Comunidad de Madrid
Admitidos a trámite dos recursos por vulneraciones de derechos fundamentales en demoliciones de Cañada Real

Dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid han admitido a trámite sendos recursos por presunta vulneración de derechos fundamentales por dos actuaciones que tuvieron lugar en Cañada Real (Madrid) el pasado 28 de abril de 2026. Los recursos, interpuestos por vecinos, cuestionan la legalidad de dos acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que los recurrentes consideran ejecutadas sin autorización judicial.

Las dos actuaciones se llevaron a cabo en parcelas del sector 4. Una de ellas es la destrucción parcial de la parcela colindante al colegio Mario Benedetti “en presencia del alumnado que asiste aterrado a la destrucción de los muros, los lamentos de las personas y la presencia intimidatoria de fuerza policial armada”, según un comunicado de asociaciones de vecinos del barrio. La segunda fue el derribo de media vivienda cuya inquilina, una mujer con discapacidad visual severa, fue, según testigos, conducida de la mano para firmar la orden de derribo.

Varias asociaciones vecinales de los sectores 4, 5 y 6 de la Cañada han convocado una marcha el domingo a las 11:00 horas en el municipio de Rivas-Vaciamadrid. En el comunicado, explican que su objetivo es protestar contra las “coacciones, desalojos forzosos, derribos y vertidos ilegales” que, según aseguran, vienen sufriendo desde hace años por las administraciones, así como un abandono institucional que se traduce en falta de servicios básicos o el corte de luz que afecta a los sectores 6 y 5 desde octubre de 2020.

Acciones para forzar la expulsión del vecindario

La admisión a trámite de ambos procedimientos supone un nuevo capítulo en el largo conflicto que enfrenta a residentes de la Cañada Real con distintas administraciones públicas. Los vecinos afectados aseguran estar sufriendo, desde hace años, actuaciones orientadas a expulsarlos del barrio, mediante mecanismos que consideran incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales y a su dignidad.

Los residentes describen un “acoso institucional” que dura más de cuatro décadas y que, según ellos, se ha intensificado en los últimos años

Actitudes como la aparición de la Guardia Civil montada a caballo, órdenes de derribo por la noche o la presencia del funcionario Julio César Santos, pendiente de inhabilitación por un derribo ilegal en Cañada, son algunos ejemplos de este asedio que describen los residentes, un “acoso institucional” que dura más de cuatro décadas y que, según ellos, se ha intensificado en los últimos años.

También critican la actitud de Rivas-Vaciamadrid, con ejemplos como la reciente destrucción de un pasillo escolar construido de forma comunitaria en el sector 4, que suponía el único acceso desde Cañada a la zona escolar de Rivas. “Un vecino cedió espacio de su propia parcela para hacer este paso, porque si no los niños tienen que dar mucha vuelta para los centros escolares como Mario Benedetti o Hipatia”, explica Carlos, vecino del sector 4 y portavoz de la Asociación vecinal Barrio Unido, una de las convocantes de la marcha. “Lo hizo muy bien, con unos vecinos, pusieron chapas para delimitar el pasillo, lo iluminaron para que por la noche hubiera luz, pusieron cemento para no pisar barro”. Sin embargo, y a pesar de las casi 300 firmas que reunieron para evitarlo, el pasillo fue demolido, afectando incluso a la parcela del vecino que la había cedido.

Un abandono marcado por la presión urbanística

El barrio, que se extiende de norte a sur más de 14 kilómetros, atravesando los municipios de Coslada, Rivas y Madrid, se consolidó durante décadas mediante procesos de autoconstrucción vinculados a la falta de acceso a vivienda asequible.

“¿Por qué han permitido que se construyera? Y cuando ya está construido, ¿cómo vas a echar a la gente de aquí a base de acosarles y de meterles miedo?”

“El problema de la vivienda en Madrid es de muchos años, la gente acabó viniendo aquí. Es un sitio donde viven personas, familias, generaciones de una misma familia”, explica Carlos. “Nunca ha venido nadie a decirnos por qué estábamos construyendo aquí. Las administraciones, los políticos han hecho una dejación de funciones a lo largo de los años: si realmente esto era una cañada y no se podía construir, ¿por qué han permitido que se construyera? Y cuando ya está construido, ¿cómo vas a echar a la gente de aquí a base de acosarles y de meterles miedo?”.

Niega sea un mal barrio, “lo único es que estamos abandonados. Se asfaltó el camino cuando estuvo Carmena, pero nosotros hemos estado sin luz, sin agua, nadie se ha preocupado por nosotros. El interés que hay ahora es por los desarrollos urbanísticos”.

Ahora, muchos de sus vecinos y vecinas han recibido la carta de realojo en el marco del Pacto Regional para la Cañada Real de 2017. “¿Es justo cortar la luz a alguien y ofrecerle realojo? Eso no es un realojo justo, es un desalojo forzoso”, reflexiona. A él, que lleva 35 años viviendo en el barrio, no le han notificado aún, aunque “siempre que digo esto pienso que voy a ir al buzón y va a estar ahí la carta”. Asegura que la gente no va a marcharse así como así: “Nosotros no tenemos otro sitio donde ir”.

Resistencia por las vías judicial y social

De acuerdo con CAES, la entidad que presta asistencia legal a los vecinos, la admisión de estos nuevos recursos cobra especial importancia para la defensa de los derechos de los residentes de la Cañada, y recuerdan que el Ayuntamiento de Rivas ya fue condenado en firme hace dos años por otro derribo sin autorización judicial.

“La luz no se restablece y las coacciones de la Administración aumentan en clara rebeldía con los dictámenes del Defensor del Pueblo y numerosas instituciones internacionales de Derechos Humanos”, denuncian las asociaciones vecinales

Las asociaciones vecinales sostienen que su lucha se apoya en diferentes instrumentos legales, como la Constitución Española, la Ley 2/2011 de desafectación de la Cañada Real o el ya mencionado Pacto Regional para la Cañada Real. “Los Tribunales han dado la razón a numerosos vecinos que han denunciado a la Administración”, añaden en el comunicado. “Nuevos colectivos se han movilizado solidariamente y la causa de los vecinos de Cañada Real ha llegado a amplios sectores de la población. Sin embargo, la luz no se restablece y las coacciones de la Administración aumentan en clara rebeldía con los dictámenes del Defensor del Pueblo y numerosas instituciones internacionales de Derechos Humanos”.

Por eso convocan a la marcha el domingo 14 de junio, a las 11 horas, del colegio Mario Benedetti, en Rivas, hasta el ayuntamiento, para movilizarse por la dignidad del barrio.