alberto Reyero, en una entrevista en la Cadena Ser, dice “no entender” que Madrid esté enviando médicos a otras comunidades autónomas y ese contingente “no se emplee en las residencias”. En la entrevista, Reyero niega que se hayan medicalizado las residencias: "No están medicalizadas y muchos ancianos no pueden ir al hospital”, afirma. Reyero dice que le parecería bien que el parlamento autonómico investigue lo sucedido en las residencias de mayores. 

Ya se cuentan 5.000 muertes en residencias como consecuencia o con indicios de relación con el coronavirus. El día anterior, Ruiz Escudero ha reducido la cifra a 2.820 en lo que se toma como un error en la contabilización. El Consejero de Sanidad desmiente las declaraciones del consejero de políticas sociales y asegura que 25 centros están medicalizados. Escudero, en una entrevista en Telemadrid asegura que SAMUR y SUMMA 112 han realizado más de 4.000 traslados de residencias a hospitales y de vuelta de los pacientes dados de alta a las residencias.

A mediados de abril, la menor incidencia de la crisis del coronavirus implica que se relajen los protocolos de exclusión vigentes desde el 20 de marzo. El 88% de las muertes en residencias se produce desde la primera semana de marzo hasta este día.

El Salto publica una noticia sobre el caos en el traslado de mayores desde el centro de Vitalia en Leganés hasta otra residencia en Moratalaz. La problemática pasa a ser los traslados de residentes de las residencias más afectadas hacia otras que se suponían limpias y donde comienzan a notificarse casos positivos.

Caos en el traslado de mayores de la ‘zona cero’ de las residencias

Sara Plaza Casares

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Caos en el traslado de mayores de la ‘zona cero’ de las residencias

Sara Plaza Casares

Familiares de Vitalia Home Leganés, que acumula ya 96 muertos, explican que se han producido traslados de los mayores que dieron negativo en coronavirus a un centro en Moratalaz que aún no estaba inaugurado. De los trasladados ya habrían fallecido tres personas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) atiende a una denuncia del Ayuntamiento de Alcorcón para que dote a las residencias de mayores de la localidad sureña de personal médico y de test para realizar pruebas diagnósticas. Alcorcón, gobernado por el PSOE, pide la intervención de las Residencia de Mayores de la Comunidad de Madrid, Residencia de Mayores Campodón, Centro Residencial de Mayores Amavir, Centro Residencial de Mayores Sanitas. El TSJM ordena esta intervención sin oír a la otra parte (el Gobierno autonómico) dada la gravedad de la situación. 

Alberto Reyero dice en una comisión en la Asamblea de Madrid que el 40% de las plantillas de las residencias está “aislada o infectada” por Covid-19. Reyero añade que su consejería había realizado 1.521 nuevos contratos en geriátricos públicos. Reyero defendió su gestión antes de la crisis y el hecho de que su consejería publicó el listado de 130 residencias sancionadas entre 2014 y 2018.

Díaz Ayuso recurre la orden del TSJM sobre la intervención en las residencias de Alcorcón.

El TSJ de Madrid obliga a Ayuso a tomar medidas en las residencias de mayores de Leganés. Los centros a los que se refiere el auto del TSJM son la  Residencia de Los Frailes —de titularidad de la Comunidad de Madrid y gestionada por Aralia—, DomusVI, Vitalia Home, Los Balcones, Nuestra Señora de Butarque, Amavir y El Encinar —de titularidad privada con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid y Valdepelayo y Valdeluz —de titularidad privada—.

El TSJ de Madrid obliga a Ayuso a tomar medidas en las residencias de mayores de Leganés

Redacción El Salto

Residencias de mayores

El TSJ de Madrid obliga a Ayuso a tomar medidas en las residencias de mayores de Leganés

Redacción El Salto

Desde el Ayuntamiento denunciaron la falta de actuación por parte de la Comunidad desde marzo y también en abril, después de que Ayuso pusiera al frente de la crisis sanitaria en las residencias a la hija del ideólogo de la privatización sanitaria. El alto tribunal madrileño obliga ahora al Gobierno regional a tomar medidas.

La Fiscalía anuncia que ha abierto 116 investigaciones penales en residencias en el marco de la crisis del coronavirus. 57 de las cuales son en Madrid. Corresponden, en gran parte, a denuncias realizadas por particulares y en muchos casos remitidas a Fiscalía por asociaciones, referentes a muertes en una residencia de mayores. Además de estas 57, en la Comunidad la Fiscalía ha puesto en marcha otras cuatro diligencias preprocesales civiles, entre ellas una que investiga la situación de todas las residencias de mayores de Alcorcón. 

La Fiscalía ha abierto 116 investigaciones penales en residencias en el marco de la crisis del coronavirus

Redacción El Salto

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Residencias de mayores

La Fiscalía ha abierto 116 investigaciones penales en residencias en el marco de la crisis del coronavirus

Redacción El Salto

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La Comunidad de Madrid acapara 57 de estas diligencias penales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechaza el recurso presentado de la Comunidad de Madrid tras el auto en el que le obligaba a medicalizar las cuatro residencias de Alcorcón. El auto recuerda al Gobierno de Díaz Ayuso que la orden del 3 de abril faculta a la Comunidad para intervenir residencias públicas y privadas.

Isabel Díaz Ayuso concede una entrevista a El Mundo en la que posa de luto y sobre fondo negro. La presidente reconoce que ha habido criterios para no trasladar a mayores a hospitales.

Pregunta: La patronal de las residencias denunció que durante el pico de la pandemia no se aceptaron hospitalizaciones de residentes.

Respuesta: Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado.

“Hay que tener en cuenta que en el momento más complicado de la crisis, cuando había más contagios, no llegamos a ocupar el 100% de las camas. Y ahora no nos vamos a encontrar en esa circunstancia”, asegura Ayuso en la entrevista, que se produce en el contexto de la solicitud de cambio de fase para la relajación de las medidas de confinamiento. Añade: “Las residencias ya están controladas”.

Sara Plaza publica que los 26 familiares de la Marea de Residencias presentan una demanda conjunta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de residencias para que se abra una investigación por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. A esas alturas, más de 5.800 mayores han muerto por coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Familiares de residencias presentan una querella criminal contra Ayuso

Sara Plaza Casares

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Residencias de mayores

Familiares de residencias presentan una querella criminal contra Ayuso

Sara Plaza Casares

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Marea de Residencias presentan una demanda contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad y directores de residencias

El Defensor del Paciente anuncia que denunciará a Díaz Ayuso por presunta comisión de un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes. La presidenta de la asociación, Carmen Flores, basa la denuncia en el reconocimiento por parte de Díaz Ayuso en El Mundo de que se había negado “una mínima oportunidad de supervivencia” a los enfermos de los centros residenciales. La presidenta regional contraataca y anuncia que se querellará contra Flores por acusarla de homicidio.

La Comunidad de Madrid cesa al director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Víu, la firma debajo de los protocolos con los "criterios de exclusión de derivación hospitalaria”. El periódico El Mundo titula la noticia: “Madrid destituye al alto cargo que frenó el traslado de los ancianos con coronavirus a los hospitales”.

Pablo Iglesias niega en una entrevista en Antena 3 que haya asumido en ningún momento las competencias de las residencias de mayores. Iglesias asegura que las órdenes ministeriales reforzaron “a la única autoridad que tiene las competencias en las residencias de ancianos, que son las comunidades autónomas”. Ninguna Comunidad Autónoma ha informado de que la vicepresidencia haya asumido esas competencias en sus territorios. Maldita.es publica que las consejerías consultadas confirman que han mantenido el control de estos centros.

El Confidencial publica un documento del Hospital Infanta Cristina de Parla en el que textualmente se lee “Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la sentencia que obligaba a la Comunidad a medicalizar las cuatro residencias de Alcorcón, decisión que fue apelada por el Gobierno de Díaz Ayuso. El fallo del TSJM recuerda que durante la crisis se medicalizaron “uno o dos hoteles” según se vanaglorió la propia Díaz Ayuso.

El medio Infolibre publica en exclusiva “El documento que prueba que el Gobierno de Ayuso fijó “criterios de exclusión” para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales”. Se trata del primer informe de una serie que se completa con tres protocolos más (18, 20, 24 y 25 de marzo)y un documento sin firma llamado el “protocolo de los geriatras” con siete versiones, dos de las cuales fueron enviadas a determinados hospitales.

Ese protocolo de los geriatras fue coordinado por Javier Martínez Peromingo, en la actualidad director de Coordinación Socio-sanitaria sustituyendo a Carlos Mur. El documento estableció criterios “técnicos” para efectuar los triajes y los protocolos de exclusión. Una de las preguntas respondidas es “¿Cuándo deberían las residencias considerar derivar a un paciente con infección sospechada o confirmada con Covid-19 a un hospital?”.

Familiares de residencias de Leganés y Alcorcón acuden a los juzgados en una segunda tanda de demandas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, por no medicalizar las residencias. La querella la firman 25 familiares de las residencias de mayores de Alcorcón (100% pública), Parque de los Frailes de Leganés (gestionada por Aralia), Amavir- El Encinar, Domus Vi- Leganés y Vitalia Home- Leganés. La demanda acusa también a los directores de estas residencias de las negligencias en la gestión.

Segunda querella contra Ayuso por la “nefasta” gestión de las residencias

Sara Plaza Casares

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Segunda querella contra Ayuso por la “nefasta” gestión de las residencias

Sara Plaza Casares

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Familiares de residencias de Leganés y Alcorcón acuden a los juzgados en una segunda tanda de demandas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo”, con esas palabras Isabel Díaz Ayuso se defiende en la Asamblea de Madrid de las acusaciones a raíz de la publicación de los protocolos. 

Díaz Ayuso se niega a la creación de una Comisión sobre lo ocurrido en residencias para no “politizar el dolor de las víctimas”. “Si ustedes quieren seguir por ahí politizándolo todo, allá ustedes, si quieren usar su fuerza parlamentaria para imponernos aquí algún tipo de comisión, háganlo, politícenlo ustedes”, contestó a Jacinto Morano, diputado de Unidas Podemos.

El Salto publica que los centros de atención primaria recibieron el 23 de marzo una orden de la consejería de Sanidad para establecer una serie de criterios a la hora de valorar la permanencia en el domicilio y la no derivación hospitalaria de pacientes afectados por covid-19 y con signos de dificultad respiratoria. Incluye criterios como ser mayor de 80 años con enfermedad en órgano terminal, poseer una demencia moderada-grave o ser gran dependiente.

El documento que condicionó los traslados de enfermos al hospital

Sara Plaza Casares

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El documento que condicionó los traslados de enfermos al hospital

Sara Plaza Casares

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Una orden enviada a los ambulatorios en pleno pico de la pandemia incluye criterios para no derivar a hospitales a pacientes afectados por covid-19.

Alberto Reyero denuncia en sede parlamentaria que el conjunto de los protocolos dictaminados por la Consejería de Sanidad para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales “La derivación [a hospitales] debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés”. Reyero asegura que comunicó su rechazo a esos protocolos de viva voz y por escrito al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid admite en la Asamblea de Madrid que los protocolos de exclusión se enviaron a los centros sociosanitarios pero dice que se hizo “por error”. Ruiz Escudero reconoce que “ha habido hasta seis versiones del protocolo”.

La diputada socialista Purificación Causapié recuerda que los protocolos están firmados por Carlos Mur y que en ellos no aparece en ningún momento la palabra “borrador”.

El País publica extractos de los correos electrónicos enviados por Reyero a su compañero de Gobierno, Ruiz Escudero, el 22 de marzo. Reyero comunica su temor a incurrir “en una discriminación de graves consecuencias legales” si se negaba el auxilio a víctima y su condena de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna” como consecuencia de las órdenes emitidas por el director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Enrique Ruiz Escudero admite que se envió “por error” uno de los protocolos de exclusión sanitaria antes del definitivo, del 25 de marzo. El día 3 de junio, Díaz Ayuso aseguró que “esta orden nunca se llevó a ningún lugar”.

El juzgado de instrucción nº 39 de Madrid se inhibe de la causa contra Díaz Ayuso y traslada al Tribunal Supremo la investigación sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y contra diez directores de residencias, por las presuntas negligencias ocurridas dentro de los geriátricos. La condición de aforada de Díaz Ayuso hacía ese paso imprescindible en el devenir de la querella.

El juzgado que recibió la #QuerellaResidencias se inhibe y la traslada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por la condición de querellada de Isabel Díaz Ayuso. El Supremo tendrá que decidir si investiga a Ayuso ante el desastre de su gestión en las Residencias 👇 pic.twitter.com/8V7Hzrmwhn

&mdash; Raúl Camargo (@camargoraul) June 5, 2020

Elena Valero, una de las integrantes de Marea de Residencias, explica a El Salto “Sabemos que va a haber otra tanda que la realizarán los familiares de otros municipios de la Comunidad de Madrid. También habrá otra querella más por parte de los trabajadores de las  residencias por haberse contagiado por falta de medios. Y puede haber otra cuarta donde entrarán diferentes colectivos”.

Ayuso podría ser investigada por el Supremo por la querella criminal sobre las residencias

Sara Plaza Casares

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Ayuso podría ser investigada por el Supremo por la querella criminal sobre las residencias

Sara Plaza Casares

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Instrucción traslada la investigación sobre Ayuso y las negligencias ocurridas dentro de los geriátricos hasta el alto tribunal, por su condición de aforada.

Fuentes de la Comunidad de Madrid informan al diario El Español que Isabel Díaz Ayuso descarga la responsabilidad de lo ocurrido en las residencias sobre Alberto Reyero. Fuentes anónimas culpan al consejero de Ciudadanos “de no haber pedido ningún protocolo, ninguna solicitud formal para medicalizar las residencias ni exigió poner en marcha ningún plan de choque”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que “aguantará” lo que haga falta el Gobierno de coalición con Ciudadanos, a pesar de la enorme fractura con el partido de Ignacio Aguado. La convocatoria de elecciones no es una opción hasta que pase un año desde la investidura, que se realizó el 14 de agosto de 2019. Se especula con la posibilidad de una moción de censura para la que el bloque formado por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos precisaría de “solo” tres votos a favor de los diputados de Ciudadanos.

El País informa de que Carlos Mur envió al menos cuatro correos a la Consejería de Políticas Sociales pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje, el 18, 20, 24 y 25 de marzo. El protocolo fue enviado a 18 altos cargos y a los directivos de los hospitales.

El PP pone en marcha la maquinaria para responsabilizar al Gobierno central de la situación de las residencias. “La dirección del Partido Popular ha pedido por escrito a todos sus dirigentes que en sus declaraciones públicas responsabilicen al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias”, escribe Iñigo Aduriz en El Diario. Figuras como Teodoro García Egea —secretario general—, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra o la Fundación Faes comienzan a cargar contra Derechos Sociales la responsabilidad de la crisis. A esas alturas, la crisis ha supuesto 6.007 muertes en Madrid. Vox se sumará pronto a la campaña para responsabilizar a Iglesias de la crisis de las residencias en la Comunidad que ayuda a gobernar.

“Nadie murió solo en esta Comunidad”, defiende Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. La presidenta defiende que no hubo ninguna orden para evitar el traslado. Ayuso despliega un conjunto de folios con el que justifica que más de 500 residencias de mayores han sido atendidas. Los datos del Ministerio de Sanidad indican que la Comunidad solo ha comunicado 14 expedientes de residencias desde la crisis del covid-19.

El diario El País publica que los pacientes de residencias con seguro privado no tuvieron que pasar los mismos triajes que las personas con referencia a la sanidad pública. La nota, firmada por Fernando Peinado y Juan José Mateo explicita que las aseguradoras no recibieron ninguna orden por parte de la consejería para seguir el protocolo de exclusión. Empresas como Asisa, Quirón Salud o Sanitas, quedaron al margen de los protocolos enviados a finales de marzo.

La presidenta anuncia una investigación de las consejerías de Políticas Sociales, Sanidad y Justicia durante la gestión de la crisis en residencias. En la Asamblea, Díaz Ayuso defiende que se está elaborando “un relato falso sobre un drama, el de las residencias, que ha ocurrido en todas las comunidades autónomas y en todos los países”.

El diputado autonómico Jacinto Morano rebate los datos de Ayuso en su cuenta de Twitter. Un 12,5% de los residentes de estos centros han fallecido durante la crisis del covid-19.

En la Comunidad de Madrid según las propias cifras del gobierno de @IdiazAyuso han fallecido con coronavirus 5975 residentes de los 48768

Un 12,25 % de los residentes. El porcentaje más alto de España, más del doble de la media y casi tres veces la media del resto

(Sigue) pic.twitter.com/w4hMuqBPrr

&mdash; Jacinto Morano (@tito_morano) June 12, 2020

El presidente del Gobierno se refiere por primera vez al tema de las residencias en Madrid: “Todos hemos sido testigos de las órdenes y contraórdenes que han salido a la luz por parte del gobierno autonómico en relación con los mayores en residencias de mayores y su ingreso en hospitales. Lo dejo ahí”.

Manuel Rico, de Infolibre, publica otra exclusiva: una de las gestoras de residencias Domus VI asegura que “Se llamó reiteradamente a los servicios sanitarios” para la atención hospitalaria de 54 personas y “ante la situación de emergencia sanitaria que vivía la Comunidad de Madrid y la saturación de las UCIs hospitalarias no fue posible el traslado”

La Asociación Defensor del Paciente anuncia que presentará una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Sanidad, contra la Comunidad de Madrid y contra varias residencias. La Asociación considera que se ha discriminado a los pacientes de residencias, que no tuvieron la opción de ir al hospital. La demanda por lo contencioso-administrativo tiene un plazo menor para ser presentada, doce meses frente a los cinco años de una denuncia por lo penal.

Durante una entrevista en Telemadrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid manifiesta que su Gobierno ha gestionado hospitales y residencias. Después, trata de rectificar.

Hoy ha dicho Ayuso en directo que la Comunidad de Madrid, a diferencia del Ayuntamiento, tuvo que gestionar la sanidad y las residencias de ancianos.

La presentadora se lo recuerda y ella se pone nerviosa. pic.twitter.com/K5snTgPM3b

&mdash; Daniel V. Guisado (@DanielYya) June 18, 2020