Campo de Gibraltar
La Fiscalía investiga la ampliación de CEPSA en el Campo de Gibraltar

La Fiscalía de Algeciras ha iniciado diligencias de investigación penal contra CEPSA como respuesta a la denuncia presentada por Verdemar Ecologistas en Acción, en la que acusaba a la compañía así como al Ayuntamiento de San Roque de “presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística y ambiental, relativos a la protección de la flora y fauna, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y sobre el patrimonio histórico”.

En su escrito, la organización ecologista acusa también a la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (que gestiona las competencias en medio ambiente tras la disolución de dicha consejería al acceder el PP y Ciudadanos al gobierno autonómico) de “prevaricación administrativa” y de incurrir en “manifiesta arbitrariedad y desviación de poder” al conceder autorizaciones a las obras de CEPSA durante el estado de alarma. Para Verdemar estos procedimientos incumplieron la suspensión de plazos administrativos decretada. Sin embargo, esta no sería la única falla del gobierno andaluz para los ecologistas. También habría incurrido el ejecutivo de Juanma Moreno en una “vulneración de la legislación sectorial sobre prevención ambiental” por rebajar los estándares legales de las autorizaciones ambientales que exige el proyecto de ampliación de CEPSA.

La licencia urbanística permitía a CEPSA el movimiento de 91.899 m³ de tierra, sin embargo alcanzó los 245.007 m³ según el propio ayuntamiento

Los trabajos dieron comienzo en la zona del Monte de los Castellones, en término municipal de San Roque, en 2018. En agosto Verdemar denuncia la pérdida de más de 3.000 acebuches y matorral mediterráneo como consecuencia de los movimientos de tierra “esquilmando todo ser vivo, usurpando vías pecuarias y restos arqueológicos de la ciudad de Carteia”. Aquellas protestas motivaron la inspección de las autoridades municipales, que certificaron en un informe técnico con fecha 10 de octubre de 2019 un aumento de la excavación permitida. En concreto, la licencia urbanística permitía a CEPSA el movimiento de 91.899 m³ de tierra, sin embargo alcanzó los 245.007 m³ según el propio ayuntamiento.

El expediente sancionador del ayuntamiento llega en julio de 2020, y califica la infracción de grave, imponiendo una sanción a CEPSA de 1.933.806,75€. Sin embargo esta acción, en opinión de los ecologistas, lo que busca es “salvarse de la prevaricación” y “convalidar unos trabajos que ya se han ejecutado en su mayoría, con afecciones ambientales consumadas”. El propio alcalde, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, tuvo que paralizar las obras en octubre de 2019, reconociendo posteriormente que “en marzo de 2019 avanzamos con una licencia, creo que valiente y atrevida, de movimientos de tierras, que provocó que la licencia se excediera y se hiciera más tarea de la que estaba concedida. Por ello tuvimos que suspenderla”. El regidor reclamaba en aquellas declaraciones, de mayo de este año, al Gobierno Central la aprobación del estudio de impacto ambiental, aún pendiente a pesar del comienzo de las obras. Para Verdemar, que ha incluido dichas declaraciones en su escrito a la Fiscalía, estas suponen una “actitud perseverante en el mantenimiento de los efectos de la presunta comisión de delitos” y que “alardea de la conducta contraria al ordenamiento jurídico”.

Proyecto estratégico de la Junta

En mayo de 2018 CEPSA anunciaba su proyecto denominado “Fondo de barril” con una inversión de 926 millones de euros y la promesa de crear 3.200 empleos directos e indirectos durante los tres años de construcción. La presentación, en el Palacio de San Telmo, fruto de una reunión entre la entonces presidenta Susana Díaz y el vicepresidente de la compañía, Pedro Miró, se saldó con una posición favorable del ejecutivo andaluz. El portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, fue quien dio los detalles de la inversión de CEPSA y afirmó que esta demostraba “el compromiso de las grandes compañías con Andalucía y que Andalucía es una tierra en la que invertir”.

“Reducir la burocracia” en palabras del consejero de Industria Juan Bravo, se ha convertido en una “obsesión” del gobierno andaluz

Con el cambio de gobierno, la postura no varió. El 29 de octubre de 2019 la Junta de Andalucía declaraba el proyecto de interés estratégico para la comunidad. Una declaración que concede al proyecto un “impulso preferente en la tramitación administrativa de los permisos”. Es decir, “reducir la burocracia” en palabras del consejero de Industria Juan Bravo, y que se ha convertido en una “obsesión” del gobierno andaluz. Justamente esa idea, la existencia de muchas regulaciones y la eliminación de la “maraña burocrática”, fue el argumento utilizado para aprobar en plena pandemia el 'decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de de la actividad productiva'.

CEPSA, con una facturación en 2019 de 13.406 millones de euros, lidera el sector industrial de la comunidad, según el ránking elaborado por la revista Andalucía Económica. La inversión en la refinería de San Roque aumentaría en 35 hectáreas su superficie, y según argumenta la compañía, la convertiría en “una de las más innovadoras de la UE e inédita en España” al incorporar una nueva unidad llamada LC-Fining que permitirá responder a “una demanda cada vez mayor de productos más ligeros y combustibles con menos azufre.”. Esto, con el objetivo último, defiende CEPSA, de conseguir destilados de mayor calidad, lo que redundará en “una reducción del impacto medioambiental, se estima que con los nuevos combustibles producidos con este proyecto se reduzcan las emisiones del transporte marítimo en 136.000 toneladas al año”. Sin embargo, Verdemar asegura que estas instalaciones permitirán el uso del coque del petróleo, subproducto final del proceso de refinado, lo que supondrá “incremento de emisiones atmosféricas y de vertidos de aguas residuales”, entre otros efectos.