Colombia
Álvaro Uribe y la criminalidad estatal en Colombia

Álvaro Uribe Vélez es hijo de un rico hacendado antioqueño, Alberto Uribe Sierra, a quien se le atribuye haber hecho fortuna colaborando con el clan de los Ochoa, principal grupo narcotraficante del cartel de Medellín. Su padre murió en un confuso enfrentamiento con la guerrilla, un hecho que marcó el carácter 'justiciero' de la personalidad de Álvaro Uribe y determinó la orientación revanchista de su actividad política.

Su carrera política comenzó en la década de 1980. Ejerció la función pública primero como director de la controvertida Aerocivil (Aeronáutica Civil), donde reemplazó en 1981 al anterior director, asesinado por sicarios del cartel de Medellín por rechazar las presiones de los narcos para concederles licencias de aeronaves. Desde que Álvaro Uribe ocupó ese cargo, Aerocivil concedió licencias a más de 150 aeronaves pequeñas y rápidas, capaces de transportar droga desde Colombia hacia Miami sin mayores dificultades. El periodista Yohir Akerman ha documentado estos hechos, demostrando que al concluir el mandato bianual de Uribe, en 1983, fueron suspendidas las operaciones de 57 aviones de narcotraficantes. “Aunque las naves estaban registradas a nombre de otras personas, en realidad eran de propiedad de Carlos Lehder, Pablo Escobar y Fabio Ochoa”, afirma Akerman. También evoca que en septiembre de 1983, el entonces ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur, Rodrigo Lara Bonilla, manifestó en un debate ante la Cámara de Representantes que “gracias a la débil labor de la Aerocivil, personas como Pablo Escobar Gaviria poseían tres hangares en el aeropuerto de Medellín y una flotilla de aviones para transportar exclusivamente droga. Lastimosamente esas palabras fueron la sentencia de muerte de Lara Bonilla”, concluye el periodista. En abril de 1984 Lara Bonilla fue asesinado por sicarios a las órdenes de Pablo Escobar.

Desde que Álvaro Uribe ocupó la dirección de Aerocivil, esta entidad concedió licencias a más de 150 aeronaves pequeñas y rápidas, capaces de transportar droga desde Colombia hacia Miami sin mayores dificultades

Después de este período de dos años al frente de Aerocivil, Uribe fue alcalde transitorio de Medellín y más tarde fue elegido senador. En aquella época sus actividades ya estaban bajo escrutinio internacional. Un informe de inteligencia de Estados Unidos, fechado en 1991, revela que ya por entonces había sido incluido en una lista de funcionarios sospechosos de alianza con el narcotráfico, en particular con el cartel de Pablo Escobar y el clan de los Ochoa.

Años más tarde Uribe fue elegido gobernador de Antioquia, cargo que ejerció entre1995 y 1997, cuando las masacres y ejecuciones extrajudiciales arreciaron más en ese departamento. Su gestión como gobernador se caracterizó por cohesionar el voto conservador e impulsar la creación de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir), origen de los grupos paramilitares que asolaron Colombia durante los años noventa, con especial virulencia en Antioquia.

Al postularse por primera vez a la presidencia, en el año 2000, Uribe apenas contaba con un 4% de la intención de voto. Hábil comunicador, populista y provocador, su mensaje no interpela a las élites urbanas sino al colombiano medio, apelando mucho más a las pasiones que a la razón. Conecta con las emociones y creencias de esa parte de la población que reconoce su liderazgo en temas de seguridad y a partir de esa identificación lanza un mensaje polarizador, basado en noticias ficticias con apariencia de hechos comprobables, siempre expresadas en un tono actoral convincente. Abogado y orador fogueado, Uribe tiene la habilidad de envolver los mensajes más autoritarios con argumentos formalmente aceptables en un debate democrático.

El uribismo constituye un bloque compacto de intervención en la escena mediática, en particular en las redes sociales, donde muestra una cohesión no exenta de adhesión fanática y pobreza argumental. El combustible que Uribe ofrece a sus admiradores para alimentar la maquinaria del anticomunismo visceral que profesan es la mentira sistemática, la saturación de fake news, principalmente a través de las redes sociales.

La gestión presidencial de Uribe: seguridad y parapolítica

Álvaro Uribe ganó las elecciones presidenciales de mayo de 2002 por mayoría absoluta, desbancando por primera vez del poder a liberales y conservadores, los dos partidos que se habían alternado en el gobierno durante el último siglo. Uribe se presentó como candidato de una escisión del Partido Liberal, Primero Colombia, y obtuvo el 54% de los votos. Su campaña electoral prometía ‘mano firme’ contra las guerrillas para recuperar el control territorial del país. Las FARC, el ELN y otras guerrillas controlaban por entonces casi el 40% del territorio colombiano, principalmente en las regiones montañosas, rurales y selváticas, donde el Estado siempre estuvo ausente.

Durante su primer mandato, Uribe consiguió crear la imagen de un Ejército victorioso frente a una guerrilla en retroceso. Para ello contó con el apoyo de Estados Unidos a través de la implementación del Plan Colombia, el aumento de la dotación financiera para el Ejército y el establecimiento de bases militares en el país. En sus mensajes políticos, Uribe siempre recurre a la retórica característica del populismo de derechas y a las consignas de los regímenes de seguridad nacional, si bien actuando con discreción para poder presentarse también como un paladín de la democracia.

Después de un bochornoso episodio de compra de congresistas para conseguir su reelección, Uribe volvió a ganar las elecciones en 2006 al frente de su nuevo Partido de la U (Partido de la Unidad), un conglomerado del voto conservador y reaccionario liderado por quien sería después su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Tras concluir su segundo período presidencial, Uribe ungió a Santos como candidato a la presidencia. Sin embargo en 2013 quiso desvincularse de la gestión de Santos, en desacuerdo con las conversaciones de paz con la guerrilla, y creó el Centro Democrático (CD), un partido que se opuso férreamente a los acuerdos de paz y encumbró al actual presidente Iván Duque.

Un informe de inteligencia de Estados Unidos, fechado en 1991, revela que ya por entonces había sido incluido en una lista de funcionarios sospechosos de alianza con el narcotráfico, en particular con el cartel de Pablo Escobar y el clan de los Ochoa

Varios congresistas del partido de Uribe se vieron involucrados —y fueron procesados— en los escándalos de la llamada parapolítica, es decir, los vínculos mafiosos entre políticos derechistas y grupos armados de ultraderecha. Entre ellos el presidente del Partido de la U desde 2006 y ex presidente del Congreso, Carlos García Orjuela, acusado por la Corte Suprema de “concierto para delinquir” por haber financiado su campaña con dinero de los paramilitares.

La criminalidad estatal: los paramilitares

El origen del paramilitarismo en Colombia como fenómeno institucionalizado puede situarse a finales e la década de 1960, como respuesta represiva de ganaderos y terratenientes que privatizaron la violencia con la complicidad de un Estado que renunciaba así al monopolio de la fuerza.

El paramilitarismo tuvo estrechos nexos con el narcotráfico desde fechas muy anteriores a los gobiernos de Álvaro Uribe. Su puesta de largo fue en 1981, cuando el clan Ochoa convocó un congreso en Medellín al que asistieron un nutrido grupo de terratenientes, directivos de empresas petroleras y mineras multinacionales así como miembros en activo del Ejército, en lo que fue el encuentro fundacional del MAS (Muerte a Secuestradores). Cada uno de los 223 participantes dotó a esta fuerza irregular con diez hombres y armamento de uso militar, constituyendo un ejército paramilitar de 2.230 sicarios.

Álvaro Uribe no inventó el paramilitarismo, pero si trazó un esquema de seguridad en el que estos grupos criminales se articularon funcionalmente con la fuerza pública en la ejecución de acciones ilegales o encubiertas. Durante su etapa como gobernador de Antioquia, Uribe favoreció el desarrollo de las empresas de “servicios especiales de seguridad privada” conocidas como Cooperativas Convivir, dotadas de equipamiento característico de las fuerzas de combate. Las Convivir, conocidas inicialmente como Juntas de Limpieza Social, decían actuar como cooperativas vecinales de vigilancia contra las guerrillas y otros grupos armados, pero fueron el germen del nuevo paramilitarismo. Instauradas por el presidente César Gaviria en 1994, Uribe fue uno de sus principales impulsores como gobernador de Antioquia, donde operaron 70 de las 700 Convivir que llegaron a tener 20.000 hombres armados en todo el territorio antioqueño, más que el Ejército de Colombia. Dotadas de armamento y equipos de comunicación de uso militar, las Convivir actuaron como fachada del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tal como lo denunciaron varios sicarios arrepentidos y no pocas víctimas.

Álvaro Uribe no inventó el paramilitarismo, pero si trazó un esquema de seguridad en el que estos grupos criminales se articularon funcionalmente con la fuerza pública en la ejecución de acciones ilegales o encubiertas

Anuladas sus capacidades militares en 1997 por la Corte Constitucional, los jefes de las Convivir se convirtieron en comandantes de las AUC, el principal grupo paramilitar de la época. El modelo que se implementó en Antioquia, delegando la represión a grupos paramilitares, fue el laboratorio de una práctica criminal que durante la presidencia de Uribe se generalizó a todo el país a través de su política de seguridad.

Tras la desmovilización de las AUC, impulsada por el propio Uribe al llegar a la presidencia y con condiciones muy favorables para los criminales arrepentidos, se supo que 126 jefes paramilitares desmovilizados habían pertenecido a las Convivir.

El Estado propició así la conformación de una organización criminal centralizada —las AUC— encabezada por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, antioqueños también muy vinculados al clan de Pablo Escobar. Esta poderosa organización, que alistó a miles de colombianos de todo el país para perpetrar masacres y ejecuciones extrajudiciales por causas políticas, estaba financiada por terratenientes, ganaderos, comerciantes, narcotraficantes y empresas multinacionales, con el objetivo compartido de erradicar a las guerrillas de izquierda y a todos los movimientos sociales y políticos que se opusieran a sus negocios.

Algunos 'falsos positivos', los primeros casos comprobados según reveló una investigación de la JEP, fueron masacres de paramilitares cuyas víctimas se entregaron al Ejército para que se contabilizaran como guerrilleros muertos en combate

Cada día surgen nuevas evidencias de los vínculos entre las AUC y el Ejército colombiano. Tal era la complementariedad entre actores criminales y fuerza pública que algunos 'falsos positivos', los primeros casos comprobados según reveló una investigación de la JEP, fueron masacres de paramilitares cuyas víctimas se entregaron al Ejército para que se contabilizaran como guerrilleros muertos en combate. Al mismo tiempo, este esquema permitió blanquear las estructuras criminales asociadas al narcotráfico, invocando un difuso derecho a la autoprotección ciudadana.

Las AUC ejecutaron infinidad de masacres, algunas con centenares de víctimas mortales. Intervinieron directamente en el genocidio de militantes y dirigentes de la izquierdista Unión Patriótica, y circunscribieron el juego político electoral asesinando a candidatos presidenciales con fuerte arraigo popular. Algunos ex paramilitares declararon ante la JEP que muchas de las masacres se perpetraron por instigación del Ejército y con el beneplácito de la gobernación de Antioquia. Por ejemplo la masacre del Aro de 1997, que se prolongó a lo largo de diez días, en el transcurso de los cuales se sucedieron fusilamientos, torturas, violaciones y despedazamiento de cadáveres. En la planeación conjunta de esta masacre con el comandante regional del Ejército, este señaló a esa zona como una madriguera de las FARC. Una vez arrasado y expoliado el territorio, se pudo comprobar que allí no operaban grupos guerrilleros ni existían plantaciones de coca. En su retirada, los paramilitares se apoderaron de 1.800 cabezas de ganado arrebatadas a los lugareños.

Según reveló el ex jefe de las AUC Salvatore Mancuso en un interrogatorio judicial, este se habría entrevistado hasta en diez ocasiones con Pedro Juan Moreno, secretario de Gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia, y en una de esas reuniones se habría planeado la masacre del Aro. Posteriormente Moreno condecoró a los paramilitares que la perpetraron en compañía de un comandante del Ejército, y falleció más tarde en extrañas circunstancias —fue asesinado según una fuente de las AUC—, por lo cual la Fiscalía inició una investigación de oficio por la posible responsabilidad de Uribe.

Más allá de su responsabilidad en el escalamiento de la violencia política, las AUC supusieron un salto cualitativo en la naturaleza del paramilitarismo colombiano al aspirar a convertirse en un factor de poder comprando voluntades a través de la parapolítica, influyendo directamente en la formulación de leyes y política públicas con la compra de candidatos a cambio de financiar su campaña electoral. Desde el primer gobierno de Uribe los casos que afectaron a dirigentes de su partido son innumerables. El último episodio de este tipo es el conocido como la ñeñepolítica, referido a las aportaciones del narcotraficante conocido como Ñeñe (José Ignacio) Hernández a la campaña electoral de Iván Duque, un escándalo en el que estuvo involucrada María Claudia Daza, asesora personal de Álvaro Uribe.

La disolución de las AUC conllevó la fragmentación del viejo paramilitarismo y su dispersión en multitud de grupos que disputan con los narcos las zonas rurales y de montaña, donde imponen su ley. Desde la irrupción de los primeros grupos paramilitares hasta el presente, la violencia se fue reciclando con organizaciones de nombres cambiantes y cambiando de procedimientos, pero idénticos resultados demoledores para la sociedad colombiana.

La criminalidad estatal: los falsos positivos

Durante la presidencia de Uribe se generalizó una práctica criminal de los poderes del Estado como parte de la estrategia de contrainsurgencia coordinada con Estados Unidos: las matanzas de civiles indefensos por las fuerzas de seguridad colombianas, asesinatos conocidos como “falsos positivos”. Se trataba de ejecuciones extrajudiciales presentadas por el Ejército como bajas de guerrilleros en acciones de combate, cuando en realidad se asesinaba a campesinos, afrocolombianos o indígenas ajenos al conflicto.

La Fiscalía General de la Nación notificó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 2.248 denuncias de personas asesinadas de esta forma. La JEP cruzó esta información con la de otras cuatro instituciones (SPOA, SIJUF, CNMH y CCEEU) y llegó a obtener pruebas de un total de 6.402 personas fusiladas por el Ejército colombiano que fueron presentadas como bajas del enemigo, y solo entre los años 2002 y 2008. La contrastación de estas bases de datos permitió a la JEP “determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal” desarrollado por el Ejército colombiano, según afirma esta institución en un comunicado de febrero de 2021.

Durante la presidencia de Uribe se generalizó una práctica criminal: las matanzas de civiles indefensos por las fuerzas de seguridad colombianas, asesinatos conocidos como “falsos positivos”

A medida que la investigación de esta tragedia muestra su dimensión real, surge la necesidad de interrogarse por la denominación misma de “falsos positivos” para designar a las víctimas de estos crímenes. Como señala José David Ruiz en una columna periodística de opinión, serían falsos positivos si se hubiera intentado capturar guerrilleros y por error se asesinasen civiles, pero lo cierto es que los civiles fueron secuestrados con premeditación de sus lugares de origen y trasladados a otros territorios con falsas promesas de trabajo para sesgar su vida y hacerlos pasar por guerrilleros. Los autores de estos crímenes sabían que sus víctimas eran completamente inocentes; fueron por tanto “verdaderos positivos”, no falsos, ya que ese nombre encubre lo realmente acontecido: “Los últimos estudios de la JEP dejan entrever que en realidad había toda una maquinaria infernal para asesinar ciudadanos sin ningún vínculo con la guerrilla y hacerlos pasar por tales. Toda una estrategia para esconder y camuflar el hecho de que se sabía lo que se estaba haciendo”.

Las investigaciones de la JEP revelan el modus operandi de estas mafias cada vez más enquistadas en las fuerzas armadas desde los gobiernos de Uribe: después de masacrar a los campesinos indefensos, para hacer los reconocimientos de cadáver les colocaban armas y uniformes de la guerrilla para simular que eran bajas en combate.

Varios militares brindaron testimonio a la JEP a cambio de recibir beneficios penitenciarios. Por ejemplo, en diciembre de 2019 varios confesaron su participación en el asesinato y posterior entierro de 45 civiles que nada tenían que ver con la guerrilla, haciéndolos pasar a todos por guerrilleros. A partir de estos testimonios, que identificaron con exactitud diez lugares de entierro con fosas comunes en varios departamentos, la JEP emprendió la exhumación de las víctimas para comprobar la veracidad de las declaraciones.

Antioquia registró el 25% de las víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe. La IV Brigada de Ejército, con jurisdicción en la zona, fue responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013.

Otros oficiales de la Cuarta Brigada declararon que el comandante Mario Montoya, máximo responsable militar de Antioquia, exigía a sus subordinados “litros de sangre” y los amenazaba con traslados si no cumplían sus órdenes

Los altos mandos militares y dirigentes políticos tenían conocimiento directo del plan de exterminio. En junio de 2019, el teniente Edwin Toro, de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín y partícipe de las masacres, declaró ante la JEP que el presidente Uribe lo llamó personalmente en una ocasión para darle instrucciones de rescatar con vida a un joven ante la inminencia de una incursión militar. Otros oficiales de la Cuarta Brigada declararon que el comandante Mario Montoya, máximo responsable militar de Antioquia, exigía a sus subordinados “litros de sangre” y los amenazaba con traslados si no cumplían sus órdenes. Otro testigo, el cabo Néstor Gutiérrez, aseguró en recientes declaraciones ante la JEP (Auto 125 de 2021) que el premio más codiciado por los soldados “era pasar diciembre en la casa”. De este modo “la compañía o el pelotón que más bajas diera, se iba todo diciembre para la casa. Y no valían capturas; no querían capturas, querían bajas”. Además, la directiva 029 de noviembre de 2005 tenía como objetivo “desarrollar criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate” de guerrilleros. El monto de las recompensas para los guerrilleros de base (cuyo cupo era ilimitado, se podían presentar muchísimas bajas) era de $3.815.000, pagaderos por el Estado colombiano a militares o civiles por cada asesinato premeditado.

Más recientemente, en diciembre de 2021, admitieron su responsabilidad ante la JEP 21 oficiales y suboficiales del Ejército en dos casos conocidos como Costa Caribe (127 asesinados entre 2002 y 2005) y Catatumbo (120 asesinados entre enero de 2007 y agosto de 2008), todos ellos bajo las presidencias de Uribe. Entre los que pidieron perdón destaca el brigadier general Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30 con sede en El Catatumbo, el primer general imputado por ese delito. Solo dos oficiales, entonces comandantes sobre el terreno, negaron su implicación. Álvaro Uribe adoptó su defensa, recriminando que la JEP los condenase a 20 años de cárcel por no aceptar su culpabilidad, cuando en realidad esa era la pena máxima a la que podrían ser condenados si fuesen declarados culpables después del debido proceso judicial.

Uribe nunca admitió su responsabilidad política con respecto a todas estas masacres, ni la implicación de sus subalternos; a diferencia de su ministro de Defensa a partir de 2006, Juan Manuel Santos, que sí expuso los hechos ante la JEP y deslindó responsabilidades. Uribe siempre negó el carácter criminal de estas muertes extrajudiciales, a pesar de que durante sus dos gobiernos se produjeron el 78% de los casos reportados. En 2008, cuando aún era presidente de Colombia, ironizó con que los jóvenes desaparecidos en Soacha y asesinados por el Ejército no habrían salido “a recoger café, iban con propósitos delincuenciales”, dijo, y aseguró falsamente que “fueron dados de baja en combate". Retomó este mismo argumento en un trino de 2015, pero se vio obligado a retractarse cuando fue demandado por injuria y calumnia por las madres de Soacha víctimas de la tragedia. Su indignación era aún más profunda porque sus hijos fueron reclutados para desplazarse de Cundinamarca a Norte de Santander precisamente con la falsa oferta laboral de ir a recoger café. Dos años más tarde, Uribe tuvo que pedirles perdón en una audiencia de conciliación.

La criminalidad estatal: los desaparecidos

Ningún otro país del mundo ha sufrido como Colombia el terrible drama de la desaparición forzada. El mapa que dibuja la distribución geográfica por municipios de los desaparecidos se superpone al mapa del conflicto armado, según consta en el documento Cartografía de la desaparición forzada en Colombia. A grandes líneas se pueden trazar dos grandes arcos que atraviesan todo el país: uno que va desde el Bajo Cauca hasta el Magdalena Medio, pasando a través del Urabá antioqueño, chocoano y cordobés; mientras que el otro arco se dibuja desde el Bajo Putumayo hasta Arauca, extendiéndose linealmente a través de los llanos orientales.

En el informe titulado Hasta encontrarlos, publicado en 2016 por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), un organismo oficial, se identificaron cuando menos tres propósitos de la desaparición forzada:

“1. Castigar y dejar mensajes aleccionadores tendientes a inhibir ideologías y prácticas políticas y sociales; 2. generar terror y así ganar y ejercer control, debido al potencial simbólico de este delito, y 3. ocultar crímenes, eliminando los cadáveres de las víctimas y borrando evidencias, para así dificultar que los delitos cometidos sean juzgados o para manipular y tergiversar las cifras.”

Las víctimas documentadas de desaparición forzada entre los años 1958 y 2018 son 80.472 personas, según datos del Observatorio Memoria y Conflicto (OMC) y del CNMH, y más del 99% de ellas a partir de 1982. Esta cantidad representa casi la tercera parte de las desapariciones forzadas reportadas en todo el continente. Por otra parte, según la base de datos nacional del SIRDEC, en total habrían desaparecido en Colombia más de 120.000 personas, si bien otras fuentes consideran que la cifra real podría oscilar entre los 200.000 y 300.000 desaparecidos. Una tragedia de magnitud universal y al mismo tiempo silenciada, casi desconocida por el mundo.

Mientras Álvaro Uribe fue el máximo responsable político de Antioquia, y más tarde presidente de Colombia, se produjeron más de 100.000 desapariciones forzadas de personas en todo el país, casi el triple de las desapariciones causadas por todas las dictaduras del Cono Sur. La región de Antioquia es la que registra el mayor número de personas desaparecidas. La abogada Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), reveló que “solo en el departamento de Antioquia, en el período de 1997-2005, nosotros manejamos las lamentables cifras de 20.279 personas desaparecidas, 2.710 reclutadas y 7.618 secuestradas para un total de 30.000 desaparecidas”. Seguramente existen muchos más casos, porque los datos oficiales solo incluyen a las víctimas que fueron denunciadas ante la justicia, una práctica poco habitual en las zonas rurales, bien sea por ausencia de las instituciones o por temor a represalias.

Las exhumaciones de cadáveres de las víctimas de desapariciones masivas practicadas al amparo de la JEP ofrecen resultados alarmantes. Entre otros casos, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) dio cuenta de la exhumación de 906 cuerpos enterrados en fosas comunes en un cementerio de Medellín, capital de Antioquia, que corresponderían a “víctimas de desaparición forzada y/o ejecuciones extrajudiciales”.

A nivel nacional, el mayor pico de desapariciones de la historia colombiana se produjo durante los gobiernos de Uribe, con más de 24.000 casos documentados y muchísimos más sin documentar. El máximo histórico se alcanzó en 2002, el año en que Álvaro Uribe asumió su primera presidencia (en mayo) y se documetaron 6.553 desapariciones forzadas según la CNMH y casi el doble según constancia en el Registro Único de Víctimas (RUV).

La campaña de Uribe contra el acuerdo de paz

Álvaro Uribe fue el principal opositor al acuerdo de paz alcanzado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las guerrillas de las FARC-EP en agosto de 2016. Una vez alcanzado el acuerdo, el uribismo presionó políticamente hasta que la Corte Constitucional accedió a la celebración del plebiscito exigido por Uribe para que los colombianos validasen el acuerdo de paz.

La campaña por el “No” se basó en una estrategia de declaraciones engañosas y fake news que polarizó a la sociedad colombiana en dos mitades antagónicas. Una de las objeciones centrales que presentó Uribe contra el acuerdo de paz fue que este favorecería la impunidad de los crímenes cometidos por las guerrillas, al convertirlas en “un grupo paramilitar, socio del Estado”. Además, en un extenso documento de rechazo, aseguró que el acuerdo buscaba “la colectivización del campo y la destrucción del agro productivo”: “Así empezaron Castro y Chávez, dejaron a sus pueblos sin comida, después destruyeron la industria, la economía toda, ahuyentaron a los empresarios y arruinaron a los trabajadores”.

Otra de las principales falsedades difundidas por Uribe sobre el acuerdo de La Habana es que favorecía la “ideología de género”, concitando el favor del conservadurismo religioso al emplear un término acuñado por las ultraderechas del continente para referirse a las políticas públicas de diversidad sexual

Invocando el espantajo del “castro-chavismo” y acusando a Santos de allanarle el camino a la izquierda, apuntaba a la reacción emocional de sus seguidores y a captar a los indecisos. Por ejemplo, en una de sus diatribas se muestra indignado porque “dirigentes de la comunidad internacional apoyen la impunidad a la FARC que rechazan para terroristas de sus países”, enmascarando la especificidad de una guerra que en Colombia se prolonga desde hace más de medio siglo y que ha dividido territorialmente al país. Otra de las principales falsedades difundidas por Uribe sobre el acuerdo de La Habana es que favorecía la “ideología de género”, concitando el favor del conservadurismo religioso al emplear un término acuñado por las ultraderechas del continente para referirse a las políticas públicas de diversidad sexual.

Después de haber ganado el plebiscito por escaso margen de votos (50,21%), el discurso uribista sobre la supuesta “impunidad” concedida a los jefes de las FARC se dirigió también contra la implantación gradual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Ley de Amnistía, aprobada en diciembre de 2016, que fueron resultado del acuerdo de paz. Álvaro Uribe se opuso radicalmente a la creación de la JEP y aprovecha cualquier ocasión para estigmatizarla como un sistema judicial inclinado hacia la izquierda. Sin embargo, gracias a la existencia de la JEP y a su sistema restaurativo y reparador, la plana mayor de la antigua guerrilla de las FARC reconoció su responsabilidad en crímenes tan graves como los secuestros, reclutamientos forzados y violaciones.

El resultado del plebiscito obligó al presidente Juan Manuel Santos a renegociar el acuerdo, siempre con la férrea oposición de Uribe a conceder beneficios a los ex combatientes que entregaran las armas y declarasen ante la justicia transicional. Y por supuesto expresó su rotunda negativa a responder ante la Comisión de la Verdad sobre los crímenes estatales perpetrados bajo sus gobiernos, porque en su opinión es el producto de un Acuerdo de Paz espurio, perdedor de un plebiscito.

El uribismo cierra los ojos a la violencia estatal y paramilitar, pero sigue considerando a las guerrillas desmovilizadas como el “enemigo interior” culpable de todos los males. Sin embargo, varias investigaciones han desnudado cuáles son los verdaderos intereses que promueven los enemigos de la paz: “Hay sectores políticos vinculados a poderes territoriales actuales, en zonas donde hubo masivos desplazamientos forzados y despojos, [...] llámense ganaderos, asociaciones agro industriales, empresariales y obviamente militares”. Estos sectores aspiran a “crear mecanismos para cerrar judicialmente la cuestión de las víctimas y garantizar el botín de guerra”.

Esta retórica del enemigo interior empleada contra una izquierda que se ha vuelto pacífica es la que alimenta los asesinatos de ex combatientes de las FARC, así como de líderes sociales, tras el acuerdo de paz. Los tuits de Uribe, sus trinos desafinados e inoportunos, mantienen en vilo al país con su tono incendiario. Un tuit que emitió durante el paro nacional de noviembre de 2019 decía textualmente:

“Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. Después de las quejas de los usuarios, Twitter borró este mensaje y le impidió hacer más publicaciones que pudieran incitar a la violencia. Sin embargo, con motivo del reciente paro nacional de abril de 2021, Uribe volvió a traspasar los límites y tuiteó: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Su partido acababa de requerir el toque de queda para Cali, ciudad en la que la represión policial produjo varias víctimas mortales y al menos un centenar de heridos. Twitter volvió a eliminar el mensaje de Uribe y dejó entrever la posibilidad de suspender su cuenta.

Un discurso autoritario en las redes sociales

Álvaro Uribe encaja mal en la figura de un ex presidente que se retira a disfrutar su condición de jubilado solemne o que regresa a la actividad privada. Su perfil de caudillo de la derecha colombiana lo mantiene incombustible en la trinchera de los medios de comunicación y especialmente en Twitter. Sus trinos son célebres por el desatino con el que invita a la fuerza pública a ejercer la violencia contra los manifestantes.

El uribismo tiene facilidad para imponer su discurso a través de la prensa y los medios audiovisuales, en general muy cercanos al poder político con escasas excepciones. El alcance de sus mensajes a través de las redes sociales también es importante, tiene cinco millones de seguidores en Twitter y un millón de seguidores en Instagram, además de su presencia en Facebook y en un canal de YouTube, que estrenó recientemente con una miniserie 'documental' de autoalabanza a su período de gobierno. Sin embargo, son los grandes medios los que amplifican el alcance de sus declaraciones en redes.

En uno de los mensajes que publicó al inicio del Paro Nacional, el exmandatario pedía que se apoyara “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas” para defenderse y defender a personas y bienes “de la acción del terrorismo vandálico”. Twitter eliminó este mensaje por violar sus políticas de “glorificación de la violencia”. La red social amagó con cerrar temporalmente su cuenta pero al final no lo hizo.

En otro trino del 3 de mayo, Uribe llama a “Fortalecer FF AA, debilitadas al igualarlas con terroristas, La Habana y JEP. Y con narrativa para anular su accionar legítimo”. Además, el jefe del partido gobernante acusa a la resistencia popular de practicar un supuesto “terrorismo más grande de lo imaginado” y recurre a la trasnochada idea de la “revolución molecular disipada” inventada por el neonazi chileno Alexis López Tapia para descalificar la protesta y justificar su represión militar.

Dos días más tarde Uribe reproduce en su cuenta de Twitter un video en el que se observa a una camioneta que en su parte trasera lleva una bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). El mensaje de Uribe que acompaña a este video dice: “Grupo terrorista ELN en Jamundí, Valle”. Minutos más tarde el CRIC publicó un comunicado de prensa en el cual calificaba el trino de Uribe como “un nuevo falso positivo del expresidente”. “El mensaje es claro: CRIC y ELN son equivalentes, lo cual es absolutamente falso”.  Los indígenas del Cauca advierten que el mensaje de Uribe puede entenderse como una “patente de corso” para que “la clase de violentos que defienden sus posiciones con el argumento de defender el Estado, y que forman parte de la población que hace ‘lo que diga Uribe’” atenten en contra de las comunidades indígenas que integran el CRIC.

El 29 de mayo, tras cumplirse un mes de paro y movilizaciones sociales, Uribe se hizo eco de la posición oficial de su partido sobre las negociaciones con los manifestantes: “El partido Centro Democrático rechaza cualquier negociación con el Comité del Paro. Negociar con bloqueos y violencia es continuar la destrucción de la democracia”, retuiteó más de una vez.

La popularidad de Uribe ha caído en picado durante los últimos meses, aunque no tanto como la del propio presidente Iván Duque. A medida que se opaca la figura de Duque por la crítica situación social, Uribe vuelve a cobrar relevancia

A medida que el presidente Iván Duque se fue quedando descolocado frente a la magnitud de un paro nacional que se veía fuera de su control, su mentor político retomó las riendas del gobierno dando primero una señal de advertencia y más tarde indicaciones bien precisas. En una entrevista publicada por el diario español El Mundo, Uribe afirmó que a Duque le había faltado autoridad durante el paro nacional: “La tiene que fortalecer, lo digo de la manera más constructiva, y es factible por el profesionalismo de las fuerzas armadas”.

Mientras tanto, desde su cuenta de Twitter impartió indicaciones cada vez más precisas sobre la forma de gobernar la situación: “DESPLIEGUE TOTAL DE LA FUERZA MILITAR Y DE POLICIA PARA RECUPERAR EL ORDEN EN COLOMBIA”, exige en un trino. Y en otro especifica: “Un oficial de alto rango, por ejemplo un coronel, responsable de cada lugar, a cargo de unidades específicas que levanten los bloqueos”. El líder del Centro Democrático se escudó en la estructura de su partido para imponer al gobierno su agenda de represión de la protesta social. Aprobado un poco más tarde, el decreto por el cual el presidente Iván Duque militarizó Cali y otras ciudades supuso la total subordinación del poder político local al mando militar, en línea con las directrices de Uribe.

Abucheado en la campaña electoral

La popularidad de Uribe ha caído en picado durante los últimos meses, aunque no tanto como la del propio presidente Iván Duque. A medida que se opaca la figura de Duque por la crítica situación social, Uribe vuelve a cobrar relevancia en los medios de comunicación como líder indiscutido de la derecha colombiana. Si no fuera por el eco que encuentra su discurso en los grandes grupos mediáticos, su método de agitación y propaganda a través de las redes sociales sólo serviría para realimentar las convicciones de sus seguidores.

Los aliados políticos tradicionales del Centro Democrático (CD) han tomado distancia del candidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, por temor a verse arrastrados con la caída de su popularidad tras algunas denuncias en su contra, ante la perspectiva de las próximas elecciones al Congreso, el 13 de marzo, y presidenciales el 29 de mayo.

El caso más ilustrativo fue en su visita a Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, cuando Uribe fue abucheado e insultado por centenares de ciudadanos que le impidieron entregar folletos a los comerciantes de mercado local

Después de haber dudado sobre la conveniencia o no de intervenir a pie de calle en la campaña —por el lastre de sus procesos judiciales—, Uribe finalmente desembarcó en algunas ciudades como gran figura de su partido, debilitado por las fricciones internas que se produjeron al elegir el candidato presidencial, que además no cuenta con el beneplácito de los demás partidos de centroderecha. Estas apariciones del ex presidente en público no siempre fueron exitosas, y en algún caso fueron interrumpidas con gritos y manifestaciones que lo obligaron a refugiarse de la ira ciudadana.

El caso más ilustrativo fue en su visita a Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, cuando Uribe fue abucheado e insultado por centenares de ciudadanos que le impidieron entregar folletos a los comerciantes de mercado local. Uribe iba acompañado por candidatos del CD a la Cámara de Representantes y algún senador de su partido. Los manifestantes lanzaron frutas contra la comitiva del ex presidente, que llegó a refugiarse en una furgoneta blindada del Esmad. La protesta surgió de manera espontánea, cuando lo vieron aproximarse al mercado público de la ciudad, y fue creciendo en número de manifestantes y subiendo el tono de las consignas (le gritaban “Uribe, paraco, el pueblo está berraco” y “asesino”, entre otras lindezas) hasta que tuvo que desistir de su empeño y retirarse protegido por su esquema de seguridad. Los manifestantes fueron dispersados por la policía y el Esmad.

El ejemplo de Santa Marta, capital del único departamento gobernado por un político progresista, Carlos Caicedo, no puede extrapolarse a todo el país. Pero muestra el declive de la popularidad del ex presidente —en cuya experiencia confía la derecha para salir de su actual atolladero— y del gobierno de su partido, y puede representar un punto de inflexión en su manera de intervenir en la campaña electoral..

Además de las dificultades que encuentra para desplazarse en el territorio, Álvaro Uribe parece haberse decantado por experimentar con nuevas formas de expresión creativa a través de sus redes sociales. El 4 de enero se convirtió en tendencia de Twitter al mantener un diálogo imaginario con dos estatuas sentadas en el banco de un parque, en un video que él mismo subió a su cuenta de la red social. Uribe inicia así la grabación: “La señora y el señor parecen decirme que antes de la seguridad democrática no venían turistas, que gracias a la seguridad democrática llegaron muchos, se reactivó la economía y mejoró sustancialmente el ingreso”. Esta manera de llamar la atención despertó las burlas y una lluvia de memes en su contra en las redes sociales. En la presentación de su peculiar performance, afirmó: “Les pido nos ayuden para que más colombianos voten por nosotros”, frase que se convirtió también en comidilla de los medios de comunicación. Uno de los memes de respuesta a su delirante diálogo con estatuas sintetiza la percepción que tiene gran parte de la sociedad sobre su enfoque político: “Así piensa Uribe que somos los colombianos, estatuas, monigotes, muñecos incapaces de pensar y hablar, títeres que necesitamos del gran ventrílocuo para que hable por nosotros. Le demostraremos que pensamos y sentimos votando por Gustavo Petro”. Mientras que otro usuario escribe: “¡Claro que el Uriberraco habla con estatuas! Con la estatua que dejó como avatar presidencial, que ni escucha ni ve ni entiende”.

A pesar del notorio desgaste de su figura, Uribe sigue siendo el principal activo de la derecha colombiana para enfrentar a la coalición izquierdista del Pacto Histórico, que podría llevar a Petro a la presidencia. El candidato presidencial del CD, que ya perdió en segunda vuelta las elecciones de 2014 en las que fue reelegido Juan Manuel Santos, no inspira confianza entre los dirigentes de su propio partido ni atrae a otros partidos de centroderecha. Uribe se juega mucho en estas elecciones y difícilmente suspenderá su intervención en la campaña.

El peligro es que acabe de incendiar Colombia para mantener su control sobre las estructuras políticas y las instancias jurídicas que frenan los centenares de procesos judiciales abiertos en su contra. En palabras del analista Fernando Sanín: “su apuesta inmediata es política, [...] pero también por un entorno que favorezca sus posibilidades de remontar sus problemas judiciales. Uribe puede naturalmente resurgir como el Ave Fénix, pero su margen de maniobra es ahora sumamente estrecho y tal vez su única posibilidad de triunfar en marzo, mayo y, sobre todo junio, es si logra polarizar al país al extremo”.