Comunidad de Madrid
Altos cargos de Ayuso están siendo investigados en ocho causas judiciales por lo ocurrido en las residencias

El 10 de octubre de 2024 familiares de más de un centenar de residentes de 72 geriátricos hicieron pública una nueva querella contra la Comunidad de Madrid por la gestión de la pandemia dentro de las residencias. Lo hacían utilizando una nueva estrategia para conseguir juzgar a los altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso: denuncian que se cometió un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Cuando se cumple un año de aquella acción, los abogados de la causa han comunicado en rueda de prensa que los altos cargos de Ayuso durante la pandemia Carlos Mur (entonces director de Coordinación Sociosanitaria) Francisco Javier Martínez Peromingo (sucesor de Mur) y Pablo Busca (director del SUMMA 112) están siendo investigados en ocho procedimientos judiciales.

La primera causa se conocía el 23 de mayo, cuando estos altos cargos fueron citados a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Después transcendía la citación en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés para el 3 de junio. Tras esto, se sumaban juzgados de Alcobendas, Collado Villalba, Getafe, Valdemoro y otros dos de Madrid capital.

Por diversos motivos todavía no se ha producido ninguna declaración de los imputados en ninguno de los juzgados

No obstante, indican las organizaciones familiares, el camino está plagado de obstáculos y preocupa la posible prescripción de los hechos, esto es la instauración de los conocidos como “protocolos de la vergüenza” que dejaron sin asistencia médica a los residentes que enfermaron de covid y fallecieron dentro de las residencias durante los meses más duros de la pandemia. De hecho, por diversos motivos todavía no se ha producido ninguna declaración de los imputados en ninguno de los juzgados.

Como ejemplo de esta “desidia” judicial que se traduce en una “lentitud” de los procedimientos, ponen lo sucedido enlos Juzgados de Móstoles 6 y de Navalcarnero 5, donde han recaído querellas de denunciantes. “Se pusieron el pasado día 2 de abril y hasta ayer, los juzgados ni siquiera habían adjudicado un número de diligencias previas a la querella, lo que nos ha impedido presentar cualquier escrito”, informan desde Marea de Residencias.

Un camino plagado de dificultades

Ejemplo de estos obstáculos son la suspensión de las declaraciones de altos cargos, hecho que sucedió en la primera citación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid porque los abogados de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo alegaron que no habían recibido las actuaciones y necesitaban tiempo para estudiarlas.

En junio, estos altos cargos estaban citados a declarar en el Juzgado número 6 de Leganés pero también se suspendieron las declaraciones, porque este Juzgado se inhibió ya que ya había una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y hasta allí la elevaron. 

Desde Marea de Residencias informan de que al igual que el Juzgado de Leganés, otros seis se han inhibido en los meses de junio, julio y agosto en favor del número 3 de Madrid. Pero este Juzgado, en un auto del 27 de agosto, decidió que no aceptaba las inhibiciones, que se oponía a que todos los procedimientos se acumulasen en su Juzgado. Desde el equipo jurídico de los familiares valoran que la acumulación de causas en el mismo juzgado es el mejor camino, por ello han presentado también solicitudes de inhibición en favor del juzgado de Madrid en otros 36 procedimientos. Informan además que, ante los recursos interpuestos por las distintas partes, será la Audiencia Provincial quien decida finalmente cómo se juzgarán estos casos.

“La experiencia adquirida en estos cinco años y medio transcurridos nos indica que el camino de la justicia, especialmente en el caso de las residencias, es largo y plagado de dificultades”, expresan desde Marea de Residencias

“La experiencia adquirida en estos cinco años y medio transcurridos nos indica que el camino de la justicia, especialmente en el caso de las residencias, es largo y plagado de dificultades. Hemos demostrado nuestra resiliencia y estamos firmemente decididas a llegar hasta el final del camino por largo y difícil que éste sea”, expresa Marea de Residencias.

Desde la asociación Verdad y Justicia 7.291, hacen hincapié en la importancia que tiene la imputación de los altos cargos del gobierno Ayuso en 2020,  y lo valoran como “un gran paso aunque nos queda mucho camino por recorrer. Hay momentos de desesperanza, pero esta noticia nos hace más fuertes para seguir la lucha hasta el final”, expresan. “La lentitud y la desidia de la justicia en este tema, nos discrimina y nos pisa nuestros derechos. Y para discriminados ya estuvieron ellas y ellos”, añaden.