Crisis climática
Un jurado popular ciudadano para combatir la crisis climática y el retroceso democrático

En 2002, Gdansk, ciudad ubicada al norte de Polonia, a orillas del Mar Báltico, sufrió una inundación que dejó a barrios enteros bajo el agua. Para evitar que la catástrofe se repitiese, el Ayuntamiento invirtió 85 millones de euros en obras de infraestructura. En 2016, el servicio meteorológico pronosticó lluvias aún más torrenciales. “Estamos preparados”, tranquilizó el alcalde. Pero la ciudad se volvió a inundar. “Estas inusuales lluvias se repetirán por el cambio climático, necesitamos más y mejor adaptación”, explicaron los expertos tras la indignación social de sus 400.000 habitantes.

Cuando el agua se fue de las casas, un vecino, Marcin Gerwin, pidió una reunión con el alcalde. Le propuso organizar una asamblea ciudadana para debatir la adaptación de la ciudad al riesgo de inundaciones. El líder político aceptó. Con un bombo de lotería, se sorteó a los participantes. Un grupo científico se sumó a los encuentros. Tras varias jornadas de deliberación, la asamblea le entregó al alcalde 19 recomendaciones técnicas, de las cuales muchas se pusieron en práctica en un nuevo plan de obras.

“El formato se replicó en otras ocho ciudades. El poder ciudadano es clave para los tiempos que vienen”, contó desde Polonia Marcin Gerwin

Marcin Gerwin, promotor de esta gesta, participó vía teleconferencia en la jornada que Oxfam Intermón, Greenpeace, Asamblea Cívica por el Clima, el Observatorio de Sostenibilidad y Globe International organizaron este miércoles en el Congreso de los Diputados y en el Círculo de Bellas Artesbajo el título “Defendiendo la Democracia: Construyendo un Parlamento Ciudadano Permanente frente a la Crisis Climática”. “El formato se replicó en otras ocho ciudades. El poder ciudadano es clave para los tiempos que vienen”, contó desde Polonia.

Las asambleas ciudadanas exitosas como las de Gdansk, con “legitimidad política”, en palabras de Gerwin, se cuentan con los dedos de la mano en Europa. La mayoría de las experiencias, potentes, inspiradoras y muy enriquecedoras desde el punto de vista cívico y participativo, han finalizado con conclusiones despreciadas por los tomadores de decisiones.

En Reino Unido, por ejemplo, el Plan del Pueblo para la Naturaleza, una convocatoria abierta al público para pensar propuestas para el resguardo de los ecosistemas, derivó en una asamblea popular —cuatro reuniones— en la que participaron 103 personas. “El empoderamiento fue espectacular. La mayoría de las personas no había participado nunca de una asamblea. Con aquellas jornadas logramos poner el clima en el centro del debate. Pero, lamentablemente, nuestras recomendaciones no fueron vinculantes, no fueron adoptadas por el Gobierno”, contó Kate Machin, de WWF UK, organización que promovió la asamblea.

En España, las asambleas ciudadanas climáticas se consolidaron en los últimos años, tanto a nivel estatal, autonómico (Catalunya, Navarra) y municipal (Barcelona, Bilbao, Mallorca). En junio de 2022, cien ciudadanos consensuaron 172 propuestas climáticas (cinco meses con encuentros los fines de semana) que entregaron en mano a Pedro Sánchez. “En Mallorca hicimos algo parecido. Debatimos y redactamos nuestras propuestas. Pero cambió el signo político del Gobierno y nadie leyó aquel documento”, recordó, frustrado, un asambleísta que asistió a la jornada en el Congreso.

El diagnóstico de las organizaciones convocantes y de quienes participaron de aquella “primera ola” de democracia deliberativa es que la coyuntura (polarización, negacionismo, desinformación), más aún tras la investidura de Donald Trump, exige ya no una “segunda ola” de asambleas ciudadanas por todo Europa, sino una “marea” que ejerza de contrapeso ante “la deriva antidemocrática”.

“No podemos separar la crisis ecológica de la crisis democrática. Frente al ecoautoritarismo, a la crisis de legitimidad y a la crisis de capacidad de los Estados, necesitamos una marea deliberativa. Las olas se rompen, las mareas son continuas. El desafío es construir una participación ciudadana permanente”, subrayó Oliver Escobar, profesor de Políticas Públicas e Innovación Democrática de la Universidad de Edimburgo.

La experiencia a imitar es la de Bélgica. En 2023, ante el reto de lograr la neutralidad de carbono para 2050, el Gobierno de Bruselas creó un Consejo Ciudadano permanente para el Clima

La diputada Cristina Narbona (PSOE), presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, fue la única parlamentaria que asistió al debate. “No basta con gobernar para los ciudadanos, tenemos que gobernar con los ciudadanos”, pidió. “El retroceso no sólo es en Estados Unidos. El parlamento europeo ya tiene una mayoría negacionista que quiere tumbar la agenda verde. Por eso, es clave que las asambleas ciudadanas tengan representación y continuidad”, agregó.

Para Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, y Agnès Delage, catedrática de Ciencias Sociales AMU/CNRS, quienes moderaron los debates, el desafío no permite medias tintas: “Salvar la democracia representativa mediante la participación ciudadana o ceder ante un autoritarismo y un negacionismo climático que nos llevan al colapso global”.

Un acceso real al control de las decisiones

A juicio de estas dos activistas, un Parlamento Ciudadano Permanente por el Clima puede “convertirse en el espacio donde ciencia, deliberación ciudadana y acción política se unan para reparar y refundar nuestras democracia”. “Si conseguimos que este espacio sea institucionalizado, mediatizado, abierto al diálogo con el resto de la sociedad y con una articulación vinculante a la toma de decisiones del parlamento electo, permitiría enfrentar los desafíos ecológicos y democráticos con una legitimidad renovada”, resumen.

La experiencia a imitar es la de Bélgica. En 2023, ante el reto de lograr la neutralidad de carbono para 2050, el Gobierno de Bruselas creó un Consejo Ciudadano permanente para el Clima con el objetivo de involucrar a los ciudadanos en las decisiones climáticas. La tarea de esta nueva institución es hacer recomendaciones sobre la política climática de la región, fijando la agenda, proponiendo soluciones y monitoreando los resultados.

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El primer ciclo se centró en el tema de vivienda y el segundo en nutrición. El Consejo se renueva cada año y aborda un nuevo tema relacionado con el clima. Cada panel temático está compuesto por cien personas, seleccionadas de forma aleatoria, tomando como referencia la edad, el género, el lugar de residencia y el nivel socioeconómico, con el objetivo de representar a la población de Bruselas.

El Consejo cuenta con un comité que garantiza “un proceso neutral, democrático y de alta calidad”, explicó Merlijn De Rijcke, coordinador del proyecto, vía Zoom. También existe un comité de seguimiento formado por diez ciudadanos para que el trabajo realizado tenga un “seguimiento eficaz”.

“Si juntas a cien personas a debatir sobre la calidad del aire, el agua y el transporte suelen salir recomendaciones progresistas y ambiciosas, independientemente de las creencias o ideologías de estas personas”, señaló Alberto Vela

“El resultado es muy positivo. Se han generado debates políticos muy interesantes, con visiones encontradas, pero con mucho respeto y un consenso final que permitió la aprobación de recomendaciones. Ahora el desafío pasa por fortalecer el apoyo político, conseguir un respaldo permanente de las administraciones”, analizó.

En su turno, Alberto Vela, asesor de European Environmental Bureau (EEB), la red más grande de organizaciones ciudadanas medioambientales de Europa, aclaró que el derecho a participar de los ciudadanos en la toma de decisiones ya forma parte de la democracia europea. Puso un ejemplo: las consultas populares en las directivas y normativas que se aprueban en Estrasburgo. “No tendríamos el Green New Deal sin estas consultas”, afirmó.

“¿Es suficiente?”, se preguntó. Su opinión es que no, que el gran desafío es lograr la participación de la sociedad civil no organizada. “Si juntas a cien personas a debatir sobre la calidad del aire, el agua y el transporte suelen salir recomendaciones progresistas y ambiciosas, independientemente de las creencias o ideologías de estas personas. Es decir, muchas veces los partidos políticos no reflejan el sentir de la ciudadanía. Por eso hay que expandir los derechos de participación pública”, señaló.

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Alina Averchenkova, del Instituto Grantham de Investigación sobre el Cambio Climático y el Medio ambiente de London School of Economics, aportó una recomendación que fue compartida por los asambleístas españoles: el involucramiento de las ONG, del tercer sector, en esta democracia deliberativa. “Necesitamos de una sinergia que por el momento es algo débil”, admitió.

La jornada culminó con la amarga sensación de “tormenta perfecta” en cuanto al clima de época —retroceso global de las democracias y recrudecimiento de la emergencia climática—, pero con la satisfacción de haber colocado un primer ladrillo en la construcción de un nuevo poder ciudadano.