Colombia
La justicia declara culpable al expresidente colombiano Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal

Este lunes 28 de julio, la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, emitió su veredicto en el proceso penal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), acusado de soborno a testigos y fraude procesal. La decisión, dictada en primera instancia, marca un hito en la historia judicial y política del país, dado que es la primera vez que un exmandatario colombiano es declarado culpable en un juicio penal.

Heredia declaró culpable a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, aunque lo absolvió del cargo de soborno simple. La audiencia, que se extendió por más de 11 horas, contó con la presencia del senador Iván Cepeda —reconocido como víctima en el proceso— y la participación remota del exmandatario, quien siguió el fallo desde su finca en Rionegro, Antioquia.

Durante la lectura, la jueza reivindicó la independencia judicial y rechazó las acusaciones de persecución política. Respaldó como legales las interceptaciones telefónicas realizadas a Uribe en marzo de 2018 por orden de la Corte Suprema, así como grabaciones obtenidas mediante un reloj espía, ambas consideradas pruebas clave en el caso. “Este fallo no decide sobre un nombre, sino sobre unos hechos”, afirmó.

Tras la extensa e histórica audiencia de este lunes, se anunció que la lectura de la sentencia final se llevará a cabo el viernes 1 de agosto, a las 14h (hora local). En esa audiencia se definirá si el expresidente Álvaro Uribe deberá cumplir una pena de prisión domiciliaria.

El origen del proceso: de denunciante a imputado

El origen del caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando el expresidente denunció al senador Iván Cepeda —actual integrante del oficialista Pacto Histórico— por presunta manipulación de testimonios de exparamilitares con el objetivo de vincularlo a grupos armados ilegales. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia desestimó esa versión, y abrió una investigación contra el propio Uribe por supuesta manipulación de testigos en su favor.

Según la Fiscalía, Uribe habría intentado influir, de manera indirecta, sobre ex paramilitares presos para que modificaran sus declaraciones.

El origen del caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando el expresidente denunció al senador Iván Cepeda —actual integrante del oficialista Pacto Histórico— por presunta manipulación de testimonios de exparamilitares

El caso más emblemático es el de Juan Guillermo Monsalve, exmiembro del Bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien había declarado que Uribe y su hermano Santiago estaban vinculados con la creación de grupos paramilitares en Antioquia.

Las autoridades judiciales concluyeron que emisarios del expresidente —entre ellos el abogado Diego Cadena, hoy procesado por los mismos hechos— ofrecieron beneficios a cambio de retractaciones o testimonios favorables.

En agosto de 2020, Uribe renunció a su banca en el Senado con el objetivo de perder el fuero parlamentario y trasladar su caso desde la Corte Suprema de Justicia a la justicia ordinaria.

La fiscal del caso, Marlenne Orjuela, solicitó la semana pasada una condena contra el expresidente al afirmar que Uribe “ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave”.

Uribe, una figura central en la política colombiana

Álvaro Uribe Vélez, de 73 años, fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Su figura se consolidó en el contexto de la “guerra” contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la expansión de su “política de seguridad democrática”, que implicó una ofensiva militar, apoyada por Estados Unidos a través del Plan Colombia.

El Plan Colombia fue una estrategia bilateral lanzada en 2000 entre Estados Unidos y Colombia para combatir el narcotráfico y fortalecer las fuerzas de seguridad. Aunque logró debilitar a grupos armados y reducir cultivos de coca, fue criticado por su enfoque militarista y las violaciones a los derechos humanos durante su implementación.

Durante su presidencia, Uribe logró debilitar la insurgencia armada, pero su mandato también fue señalado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, conocido como “falsos positivos” en la que miles de jóvenes fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos, marcó su gestión.

Álvaro Uribe Vélez, de 73 años, fue presidente entre 2002 y 2010. Su figura se consolidó en la guerra sucia contra las FARC, apoyada por EE UU, con centenares de denuncias por violaciones de derechos humanos

Tras dejar la presidencia, fundó el partido Centro Democrático y se convirtió en una especie de líder espiritual de la derecha colombiana. Su apoyo fue clave para la elección presidencial de Iván Duque en 2018 y, desde entonces, ha sido uno de los principales opositores al actual presidente, Gustavo Petro.

Para sus seguidores, Uribe es sinónimo de mano dura, defensa del orden y lucha contra el terrorismo. Para sus detractores, es el símbolo del autoritarismo, la connivencia con el paramilitarismo y la concentración del poder.

Un fallo que sacude la institucionalidad

La lectura del fallo fue seguida con atención por medios nacionales e internacionales, mientras distintos sectores políticos emitieron comunicados y declaraciones en las horas posteriores.

El presidente Gustavo Petro manifestó su respaldo a la jueza encargada del caso contra Álvaro Uribe y a su familia, asegurando que contarán con acompañamiento institucional independientemente del resultado del proceso. Además, reiteró que su gobierno actúa en el marco de la democracia y garantizó la seguridad de la funcionaria judicial.

Desde el Congreso, las reacciones fueron diversas. Legisladores afines al uribismo cuestionaron la legitimidad del proceso. “No fue un fallo contra el expresidente Uribe, fue un monumento a la arbitrariedad judicial y la politización de la justicia”, expresó en X la senadora y precandidata a presidenta del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció en su cuenta de X, tomando posición frente al fallo: “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”. 

¿Qué implica esta decisión para el país?

El proceso contra Álvaro Uribe inició un debate interno en Colombia sobre los límites del poder político frente a la justicia del país, marcado por la impunidad, la corrupción y la interferencia en el sistema judicial. Por lo que un expresidente haya sido investigado, acusado formalmente y llevado a juicio constituye un precedente de relevancia institucional.

Para Manuel Camilo González, profesor y académico de la Universidad Javeriana, el caso Uribe pone de relieve el principio del Estado de derecho en Colombia. “La idea de que nadie está por encima de la ley se refleja no solo en el fallo, sino en el hecho mismo de que un expresidente haya sido procesado judicialmente”, señaló en diálogo con El Salto. A su juicio, esto sienta un precedente importante que puede proyectarse hacia otros actores políticos en el corto y mediano plazo.

“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, declaró el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio

Sin embargo, González advierte que el proceso también pone en evidencia las tensiones entre justicia y política. “La justicia siempre está bajo presión de la opinión pública, es un campo de batalla”, afirmó. 

Desde su perspectiva, el caso puede ser interpretado de dos maneras: como un ejemplo de politización de la justicia —como sostienen quienes respaldan a Uribe y cuestionan la imparcialidad del fallo— o como un caso de judicialización de la política, donde los jueces asumen un rol protagónico al sancionar el comportamiento de figuras del poder.

El fallo podría tener un impacto profundo sobre el uribismo como fuerza política. El Centro Democrático, ya debilitado tras no presentar candidato propio en las elecciones presidenciales de 2022 —en parte por la impopularidad con la que concluyó el gobierno de Iván Duque—, carece hoy de una figura de recambio clara.

“Hay un desgaste del líder natural del Centro Democrático frente a la conducción de su propio partido”, señala el experto. Y agrega que, “empiezan a visibilizarse algunos relevos que ya dan como pistas de un uribismo sin Uribe”.

El fallo no es definitivo, dado que tiene la etapa de apelación, pero puede provocar un efecto de “refuerzo” de la narrativa de que las instituciones judiciales están “politizadas” y puede darle al uribismo una narrativa electoral que los presente como “víctimas” de las fuerzas del gobierno.

El país ante un nuevo escenario

Colombia cerró el lunes con una sensación de cambio. Para unos, el fallo representa una victoria de la justicia sobre el poder. Para otros, una afrenta a un líder que consideran patriota.

“Esta condena es la solución para el país. Uribe convirtió a su familia en billonaria mientras mataban a los campesinos de Colombia, yo fui víctima de eso”, comentó a El Salto, Eiber, oriundo del departamento de La Guajira y desplazado por el conflicto armado.

“Hoy se obró justicia, Uribe tiene que dejar de hacer daño al país”, sostuvo Alejo Cruz a este medio, desde la puerta de la Fiscalía donde se leía la sentencia a Uribe.

El fallo no es definitivo, dado que tiene la etapa de apelación, pero puede provocar un efecto de “refuerzo” de la narrativa de que las instituciones judiciales están “politizadas”

Pero seguidores del expresidente sostuvieron que “Uribe debe estar libre, Uribe es inocente”.

“Yo vine, porque creo en la inocencia de Álvaro Uribe. Yo defiendo al expresidente por la seguridad que nos trajo en Colombia cuando él fue gobernante”, dijo a El Salto Alicia Martínez, que estuvo desde temprano en la puerta de la fiscalía, a la espera de la sentencia de la jueza.

Para González, el fallo contra Álvaro Uribe tendrá consecuencias tanto directas como indirectas en el escenario político colombiano. En el corto plazo, el impacto más inmediato recae sobre el Centro Democrático, el partido fundado por el exmandatario. 

“El uribismo sin Uribe enfrenta un momento de redefinición; si la condena lo convierte en víctima del sistema judicial, algunos sectores podrían buscar aliarse con él, pero si la opinión pública interpreta que el fallo fue justo, el partido corre el riesgo de quedar como un paria en las elecciones de 2026”, advirtió.

En tanto, González anticipa que el caso colocará el tema de la justicia en el centro del debate electoral. “Este tipo de juicios hacen que la administración de justicia, que debería ser un asunto técnico, se convierta en un eje de campaña”, explicó.

En ese contexto, advirtió que ciertos sectores de la derecha podrían impulsar una narrativa crítica hacia la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la justicia transicional en general. “Habrá candidatos que se pregunten cómo es que un expresidente está en la cárcel y sus adversarios del conflicto armado no lo están”, señaló, advirtiendo sobre un probable debate que ponga en tensión el equilibrio de poderes y la reforma judicial como parte central de la agenda electoral, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.