Centros de Internamiento de Extranjeros
Se retoman las concentraciones frente al CIE Zapadores para exigir su cierre
Decenas de personas se concentran frente a la puerta azul del CIE Zapadores, en València, para exigir el cierre inmediato de ese y los otros centros de internamiento para extranjeros del Estado.
Se cumple un año desde que el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la calle Zapadores, en València, fuera “testigo de la muerte de Marouane, por la que aún nadie ha dado explicaciones”. El fallecimiento del joven marroquí, consecuencia de un “racismo institucional” arraigado en el Estado español, reclaman los convocantes, ha sido una de las razones expuestas por la campaña CIEs NO València para volver a llamar a la ciudadanía valenciana a la tradicional concentración del último martes de cada mes —que la pandemia había interrumpido— frente al simbólico portón azul, a la que acudieron unas setenta personas la tarde del martes 28 de julio.
La campaña por el cierre de los centros de internamiento reclama una investigación judicial que esclarezca los motivos y circunstancias de la muerte, que no es la primera que se produce en estos complejos u otras dependencias de encierro o traslado forzoso, sino la onceava de la que hay registro. Unas muertes que representan, recuerda el colectivo antirracista, la consecuencia más grave de la violación a los derechos humanos que suponen los CIE, pero no la única, tal y como quedó determinado en el reciente informe que presentó la campaña CIEs NO València, donde se exponían cuestiones como las condiciones del internamiento, la falta de asistencia sanitaria o los encierros al margen de la ley.
Sin derechos antes, durante y después de la pandemia
Las 50 quejas recibidas por “el trato intimidatorio, degradante o racista por parte de la Policía Nacional”, los 11 menores de edad encerrados —prohibido por ley—, las 12 mujeres víctimas de violencia de trata encerradas en Zapadores, el intento de deportación de dos personas portadoras de VIH o la intención del Ministerio de Interior de “gastar 730.000 en reformar un espacio de vulneración de los derechos humanos” son algunos de los argumentos que expone CIEs NO para reclamar el cierre de Zapadores y del resto de centros del Estado español.
Los activistas ya recordaron recientemente que las personas que son retenidas en los CIE ya conocían de primera mano, mucho antes de que el covid-19 existiera y en unas condiciones y por unos motivos muy diferentes, qué es y qué supone un encierro. Así, CIEs NO hace referencia a los elevados índices de inestabilidad emocional entre las personas encerradas, que derivan en autolesiones e ideaciones e intentos de suicidios, en un contexto en el que se sufre el deterioro de las instalaciones y las deficiencias de los servicios, con comida escasa y de mala calidad, inadecuada asistencia sanitaria e información nula sobre sus derechos a solicitar protección internacional o a asistencia letrada.
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