Opinión
La flotilla y el derecho desde abajo

Piratas, esclavos y brujas en lugar de reyes, gobernantes y nobles. Según la perspectiva de la historia desde abajo, frente al relato historiográfico habitual sostenido sobre la figura de monarcas y caudillos, son las luchas comunitarias y populares las que juegan un papel central en los procesos que moldean el curso de la historia. Lejos de la narrativa clásica de las batallas, dinastías e intrigas palaciegas que dieron lugar a los Estados modernos, se trata de rescatar el rastro de las huelgas, motines, disturbios, insurrecciones y revueltas que fueron enfrentando el avance del desarrollo capitalista con el objetivo de construir vidas en común. Básicamente, como escribieron Peter Linebaugh y Marcus Rediker en La hidra de la revolución, la idea es escapar de “la severidad de la historia que durante mucho tiempo ha sido cautiva del Estado-nación, el cual en la mayor parte de los estudios ha constituido y constituye un marco de análisis fundamentalmente incuestionable”.

El derecho contemporáneo, al igual que la política, también se articula en torno al marco estatal. Y se fundamenta en base a los derechos de propiedad, libertad de empresa y blindaje de la riqueza, aun con ciertas concesiones arrancadas históricamente por el movimiento obrero en forma de derechos laborales; también por las movilizaciones feministas y antirracistas en términos de derechos sociales. En el plano internacional, la arquitectura jurídica construida desde mediados del siglo pasado garantiza los contratos y los negocios de las grandes empresas y fondos de inversión transnacionales por todo el mundo a través de un complejo entramado de acuerdos comerciales, tratados multilaterales y tribunales de arbitraje, mientras reenvía sus obligaciones a los Estados-nación y deja los derechos humanos, en la práctica de las relaciones internacionales, en el ámbito de lo declarativo. “El derecho internacional no es ni verdaderamente internacional ni genuinamente derecho”, resume Perry Anderson: “Como fuerza ideológica presente en el mundo al servicio de la superpotencia y sus aliados es un formidable instrumento de poder”.

Aquello que se vino a llamar “orden internacional basado en normas”, y que fue forjado a partir de 1945 a través de múltiples pactos, declaraciones y tratados internacionales, ha saltado definitivamente por los aires. Los consensos establecidos tras la segunda guerra mundial, con Naciones Unidas como el referente de la gobernanza global, han quedado sepultados con el genocidio en Gaza. Las reclamaciones al cumplimiento del derecho internacional, cuando el Estado de Israel está ejecutando un plan de exterminio del pueblo palestino, violando sistemáticamente la convención de Ginebra y bombardeando Qatar para matar a los negociadores del posible acuerdo con Estados Unidos, apenas sirven para recordar que el adagio “hasta en las guerras hay reglas” ha pasado a la historia.

Como ha recordado la relatora Francesca Albanese, “el derecho a la resistencia es lo que tienen los pueblos frente al derecho a la autodefensa que tienen los Estados”

“La ONU se desangra”, titula El País su editorial justo antes de que comience la asamblea general de las Naciones Unidas: “Las múltiples crisis que tiene que abordar la reunión de esta semana ponen en evidencia las carencias de la institución”. Más allá de la melancolía por los tiempos de la globalización feliz y una belle époque del neoliberalismo que ya no va a volver, el propio secretario general de la ONU, António Guterres, ha reclamado que “las instituciones deben reflejar el mundo de hoy, no el de hace 80 años”. Mientras los líderes mundiales se reúnen en Nueva York —sin el presidente de la Autoridad Nacional Palestina porque EEUU se lo ha impedido, dinamitando las reglas fundacionales de Naciones Unidas—, los tanques entran en Ciudad de Gaza.

Al mismo tiempo, en paralelo a esas cumbres internacionales que tampoco pretenden ir demasiado lejos con sus tardíos reconocimientos del Estado palestino y sus limitadas restricciones a los acuerdos comerciales con Israel, hay movimientos que tratan de impulsar un derecho desde abajo. Para empezar, ejerciendo uno de los principios esenciales del derecho internacional: “Los pueblos sometidos tienen derecho a resistir”, como ha recordado la relatora Francesca Albanese, “el derecho a la resistencia es lo que tienen los pueblos frente al derecho a la autodefensa que tienen los Estados”. Y para seguir, reclamando que los Estados no pueden ser el único inicio y fin posible del derecho internacional: el reconocimiento de los movimientos sociales y los pueblos en resistencia busca ocupar el lugar que corresponde, reconstruyendo formas de acción colectiva al margen de la visión tradicional del Estado-nación.

Eso no significa que haya que dejar de exigir a los Estados el cumplimiento de la legalidad vigente ni que se deba prescindir de la posibilidad de hurgar en las grietas de la lex mercatoria. Pero los pueblos, las comunidades y los movimientos sociales quieren ser sujetos, no meros objetos de derecho. Frente a las relaciones de poder y el derecho dominante, reivindican su espacio normativo en términos constituyentes. Por eso están promoviendo un derecho desde abajo, todavía embrionario, mediante iniciativas que parten de la acción directa y la desobediencia civil para ir fortaleciendo sus propias instituciones colectivas. Desde las experiencias de justicia comunitaria a lo largo de América Latina, donde podríamos citar los ejemplos de la guardia indígena del Cauca y la autodefensa de las comunidades zapatistas en Chiapas, hasta el modelo de autonomía kurda puesto en marcha en Rojava; lo mismo que, más recientemente, las prácticas de justicia restaurativa impulsadas en el marco de las propuestas de despolicialización que han emergido en Estados Unidos, o la construcción de las Zonas a Defender (ZAD) en el contexto de la lucha contra el capitalismo industrial y las prácticas de territorialización en Francia. 

Confrontando el realismo jurídico y la diplomacia burocrática de los Estados, reaparece la organización popular, el contrapoder y la construcción de nuevos sujetos del derecho desde abajo

En el caso de Palestina, frente a la inacción de las grandes potencias y el bloqueo de las instituciones internacionales, la Globad Sumud Flotilla navega en estos momentos por el Mediterráneo, del mismo modo que hace tres siglos los barcos piratas asaltaban los navíos coloniales y cortocircuitaban la expansión del capitalismo a través del Atlántico, para tratar de detener la masacre en Gaza. Confrontando el realismo jurídico y la diplomacia burocrática de los Estados, que no hacen sino consolidar la inercia y las relaciones de fuerza, reaparecen así la organización popular, el contrapoder y una forma de construir nuevos sujetos del derecho desde abajo.

La flotilla está en sintonía con las experiencias de boicot, desafiando la armadura jurídica de la impunidad, y también con todas las movilizaciones internacionalistas globales y la resistencia del pueblo palestino, articulando otros espacios de propuestas normativas al margen del pragmatismo jurídico. Su acción conecta con múltiples expresiones de resistencia que van más allá de una mera suma aritmética. Al fin y al cabo, se trata de una reinterpretación constituyente desde abajo, donde los Estados no pueden o, más bien, no quieren llegar, caminando hacia una utopía jurídica de los derechos colectivos frente a tanto realismo de la destrucción.