Crisis climática
Una Ley de Cambio Climático a medio gas llega al Congreso diez años después

Corría el mes de septiembre de 2011 y en el contexto global de la lucha climática, la Cumbre del Clima de Durban (COP17) se saldaba—como siempre en las COP— con un acuerdo in extremis muy lejos de los objetivos, que prolongaba la vigencia del Protocolo de Kioto pero incluía demasiada letra pequeña a favor de la industria fósil. El Reino Unido ya contaba —desde 2008— con una ley de cambio climático para reducir las emisiones del país, y en España, la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático del Congreso pedía la creación de una ley similar a la británica a través un informe respaldado por todas las fuerzas políticas, salvo el PP, que retomaría La Moncloa dos meses más tarde.

Una década después de aquella recomendación y con un planeta que ya ha superado de largo el grado de calentamiento respecto a los niveles preindustriales, España tendrá por fin una Ley de Cambio Climático que podría ser aprobada este jueves, cuando será debatida, junto con las enmiendas realizadas al informe de la ponencia del proyecto de ley, en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara baja tras varios meses de modificaciones.

Necesaria, pero poco ambiciosa

Si bien hay un consenso general en que esta ley es una necesidad y un hito histórico, desde posiciones ecologistas se tilda de poco ambiciosa y de oportunidad perdida. Uno de sus principales impulsores, el diputado y portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Transición Ecológica, Juantxo López de Uralde, señala a El Salto que “lo importante ahora mismo es echar a andar de una vez, que llevamos ya cinco años con el debate sobre esta ley”. Sin embargo, la principal controversia se centra en el porcentaje clave del documento: mientras organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra abogan por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero españolas para 2030 en al menos un 55% respecto a los niveles de 1990, la propuesta que llega Gobierno se queda en un 23%, tras ampliarla ligeramente desde el 20% que se incluía en el primer borrador.

Desde el Ejecutivo, Uralde resalta la introducción de una enmienda, pactada entre UP y el PSOE, para revisar al alza dicho porcentaje en 2023 además del “retraso” con el que partía España. “Desde 1990 hasta antes de ayer prácticamente aumentamos nuestras emisiones en un 20%, mientras el conjunto de la UE lo redujo en un 25%”, indica, “lo que hace que el esfuerzo que vamos a hacer sea similar al del resto de países de la UE, pero acumulando un retraso”. 

Para las organizaciones que integran el Movimiento por el Clima, sin embargo, aunque el plan español es similar al de sus socios europeos si se toman de referencia los niveles de emisiones de 2010, esto no es excusa. “No podemos autoindultarnos en cuanto a que tenemos unas emisiones históricas muy elevadas y que por eso ahora debemos hacer menos, todo lo contrario”, señala Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. “Se han quedado cortísimos con la ambición”, continúa, “lo que tenemos que mirar es cuál es el objetivo a alcanzar para evitar los peores impactos del cambio climático, para no superar los 1,5ºC y para asumir las responsabilidad que tenemos por ser un país enriquecido e industrializado que está dentro de Europa”.

Pozos vascos

Mientras desde el arco de la derecha no han sido pocas las pegas, con especial beligerancia del PNV, desde la oposición de izquierdas apuestan por incrementar moderadamente la ambición. “De cara a la votación del jueves, planteamos una enmienda transaccional que propone subir ya al 30% la ambición para 2030”, señala Inés Sabanés desde Más País - Verdes Equo. Uralde, sin embargo, duda de la capacidad para llegar a esa meta de forma realista: “Creo que es una combinación entre la máxima ambición y la máxima efectividad para que la ley pueda cumplirse”.

Si bien desde posiciones ecologistas aplauden la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos y de uranio en todo el territorio estatal, ya sea terrestre o marítimo, una duda queda pendiente al respecto. Desde el País Vasco, el PNV —que ya echó por tierra el impuesto al diésel para apoyar los Presupuestos Generales del Estado— he hecho una defensa a ultranza de las prospecciones de gas en el pozo Armentia-2, en Subijana (Álava). “Son inadmisibles las cesiones al lobby gasístico. El artículo 8 no garantiza la prohibición de las exploraciones hidrocarburos, como es el caso de Álava”, denuncia Inés Sabanés. Uralde, sin embargo, desmiente a la diputada. “Sí lo garantiza, lo digo de forma contundente. Lo que pasa es que ninguna ley puede aplicarse con efecto retroactivo”. 

La versión actual de la ley establece que, una vez aprobada, no se podrán otorgar nuevas licencias de prospección, lo que según Uralde incluiría la explotación de gas en Subijana, a pesar de las intenciones del Gobierno vasco y de que los trabajos de estudio del proyecto hayan comenzado. Si la redacción del texto no cambia, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) podría investigar pero, en principio, no explotar el gas del subsuelo alavés, algo que el desde el Ejecutivo vasco ya amenazaron con llevar a los tribunales. Como señala Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, el posible embrollo legal vendría del estado de tramitación del proceso: “La ley habla de tramitación de nuevas solicitudes, pero no queda claro en qué estado de tramitación está el pozo de Armentia”. De cara a saber si la ley permite o no la continuidad del proyecto gasístico alavés, para Sabanés “la redacción del texto no es clara, por eso hemos hecho una enmienda transaccional para dejarlo mucho más claro”.

Camiones a gas natural 

Otra de los últimos cambios añadidos, también relativo al gas, ha suscitado críticas. “En el artículo 11, tras acuerdo de PSOE y UP con el PNV, se abre la puerta para utilizar gas como combustible para todo el transporte, incluido el de carretera. Es un retroceso enorme en la transición ecológica ya que introduce por la puerta de atrás a los combustibles fósiles, en detrimento de la electrificación renovable del transporte”, denuncia la diputada de Más País Verdes Equo. 

La redacción inicial del texto dejaba la puerta abierta al uso e investigación de combustibles alternativos —lo que incluye al gas natural— únicamente para aviación. “Ahora han quitado que sea solo al transporte aéreos y abre la puerta a que todo el transporte pueda usar combustibles alternativos y biocarburantes, lo que deja la puerta abierta a un desarrollo importantísimo del transporte por carretera con gas natural y gas licuado”, indica la responsable de Greenpeace. Para ella, esta decisión “es una concesión al lobby del gas, que lo ve como energía alternativa pero es un combustible fósil, y no tenemos tiempo para más fósiles”.

“Lo que viene a decir ese artículo es que el Gobierno deberá desarrollar una legislación sobre esto. Entonces, todo queda a disposición del Gobierno que venga”, señala Andaluz. “En el transporte aéreo podría tener su lógica el tema de los biocombustibles”, explica, “pero si lo generalizas a un sector tan demandante como el transporte no habrá biocombustible en el mundo para sustituir lo que hay”, una decisión que daría entrada al gas natural como combustible propulsor del transporte por carretera.

Con el plan de conseguir la neutralidad climática en 2050 y medidas como la prohibición de la venta de vehículos ligeros impulsados por combustibles fósiles en 2040 o el objetivo de que el 42% del total de la energía consumida en el país en 2030 sea renovable, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pretende ser la herramienta clave para la descarbonización de la economía y llevar a España a la senda del Acuerdo de París.

Por el momento, el texto de la ponencia, que será debatido este jueves en la Comisión y de ser aprobado iría directamente al Senado sin necesidad de pasar por el Pleno, ha recibido el visto bueno de PSOE, UP, ERC, EH Bildu, PNV y Teruel Existe.