Comunidad de Madrid
Cronología | Los pasos del Gobierno de Díaz Ayuso durante la crisis de las residencias

Primera fallecida por coronavirus en Madrid. Se trata de una mujer de 99 años que vivía en la residencia La Paz, muere en el Hospital Gregorio Marañón.

La Comunidad restringe las visitas de familiares en las residencias a las “estrictamente necesarias” pero no prohíbe terminantemente los accesos de familiares y allegados.

La Comunidad de Madrid establece el mando único sobre la Sanidad Pública y Privada de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad con pasado en un partido de ultraderecha. La oposición de Más Madrid ha pedido días antes un protocolo para residencias que no se ha tenido en cuenta.

Díaz Ayuso y Enrique Ruiz Escudero aseguran que las residencias de la Comunidad se van a medicalizar y los pacientes serán atendidos en ellas. La evaluación del mando único de coordinación de sanidad pública y privada anunciado el 12 de marzo no ha sido presentado en junio de 2020 en la Asamblea de Madrid.

En la primera comparecencia tras el decreto del estado de alarma del 11 de marzo, Pedro Sánchez anuncia que los ministerios de Defensa, Interior, Movilidad y Sanidad asumen el mando único para detener la expansión del covid-19. Desde entonces, Margarita robles, Fernando Grande Marlaska, José Luis Ábalos y Salvador Illa tienen la capacidad para asumir competencias de las Comunidades Autónomas, no así el resto de Ministerios ni vicepresidencias. En la práctica, las autonomías siguen quedándose encargadas de la gestión de centros residenciales. Varias órdenes posteriores especifican que las competencias de geriátricos son, durante toda la crisis, responsabilidad de las comunidades.

Con la entrada en vigor del estado de alarma se suspenden definitivamente las visitas y accesos a los centros residenciales en todo el territorio.

La Economía digital (ED) es conocida también por los términos Nueva economía, Economía en Internet o Economía Web y se sustenta en los avances que la sociedad es capaz de conseguir a través del uso de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las TIC favorecen el uso de la información de una manera más rápida, directa y barata, lo que facilita los intercambios de todo tipo y, en especial, los intercambios comerciales. El concepto se da a conocer en 1995 con la publicación del libro de Don Tapscott «La Economía Digital: promesa y peligro en la era de la inteligencia en redes». La ED incluye tres tipos de componentes: las infraestructuras de negocios (tecnología, hardware, software, telecomunicaciones), el negocio electrónico o e-business (aplicaciones informáticas y plataformas on-line) y el comercio electrónico o e-commerce (negocios a través de Internet). En el ámbito de las empresas, la ED permite abaratar los factores de producción (capital y trabajo), disponer de un menor volumen de existencias, reducir los tiempos de llegada de los productos/servicios a los mercados, disminuir los costes de transacción, ampliar su ámbito de actuación (mercados más amplios y extensos) y reducir los costes de acceso al mercado. Por tanto, los beneficios para las empresas son, en principio, considerables, al reducir sus costes de producción y aumentar sus niveles de productividad. Con la ED, las empresas pueden incrementar su capacidad competitiva en los mercados y éstos se convierten en mercados globalizados, lo que en principio también beneficia a los consumidores, que ven como el acceso a los bienes y servicios es mayor y más rápido. Sus efectos están llegando a prácticamente todos los sectores económicos: el comercio, las finanzas, los transportes, la hostelería, el turismo, los medios de comunicación ...

Pese a que la Economía Digital está abriendo nuevas oportunidades para la economía en su conjunto y está ampliando la oferta de bienes y servicios con mejores prestaciones para los consumidores, también está generando un conjunto de externalidades negativas

La implantación de la ED es innegable. Los datos apuntan a que ya representa más del 20% del crecimiento del PIB a nivel mundial. La Estrategia Europea 2020 contempla como iniciativa la Agenda Digital para Europa. En España, según el estudio «Digital disruption: the growth multiplier» elaborado po Accenture Strategy, su impacto total en el 2015 era de 231 mil millones de dólares, lo que representa el 19,4% del PIB; y muy posiblemente en el 2020 llegue a alcanzar entre el 22% y el 24%. Sus efectos son patentes, tanto en la economía convencional o clásica, industria tradicional y sector servicios, como en las nuevas formas de economía basadas en las tecnologías. El uso de Internet y de otras fuentes de tecnología y de la robótica, permite mejorar la capacidad económica de las empresas a través de su diversificación. Se trata, por tanto, de un fenómeno económico ya consolidado y con fuerte implantación a nivel mundial y con enormes efectos sociales. Sin embargo, no existe unanimidad en cuanto a si su impacto sobre la sociedad es positivo o negativo. Los defensores de la ED señalan que la ED crea riqueza y empleo; algunos estudios indican que en el año 2011 contribuyó a la economía mundial en más de 193 mil millones de dólares y creó 6 millones de puestos de trabajo. Por contra, sus detractores argumentan que el crecimiento que genera la ED produce mayores desigualdades económicas al concentrar la riqueza en unos pocos y está deteriorando las relaciones laborales de los trabajadores con sus empresas. Los efectos de la ED llegan a todos los ámbitos de la sociedad: la fiscalidad, el derecho laboral, el derecho de la competencia, el derecho de propiedad industrial, la organización del trabajo, la sanidad y la educación, los servicios jurídicos y de consultoría, etc. Analicemos, pues, cuáles son los efectos económicos y sociales que produce la Economía Digital.

Un primer aspecto a considerar es la estructura de mercado a la que está llevando la ED y el efecto que esta estructura produce en la competencia y en los consumidores. La ED está dominada por unas pocas grandes empresas, que son las que acumulan la mayor parte de la riqueza y el crecimiento que experimenta este sector. Cinco grandes empresas controlan los sectores de la ED: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook. Esto es así por las propias características de la ED: venta masiva de productos y servicios, fuerte control de los canales de distribución, control de las Big Data y de la información obtenida de las redes sociales (datos de los usuarios) y suculentas ventajas fiscales y rebajas de impuestos obtenidas de los Estados y de su capacidad para la elusión fiscal (evitar impuestos y colocación de sus beneficios en paraísos fiscales). Se trata de un tipo de economía que tiende a aumentar el tamaño de las empresas, lo que significa que las pequeñas y medianas empresas (empresas locales, pequeño comercio, ...) no tienen cabida dentro de este tipo de economía. Esto hace que tengamos que hablar de la existencia de un fuerte oligopolio de la ED que sin duda perjudica a los consumidores. Lo que en principio parece una ventaja para el consumidor (mayor comodidad y menor precio), se está convirtiendo en una trampa. El consumidor cada vez tiene menos opciones para elegir, lo que hace que esté a disposición y sea más vulnerable a las estrategias de marketing de estas grandes empresas. Por otra parte, el comportamiento competitivo de estas empresas no es nada ético e incluso en algunos casos llega a ser desleal o abusivo, derivado de la falta de elección del consumidor de la que hablábamos antes. De esta manera, aunque estos sectores no son realmente monopolios naturales (tendencia al monopolio por la estructura de la industria), se convierten en tales por las condiciones que imponen estas empresas. Con ello, crean fuertes barreras económicas de entrada, que impiden que otras empresas puedan acceder a estos mercados. Es decir, se crean comportamientos competitivos que reducen la competencia a su mínima expresión y casi que hacen imposible la libre competencia, especialmente por parte de pequeñas y medianas empresas, que se ven abocadas al cierre.

Las características de este tipo de economía aconsejarían que estuviera regulado por el sector público o, en todo caso, que se garantizara una competencia leal, protegiendo los intereses de las pequeñas y medianas empresas y el pequeño comercio sobre los intereses de los grandes grupos empresariales multinacionales

Un segundo aspecto a analizar es el del empleo que genera la ED. Es cierto que las ED crean nuevos puestos de trabajo (conductores de Uber, controladores de las plataformas digitales, analistas Web, analistas de datos, ...), pero también es verdad que destruyen otros puestos (por el uso de las tecnologías como la robótica y por la fuerte competencia sobre las empresas tradicionales) y el empleo que crean es de baja calidad (trabajo temporal, estacional y con bajos salarios). El comercio minorista está siendo uno de los grandes perjudicados por la competencia de las empresas digitales: taxis, librerías, restaurantes, hoteles, etc. que son incapaces de competir en igualdad de condiciones con estas grandes empresas y que se ven obligados a despedir a sus trabajadores para poder subsistir. Los cinco gigantes de la ED dan empleo a alrededor de 400 mil personas a jornada completa en EE.UU., pero la mitad de éstos son trabajadores de almacén de Amazon poco cualificados y con salarios bajos; lo que nos da una idea bastante clara del tipo de empleo que se crea. Las relaciones entre trabajadores y empresas se están viendo alteradas de una forma importante y lo que es peor, en detrimento de los trabajadores, que se ven obligados a sustituir las relaciones laborales (contrato de trabajo) por relaciones mercantiles (trabajador autónomo). El nuevo modelo de colaboración entre empresa y empleado es un modelo de prestación de servicios en el que es el trabajador el que asume los costes de la Seguridad Social y el riesgo económico de la actividad que realiza, convirtiéndose en el llamado falso autónomo. Además, se produce una mayor diferencia entre los trabajos más cualificados y los menos cualificados, lo que incrementa las desigualdades económicas. Los bajos salarios que suponen estas nuevas relaciones laborales obligan a los trabajadores a tener que buscar diferentes empleos, del tipo denominado microempleo. La implantación de la robótica irá afectando también a los trabajos más cualificados (consultoría, transporte, etc.), de manera que los contratos a tiempo completo se irán sustituyendo por contratos parciales y por proyectos y tareas. También se produce una desorganización de la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores actuan de manera individual y resulta mucho más complejo y difícil organizarse para defender los derechos laborales; lo que va unido también a una desconexión por parte de los sindicatos de clase, que no acaban de encontrar la manera de dar respuesta a las nuevas relaciones laborales que se producen como consecuencia de la implantación de la ED.

Son empresas como Uber, Deliveroo, Glovo, Blablacar ol Airbnb, que de manera equivocada son consideradas economía colaborativa, pues realmente se trata de empresas intermediarias que utilizan plataformas digitales para facilitar el contacto con los clientes y que son las que acumulan la mayor parte de los beneficios económicos que generan estas actividades. Es la degeneración de la economía colaborativa, que algunas empresas utilizan como excusa para crear nuevas formas de explotación laboral en el Siglo XXI. Jean Tirole, Premio Nobel de Economía 2014, lo describe como un mercado de doble cara, pues a través de estas plataformas digitales y tecnológicas, se pone en contacto al productor con el consumidor y se alteran las relaciones tradicionales entre ellos. La empresa digital que hace de intermediaria intenta ofrecer al productor un mercado con el mayor número de clientes posible (precios bajos) y a los clientes un mercado con el mayor número de ofertas posible. Así es como consigue maximizar sus beneficios económicos. Tirole, en su libro La economía del Bien Común publicado en 2017, nos advierte de los riesgos y los peligros que entraña esta forma de mercado, derivados de aspectos como: la confianza/desconfianza en las plataformas digitales, la confidencialidad de los datos y el uso comercial e incluso político de los mismos, la atomización del trabajo y el aumento del desempleo o el establecimiento de una fiscalidad cada vez más compleja que solo puede ser aprovechada por grandes empresas, entre otros aspectos. Brynjolfsson y McAfee, en su trabajo publicado en 2012, hacen referencia al concepto de «desacoplamiento» para referirse a la incongruencia entre un aumento del crecimiento económico y el deterioro del empleo y señalan que aunque la tecnología impulsa la productividad y en general hace más ricas a las sociedades, también existe un «lado oscuro»: el progreso tecnológico está convirtiendo muchos tipos de trabajos en innecesarios y está empobreciendo al trabajador medio. Algunos de estos aspectos ya los hemos analizado en párrafos anteriores.
El tercer aspecto que queremos analizar es el de los efectos de la ED sobre el medioambiente y la ecología. En principio, la economía digital y el uso de Internet pueden contribuir a reducir el impacto sobre el medioambiente por la reducción de emisiones de CO2 y la reducción del consumo de energía mediante el uso compartido de vehículos, la telemática aplicada a los coches, la reducción del tráfico, la movilidad, los sistemas de gestión inteligente en las viviendas, las industrias y el alumbrado público, etc. Sin embargo, una vez más hemos de tener en cuenta la otra cara de la moneda. El caso de la masificación del turismo debido al incremento de la oferta de alojamientos a través de la economía digital es un claro ejemplo de las graves consecuencias medioambientales que este tipo de economía puede acarrear. El turismo masivo y de muy baja calidad (turismo agresivo y gamberro) está deteriorando el territorio de manera alarmante, lo que obliga a una mayor y mejor regulación. Por otra parte, el aumento de la fabricación de aparatos electrónicos incrementa las emisiones de CO2 y de otros gases con efecto invernadero al requerir la extracción de minerales altamente contaminantes y generar residuos sólidos que no son debidamente reciclados. La extracción de minerales necesarios para fabricar productos electrónicos requiere de la deforestación de miles y miles de hectáreas de bosques y espacios naturales para obtener pequeñas cantidades de estos minerales (por ejemplo, el coltan que se obtiene de la República Democrática del Congo para fabricar móviles). La obsolescencia programada por las empresas que los fabrican (disminución de su vida útil) es una estrategia de marketing que incrementa sus ventas e ingresos a cambio de engañar a los consumidores y de incrementar los costes medioambientales. Asistimos, por tanto, a una escalada de la contaminación ambiental a causa del incremento de la ED.

Con la ED, las empresas pueden incrementar su capacidad competitiva en los mercados y éstos se convierten en mercados globalizados, lo que en principio también beneficia a los consumidores, que ven como el acceso a los bienes y servicios es mayor y más rápido

Podemos concluir, por tanto, que pese a que la Economía Digital está abriendo nuevas oportunidades para la economía en su conjunto y está ampliando la oferta de bienes y servicios con mejores prestaciones para los consumidores, también está generando un conjunto de externalidades negativas (costes sociales) que hay que identificar y tratar de evitar. Estos costes son principalmente de tres tipos: de competencia (que afecta sobre todo al pequeño comercio y en general a las pequeñas y medianas empresas debido a la concentración del sector en manos de unas pocas grandes empresas multinacionales), de empleo (al crear un empleo de peor calidad que perjudica a los trabajadores obligados a convertirse en autónomos y a tener varios microempleos mal remunerados) y de medioambiente (al deteriorar el territorio y aumentar la emisión de gases con efecto invernadero). Identificados sus costes, habrá que encontrar soluciones adecuadas que los resuelvan. Así, en primer lugar, habrá que adaptar la regulación y las normas jurídicas a las nuevas condiciones y reglas de juego surgidas de la expansión de la ED. Están apareciendo toda una serie de vacíos legales que habrá que ir cubriendo con una nueva legislación adaptada a estas nuevas circunstancias. El reto está en regular sin alterar las normas de la competencia y sobre todo, priorizando la defensa de los consumidores, es decir, el interés general y el bien común por encima de los intereses particulares y la maximización del beneficios de grandes empresas. Se debería también de cambiar la legislación en materia fiscal, de manera que ésta se simplifique y sobre todo impida un trato fiscal privilegiado para las grandes empresas de la ED, evitando la reducción y exención en el pago de impuestos y la evasión de capitales a paraísos fiscales. Pero la principal medida debería ir dirigida a limitar el poder de estas grandes empresas, que han convertido la ED en un oligopolio a través del cual imponen sus condiciones, tanto a las empresas productoras que utlizan las plataformas digitales como sobre todo a los consumidores. Algunos proponen la nacionalización del sector de la ED, por su carácter estratégico y por haberlo convertido en un oligopolio, con el fin de asegurar la confianza de los consumidores, evitando el uso indebido de la información que se obtiene a través de las redes. Las características de este tipo de economía aconsejarían que estuviera regulado por el sector público o, en todo caso, que se garantizara una competencia leal, protegiendo los intereses de las pequeñas y medianas empresas y el pequeño comercio sobre los intereses de los grandes grupos empresariales multinacionales. Una vez más, ha de primar el interés general y el bien común sobre la concentración de poder y el interés particular de unos pocos.

Texto: Joan Ramon Sanchis | Ilustración: Jesús Rubio

La residencia concertada Monte Hermoso —propiedad de la sociedad Solothun Corporation— reconoce al menos 19 fallecidos. El diputado autonómico Emilio Delgado (Más Madrid) denuncia que, en ese momento, el gobierno desconocía el dato. “Se evidencia que no tenemos ojos en, al menos, el 90% de la red de residencias de carácter privado o concertado”, explica Delgado en un hilo de Twitter el 24 de marzo.

Daniel Moreno, periodista de Nius Diario (Mediaset) publica el 19 de marzo que la residencia Monte Hermoso (donde hasta entonces habían fallecido 17 personas) servía para guardar droga, según el jefe de la banda criminal “los Miami”.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el primer protocolo sobre traslados, titulado “Protocolo de coordinación para la atención a pacientes, institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19”. El protocolo lo firma Carlos Mur, en ese momento director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid. La orden limita o prohíbe el traslado desde las residencias a hospitales a las personas mayores. 

Las instrucciones, destinadas a “racionalizar el abordaje” del foco de emergencia que suponen las residencias establecen cribados, protocolos de intervención o triajes que:

“...se procederá a derivar al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios:

Insuficiencia respiratoria, disnea o taquipnea y fiebre.

El paciente es independiente para la marcha o índice de Barthel >60.

Paciente sin deterioro cognitivo, o deterioro cognitivo con GDS <6

No existe comorbilidad asociada en fase avanzada”.

Los dos puntos centrales señalan los límites al traslado vigentes desde ese momento, límites que impidieron la derivación a hospitales de personas con demencia (índice de Escala de Deterioro Global, GDS) y discapacidad física (índice Barthel). Este protocolo permanecerá dos meses oculto hasta su publicación por parte de Infolibre.

El miércoles 18 de marzo, un goteo de informaciones contaba 60 muertes en centros residenciales. Las instalaciones de Madrid destacaban con más de la mitad de los casos: 19 mayores fallecían en la residencia de Montehermoso, en plena Casa de Campo. Al mismo tiempo se apuntaban siete muertes en la residencia de Moratalaz gestionada por el grupo Albertia. Seis ancianos fallecían en la residencia Montserrat Caballé, también gestionada por la fundación del padre Ángel.

División en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos) es partidario de solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en las residencias. Isabel Díaz Ayuso descarta pedir que el Ejército ayude en las residencias: “Esta petición no sirve, porque el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios, no tiene capacidad para llegar solo en Madrid a 500 residencias, y no digamos por todo el país”, explica Díaz Ayuso en una entrevista en Onda Cero.

El Salto publica que trabajadoras y familiares de personas alertan de fallas y negligencias en la prevención de la pandemia del covid19 en las residencias de mayores. “Hemos estado todo este tiempo sin materiales de protección, entrando y saliendo de la residencia, nosotras y compañeras que doblan en otras residencias. El lunes nos trajeron mascarillas de papel. Me cuentan mis compañeras que hoy han llegado las mascarillas homologadas a mi centro. Pero solo han traído para enfermeras y para doctoras. Nosotras tenemos que ponernos doble mascarilla de papel”, explicaba una trabajadora de residencias a la periodista Sara Plaza.

“Me consta que la Sanidad atiende a todos los pacientes por igual, no se está seleccionando a nadie por nada”, explica Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en Onda Cero. 

Segunda versión del documento que establece los “criterios de exclusión de derivación hospitalaria”, enviado a hospitales y residencias de la Comunidad. Este informe, considerado el más duro de todos los firmados en este periodo, amplía los supuestos de exclusión, elimina la consideración de que si el paciente es “independiente de la marcha” será derivado al hospital. El mismo día, la UME inicia la desinfección de determinadas residencias.

La noticia de que la Fiscalía está “recabando información” de la situación en residencias de distintas comunidades autónomas lleva a Pablo Casado a pedir un protocolo de actuación al vicepresidente de Políticas Sociales. 

“Espero que no se esté dando prioridad a preconstituir pruebas cuando llevamos ya una semana en la cual el mandato único a nivel nacional hace que la responsabilidad sea del Gobierno de la nación", asegura Casado después de una reunión con presidentes de autonomías del PP. Se trata de la primera vez que se lanza la idea de que el control de las residencias ha sido asumido por el mando único del Gobierno central.

Durante la presentación del Fondo Social Extraordinario, 19 de marzo, el vicepresidente Pablo Iglesias no menciona en ningún momento la asunción de competencias de residencias de ancianos. Iglesias no forma parte del equipo de superministerios que centralizan competencias durante la crisis del covid-19. El 21 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publica la Orden SND/265/2020 “de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

La orden exige a los centros de personas mayores y centros sociosanitarios que separaran a sus residentes en cuatro grupos a) sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de coronavirus; b) residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo; c) residentes con síntomas; y d) casos confirmados.

En su punto séptimo, la orden especifica que las decisiones a tomar “corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma”.

El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos) anuncia en su cuenta de Twitter que ha solicitado a Derechos Sociales la intervención del Ejército para la atención y viabilidad de los centros residenciales. Es el último tuit de Reyero hasta la fecha (salvo una respuesta sin relación con el tema).

La intervención de la Unidad Militar de Emergencias sobre residencias arroja titulares tétricos: el ejército encuentra cadáveres y ancianos en penosas de condiciones de salubridad e higiene abandonados en 73 residencias, 14 de ellas en la Comunidad de Madrid, donde se constata el mayor número de fallecimientos. La ministra de Defensa confirma en un programa de TV que han aparecido cuerpos “abandonados, cuando no muertos en camas” y avanza que Manuel Dolz, de la Fiscalía del Tribunal Supremo iniciará una investigación. Una de cada cinco residencias de mayores de Madrid ha notificado a esas alturas contagios de coronavirus.

El BOE publica la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y emitida por el Ministerio de Sanidad con medidas de carácter organizativo y suministro de información “en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial”. El reglamento declara las residencias servicios esenciales en la misma categoría que los centros sanitarios. La orden refuerza la competencia de las Comunidades Autónomos sobre los geriátricos y faculta a los Gobiernos regionales para la intervención de los centros. También detalla que esa autoridad competente es responsable del “alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otros centros residenciales, con independencia de su carácter público o privado”.

Tercera versión del documento del 18 y 20 de marzo. Se matiza la expresión “criterios de exclusión de derivación hospitalaria” y se cambia por ”recomendaciones de exclusión".

Gorka Castillo publica en El Salto una información sobre la opacidad de la dirección de un geriátrico de Morata de Tajuña en el que no se reconocen cinco muertes.

Cuarta versión del documento. Como indica Manuel Rico de Infolibre, el cambio más relevante es que se sustituye “centros residenciales” por “residencias de mayores”, lo que deja fuera de las prácticas de exclusión a personas discapacitadas. Explica Rico: “En comparación con las dos versiones anteriores, desaparecen los criterios de ‘deterioro funcional severo (definidos por Barthel <25)’ y de ‘deterioro funcional grave (Barthel 25-40) más deterioro cognitivo moderado (GDS 5)’. Y se añade un ‘criterio de fragilidad igual o mayor de 7’”.

La Consejería de Sanidad se aferra a esta versión y en el anterior cambio de “criterios de exclusión de derivación hospitalaria” por ”recomendaciones de exclusión" para justificar su actuación.

En una reunión con la oposición, Alberto Reyero muestra una tabla con los casos de propagación del virus en los centros. Son 1.101 fallecidos entre el 8 y el 25 de marzo. Según esos datos, el 72% de ellos habían fallecido en los centros, no en hospitales. 301 personas murieron en las residencias privadas, 632 en las concertadas, 66 en las de gestión indirecta y 102 en las públicas.

Trabajadoras del Movimiento Asambleario de Trajadores-as de Sanidad (MATS) de las residencias de gestión 100% pública denuncian en El Salto graves deficiencias en los protocolos de aislamiento, ausencia de cuidados paliativos y material de protección inexistente. “Los cadáveres permanecen en las residencias a veces de 24 a 48 horas sin que nadie se los lleve. En la residencia de Mayores de Alcorcón un señor que había fallecido se ha tirado en la habitación 38 horas”, aseguran las trabajadoras a Sara Plaza. En esa fecha, los muertos en residencia ya superan los 1.065.

Crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, las competencias sobre residencias pasan a estar controladas por Sanidad. Díaz Ayuso retira a Políticas Sociales (Alberto Reyero) del frente de la crisis. Reyero había anunciado un plan para la intervención de residencias siguiendo la Orden del Gobierno central del 24 de marzo. El plan contemplaba que un funcionario designado por el consejero gestionase cada residencia mientras durase la crisis del covid-19.

Tanto PP como Ciudadanos deciden evitar la crisis de Gobierno, el argumento oficial para justificar la retirada de competencias es la creación de un un mando único, al frente del cual estará  Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Desde entonces, se frena el flujo de información sobre contagiados y fallecidos en residencias.

Sara Plaza publica una información sobre la situación en la residencia Vitalia Home de Leganés, una de las más afectadas. Los familiares de residentes del centro madrileño contabilizan hasta 43 muertes desde principios de marzo: aunque la residencia habla de 13, el Comité de familias asegura tener constancia de más del triple. 

Yemen es hoy un país destruido. Por allí no ha pasado ningún huracán Irma, sino las bombas de Arabia Saudí. El reino wahabí dispara desde el cielo y desde la tierra contra familias desarmadas. Solo en lo que va de 2017 han muerto más de 200 niños. La mayoría resultaron despedazados por los proyectiles que caían sin piedad.

Las cifras son impactantes, aunque no lo suficientes para impedir que determinadas empresas sigan haciendo negocios con los amos de la guerra, si es que puede llamarse guerra a un enfrentamiento tan cruel como desigual. Entre las firmas que lucran con esta masacre hay algunas de label vasco.

Mientras el astillero La Naval o la papelera CEL se ven abocadas al fracaso, cerca de 100 empresas dedicadas al negocio militar siguen facturando millones. Para ellas no hay crisis porque siempre hay clientes: si algo no se reduce en este mundo son los gastos destinados a armamento. Aquí no hay crisis ni miramientos de ningún tipo. Dicho de otra manera, no importa para qué quieres un tanque. Lo importante, lo prioritario, es que pagues por tu tanque.

“Aunque nuestra ‘autoignorancia consentida’ nos permita ser inconscientes de ello, hoy en día en Hego Euskal Herria (País Vasco sur) existen varios miles de trabajadores que se dedican a fabricar armamento, sector del que casi tres cuartas partes de su producción se dedican a la exportación, también a países en conflicto (Arabia Saudí, Turquía, Israel, Egipto...)”, señala el colectivo Gasteizkoak en el libro Estas guerras son muy nuestras, editado por Txalaparta.

Precisamente, en el listado elaborado por este grupo antimilitarista figuran algunas de las empresas más poderosas del sector militar en España. Una de ellas se llama actualmente Oesía, pero hasta hace unos años era conocida por su nombre fundacional, IT Deusto. Según consta en su propia página web, Arabia Saudí es uno de los países donde esta compañía desarrolla “proyectos”.

Los investigadores del Centro Delàs de Estudios por la Paz y la Ong SETEM explicaron en un reciente informe cuáles son algunas de sus actividades en aquel reino absolutista. “Oesia desarrolla tecnología aplicada al sector militar, como los sensores de búsqueda y seguimiento por infrarrojos necesarios para la búsqueda y detección automática de blancos; un sistema que ya está totalmente operativo en el avión de combate europeo Typhoon, utilizado por las fuerzas aéreas británicas, alemanas, italianas, españolas y austríacas. El ejército de Arabia Saudí ha adquirido 76 de estos aviones de guerra, que muy probablemente están siendo utilizados en la ofensiva bélica saudí en territorio yemení”, señalaron.

Amigo del Rey

En ese mismo informe figura el nombre de SENER, la empresa de fabricación militar fundada por el millonario empresario del Opus Dei Enrique Sendagorta. Sus oficinas están en el número 56 de la Avenida de Zugazarte de Getxo, una zona donde vive gente muy acaudalada. Con más de 60 años a sus espaldas, esta compañía ofrece una variada gama de servicios en materia de “ingeniería y construcción”. Aunque no lo publicite en su página web, se trata de la “empresa de referencia en España en sistemas de misiles y está especializada en aplicaciones de ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento)”, subraya el estudio del Centro Delàs de Estudios por la Paz y SETEM.

En 2014, Enrique Sendagorta fue galardonado por el Rey Juan Carlos I con el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial. Nada es casualidad: si alguien ha ayudado –y sigue ayudando– a las empresas de la industria militar a encontrar jugosos negocios es la Casa Real. De hecho, la empresa fundada por este devoto del Opus Dei formó parte de la comitiva que acompañó al Rey Felipe VI en la visita oficial que realizó a Arabia Saudí a comienzos de año.

Asimismo, varios colectivos sociales y ecologistas de Bizkaia denunciaron en abril pasado que Sener “tiene compromisos de colaboración con la empresa israelí de armamento ‘Israel Aircraft Industries LTD’ para el diseño de ‘nuevos materiales aeronáuticos’ por valor de 5 millones de euros a través del programa VULCAN”. Aseguraron además que la colaboración se extendía también a la empresa militar Rafael, “para la cual ha diseñado los sensores que van en los aviones militares israelís, los cuales sirven para localizar y focalizar el objetivo a bombardear”.

De la Real a las armas

Otro de los gigantes del País Vasco que hace negocios con la guerra es SAPA Plasencia. Se trata de una empresa dedicada principalmente a la producción militar, lo que le reporta millonarios contratos. Según distintos informes, se trata de la sexta compañía a nivel estatal en el subsector de “armamento”.

En su catálogo de productos figuran los carros de combate, cañones y blindados en general, mientras que entre sus clientes más golosos está nada más y nada menos que el ejército de Estados Unidos de América. Gracias a los avances tecnológicos de SAPA, los carros con bandera americana podrán moverse más rápido a la hora de golpear a alguno de sus objetivos en cualquier parte del planeta.

En el consejo de directivo de esta compañía se encuentra uno de los aficionados más famosos de la Real Sociedad: nada más y nada menos que su presidente, Jokin Aperribay. “Es un detalle que no siempre se cuenta”, señala a El Salto Antonio Escalante, integrante del colectivo antimilitarista alavés Gasteizkoak. En el trabajo publicado por este grupo se añade otro aspecto interesante: por el consejo de SAPA también pasó el exministro de Defensa del gobierno del PP, Pedro Morenés, tan vasco como Aperribay. Otro de sus consejeros fue el histórico dirigente del PNV Ramón Labayen (fallecido en 2013), quien llegó a ocupar el cargo de alcalde de Donostia. En SAPA lo conocían por sus actividades de asesor militar.

Los contratos de Morenés

Según Gasteizkoak, durante el periodo de Morenés al frente de Defensa se firmaron grandiosos contratos con empresas vascas. Uno de ellos fue el suscrito con SAPA en 2015 para la “producción del motor propulsor y generación de energía para los sistemas embarcables de los vehículos 8X874”. De acuerdo al trabajo realizado por el grupo antimilitarista alavés, aquel negocio le reportó a la compañía 28 millones de euros. Otra de las empresas beneficiadas fue Sener, que consiguió una adjudicación 21 millones de euros para la “modernización de los helicópteros Augusta Bell 212 de la Armada española”.

Además de acceder a millonarios contratos, las firmas del sector militar vasco también han conseguido importantes subvenciones por parte de las administraciones públicas. Uno de los ejemplos más llamativos se registró hace ahora diez años, cuando se aprobó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que el Gobierno Vasco se comprometía a no colaborar de ninguna forma con “aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas”. “Ese texto se aprobó el 28 de diciembre de 2007. Ocho días después, el Boletín Oficial del País Vasco recogía una subvención de tres millones de euros a SAPA”, recuerda Escalante.

La cosa no acaba ahí. Hace pocos días, el lehendakari Iñigo Urkullu negó en una entrevista radiofónica que exista un negocio armamentístico en Euskadi, e incluso intentó reducirlo a la “industria de armas de caza”. Tras repasar por enésima vez los nombres de distintas compañías vascas, Escalante aún no puede dar crédito a las palabras del mandatario. “¿Cómo puede decir eso cuando existen al menos cien empresas ligadas directamente a la industria militar?”, se preguntó. La respuesta nunca llegará.

Tercera orden del Ministerio de Sanidad en la que se detalla la frecuencia con la que las Comunidades Autónomas deben informar. La Orden SND/322/2020 determina que: “las autoridades competentes de las comunidades autónomas deberán cumplimentar y remitir al Ministerio de Sanidad la información contenida en el anexo, en relación con los centros de servicios sociales de carácter residencial existentes en su territorio. Dicha información será remitida por primera vez antes del día 8 de abril de 2020 y será actualizada desde entonces cada martes y viernes antes de las 21 horas”. Sanidad pone a los servicios estatales del Imserso a disposición de las comunidades autónomas.

Reunión por Zoom de la Asamblea de Madrid el 3 de abril, Enrique Ruiz Escudero dice que hay 200 Unidades de Cuidados Intensivos.

A esas alturas habían fallecido más de 3.000 personas en las residencias madrileñas. Ese día, la presidenta de la Comunidad de Madrid coloca al frente de esta crisis a María Encarnación Burgueño, sin apenas experiencia en el sector sociosanitaria. La designada es hija de Antonio Burgueño, que ejerce como asesor externo desde el estallido de la crisis del coronavirus y es uno de los artífices del proceso de privatización de la sanidad en Madrid.

Una información publicada por Infolibre en junio indica que el 7 y el 9 de abril la Policía recoge en sus actas quejas de residencias por no poder enviar enfermos a hospitales: “No hubiera habido tantos fallecimientos”, titula Infolibre citando las notas policiales. Son dos inspecciones, en la residencia Geriasa del distrito de Retiro y Amavir, de Usera. La Policía recoge un testimonio de la directora de la primera de esas residencias “Preguntada la filiada [la directora] al respecto de la situación manifiesta: si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos puesto que son residencia y no hospital (carecen de los medios hospitalarios). Que quiere hacer constar que se encuentra todo el personal agotado física y emocionalmente”.

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid escribió una carta en esa fecha a Amnistía Internacional que trascendió el 16 de junio. En ella, Reyero aseguró a la ONG que estaba “haciendo lo imposible por conseguir la implicación de la consejería", tras un requerimiento de Amnistía Internacional a los consejeros de las comunidades españolas.

Ante las repetidas denuncias sobre la falta de equipos de protección individual, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da tres días a la Consejería de Sanidad y al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para que evalúe los riesgos y medios de protección necesarios para los trabajadores de los centros sanitarios y residencias, y que facilite los equipos de protección en cuanto disponga de ellos.

Según una nota de prensa de la Comunidad de Madrid se ha implementado un “plan de choque” en los centros residenciales. “Se han definido cuatro perfiles de pacientes y se contemplan medidas de intervención, evaluación, derivación y seguimiento”. Añaden además que se han reforzado los servicios de oxigenoterapia y que se ha creado “una red de 22 geriatras referentes, que trabajan como especialistas clínicos consultores, ordenando traslados, facilitando fármaco terapia y material fungible a las residencias”.

Alberto Reyero, en una entrevista en la Cadena Ser, dice “no entender” que Madrid esté enviando médicos a otras comunidades autónomas y ese contingente “no se emplee en las residencias”. En la entrevista, Reyero niega que se hayan medicalizado las residencias: "No están medicalizadas y muchos ancianos no pueden ir al hospital”, afirma. Reyero dice que le parecería bien que el parlamento autonómico investigue lo sucedido en las residencias de mayores. 

Ya se cuentan 5.000 muertes en residencias como consecuencia o con indicios de relación con el coronavirus. El día anterior, Ruiz Escudero ha reducido la cifra a 2.820 en lo que se toma como un error en la contabilización. El Consejero de Sanidad desmiente las declaraciones del consejero de políticas sociales y asegura que 25 centros están medicalizados. Escudero, en una entrevista en Telemadrid asegura que SAMUR y SUMMA 112 han realizado más de 4.000 traslados de residencias a hospitales y de vuelta de los pacientes dados de alta a las residencias.

A mediados de abril, la menor incidencia de la crisis del coronavirus implica que se relajen los protocolos de exclusión vigentes desde el 20 de marzo. El 88% de las muertes en residencias se produce desde la primera semana de marzo hasta este día.

El Salto publica una noticia sobre el caos en el traslado de mayores desde el centro de Vitalia en Leganés hasta otra residencia en Moratalaz. La problemática pasa a ser los traslados de residentes de las residencias más afectadas hacia otras que se suponían limpias y donde comienzan a notificarse casos positivos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) atiende a una denuncia del Ayuntamiento de Alcorcón para que dote a las residencias de mayores de la localidad sureña de personal médico y de test para realizar pruebas diagnósticas. Alcorcón, gobernado por el PSOE, pide la intervención de las Residencia de Mayores de la Comunidad de Madrid, Residencia de Mayores Campodón, Centro Residencial de Mayores Amavir, Centro Residencial de Mayores Sanitas. El TSJM ordena esta intervención sin oír a la otra parte (el Gobierno autonómico) dada la gravedad de la situación. 

Alberto Reyero dice en una comisión en la Asamblea de Madrid que el 40% de las plantillas de las residencias está “aislada o infectada” por Covid-19. Reyero añade que su consejería había realizado 1.521 nuevos contratos en geriátricos públicos. Reyero defendió su gestión antes de la crisis y el hecho de que su consejería publicó el listado de 130 residencias sancionadas entre 2014 y 2018.

Díaz Ayuso recurre la orden del TSJM sobre la intervención en las residencias de Alcorcón.

El TSJ de Madrid obliga a Ayuso a tomar medidas en las residencias de mayores de Leganés. Los centros a los que se refiere el auto del TSJM son la  Residencia de Los Frailes —de titularidad de la Comunidad de Madrid y gestionada por Aralia—, DomusVI, Vitalia Home, Los Balcones, Nuestra Señora de Butarque, Amavir y El Encinar —de titularidad privada con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid y Valdepelayo y Valdeluz —de titularidad privada—.

La Fiscalía anuncia que ha abierto 116 investigaciones penales en residencias en el marco de la crisis del coronavirus. 57 de las cuales son en Madrid. Corresponden, en gran parte, a denuncias realizadas por particulares y en muchos casos remitidas a Fiscalía por asociaciones, referentes a muertes en una residencia de mayores. Además de estas 57, en la Comunidad la Fiscalía ha puesto en marcha otras cuatro diligencias preprocesales civiles, entre ellas una que investiga la situación de todas las residencias de mayores de Alcorcón. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechaza el recurso presentado de la Comunidad de Madrid tras el auto en el que le obligaba a medicalizar las cuatro residencias de Alcorcón. El auto recuerda al Gobierno de Díaz Ayuso que la orden del 3 de abril faculta a la Comunidad para intervenir residencias públicas y privadas.

Isabel Díaz Ayuso concede una entrevista a El Mundo en la que posa de luto y sobre fondo negro. La presidente reconoce que ha habido criterios para no trasladar a mayores a hospitales.

Pregunta: La patronal de las residencias denunció que durante el pico de la pandemia no se aceptaron hospitalizaciones de residentes.

Respuesta: Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado.

“Hay que tener en cuenta que en el momento más complicado de la crisis, cuando había más contagios, no llegamos a ocupar el 100% de las camas. Y ahora no nos vamos a encontrar en esa circunstancia”, asegura Ayuso en la entrevista, que se produce en el contexto de la solicitud de cambio de fase para la relajación de las medidas de confinamiento. Añade: “Las residencias ya están controladas”.

Sara Plaza publica que los 26 familiares de la Marea de Residencias presentan una demanda conjunta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de residencias para que se abra una investigación por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. A esas alturas, más de 5.800 mayores han muerto por coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid.

El Defensor del Paciente anuncia que denunciará a Díaz Ayuso por presunta comisión de un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes. La presidenta de la asociación, Carmen Flores, basa la denuncia en el reconocimiento por parte de Díaz Ayuso en El Mundo de que se había negado “una mínima oportunidad de supervivencia” a los enfermos de los centros residenciales. La presidenta regional contraataca y anuncia que se querellará contra Flores por acusarla de homicidio.

La Comunidad de Madrid cesa al director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Víu, la firma debajo de los protocolos con los "criterios de exclusión de derivación hospitalaria”. El periódico El Mundo titula la noticia: “Madrid destituye al alto cargo que frenó el traslado de los ancianos con coronavirus a los hospitales”.

Pablo Iglesias niega en una entrevista en Antena 3 que haya asumido en ningún momento las competencias de las residencias de mayores. Iglesias asegura que las órdenes ministeriales reforzaron “a la única autoridad que tiene las competencias en las residencias de ancianos, que son las comunidades autónomas”. Ninguna Comunidad Autónoma ha informado de que la vicepresidencia haya asumido esas competencias en sus territorios. Maldita.es publica que las consejerías consultadas confirman que han mantenido el control de estos centros.

El Confidencial publica un documento del Hospital Infanta Cristina de Parla en el que textualmente se lee “Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la sentencia que obligaba a la Comunidad a medicalizar las cuatro residencias de Alcorcón, decisión que fue apelada por el Gobierno de Díaz Ayuso. El fallo del TSJM recuerda que durante la crisis se medicalizaron “uno o dos hoteles” según se vanaglorió la propia Díaz Ayuso.

El medio Infolibre publica en exclusiva “El documento que prueba que el Gobierno de Ayuso fijó “criterios de exclusión” para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales”. Se trata del primer informe de una serie que se completa con tres protocolos más (18, 20, 24 y 25 de marzo)y un documento sin firma llamado el “protocolo de los geriatras” con siete versiones, dos de las cuales fueron enviadas a determinados hospitales.

Ese protocolo de los geriatras fue coordinado por Javier Martínez Peromingo, en la actualidad director de Coordinación Socio-sanitaria sustituyendo a Carlos Mur. El documento estableció criterios “técnicos” para efectuar los triajes y los protocolos de exclusión. Una de las preguntas respondidas es “¿Cuándo deberían las residencias considerar derivar a un paciente con infección sospechada o confirmada con Covid-19 a un hospital?”.

Que el 1 de octubre cambiaría la historia de Catalunya y del Estado español, era esperable. Que la represión y la violencia estatal actuarían, fue aclarado al trasladar más de 15.000 agentes a Catalunya. Pero que miles de catalanas y catalanes se autorganizarían durante días para asegurar pacíficamente las votaciones, ha sido realmente sorprendente.

Desde el viernes por la tarde, tras el fin de las clases, miles de vecinas y vecinos de toda Catalunya se desplazaron a los colegios para poner en marcha actividades con las cuales mantener abiertos los centros. Actividades deportivas, lecturas colectivas, talleres, etc, todo lo necesario para asegurar la participación colectiva en lo que estaba por venir. Todo ello organizado por el movimiento de las “Escolas Obertas” (Escuelas Abiertas).

En los barrios y municipios comenzaron a organizarse desde hace semanas las Comisiones de Defensa del Referéndum, conocidas como CDR. Asambleas repletas en las plazas de los barrios, donde el objetivo era común: la protección de los colegios par que la gente pueda ejercer su derecho a la votación. Desde los CDR se coordinaban todas estas labores con otros barrios y se autorganizaban los vecinos. Las asambleas se sucedieron durante los días previos para tratar las cuestiones logísticas y organizativas.

La política tomaba forma, se hacía en y por la calle. Lo que llevaba años fraguándose desde la suspensión del Estatut por el Tribunal Constitucional se hacía tangible ese domingo

Nosotros pasamos el fin de semana con uno de ellos en el barrio de Sant Antoni en el centro de la ciudad de Barcelona. Al llegar el sábado por la tarde, más de cien personas se encontraban ya en la puerta del centro electoral. Carpas y mesas improvisadas para asegurar alimento y bebida a todo el mundo cedidas voluntariamente por las vecinas y vecinos.

Tranquilidad total y alegría por lo que allí se estaba construyendo se respiraban en el ambiente. Música para amenizar la noche y café caliente para evitar el sueño. Unas horas después un grupo variado de jóvenes aparecieron para ofrecer su apoyo al CDR, nada extraño en estos días si no fuera por su heterogénea composición. Gente de Cádiz, Murcia, Madrid, Valencia, además de gente de Francia y una joven italiana, un sentimiento de solidaridad y gratitud recorrió a las personas que llevaban horas aguantando.

En pequeños círculos se multiplicaba el debate y la reflexión colectiva sobre qué pasaría mañana, como respondería el estado español, si el miedo superaría la ilusión de la gente. Las horas se sucedían una tras otra con pequeños sobresaltos al oír cualquier sirena a lo lejos, pues nadie conocía la estrategia de intervención de las fuerzas del estado. A partir de las de las siete de la mañana más vecinos empiezan a acercarse con sus hijos.

La política tomaba forma, se hacía en y por la calle, lo que llevaba más de cinco años fraguándose desde la suspensión del Estatut por el TC (Tribunal Constitucional) a petición del Partido Popular, tras ser aprobado con mayoría en el Parlament y en el Congreso de los diputados, se hacía tangible ese mismo domingo.

A las 8:00h empezaban a abrirse los primeros colegios y levantaban sus puertas los centros electorales de Campo Santo y Escolas Pías del barrio de Sant Antoni, dos de los más grandes de toda la ciudad. A pesar del día gris que amaneció y la lluvia, cientos de personas iban acercándose desde primera hora de la mañana. Charlamos con ellas y los sentimientos son compartidos “queremos decidir democráticamente nuestro futuro”, “somos gente pacífica, llevamos años trabajando por este día”.

La emoción del momento se mezclaba con el nerviosismo de la información recibida a través de las redes y la comunicación constante entre los CDR. La guardia civil y la policía nacional se desplegaban por el territorio para detener las votaciones, los vídeos de las agresiones policiales corrían como la pólvora. Pero a cambio más y más gente se sumaba a las colas sin importarle la lluvia de agua y de palos. A pesar de los constantes intentos por cerrar los sistemas digitales de confirmación del voto, eran recuperados, y cada votación se recibía como una victoria. La tensión por lo que estaba por venir se conjugaba con el sentimiento de estar haciendo historia a cada minuto. Una vez más el pueblo catalán era el protagonista de las transformación en Europa.

Finalmente llegó el momento temido, la policía nacional estaba en camino dispuesta a requisar las urnas y cerrar el colegio electoral de Escola Pias. El nerviosismo salió a reflotar pero no así el caos. Tal como se había organizado desde el CDR local, niños y personas mayores se retiraron de la zona, la cadena humana cubrió la puerta para evitar la entrada de la policía nacional. Más de diez furgones policiales llegaron a la calle, rápidamente las fuerzas represivas se distribuyeron y formaron para encarar la puerta del centro electoral. Y en ese momento, comenzó el caos.

Puñetazos, rodillazos, brutales tirones, gente arrastrada por el suelo. Mientras tanto del otro lado, resistencia pasiva de cientos de personas y miles que se acercaban de las calles colindantes. Finalmente la policía escapa en sus furgones con las urnas requisadas y miles de personas gritando contra la violencia y por la democracia.

La impotencia iba más allá de las agresiones, provenía del sentimiento compartido de haber sentido como un estado habituado a vencer había aplicado toda su fuerza sobre un pueblo dispuesto a decidir democráticamente su futuro.

Dos eran las principales consignas lanzadas desde las calles de Catalunya que demuestran muy bien en qué términos se producía el conflicto en es esos momentos, en que espacio y tiempo: “Fora les forces d'ocupació (Fuera las fuerzas de ocupación)” y “Els carrers serán sempre nostras (Las calles serán siempre nuestras)”, es decir, las calles como espacio de conflicto donde se desarrolla la política desde abajo contra la tendencia de las élites a enmarcar la actividad política dentro de los parlamentos.

La unión provocada a partir de la experiencia colectiva que supuso el pasado domingo ha supuesto para muchísimas personas en Catalunya el cemento aglutinador capaz de constituir un amplio bloque más amplio que la propia independencia. Y para muestra los millones de personas que se volcaron el martes 3, en la huelga general puesta en marcha por todo el sindicalismo alternativo y combativo. Apoyada y organizada, en algunos casos donde este sindicalismo no llega, a partir de los CDR y de los comités barriales, estructuras que muestran la profundización del momento democrático que se vive en Catalunya.

Y que según gran parte de las fuentes, ha movilizado a más personas que el propio día de la votación, alcanzando una participación del 80%. Acompañada por tractoradas, marchas desde el área metropolitana al interior de la ciudad barcelonesa, movilizaciones nunca vistas en otras ciudades de Catalunya. Con una combinación heterogénea donde ha destacado la participación de jóvenes, muchos de los cuales aprovecharon esta huelga para expresar su posición ya que al ser menores de edad no pudieron votar en el referéndum.

Desde posiciones claras de rechazo ante la violencia policial, a favor de la autodeterminación pero donde el independentismo ha jugado un papel protagonista.

El momento defensivo y de protesta va dando lugar a la lucha en sentido constructivo en donde nuevas formas de organización van surgiendo

Una huelga donde la patronal, ANC y el Govern se posicionaron de forma ambigua llamando a un “paro del país” pero sin pronunciar ni llamar claramente a la huelga. Paso a paso, el conflicto estrecha sus márgenes y obliga a todos a no ponerse de perfil. El momento defensivo y de protesta va dando lugar a la lucha en sentido constructivo en donde nuevas formas de organización van surgiendo.

Éstas no son resultado únicamente espontaneo del momento vivido, aunque es sin duda es el factor determinante, sino que nace del caldo tradicional de la autorganización en centros culturales, barriales, laborales, etc de Catalunya históricamente. Donde se combinan desde sectores libertarios hasta el renacimiento de las antiguas asambleas nacidas al calor del 15M, incluyendo a sectores que anteriormente no se declaraban independentistas.

Tras varios días de movilización total, la mayoría de las asambleas se mantienen abiertas y activas ante futuras convocatorias. Con la declaración de la República Catalana el próximo lunes como horizonte. Llegándose a plantear espacios de coordinación de los distintos CDR y asambleas municipales y barriales.

“No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo”, con esas palabras Isabel Díaz Ayuso se defiende en la Asamblea de Madrid de las acusaciones a raíz de la publicación de los protocolos. 

Díaz Ayuso se niega a la creación de una Comisión sobre lo ocurrido en residencias para no “politizar el dolor de las víctimas”. “Si ustedes quieren seguir por ahí politizándolo todo, allá ustedes, si quieren usar su fuerza parlamentaria para imponernos aquí algún tipo de comisión, háganlo, politícenlo ustedes”, contestó a Jacinto Morano, diputado de Unidas Podemos.

El Salto publica que los centros de atención primaria recibieron el 23 de marzo una orden de la consejería de Sanidad para establecer una serie de criterios a la hora de valorar la permanencia en el domicilio y la no derivación hospitalaria de pacientes afectados por covid-19 y con signos de dificultad respiratoria. Incluye criterios como ser mayor de 80 años con enfermedad en órgano terminal, poseer una demencia moderada-grave o ser gran dependiente.

Alberto Reyero denuncia en sede parlamentaria que el conjunto de los protocolos dictaminados por la Consejería de Sanidad para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales “La derivación [a hospitales] debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés”. Reyero asegura que comunicó su rechazo a esos protocolos de viva voz y por escrito al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid admite en la Asamblea de Madrid que los protocolos de exclusión se enviaron a los centros sociosanitarios pero dice que se hizo “por error”. Ruiz Escudero reconoce que “ha habido hasta seis versiones del protocolo”.

La diputada socialista Purificación Causapié recuerda que los protocolos están firmados por Carlos Mur y que en ellos no aparece en ningún momento la palabra “borrador”.

En caso de huelga, ¿garantiza la ley el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad? ¿Los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por el Congreso, el Senado o por las dos Cámaras? ¿La defensa de la integridad territorial de España corresponde a la Policía Nacional y la Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional y las policías autonómicas? Son algunas de las nuevas preguntas que incluirá, a partir de 2018, la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), elaborada por el Instituto Cervantes. Aprobar esta prueba es uno de los requisitos impuestos para obtener la nacionalidad española, junto a otro examen de de idioma.

En Instituto Cervantes ha publicado hoy en su web el nuevo Manual para la preparación del CCSE, con el listado de 300 preguntas que puede incluir la prueba. De éstas 300 se han modificado 75, el 25% del total. Es la primera vez que la institución modifica el listado de preguntas desde 2015, cuando nació la prueba con el objetivo de limitar la adquisición de la nacionalidad por residencia con el Real Decreto 1004/2015.

Según explica el Instituto Cervantes en una nota remitida a los medios, 38 de las preguntas modificadas están relacionadas con el Gobierno, la legislación y la participación ciudadana, con preguntas sobre las lenguas cooficiales, el funcionamiento del Tribunal Constitucional, las competencias de las policías autonómicas o del Defensor del Pueblo, o el derecho a huelga.

¿Cuanto tiempo de acceso a la sanidad pública permite la tarjeta sanitaria europea?¿6 meses, 12 meses o 2 años? Es otra de las nuevas preguntas incluidas en el test. Según detalla el Instituto Cervantes, otras de las preguntas modificadas tratan sobre la geografía española, la administración o la historia.

El examen, que dura 45 minutos y es diferente para cada uno de los candidatos a la nacionalidad, se compone de 25 preguntas del listado facilitado por el Instituto Cervantes. Son preguntas de verdadero-falso, con respuesta cerrada eligiendo una opción de tres existentes.Para aprobar el test hay que acertar al menos 15 de las 25 preguntas.

El juzgado de instrucción nº 39 de Madrid se inhibe de la causa contra Díaz Ayuso y traslada al Tribunal Supremo la investigación sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y contra diez directores de residencias, por las presuntas negligencias ocurridas dentro de los geriátricos. La condición de aforada de Díaz Ayuso hacía ese paso imprescindible en el devenir de la querella.

Elena Valero, una de las integrantes de Marea de Residencias, explica a El Salto “Sabemos que va a haber otra tanda que la realizarán los familiares de otros municipios de la Comunidad de Madrid. También habrá otra querella más por parte de los trabajadores de las  residencias por haberse contagiado por falta de medios. Y puede haber otra cuarta donde entrarán diferentes colectivos”.

“Cataluña será cristiana o no será”, este es el lema que se atribuye al obispo Josep Torras i Bages, uno de los padres del catalanismo conservador y regionalista de raíz católica que ejerció como religioso en la ciudad de Vic a principios del XX. Vic, capital de la comarca de Osona, situada en el centro-norte de la Cataluña central, es un bastión catalanista donde el independentismo es hegemónico desde hace muchos años.

A día de hoy, esta ciudad de 43.000 habitantes es aún la sede de un obispado de orígenes medievales, con una catedral de estilo neoclásico en el casco antiguo que se alza imponente desde lejos. El centro histórico de la ciudad, con calles estrechas que se entrecruzan entre ellas, está repleto de viejos palacios aristocráticos, entidades eclesiásticas, monasterios e iglesias que tuvieron una influencia capital en el período del Antiguo Régimen.

Actualmente, sin embargo, el poder de estas instituciones languidece y sus edificios son más bien patrimonio del pasado. Como en el resto de Cataluña, la práctica religiosa queda relegada a la generación de los abuelos.

"Osona fue un foco de resistencia contra el centralismo estatal español desde un principio", explica el profesor de Historia Jordi Figuerola

La comarca de Osona, donde residen unas 154.000 personas, es una región de tradición agrícola y ganadera que constituye el epicentro de la industria cárnica en Cataluña. También es la cuna del sacerdote Jacint Verdaguer, uno de los precursores de la literatura contemporánea en lengua catalana. El religioso, con las alegorías de su poesía romántica, transmitió muchos de los elementos que marcaron la cosmovisión del catalanismo conservador.

Durante la época del poeta, en siglo XIX, Osona vivía tiempos convulsos: las instituciones feudales de carácter más local desaparecían mientras las nuevas instancias de poder de un Estado liberal radicado en Madrid tomaban el control del territorio. No obstante, según explica Jordi Figuerola, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), “Osona fue un foco de resistencia contra el centralismo estatal español desde un principio, por eso hoy en día sigue siendo un punto neurálgico del catalanismo”.

Del carlismo al PDeCAT pasando por el pujolismo

Igual que en muchas otras partes de la Cataluña rural, el carlismo fue hegemónico entre la mayoría de campesinos de Osona a lo largo del siglo XIX. En aquellos momentos, “las familias campesinas de las comarcas catalanas más agrícolas veían las posiciones carlistas de Patria, Rey y Fueros como una apuesta de ruptura con el Estado central”, comenta Jordi Figuerola.

Más adelante, este legado de tradición carlista se mezcló con el catalanismo conservador y católico del obispo Torras i Bages y la cosmovisión patriótica y romántica del poeta Jacint Verdaguer. “Desde tiempos decimonónicos, la sociedad de Osona estuvo marcada por un sentimiento de pertenencia a la tierra en que la identidad catalanista era muy fuerte”, argumenta Figuerola. En la creación de este substrato, “la referencia histórica de escritores como Verdaguer hizo que la defensa de la lengua y la cultura catalanas ganase mucho peso en la comarca”, añade el historiador.

Poco años después, igual que en el resto de tierras catalanas, la tradición política catalanista y conservadora de Vic se fusionaría con el nacionalismo burgués de la Lliga Regionalista, que buscaba el encaje de la autonomía catalana dentro del Estado español desde una perspectiva de modernidad ordenada. “Después del franquismo, la corriente del regionalismo catalanista entroncaría con el pujolismo”, relata Jordi Figuerola.

Para este profesor de la UAB, “durante toda la transición, el liderazgo de Jordi Pujol fue hegemónico en la Cataluña de interior”. En su opinión, las recetas de Pujol encajaban a la perfección con los puntos de vista de una parte mayoritaria de población de Osona: “el expresident aseguraba el mantenimiento del orden social, del catalanismo y de ciertos valores conservadores”.

El PSAN, que en 1979 incluso obtuvo representación institucional en Vic, "creó los primeros tejidos sociales de la Izquierda Independentista en la comarca"

Sin embargo, durante los últimos años, el impacto de la crisis económica y el auge del movimiento independentista cambió de manera substancial el panorama político de Osona. Anteriormente, Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el partido democristiano liderado por Joan Antoni Duran i Lleida, tenía una arraigo importante en la comarca.

Josep Maria Vila d’Abadal, exalcalde de Vic y presidente de la Associació de Municipis per la Independència hasta 2015, fue un miembro histórico de UDC que abandonó el partido en 2012 por discrepancias con Duran, que era contrario a la estrategia independentista.

No obstante, la federación de CiU se acabó rompiendo y UDC se presentó sola en las elecciones autonómicas y generales sin obtener representación institucional. Ramon Espadaler, antiguo teniente de alcalde de Vic y exconsejero de Interior con Artur Mas, sería el último secretario general de la formación democristiana, que desapareció ahogada por la deuda pocos meses atrás. En la esfera política de Convergència –ahora PDeCAT–, que recientemente ha virado del autonomismo al independentismo, Osona también es un núcleo importante del que proceden dirigentes como el exportavoz en el Congreso de los Diputados Francesc Homs o la actual coordinadora general del partido, Marta Pascal.

Una tradición propia de republicanismo catalanista

No obstante, en Osona –como en gran parte de la Cataluña interior–, el catalanismo conservador que antes representaba CiU ha perdido fuelle para dar paso a una estrategia política procedente de una tradición catalanista de izquierdas que también tiene una larga trayectoria histórica. A pesar de la preeminencia rural, en las comarcas centrales de Cataluña también llegó la industrialización. Allí, las fábricas textiles tuvieron un peso importante a lo largo del siglo XX, hasta que la mayoría de ellas desaparecieron pocas décadas atrás por el impacto de la globalización.

Sin embargo, la raíz cultural catalanista propia de la comarca también influyó en el ámbito de los trabajadores fabriles. “En Osona, el catalanismo de tradición obrerista y federal tuvo su punto álgido durante los tiempos de la II República, pero también impregnó los movimientos locales de izquierda en las postrimerías del franquismo y la Transición”, explica el historiador Jordi Figuerola.

Aún así, durante los últimos años, “el catalanismo federalista comarcal ha evolucionado en su conjunto hacia el independentismo”. Según el profesor de la UAB, “Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con una presencia histórica reducida en la región, recoge ahora esta corriente y recientemente ha ganado mucho más peso del que tenía antes”. Para Figuerola, “esta tradición se contrapone con un republicanismo de estilo más urbano y federal que representa el espacio de Ada Colau y Els Comuns en el área metropolitana de Barcelona”.

La irrupción de la Izquierda Independentista

Durante la última década, en una comarca donde Ciudadanos no tiene ni un concejal municipal y el PP no más de cinco representantes, los colectivos políticos que pertenecen al movimiento de la Izquierda Independentista (EI) han aumentado mucho su presencia en las instituciones municipales a través de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

“Se trata de una generación de gente más joven descontenta con el régimen de la Transición, contraria a la globalización neoliberal y afectada por el impacto de la crisis económica que se ha organizado sobre todo durante los últimos años para defender el territorio y reivindicar un cambio radical del modelo socioeconómico existente”, comenta Figuerola.

Este sector, sin embargo, bebe de la tradición de lucha antifranquista del Partido Socialista de Liberación Nacional (PSAN, en sus siglas en catalán), fundado en 1968 y propulsor de un primer paradigma de independentismo anticapitalista. El PSAN, que en 1979 incluso obtuvo representación institucional en Vic, “creó los primeros tejidos sociales de la Izquierda Independentista en la comarca, con una herencia política que enlaza con las luchas sociales de los últimos años”, considera Jordi Figuerola.

En los comicios municipales de 2015, el viraje de una parte de la población de Osona hacia un discurso más próximo al independentismo de izquierdas se evidenció en los resultados electorales. En Vic, igual que en Manlleu –segunda ciudad de la comarca–, la CUP sacó cuatro concejales y se convirtió en la tercera fuerza política del municipio. Paralelamente, Plataforma por Cataluña (PxC) prácticamente desapareció.

El partido de ultraderecha, creado en Vic por exmilitante de Fuerza Nueva Josep Anglada, tuvo representación institucional en muchos pueblos de la Cataluña de interior durante años, donde usó un discurso racista contrario a la población subsahariana y magrebí llegada a partir de la década de los noventa para trabajar en los sectores de la industria cárnica y la agroindustria. Sin embargo, a día de hoy, PxC no conserva más de ocho concejales en toda Cataluña.

Determinación para la independencia

Después del referéndum del 1-O, “la mayor parte de población de Osona considera que la independencia es la única vía para romper con el régimen del 78”, comenta Pere Freixa, miembro del Comitè de Defensa del Referéndum de Vic.

“El pasado domingo, la celebración de la votación fue un acto de desobediencia generalizado: la movilización popular en la comarca ha sido masiva y en ella participa gente de todos los sectores políticos”, decía Freixa durante la mañana de huelga general del 3 de octubre en un tramo de la carretera C-17 de las afueras de Vic.

Allí, en el enlace de esta vía con el Eje Transversal –que conecta el interior de Cataluña desde Lleida hasta Girona–, miles de personas y centenares de campesinos con tractores cortaron la carretera durante siete horas para reivindicar las libertades catalanas y condenar la violencia de la policía española.

En medio de la carretera, donde gente de todas las edades se juntaba en un ambiente festivo, “Els carrers seran sempre nostres” (las calles serán siempre nuestras) fue el cántico que más se escuchó en la movilización, una reivindicación con un mensaje revolucionario que ya se ha generalizado en las manifestaciones de toda Cataluña. “En Osona, pero también en el resto del país, el relato vigente del independentismo ha roto con una tradición conservadora de orden que por ahora queda en la recámara”, opina el profesor Jordi Figuerola.

La tarde del 3 de octubre, en Vic, la jornada de paro laboral y movilizaciones siguió su curso. Con la mayoría de comercios, empresas y instituciones públicas cerradas, la Taula per la Democràcia (Mesa por la Democracia) convocó una concentración en contra de la represión en la Plaza Mayor de Vic a la que asistieron alrededor de 15.000 personas.

Pocas horas después, el rey Felipe VI enviaba un duro mensaje por televisión en que se alineaba con las posturas del PP y condenaba la deriva del proceso soberanista. El día siguiente, Puigdemont replicaba el discurso del monarca y comunicó que el próximo lunes el gobierno catalán aplicaría los resultados vinculantes del referéndum catalán en pleno parlamentario. El encuentro, sin embargo, ya ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional. A día de hoy, la situación política de Cataluña sigue colgando de un hilo. En Osona, sin embargo, lo tienen claro: la independencia es el único camino.

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que “aguantará” lo que haga falta el Gobierno de coalición con Ciudadanos, a pesar de la enorme fractura con el partido de Ignacio Aguado. La convocatoria de elecciones no es una opción hasta que pase un año desde la investidura, que se realizó el 14 de agosto de 2019. Se especula con la posibilidad de una moción de censura para la que el bloque formado por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos precisaría de “solo” tres votos a favor de los diputados de Ciudadanos.

El País informa de que Carlos Mur envió al menos cuatro correos a la Consejería de Políticas Sociales pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje, el 18, 20, 24 y 25 de marzo. El protocolo fue enviado a 18 altos cargos y a los directivos de los hospitales.

El PP pone en marcha la maquinaria para responsabilizar al Gobierno central de la situación de las residencias. “La dirección del Partido Popular ha pedido por escrito a todos sus dirigentes que en sus declaraciones públicas responsabilicen al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias”, escribe Iñigo Aduriz en El Diario. Figuras como Teodoro García Egea —secretario general—, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra o la Fundación Faes comienzan a cargar contra Derechos Sociales la responsabilidad de la crisis. A esas alturas, la crisis ha supuesto 6.007 muertes en Madrid. Vox se sumará pronto a la campaña para responsabilizar a Iglesias de la crisis de las residencias en la Comunidad que ayuda a gobernar.

“Nadie murió solo en esta Comunidad”, defiende Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. La presidenta defiende que no hubo ninguna orden para evitar el traslado. Ayuso despliega un conjunto de folios con el que justifica que más de 500 residencias de mayores han sido atendidas. Los datos del Ministerio de Sanidad indican que la Comunidad solo ha comunicado 14 expedientes de residencias desde la crisis del covid-19.

El diario El País publica que los pacientes de residencias con seguro privado no tuvieron que pasar los mismos triajes que las personas con referencia a la sanidad pública. La nota, firmada por Fernando Peinado y Juan José Mateo explicita que las aseguradoras no recibieron ninguna orden por parte de la consejería para seguir el protocolo de exclusión. Empresas como Asisa, Quirón Salud o Sanitas, quedaron al margen de los protocolos enviados a finales de marzo.

La presidenta anuncia una investigación de las consejerías de Políticas Sociales, Sanidad y Justicia durante la gestión de la crisis en residencias. En la Asamblea, Díaz Ayuso defiende que se está elaborando “un relato falso sobre un drama, el de las residencias, que ha ocurrido en todas las comunidades autónomas y en todos los países”.

El diputado autonómico Jacinto Morano rebate los datos de Ayuso en su cuenta de Twitter. Un 12,5% de los residentes de estos centros han fallecido durante la crisis del covid-19.

El presidente del Gobierno se refiere por primera vez al tema de las residencias en Madrid: “Todos hemos sido testigos de las órdenes y contraórdenes que han salido a la luz por parte del gobierno autonómico en relación con los mayores en residencias de mayores y su ingreso en hospitales. Lo dejo ahí”.

Cincuenta años han pasado desde su muerte, pero el Che Guevara continúa despertando pasiones. Su imagen sigue siendo icono habitual en camisetas, pósters, carteles, murales y banderas en todas  partes del mundo. Los libros sobre su biografía se reeditan año tras año y otros tantos más aparecen cada vez que se aproximan los aniversarios de su muerte.

En Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela se celebran en estos momentos actos institucionales de homenaje a la figura de este guerrillero abatido cobardemente el 9 de octubre de 1967 en La Higuera, un pequeño poblado ubicado en el municipio de Pucará, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Vallegrande. Pero más allá de las agendas gubernamentales, son muchos los que en estos días recuerdan su figura, rindiéndole homenaje personal o colectivo de muy diferentes formas en los cinco continentes.

La manipulación de su memoria

El filósofo francés Régis Debray afirmó años atrás que “al Che lo mataron dos veces, primero con una ráfaga de fusil del sargento Terán y después con sus millones de imágenes”.

Las revelaciones del hoy general retirado Gary Prado, quien en aquel entonces era el inmediato superior jerárquico de Mario Terán Salazar, identificaron a dicho sargento como el militar a quien le fue encomendada la tarea de asesinar a sangre fría al Che. Según esta narración, al entrar Terán con mucho nerviosismo en la sala donde estaba recluido el guerrillero —capturado el día anterior por operativos del ejército boliviano—, este le dijo: “Usted viene a matarme…, póngase sereno, usted va a matar a un hombre”.

En la confesión por escrito que el homicida hizo a sus superiores se indica: "Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che cayó al suelo con las piernas destrozadas, se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en un hombro y en el corazón…".

Pese a lo que muchos biógrafos del Che indican, la operación de montar una guerrilla revolucionaria en Bolivia no fue un acto improvisado. El Che llevaba años pensando que Bolivia era una base de operaciones apropiada para permitir la posterior extensión de focos guerrilleros en Argentina y Perú. En aquellos años, la estrategia militar del Che se basaba en “crear uno, dos, tres Vietnam”, basándose en la experiencia del sudeste asiático donde más allá de Vietnam los grupos insurgentes combatían paralelamente en Laos y Cambodia. En pocas palabras, se trataba de crear multitud de focos guerrilleros que impidieran al imperialismo concentrarse en una sola zona.

En aquellos años, la estrategia militar del Che se basaba en “crear uno, dos, tres Vietnam”, basándose en la experiencia del sudeste asiático

Sin embargo, la ubicación del foco insurgente en Bolivia se dio en un territorio donde no había tradición de lucha revolucionaria, lejos de la zona minera y de las zonas urbanas, lo que hizo que el apoyo a la guerrilla fuese inversamente proporcional a la experiencia cubana de Sierra Maestra. ¿El Che se equivocó? Pues probablemente sí, tal y como ya había sucedido en su desastrosa aventura guerrillera en el Congo.

Respecto a la “segunda” muerte del Che, cierto es que la foto tomada el 5 de marzo de 1960 por el fotógrafo cubano Alberto Díaz (Korda) durante el entierro de las víctimas de la explosión de un buque fondeado en La Habana es considerada la imagen más reproducida de la historia de la humanidad.

Se llegó a decir que Korda supo, mediante esa fotografía, capturar mediante en blanco y negro gran parte de la belleza existente en aquel revolucionario. En todo caso, sería años después cuando el artista plástico Andy Warhol —modificando y suavizando esa la imagen— a través de la ilustración trabajada por el artista de cómic irlandés Jim Fitzpatrick en 1968, la convertiría en un producto más accesibles a las masas. A partir de ahí, la expansión de dicha imagen le correspondería a esas modas aplaudidas propias del sistema capitalista, ese mismo sistema contra el que el protagonista del retrato luchó hasta entregar su vida. Entender cómo se ha llegado hasta aquí tiene una lectura sencilla: el capitalismo sabe bien que el Che es más que un mito, es el estandarte de las ideas más nobles de la humanidad, lo cual tiene un valor agregado en los mercados comerciales.

Pero superando a Debray, el siglo XXI ha conllevado también una “tercera” muerte del Che. Esta tiene que ver con la utilización que se ha hecho de su imagen durante el llamado ciclo progresista —hoy en decadencia— en América Latina.

Los llamados gobiernos posneoliberales latinoamericanos convirtieron la figura del Che en una imagen intocable, intachable y permanente pura. Estos procesos de idealización, donde además se intentaron confundir a las figuras presidenciales de Lula, Dilma, Correa, los Kirchner, Evo o Maduro con el legado de Ernesto Che Guevara, nos dejaron de productos auspiciados desde los aparatos de propaganda gubernamentales y burocratizados.

Basta leer las mejores biografías sobre el Che para entender que el guerrillero estaba en contra de cualquier tipo de culto a la personalidad

Basta leer las mejores biografías sobre el Che (A Revolutionay Life, de Jon Lee Anderson, Descamisados, del Comandante Enrique Acevedo González, Ernesto Guevara también conocido como el Che, de Paco Ignacio Taibo II o Cuba-USA: el Libro de los Doce, de Arnaldo M. Fernández) para entender que el guerrillero asesinado 50 años atrás estaba en contra de cualquier tipo de culto a la personalidad, nunca tuvo el más mínimo acercamiento a tramas de corrupción ni de enriquecimiento personal y que, además, era un personaje que personalmente tenía la capacidad de burlarse socarronamente de sí mismo.

Estos procesos de idealización interesada sobre la figura del Che nos traen a la memoria las lógicas dogmáticas, doctrinales y hasta religiosas de la izquierda. El Che era todo lo contrario: en lugar de producir doctrina desarrolló aprendizaje, reflexión y pensamiento crítico. A diferencia de la reciente experiencia latinoamericana, el Che hizo lo que debe hacerse desde los ámbitos de la izquierda.

Su pensamiento siempre en evolución fue cambiando a lo largo de su vida, lo que implica que lo que pensaba el Che en 1956, momento en el que se unió a Fidel Castro en su exilio mexicano, diste mucho de lo que desarrollaría mientras ejerció cargos ministeriales en Cuba (1960-1964) o de las propuestas que expondría en la última fase de vida ya en Bolivia. Pese a la construcción forzada de una memoria impoluta sobre su persona, el Che cambió de opinión en muchas ocasiones e incluso mantuvo pensamientos contradictorios en función de las épocas y el entorno en el que vivía, tal y como nos sucede a cualquier otro ser humano.

Su principal valor fue la coherencia, lugar donde habitualmente se pierden gran parte de sus biógrafos y gobiernos que reclaman su figura. Esa coherencia que le hizo incapaz de pedirle a ninguno de sus compañeros algo que él previamente no hubiera hecho o estuviera realizando en esos momentos. Acostumbrado a sobreponerse a sus propias limitaciones físicas —fue asmático desde niño— midió a los demás con el mismo baremo con el que se medía a sí mismo, lo que hizo que agradeciese poco y diese escasas palmaditas en la espalda a sus colaboradores.

Una memoria viva

Preguntar por qué la memoria del Che se mantiene viva tras medio siglo de su desaparición tiene una respuesta simple: el Che es la imagen misma de la rebeldía. Es la plasmación del ser humano que dice no a las injusticias.

Albert Camus, en su libro El hombre rebelde, publicado por primera vez en 1951, dice: “El hombre en rebeldía no se reserva nada, puesto que lo pone todo en juego y exige, sin duda, el respeto a sí mismo”. Bien, pues ese era el Che, demostrando a su vez que la rebeldía no nace sólo en el oprimido, sino que puede nacer asimismo ante el espectáculo de la opresión de que otro es víctima.

El Che demostró que la rebeldía no nace sólo en el oprimido, sino que puede nacer asimismo ante el espectáculo de la opresión de que otro es víctima

Su figura representa el sentido profundo de la crítica y el asunción de un estilo de vida que no solamente va más allá de las reglas establecidas, sino que las combate, entregando en dicha lucha hasta la vida. Esa loca generosidad es la de la rebeldía, la que da su fuerza de amor sin esperar nada a cambio mientras rechaza sin demora la injusticia.

En definitiva, el Che es la demostración práctica de que más allá de la razón están las emociones y los sentimientos. Es la encarnación de la ley número uno de cualquier análisis social: donde hay dominación hay resistencia a la dominación.

A partir de ahí, cada piedra lanzada por jóvenes palestinos contra las fuerzas de ocupación sionistas en Jerusalem, cada grafiti nocturno y clandestino clamando libertad en las calles de Harare, cada canción colectivamente compartida alrededor de una hoguera por las mujeres kurdas en Rojava, cada acción de resistencia indígena shuar en Nankints contra la implantación de la minería a cielo abierto en la Amazonía, cada movilización de lucha ogoni contra las transnacionales petroleras en el Delta del Niger, cada movilización estudiantil contra la privatización de la enseñanza en Santiago de Chile o cada reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado en Buenos Aires, lleva aún hoy la impronta del Che.

Quizás haya sido el subcomandante Marcos, desde la Selva de Lacandona, quien mejor definiría la figura del Che: “Ciudadano del mundo, el Che nos recuerda lo que sabemos desde Espartaco y lo que a veces olvidamos: la humanidad encuentra en la lucha contra las injusticia una marcha que nos eleva, que nos hace mejor y más humanos”. Y sería el Che, en una frase en alusión a Camilo Cienfuegos, quien mejor definiría lo que hoy sucede con su memoria: “Podríamos mejor preguntarnos: ¿quién liquidó su ser físico? Porque la vida de los hombres como él tiene su más allá en el pueblo; no acaba mientras éste no lo ordene”.

Demostrada su capacidad para el desarrollo de buenas crónicas, ahí están sus pasajes guerrilleros en América Latina y en el Congo, aún nos faltan por descubrir textos y pensamientos ocultos del Che. A la fecha de hoy, aún hay diarios escritos por el Che que la familia no ha querido publicar, posiblemente porque echan pestes de personajes en aun vivos en la actualidad.

En todo caso el Che nos sigue dejando, medio siglo después de su desaparición, cierto legado ideológico, su sonrisa, la capacidad de ironizar con uno mismo, un concepto del igualitarismo a ultranza, la humildad de quienes entregan sus vidas por los demás y, sobre todo, la voluntad intrínseca de los pueblos del Sur por transformar de forma radical una sociedad que sigue siendo tan injusta hoy como lo era durante los tiempos en el que el Che decidió desenvainar su fusil.

CONCIENCIA Y AUTORIDAD

Milgram pertenecía a una familia de emigrantes judíos y este hecho tuvo un protagonismo central en los experimentos que llevó a cabo sobre la obediencia. En 1961 Eichmann, teniente coronel de las SS, era juzgado en Jerusalén. Para que fuese posible la persecución y el exterminio de los judíos por parte de los nazis fue necesaria la colaboración de muchísimas personas a través de una simple obediencia a órdenes. ¿Hasta qué punto puede una persona, se preguntaba Stanley Milgram, simplemente por el hecho de obedecer órdenes, cometer actos criminales sin que le importen sus consecuencias? 

En el libro se aborda también el ejemplo de la guerra de Vietnam y la matanza cometida en My Lai, donde se ve hasta qué punto eran deshumanizadas las personas (hombres, ancianos, mujeres, niños) de la aldea aniquilada por los soldados estadounidenses. Las personas que intervinieron en estas matanzas, dice el autor: “se ven dominadas por una perspectiva más administrativa que moral.”³

Pero Stanley Milgram constata que el conflicto entre conciencia y autoridad es consustancial a la naturaleza de la sociedad, al margen de la existencia del holocausto u otros conflictos bélicos. En realidad, la organización jerárquica de la sociedad lo hace posible.

Que un elevado número de personas hagan lo que se les dice si creen que la orden viene de una autoridad legítima es una conclusión incómoda si la orden consiste en hacer daño a otra persona. Sabemos que así es cómo funcionan las guerras: en un contexto bélico se llevan a cabo acciones de ese tipo simplemente obedeciendo a órdenes, con un gran sentimiento del deber y justificándolas ideológicamente, pero ¿cómo admitir que personas corrientes podrían llevar a cabo acciones semejantes en un escenario de paz, en un laboratorio? En los experimentos realizados, afirma Milgram: “se nos revela algo mucho más peligroso: la capacidad del hombre de dejar de lado su humanidad, más aún, la inevitabilidad de conducirse de esa manera cuando hace desaparecer su personalidad única en estructuras institucionales más amplias.”⁴

Otra de las conclusiones de la serie de experimentos sobre la obediencia es la diferente asignación de responsabilidades a sus integrantes: “Los sujetos desobedientes se consideraban a sí mismos responsables en mayor medida del sufrimiento del aprendiz, asignándose a sí mismos un 48% de la responsabilidad total, y un 39% al experimentador. (…) Los sujetos obedientes le atribuían [al aprendiz] una parte de responsabilidad por su propio sufrimiento, dos veces superior a la que le atribuían los sujetos desobedientes.”⁵ 

No es necesario ingresar en un laboratorio de una universidad para hacernos conscientes de nuestra propia obediencia, aunque muchos de los participantes en el experimento afirmaban haber aprendido más sobre sí mismos tras haber formado parte de él. En el día a día, a través de gestos se diría nimios y pequeñas pruebas a las que no siempre damos mayor importancia, es donde se tensan los límites de nuestra obediencia y responsabilidad, donde se dirime, en definitiva, la existencia misma de nuestra libertad.

Los experimentos sobre la obediencia realizados por Stanley Milgram amplían nuestro conocimiento sobre el conflicto y la tensión que se da entre la conciencia moral y la autoridad. Dado que sus conclusiones no son reconfortantes sino que nos hacen dudar sobre la naturaleza humana, nuestro pensamiento se desplaza hasta acabar por preguntarnos -ya fuera del experimento- con Étienne de La Boétie: ¿por qué obedecemos si podríamos dejar de hacerlo? 

 

Hace unos años fue reproducido el mismo experimento con resultados semejantes a los obtenidos en el original de Milgram, realizado en los años sesenta. Puede verse un resumen en el siguiente video:

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¹ Stanley Milgram: Obediencia a la autoridad. El experimento Milgram, Capitan Swing, Madrid, Trad. de Javier Goitia, 2016, p. 26

² ibíd., p. 211

³ ibíd., p. 247

⁴ ibíd., p. 249

⁵ ibíd., pp. 271-272

Durante una entrevista en Telemadrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid manifiesta que su Gobierno ha gestionado hospitales y residencias. Después, trata de rectificar.