Análisis
De Gaza a Venezuela, cuando la paralegalidad coloniza el derecho internacional

Hay que cumplir el derecho internacional. Con el genocidio en Gaza, el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la liquidación de los consensos establecidos al término de la II Guerra Mundial, esta ha sido la consigna más repetida por los organismos de derechos humanos. Los gobiernos progresistas y la mayoría de las izquierdas, tanto parlamentarias como sociales, también han hecho suyo este mantra: lo que tienen que hacer las grandes potencias es respetar el “orden internacional basado en reglas”. Pero esta demanda, que ha tenido sentido durante los dos últimos años para reivindicar el papel de Naciones Unidas en la gobernanza mundial y hacer referencia al respeto de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, ha quedado rápidamente obsoleta. O, al menos, requiere ser matizada.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado mes de noviembre, sin ningún voto negativo y apenas con las abstenciones de Rusia y China, una resolución en la que hacía suyo el plan de Trump para Gaza. Este “acuerdo de paz” contó igualmente con el visto bueno de la Unión Europea, la Liga Árabe y la Autoridad Nacional Palestina. El presidente del gobierno español certificó este cambio de paso avalando con su presencia en Egipto, al lado del presidente de Estados Unidos, el establecimiento de un nuevo protectorado colonial en territorio palestino. La resolución 2803, decía el editorial de El País justo después de su aprobación, “supone, a pesar de su incierto camino, un paso importante para el futuro del territorio palestino porque, por primera vez, la comunidad internacional acuerda de forma concreta como se gobernará la Franja en los próximos años”. El realismo en las relaciones internacionales se ha impuesto por encima de cualquier otra consideración.

El campo de juego se ha movido rápidamente. El auge de la solidaridad internacionalista con Palestina, después de las experiencias desobedientes de la flotilla y La Vuelta, sumadas a los encierros del profesorado, los bloqueos de puertos, las acciones de boicot y la movilización para decretar un embargo de armas, se ha atemperado. Y como se ha podido ver con los discursos de los mandatarios europeos tras el secuestro de Maduro, la demanda del obligado cumplimiento del derecho internacional se ha convertido en una declaración hueca, una reivindicación parecida a “que haya paz en el mundo”. Incluso, a partir de ahora, es un lema que corre el riesgo de volverse del revés. Porque insistir en el respeto a la legalidad internacional pasa por asumir que, desde el mismo momento en el que cuenta con la legitimación de Naciones Unidas, el plan Trump representa un cierre ordenado del “conflicto” en Gaza. Lo mismo ocurre con el Sáhara, que ha visto como la ONU ha validado hace poco una resolución que acepta el “plan de autonomía” promovido por Marruecos.

La arquitectura jurídica de la impunidad, toda esa serie de reglas de comercio e inversión construidas durante décadas a nivel internacional para proteger los contratos y negocios empresariales y blindar la lex mercatoria en el vértice del ordenamiento jurídico a escala global, está implosionando. Ya no es solo que haya un conjunto de normas internacionales que favorecen la acumulación de capital por parte de las grandes corporaciones pasando por encima de lo que en 1948 se declaró universalmente como derechos humanos, sino que se está avanzando de manera acelerada hacia una coyuntura mundial en la que impera la paralegalidad.

Los tribunales de arbitraje, los préstamos condicionados y los tratados de comercio e inversión continúan operando en los términos conocidos hasta ahora: Halliburton y otras corporaciones estadounidenses han presentado demandas contra el gobierno venezolano ante tribunales arbitrales internacionales. Pero en esta nueva fase, en un marco de disputas descarnadas por la hegemonía global, lo que se impone sobre todo son las relaciones de fuerza. “Se puede hablar todo lo que se quiera sobre sutilezas internacionales”, ha dicho el subsecretario de la Casa Blanca, Stephen Miller, “pero vivimos en el mundo real, que está gobernado por la autoridad”.

Como ha explicado Mbembe: “En la ocupación colonial existe un poder absoluto para definir quién está desprovisto de valor y quién puede ser fácilmente sustituible”

El gobierno de Trump es el ejemplo más evidente. Frente al multilateralismo asimétrico que se defendía en la globalización neoliberal, en estos momentos de desglobalización irrumpe el unilateralismo autoritario. Los aranceles, máxima expresión de la guerra comercial en los primeros meses de este segundo mandato trumpista, han dejado paso a las intervenciones militares como máxima expresión de la política exterior. En una nueva reinterpretación de las reglas hacia una fuerza imperial, la fragilidad del derecho internacional como posible contrapeso del poder corporativo ha saltado por los aires. Múltiples documentos, conferencias, pactos, convenciones y tratados internacionales se van descomponiendo a marchas forzadas. Y con ello se desvanece todo lo que se entendía que constituía la base del derecho internacional. El genocidio en Gaza confirma que todo el conjunto de leyes, declaraciones y normas sobre derechos humanos está absolutamente dinamitado.

Las normas de protección de los derechos humanos se van sustituyendo por reglas arbitrarias. El derecho internacional de los derechos humanos, que siempre fue frágil y estuvo permanentemente entremezclado con cuestiones geopolíticas, es hoy reinterpretado para impulsar el rearme, la reconstrucción post-bélica, las colonias, la guerra comercial, las operaciones militares y el exterminio de las poblaciones sobrantes. Los reglamentos y las legislaciones que pudieran rasguñar mínimamente los beneficios corporativos, aunque fuera en el plano discursivo, han sido laminados sin contemplaciones en aras de la competitividad empresarial. Valga recordar, como muestra, la sucesión de paquetes ómnibus promulgados en el último año por la Comisión Europea para dejar en stand by las regulaciones recientes sobre diligencia debida, transparencia financiera o protección ambiental. Y la administración Trump acaba de anunciar que EEUU se retira de más sesenta organismos, convenciones y tratados internacionales, la mitad de ellos vinculados a Naciones Unidas.

En este contexto resurge con fuerza la idea de la colonia. Más allá de evidenciar que con la multilateralidad asimétrica se reforzaba un neocolonialismo extractivista en favor de las empresas transnacionales a lo largo de todo el planeta, el marco impuesto por Trump viene a apuntalar el modelo colonial clásico. Como se constata con la ocupación de Palestina por el Estado de Israel, no hay ningún elemento democrático en la perpetuación del apartheid. Como se comprueba con la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, ni siquiera hay una reclamación discursiva de “más democracia y libertad” para disimular los intereses geoestratégicos. Son los regentes de las potencias ocupantes quienes lo deciden todo. “La guerra colonial no está sometida a reglas legales e institucionales, no es una actividad legalmente codificada”, recuerda Achille Mbembe: “En la ocupación colonial existe un poder absoluto para definir quién tiene importancia y quién no, quién está desprovisto de valor y quién puede ser fácilmente sustituible”.

La guerra, el genocidio y la destrucción extrema, al estilo de hace un siglo, se vuelven a concebir como un motor de reactivación capitalista y recomposición de los intereses de las clases dominantes

Los aparatos estatales son esenciales en la consolidación de este estado de cosas. En Israel, las grandes potencias han construido una pista de aterrizaje para el business as usual desde la destrucción del pueblo palestino. Los Estados centrales, al mismo tiempo, han facilitado la pista de despegue a las empresas que hacen negocios en el genocidio. Irlanda y Luxemburgo, que formalmente han reconocido al Estado palestino, no ponen ninguna traba a los fondos israelíes que utilizan el mecanismo jurídico internacional para financiar la guerra desde esos países. “El genocidio que se está produciendo en Gaza es un crimen colectivo, sostenido por la complicidad de terceros Estados influyentes que han permitido violaciones sistémicas y prolongadas del derecho internacional por parte de Israel”, ha escrito la relatora de la ONU Francesca Albanese en su último informe.

El cierre autoritario en marcha requiere un nuevo marco de juego donde la confrontación, el boicot y la desobediencia civil establezcan nuevos espacios normativos contrahegemónicos

Antes de extender la alfombra roja al poder corporativo, se está destruyendo el suelo por el que van a pisar. En Gaza reaparece (nunca se fue) la lógica colonial de Israel, que aniquila el territorio para técnicamente iniciar un nuevo proceso de reconstrucción. El punto 10 del plan Trump delimita la reglas del juego: “Se creará un plan de desarrollo económico para reconstruir y dinamizar Gaza”, mediante “propuestas de inversión y magníficas ideas de desarrollo” para establecer “marcos de seguridad y gobernanza a fin de atraer y facilitar esas inversiones que crearán empleo, oportunidades y esperanza”. Una batería de grandes empresas, de las infraestructuras al turismo pasando por las finanzas, se apuntan a recoger los dividendos de esta mezcla de protectorado colonial y gigantesco complejo inmobiliario. Al mismo tiempo, en Venezuela se pretende allanar (todavía más) el camino para las corporaciones fósiles, con Estados Unidos controlando la distribución de petróleo mediante prácticas mafiosas y criminales.

La guerra, el genocidio y la destrucción extrema, al estilo de hace un siglo, se vuelven a concebir como un motor de reactivación capitalista y recomposición de los intereses de las clases dominantes. Hasta el punto, incluso, de llegar a destruir la propia arquitectura jurídica de la impunidad para potenciar los objetivos de negocio de la fracción más poderosa del capital transnacional dentro de las élites político-empresariales. En paralelo al desmontaje acelerado del sistema internacional de los derechos humanos, se va consolidando una paralegalidad sustentada en prácticas de poderes privados, estatales y globales, que conecta con la destrucción de derechos generalizada. La arbitrariedad se instala como norma en la construcción de un submundo de desechos humanos cada vez más extenso. En este marco, las prácticas autoritarias y neofascistas se enredan en una esfera pseudonormativa que justifica la desregulación, la expulsión, la zonificación y la necropolítica.

La unilateralidad y la violencia extrema sustituyen a la asimetría jurídica, reforzando aún más los derechos de las transnacionales y del poder corporativo, mientras rompen con las obligaciones de un derecho internacional que ya no es que sea frágil, sino que está destruido. Todo ello se lleva a cabo sobre los hombros de una nueva reinterpretación jurídica, que no opera mediante la mera ilegalidad o a través de un respeto fraccionado de la legalidad, sino que se constituye directamente como paralegalidad. El centenar de ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, justo antes del ataque estadounidense a Venezuela que asesinó a decenas de personas más, es solo el penúltimo ejemplo.

Todo acuerdo de paz debe respetar el derecho internacional, empezando por la autodeterminación y la rendición de cuentas, han recordado los expertos de Naciones Unidas. La relatora Albanese, para rematar las contradicciones del sistema internacional de derechos humanos, ha afirmado que el plan Trump para Gaza “no es legal” y que “marginar el derecho internacional hace a la ONU cómplice y socava la Carta de Naciones Unidas”. Pero el Consejo de Seguridad ha pasado por encima de todas esas argumentaciones, sepultando de facto el orden internacional instaurado hace ochenta años. Y, a continuación, la flagrante violación del derecho internacional cometida por Estados Unidos con su ataque a Venezuela no ha hecho otra cosa que rematarlo. Como el Estado del bienestar, el derecho internacional responde a un contexto socioeconómico, el de los “treinta gloriosos” y los movimientos de descolonización, que no va a volver; como aquel, hay que reivindicar su vigencia mientras no haya otro orden internacional que sitúe la justicia social por encima de las relaciones de propiedad.

El derecho internacional, tal y como lo hemos conocido en el último siglo, está kaput. Pero eso no significa que no exista ningún derecho internacional: en el marco de las transformaciones que están aconteciendo, se está conformando un nuevo orden global fundamentado sobre la coerción, la fuerza y el poder imperial. En este terreno embarrado, hay que disputar el derecho internacional al Consejo de Seguridad y sus propias reglas, para reinterpretarlo desde abajo junto a las comunidades en lucha y los pueblos en resistencia. El cierre autoritario en marcha requiere, sin abandonar las posibles grietas legislativas y judiciales que puedan existir, un nuevo marco de juego donde la confrontación, el boicot y la desobediencia civil establezcan nuevos espacios normativos contrahegemónicos. Espacios que protejan los derechos de los pueblos sin armaduras institucionales donde el poder corporativo y la geopolítica de las élites imponen una paralegalidad contra los derechos colectivos.