Centros de Internamiento de Extranjeros
Un nuevo informe documenta violaciones de los derechos humanos en los CIE y urge a su cierre

La Campaña CIEs No lleva una década exigiendo el cierre definitivo de los centros de internamiento de extranjeros y el fin de las deportaciones. Su último informe reporta detalladamente las vulneraciones a los derechos de las personas retenidas en el centro de Zapadores. 

cie zapadores covid
El valenciano CIE de Zapadores, vacío durante la pandemia Mathias Rodríguez

La Campaña CIEs No publica un nuevo informe después de diez años exigiendo el cierre definitivo de los centros de internamiento de extranjeros y el fin de las deportaciones. Una década después de comenzar con esta lucha, su labor se ha convertido en esencial para documentar, denunciar y seguir defendiendo los derechos de las personas migrantes. La rueda de prensa de esta mañana, en la que se presentó el documento, contó con el testimonio de Thimbo Samb, activista antirracista, que calificó su experiencia migratoria como “muy dura” después de haber cruzado el Mediterráneo para acabar siendo privado de libertad en uno de estos centros. “El viaje es muy duro y todo lo que pasa en la patera es difícil de contar pero personalmente lo peor vino cuando llegué a España y me encerraron en el CIE”, señaló Samb.

“No hay nada que celebrar. La existencia de estas cárceles racistas donde se recluye a personas que no han cometido ningún delito, en condiciones inhumanas y sometidas en muchos casos a abusos y malos tratos, continúa siendo una triste realidad”, arranca el informe en el que se documentan las múltiples vulneraciones de derechos ocurridas durante los últimos años en el CIE de Zapadores, en València. “Entre sus muros, nos hemos encontrado a chicos que denuncian violencia policial, a víctimas de trata, a menores, a personas gravemente enfermas”, añaden después de diez años de activismo en la conocida puerta azul de Zapadores.

En el prólogo, la activista Elimane Nguirane adelanta la necesidad del cierre de los CIE: “Una sociedad integradora ha de eliminar todas estas barreras que no permiten a la persona ser una ciudadana de derecho. Y este proceso, obviamente, pasa por el cierre del CIE de Zapadores y de todos los CIE del Estado español”.

Un año de la muerte de Marouane Abouobaida

El CIE de Zapadores, y los CIEs en todo el Estado español, han sido desde su creación un espacio donde han ocurrido múltiples y diversas vulneraciones a los derechos humanos. La angustia permanente que genera en las personas, terriblemente frustradas al acabar entre rejas y objeto además de todo tipo de arbitrariedades, supone un desgaste no solamente físico sino también psicológico y emocional, que en ocasiones puede llevarles a situaciones extremas.

El colectivo valenciano CIEs no lo ejemplifica con el caso de Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23 años que el pasado 15 de julio murió de forma violenta en Zapadores sin que se hayan esclarecido todavía las circunstancias que rodearon su fallecimiento, siendo la versión oficial el suicidio. “El chico acababa de sufrir una brutal paliza y, estando convaleciente, lo metieron, solo, en una celda de aislamiento para ‘protegerlo de sus agresores’, según la policía. Una hora antes de quitarse la vida denunció los dolores que sufría, pero nadie hizo caso”, explican.

Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23 años, murió  el 15 de julio de 2019 de forma violenta en Zapadores sin que se hayan esclarecido todavía las circunstancias que rodearon su fallecimiento

Un caso de violencia institucional y de falta absoluta de protección que se cobró la vida de Marouane, encerrado en el CIE y bajo la tutela del Estado, y por el que recuerdan que todavía nadie ha asumido la responsabilidad que “por acción u omisión” tuvo en la muerte de una persona que estaba bajo la custodia del Estado. “Ningún cargo político ha dado explicaciones a pesar de la exigencia de respuestas de la sociedad manifestada en la puerta del CIE, en los medios de comunicación, en las Corts y en el Congreso”, denuncian con este informe, donde también reclaman que “las evidencias de las grabaciones de las cámaras del CIE y los testimonios de sus compañeros de internamiento sirvan para establecer judicialmente la realidad de lo sucedido y determinar las responsabilidades”. Además de la indignación por no impedir la paliza, el colectivo reflexiona en el documento sobre la ausencia de asistencia médica y psicológica, la falta de respuesta hacia los agresores y el caso omiso a “la petición que un compañero de Marouane presentó en su nombre a la policía, en la cual Marouane, una hora antes de que presuntamente se quitara la vida, denunció la agresión y detalló que no veía por un ojo y le dolía mucho la cabeza”.

El pasado mes de febrero, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, compareció ante la Comisión de Interior en el Congreso, donde se le preguntó, entre otras cosas, sobre la situación de los CIEs y, en concreto, sobre el esclarecimiento y las responsabilidades en torno a la muerte de Marouane, pero en su respuesta no aparece ninguna alusión a esta pregunta. “El ministro Marlaska anunció que daría explicaciones, pero hasta ahora ni las ha dado ni ha tomado ninguna medida para aclarar lo sucedido ni para evitar que vuelva a suceder”, responde el informe. “Tampoco las dio su subordinado Juan Carlos Fulgencio, que cesó como delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana en febrero de 2020, sin atender el clamor ciudadano y la petición de las Corts Valencianes de que compareciera para dar cuenta de lo sucedido”, añade.

Pasados diez días del fallecimiento de Marouane, Francisco de Asís Silla, juez de control del CIE de Zapadores, dictó un auto en el que exigía a la policía que aplicara hasta 16 medidas para la prevención de los intentos de suicidio y del uso indebido de las celdas de aislamiento. En este sentido, CIEs No continúa denunciando que “para Marouane ya era tarde porque ninguna de esas medidas se adoptó en su caso y tampoco tenemos constancia de que se estén aplicando en la actualidad”.

Además, las instituciones del gobierno valenciano ya se pronunciaron a favor del cierre definitivo del CIE de Zapadores, trasladando esa demanda al gobierno central. “Tanto las Corts Valencianes como el Ayuntamiento de València se pronunciaron solemnemente y por mayoría a favor del cierre de Zapadores. Ambos pronunciamientos figuran en las actas oficiales respectivas, pero ningún responsable político ha tomado ninguna medida para hacerlos efectivos”, expone el documento.

CONDICIONES DE VIDA Y VIOLENCIA EN EL CIE

Respecto a las condiciones de vida en el CIE de Zapadores el informe destaca que ya en 2018, el Defensor del Pueblo, en sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), recogió en el Informe Anual un listado de los servicios y atenciones que no se cumplen “de forma adecuada” en el CIE de València, como la Atención psicológica y psiquiátrica; la presencia médica 24 horas; la historia clínica informatizada; la realización de analíticas sobre consumo o enfermedades infectocontagiosas y otros tantos puntos. Aún así, la Campaña CIEs NO denuncia que “ninguna de estas carencias ha sido subsanada”.

Al mismo tiempo, son también preocupantes los posibles efectos psicológicos que provoca el encierro en este centro. Según muestra el informe con datos extraídos de las 329 visitas de acompañamiento realizadas durante 2019, el 87% de las y los encerrados tenía sensación de fracaso, el 58% sufría alteración de sueño, el 39% padecía alteraciones psicosomáticas y el 65% padecía estrés y ansiedad. En este sentido, las condiciones del internamiento “provocan en las personas internas una continua inestabilidad emocional” en un contexto de privación de libertad, con total incertidumbre sobre el futuro de sus propias vidas y donde se han documentado numerosos casos de violencia.

Las condiciones del internamiento “provocan en las personas internas una continua inestabilidad emocional” en un contexto de privación de libertad, con total incertidumbre sobre el futuro

“Muchos cuentan haber padecido malos tratos por parte de la policía. En 2019, la Campaña recibió quejas de 50 internos por trato intimidatorio, degradante o racista. La mayoría no son hechas públicas porque las víctimas temen las represalias, como castigos o la deportación inmediata”, explica Cies No. A los insultos racistas, malas maneras y decisiones arbitrarias que describen los internos como prácticas policiales de cierta habitualidad, continúa el colectivo en el texto, se suman “las decenas de agresiones que han puesto en conocimiento de la Campaña en esta década de actividad”, y que en la mayoría de casos “acaba archivándose porque la víctima es expulsada o desiste de su denuncia”.

Es el caso de Zinedine E., que denunció haber sufrido agresiones por parte de la policía durante la noche del 19 de noviembre de 2018 cuando trató de saltar los muros del CIE, pero resbaló y cayó al suelo fracturándose el tobillo y provocándose múltiples contusiones. Según denunció Zinedine, al oír sus gritos de dolor, dos policías acudieron y “al verme tendido en el suelo sin posibilidad de moverme ni defenderme, me agredieron físicamente”. Uno le habría puesto la bota en la mandíbula, “apretando con mucha fuerza mi cara contra el suelo y provocándome una lesión en el maxilar”, y el otro le habría retorcido el pie que se acababa de fracturar “con sus duras botas”, según consta en el escrito de denuncia que la víctima presentó en el juzgado. “A pesar de que relatar lo sucedido por escrito y de presentarlo en el juzgado, la policía afirma que posteriormente se retractó, lo que provocó que no continuara el procedimiento judicial”, señala el informe.

Centros de Internamiento de Extranjeros
El futuro que espera a los migrantes liberados de unos CIE vacíos

Algunos han podido volver a sus domicilios; otros han sido acogidos por diferentes ONG. Todos temen que después del estado de alarma puedan volver a internarles y se efectúe su deportación, por lo que ya están tomando medidas al respecto.

Más recientemente, Steven, un joven de 20 años, denunció ante el juzgado una agresión sufrida en la tarde del 23 de diciembre de 2019 cuando regresaba del hospital, donde había sido trasladado a causa de una contusión en la mano. El 28 de diciembre, miembros de la Campaña accedieron al CIE para entrevistarse con Steven y trasladar su escrito de denuncia al Juzgado de guardia. “En el escrito presentado, además del relato de los hechos, se aporta el informe hospitalario previo a la agresión, una fotografía en la que aparecen lesiones coincidentes con lo descrito y la instancia que entregó a la dirección del CIE y por la que no recibió respuesta. Sin embargo, Steven fue deportado el 10 de enero sin que la justicia actuara de ninguna forma para tratar de esclarecer lo sucedido”, resume el documento.

En cuanto al acceso a la asistencia legal de las personas privadas de libertad en Zapadores, cuando se aprobó el Real Decreto 162/2014 sobre el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE, se puso en marcha también un servicio de orientación jurídica a través de un convenio que se firmó entre el Ministerio de Interior y el Colegio de Abogados de València. “Sin embargo, una gran parte de las abogadas han denunciado las condiciones en las que se ven obligadas a trabajar porque la dirección del CIE no cumple con sus obligaciones: no facilita espacios adecuados, restringe el acceso a expedientes y no hay intérpretes para atender debidamente a las personas”, denuncia la plataforma. 

INTERNAMIENTO DE MENORES, VÍCTIMAS DE TRATA Y PERSONAS CON ENFERMEDADES GRAVES

Otra situación de vulneración de derechos que denuncia la Campaña Cies No con este informe es el internamiento de menores, así como de mujeres que han sido víctimas de trata o que padecen enfermedades graves como el VIH.

Por un lado, el encierro de menores en los CIE va en contra de toda la normativa internacional en materia de protección de la infancia y la legislación española, desde la propia Constitución hasta la Ley de Extranjería pasando por las propias disposiciones del Ministerio del Interior, donde se establece que no podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento y que los no acompañados serán puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores. Sin embargo, el informe presentado por CIEs No resalta que “su internamiento se ha convertido en una práctica habitual sin haber realizado las pruebas necesarias para establecer la edad y a pesar de que presentan rasgos físicos que denotan su minoría de edad”.

Otra situación de vulneración de derechos que denuncia la Campaña Cies No es el internamiento de menores, así como de mujeres víctimas de trata o que padecen enfermedades graves como el VIH

El último caso documentado de un menor privado de libertad en el CIE de Zapadores sucedió el pasado 25 de diciembre, cuando un joven llegado en patera hasta las costas de Almería fue detenido y enviado al CIE, a pesar de haber declarado tener 16 años y de haber aportado las fotocopias de su documentación que así lo acreditaban. “El 30 de diciembre la Campaña presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia en funciones de control del CIE exponiendo los hechos, aportando copias de su documento de identidad y de su partida de nacimiento, y poniendo en conocimiento del magistrado que la documentación original y auténtica estaba ya en camino”, relata el informe. Tras recibir la documentación original, el Juez de control dictó un auto en el que disponía la liberación del menor y su traslado a un centro de menores. Un traslado que se produjo dos días más tarde, y que puso fin a un internamiento que nunca debería haberse producido.

Por otro lado, desde enero de 2015, la Campaña CIEs No narra en el informe el internamiento en Zapadores de hasta 12 mujeres “cuyas circunstancias de vida apuntan a que fueron víctimas de trata”. En todos ellos se aplicó un protocolo de actuación conjunta con Villa Teresita, una asociación especializada en la atención este colectivo. “Sin embargo, puede haber habido muchas más víctimas de este delito internacional de lesa humanidad encerradas en Zapadores que nunca fueron identificadas”. El texto remarca que los últimos seis casos se descubrieron a principios de 2018.

De los casos que se han acompañado en los últimos años, el informe hace hincapié en que algunos factores relacionados con su internamiento en el CIE “aumentan el grado de vulnerabilidad de estas personas que son encerradas con unas situaciones personales previas muy difíciles y que muy probablemente no han cesado”.

Entre esos factores, explican, se incluye, por ejemplo, que algunas de estas mujeres víctimas de trata internas en el CIE eran menores de edad, lo que constituye una doble violación de derechos: “No solo es ilegal y vulnera los derechos de la infancia mantener a menores de edad en un CIE sino que, al ser una posible víctima de trata, debería estar en un espacio protegido”, señalan. Además, en algunos casos, estas mujeres se encontraban en el mismo espacio que sus proxenetas, “provocando una inseguridad y una amenaza constante para que no denuncien su situación o la compartan con personas de confianza que pudieran ayudarles”. Por ello, los colectivos reclaman la necesidad de abordar la situación de las víctimas de trata como víctimas de vulneraciones de derechos humanos fundamentales, frente al enfoque policial y de privación de libertad.

Por último, la Campaña denuncia desde el año 2010, “el encierro de personas con graves enfermedades, como el VIH y hepatitis C, así como deficiencias en la atención médica a las personas internas”. Samba Martine, ciudadana congoleña, falleció en el CIE de Aluche, en Madrid, por no recibir el tratamiento adecuado para una persona enferma de sida; “sólo el día que falleció fue trasladada a un hospital”, remarca el informe.  

UNA DÉCADA POR EL CIERRE DE LOS CIES

Presentado el informe, a 15 de junio de 2020, día por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, el colectivo ha hecho balance de todas las acciones que se han realizado desde la primera convocatoria de concentración en la puerta de Zapadores hasta hoy, haciendo referencia a la finalidad última: el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones forzosas “cuyo único delito ha sido ejercer el derecho a migrar”. 

Para ello, el colectivo hace referencia a la necesidad de una amplia movilización social: “Enfrentar la violencia institucional hacia las personas migrantes es un hecho que ha de comprenderse internacionalmente, aunque es al Estado a quien debemos exigir responsabilidades”, añade. La experiencia acumulada durante estos diez años y el trabajo conjunto con las personas internas son los pilares fundamentales “para seguir acompañando y denunciando las situaciones detectadas, asumiendo como sociedad civil un papel de vigilancia en unos centros, conocidos y denunciados, por su opacidad, arbitrariedad y falta de transparencia”.

Concluyen, por ello, que “no es la población migrante aquello que amenaza nuestros derechos; es la vulneración sistemática de sus derechos lo que, convirtiendo los nuestros en privilegios, imposibilita su defensa y desarrollo”.

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