Crisis climática
Cambio climático y seguros: por qué el sector se retira de algunas zonas y cómo impacta esto en la economía

Mientras el país aún luchaba contra las inundaciones de este invierno, ahora combate las llamas en proporciones nunca antes vistas. En Andalucía, concretamente, el incendio forestal de Niebla en Huelva ya ha arrasado más de 31.000 hectáreas a mediados de agosto. Según el Ministerio de Transicion Ecológica, la superficie forestal afectada por incendios se sitúa en 254.730 hectáreas desde principios de 2026. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró en una entrevista a mediados del mes de agosto en el programa Hora 25 de Cadena SER que esta cifra supone casi 5 veces más que el año anterior en el mismo periodo.

Estos fenómenos, considerablemente amplificados por la degradación de los suelos y el cambio climático, se agravan en cada nueva iteración y hacen pesar sobre los habitantes de las zonas de riesgo el temor a ver sus casas destruidas. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) recuerda que el cambio climático es un multiplicador de riesgos susceptible de exacerbar los ya existentes y las crisis en curso. Alerta sobre los riesgos climáticos en cascada que pueden provocar problemas sistémicos y pesar sobre los mercados financieros, afectando a sociedades enteras y, en particular, a los grupos sociales vulnerables.

A escala europea, las pérdidas materiales ya son considerables. Petra Hielkema, presidenta de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA), explicaba durante una conferencia sobre riesgos climáticos que cada uno de los últimos cuatro años figuraba entre los cinco más costosos en términos de pérdidas económicas causadas por fenómenos climáticos extremos desde 1980. Un ritmo que, según las proyecciones de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS), podría recortar un 15 % el PIB mundial de aquí a 2050 si las políticas climáticas actuales se mantienen inalteradas. A largo plazo, los riesgos son aún desmesuradamente mayores. La AEMA recuerda que, en Europa, las pérdidas económicas debidas únicamente a las inundaciones costeras podrían superar el billón de euros anuales.

Las destrucciones masivas plantean la cuestión de la capacidad de los seguros para garantizar la cobertura de las viviendas construidas en las zonas más expuestas

Estas destrucciones masivas plantean la cuestión de la capacidad de los seguros para garantizar la cobertura de las viviendas construidas en las zonas más expuestas. Donde antes los fenómenos climáticos extremos no eran más que riesgos potenciales, hoy se convierten en certezas que se producen con recurrencia. En este contexto, las aseguradoras adaptan su modelo económico para tratar de ajustarse y conservar su rentabilidad.

Asistimos entonces a una reducción de la cobertura y a una explosión de los precios, lo que dificulta enormemente la protección de viviendas y empresas. “La EIOPA da la voz de alarma sobre la importante brecha de protección de Europa frente a las catástrofes naturales”, alerta Petra Hielkema: solo el 25 % de las pérdidas económicas causadas por catástrofes naturales en el seno de la Unión Europea han sido aseguradas durante las últimas décadas.

De la crisis de los seguros a la crisis financiera

Más allá de las dramáticas consecuencias para los particulares, que se ven privados de su seguridad material, la retirada de los seguros supone un riesgo para la economía global. En las zonas catastróficas, esta crisis de los seguros amenaza directamente al sistema bancario y, de rebote, a todo el sistema financiero.

Cuando la multiplicación de los fenómenos climáticos extremos empuja a las aseguradoras a desertar de ciertas zonas, los bienes inmuebles que allí se encuentran pierden su cobertura. Ahora bien, los bancos utilizan precisamente estos bienes asegurados como garantía cuando conceden un préstamo para la compra o la construcción de viviendas. Un bien que deja de ser asegurable pierde así, a sus ojos, la mayor parte de su valor. Si la hipoteca ya no protege al banco en caso de impago, este se niega a financiar la compra, independientemente de la solvencia que tenga el comprador por lo demás.

A falta de crédito, la gran mayoría de los compradores que dependen de un préstamo bancario para invertir se retira del mercado. Se produce, por lo tanto, un desplome de la demanda en el mercado inmobiliario de las zonas afectadas, arrastrando consigo una caída de los precios. Para los propietarios ya instalados, este círculo vicioso transforma sus bienes, ahora inasegurables e invendibles a crédito, en activos bloqueados. Una situación que, mecánicamente, conlleva un aumento del riesgo de impago.

Es ahí donde el riesgo desborda el mercado inmobiliario local para convertirse en un riesgo financiero sistémico. Estos préstamos hipotecarios, cuyo valor los bancos sobrestiman al no tener en cuenta su exposición climática real, pueden agruparse en títulos de deuda y revenderse en los mercados financieros. Otros bancos y fondos de pensiones los compran entonces creyendo realizar inversiones seguras. Pero si el valor real de estos préstamos se desploma, al no haber podido ser asegurados, estos inversores corren el riesgo de no ser reembolsados nunca y de ver cómo sus inversiones pierden todo su valor.

A menos que los prestamistas adopten modelos de riesgo que integren verdaderamente los azares climáticos físicos, seguirán subestimando la exposición real de sus carteras hipotecarias. El peligro, a largo plazo, es la formación de una burbuja especulativa mundial basada en una evaluación errónea del valor de estos títulos inmobiliarios. Un impacto que, en caso de estallido de esta burbuja, repercutiría en cascada sobre el conjunto de los mercados de crédito, siguiendo el modelo de la crisis de las hipotecas subprime de 2008, cuando grandes volúmenes de préstamos de alto riesgo, concedidos a prestatarios frágiles, fueron reempaquetados y vendidos como inversiones libres de peligro. El matiz con respecto a 2008 es, sin embargo, fundamental y aún más inquietante: esta vez, la crisis no estaría provocada por una mala gestión financiera reversible, sino por daños climáticos físicos e irreversibles, que escapan a la lógica de los ciclos económicos y a su retorno habitual hacia el crecimiento.

En California, ante la explosión de las pérdidas ligadas a los grandes incendios, el líder del mercado, State Farm, ha dejado de renovar o ha cancelado decenas de miles de pólizas de seguro de hogar en las zonas de alto riesgo

Este mecanismo ya se ilustra concretamente en Estados Unidos. En California, ante la explosión de las pérdidas ligadas a los grandes incendios, el líder del mercado, State Farm, ha dejado de renovar o ha cancelado decenas de miles de pólizas de seguro de hogar en las zonas de alto riesgo. Los propietarios afectados no tienen más remedio que recurrir al FAIR Plan, un programa público concebido como red de seguridad de último recurso, cuyo número de pólizas se ha duplicado desde 2018, por tarifas mucho más elevadas y coberturas muy limitadas. Cuando las aseguradoras privadas se retiran o quiebran en las zonas de alto riesgo, son los gobiernos quienes heredan el problema, obligados a actuar como aseguradores de último recurso para indemnizar a los damnificados, a costa de cuantiosos fondos públicos. Alemania ya lo experimentó en 2021, al desembolsar 30.000 millones de euros para compensar los daños por inundaciones.

España, un escudo frente a los estragos climáticos que tiene limitaciones

Por el momento, España parece aún a salvo gracias al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que actúa como un escudo único en el sur de Europa frente a los crecientes estragos climáticos. Esta entidad pública se autofinancia mediante un recargo obligatorio aplicado a la práctica totalidad de los contratos de seguro privados, con el fin de asegurar a los titulares frente a las catástrofes naturales. A finales de 2021, este sistema cubría cerca de 59 millones de bienes. Pero este mecanismo también empieza a mostrar sus límites a la vista de la actualidad.

En la provincia de Valencia, en concreto, las catastróficas inundaciones provocadas por la DANA a finales de octubre de 2024 constituyeron el mayor siniestro de la historia del CCS. A 27 de marzo de 2026, el CCS había registrado 251.549 solicitudes de indemnización y abonado la colosal suma de 4.378 millones de euros. Aunque este sistema público-privado único evitó la quiebra de las aseguradoras directas, semejante choque financiero desestabiliza el equilibrio del modelo y demuestra la vulnerabilidad de las reservas de solidaridad nacional frente a la intensificación de los fenómenos extremos.

Mientras los más ricos pueden autoasegurarse o huir de las zonas inasegurables, las personas más precarias están directamente expuestas

A falta de una intervención política a la altura de la urgencia climática, este mecanismo está abocado a acelerarse, y las cifras ya lo confirman. A pesar del objetivo europeo de reducir las emisiones netas en un 55 % de aquí a 2030, la Agencia Europea de Medio Ambiente constata que la aplicación de las políticas de adaptación sufre un retraso considerable frente a la agravación de los riesgos reales.

España ilustra este desfase entre la ambición declarada de alcanzar la neutralidad de carbono de aquí a 2050 y los resultados obtenidos: en 2025, solo los incendios forestales que asolaron el país emitieron el equivalente al 16,5 % de sus emisiones nacionales totales, al transformar los sumideros de carbono forestales en emisores netos de CO², anulando una parte significativa de los esfuerzos de mitigación emprendidos. El cambio climático se retroalimenta así más rápido que las políticas actuales supuestamente destinadas a frenarlo.

Las consecuencias de una crisis de seguros de este calibre ponen en evidencia una fractura de clase concreta: si bien los más ricos pueden autoasegurarse o huir de las zonas inasegurables hacia lugares a salvo, los más precarios están directamente expuestos, siendo los primeros en tener que renunciar a su cobertura y verse obligados a vivir en las viviendas más vulnerables. El cambio climático no solo crea un riesgo financiero sistémico, sino que actúa también como un acelerador de desigualdades, donde el precio de la inacción colectiva lo pagan prioritariamente quienes tienen menos medios para sustraerse a él.