Colombia
Doce años de prisión domiciliaria para Álvaro Uribe, padrino de la extrema derecha en Colombia

Presidente entre 2002 y 2010, el colombiano Álvaro Uribe es la figura clave para entender a la derecha y la extrema derecha en el país cafetero. El fallo emitido esta semana y refrendado ayer, 1 de agosto con la sentencia a doce años de prisión domiciliaria, cien meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 2.000 millones de pesos, leída por la juez Sandra Heredia, supone la primera vez que un mandatario colombiano es condenado. Heredia ha considerado suficientemente acreditado que Uribe indujo al abogado Diego Cadena a cometer soborno en actuación penal y fraude procesal. La sentencia puede ser recurrida en una instancia superior.

El caso se remonta a 2012 y comenzó con una acusación de Uribe contra el abogado y activista, en el momento de los hechos y actualmente senador, Iván Cepeda, quien es también una víctima del terrorismo de Estado como consecuencia del asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas. En aquel 2012, Iván Cepeda señaló los vínculos del expresidente con el paramilitarismo en un debate parlamentario, Uribe los negó y se querelló contra Cepeda por un supuesto complot para amañar testimonios. Cepeda fue absuelto y la tortilla se dio la vuelta: la justicia investigó si Uribe había presionado y tratar de comprar a tres testigos en la misma causa a través del citado Cadena.

La lectura del fallo de culpabilidad ha provocado un seísmo político que se ha extendido también a Washington DC, desde donde se han emitido señales preocupantes. Marco Rubio, secretario de Estado, declaró el 30 de julio que “la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, posicionándose descaradamente con Uribe, tradicional aliado de los Republicanos y figura clave de la extrema derecha en Latinoamérica. 

En un comunicado, el propio Cepeda, firme defensor del actual Gobierno de Gustavo Petro, ha defendido la independencia de la Fiscalía y del Tribunal penal en el que se ha dirimido el caso, y se ha comunicado con la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y la Relatora sobre Personas Defensoras y Operadoras de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para criticar las injerencias de autoridades de Estados Unidos y del uribismo colombiano en un caso que tiene potencial para marcar el presente y el futuro inmediato del país.

“La verdad es que se hizo Justicia y que ha quedado abierta la vía para requerir a Uribe por los crímenes de lesa humanidad que ha intentado encubrir con un aparato de fraude procesal y soborno”, expuso el senador en su cuenta de X. El llamamiento a la reconciliación nacional a través de la verdad, justicia y reparación, no obstante, choca con el clima de odio agitado por la extrema derecha que pone en peligro a los actores implicados en el proceso. Heredia ha sido amenazada por uno de los testigos de Uribe en el caso.

El condenado expresidente ha interpretado que su caso es una maniobra política de parte del presidente Gustavo Petro, de Cepeda, y del ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre. A pesar de llevar años fuera de la primera línea política, Uribe Vélez sigue siendo el padrino de la extrema derecha en Colombia y sus partidarios se cuentan por cientos de miles. 

Un perfil escrito por Eduardo Giordano en 2022 retrataba el ascendiente político de este antioqueño, hijo de un terrateniente muerto en un hecho poco claro, que hizo de la venganza contra la izquierda y los grupos guerrilleros el motivo de su política. Las investigaciones periodísticas han documentado las relaciones de Uribe con el narcotráfico y, especialmente, con el paramilitarismo, la expresión más viva del fascismo en Colombia.

En el marco del juicio por el que ha sido condenado, el testimonio de un testigo vinculó a Uribe con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia, uno de los grupos paramilitares

La presidencia de Uribe al frente del país ha sido, sin lugar a dudas, el de mayor violencia política en este siglo. Bajo la etiqueta de la “Seguridad Democrática”, un plan que fue avalado y financiado por Estados Unidos, se extendió el abuso sistemático por parte de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad. Se han documentado más de diez mil crímenes de Estado durante los mandatos de Uribe y la práctica de los llamados “falsos positivos” merece un capítulo propio en la historia universal de la infamia: las fuerzas armadas “disfrazaban” cadáveres de civiles (pobres y a menudo adolescentes) ajusticiados con uniformes de la guerrilla para incrementar las estadísticas de la guerra librada en nombre de la democracia.

En el marco del juicio por el que ha sido condenado, el testimonio de un testigo vinculó a Álvaro Uribe con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia, uno de los grupos paramilitares activos en la peor fase del terror paraco en el nordeste del país. En 2020, se produjo el arresto provisional de Uribe, también en su domicilio, después de que la primera fase del expediente terminase tras la toma de testimonio de 43 personas y el examen de 27.000 horas de grabaciones.

Desde entonces, Uribe ha proseguido con su campaña política, orientada a cuestionar el proceso y a desestabilizar un país que se sacude más de seis décadas de políticas militaristas, crímenes de Estado y paramilitarismo. Lo hace, como escribía Giordano, a través de “la mentira sistemática, la saturación de fake news, principalmente a través de las redes sociales”.

Precisamente, a través de las redes sociales, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, cuestionó el fallo de la justicia colombiana y defendió a Uribe “como un hombre íntegro, que siempre ha defendido a Colombia de sus adversarios de manera democrática”.