Cambio climático
Sin noticias de los 9.000 millones del Plan Social para el Clima

Cuando quedan dos meses para el fin de año y apenas uno para la convocatoria electoral del 29 de noviembre, más de medio centenar de organizaciones han unido su voz para exigir al Gobierno que pise el acelerador con el Plan Social para el Clima. Este, dotado con 9.100 millones de euros, es un instrumento crucial para que la ciudadanía con menos recursos tenga acceso a fondos para renovar y aislar convenientemente sus viviendas, adoptar tecnologías energéticamente eficientes y acceder a energías renovables y medios de transporte sostenibles.

El Gobierno presentó a finales de mayo el Plan, pensado “para proteger a hogares y microempresas vulnerables de la dependencia fósil”. El propio Pedro Sánchez —acompañado por las ministras de Transición Ecológica, Sara Aagesen; de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Transporte, Óscar Puente— comparecía para explicar un mecanismo dirigido a promover “una mayor eficiencia, equidad y justicia social”. El presidente declaraba que “la revolución energética no puede privilegiar sólo a quien puede permitirse cambiar de coche, instalar placas solares en sus tejados o rehabilitar su vivienda sin ayuda pública”, sino que “tiene que llegar a todos”, y remarcaba que la intención era que estuviera listo antes del fin de 2026 de cara a enviarlo a la Comisión Europea para su aprobación. Sin embargo, a día de hoy no hay constancia de que eso haya ocurrido. 

Carlos Bravo: “Se dan las condiciones para que, a pesar de la convocatoria de elecciones, el Gobierno apruebe urgentemente el Plan Social para el Clima”

En declaraciones a El Salto este miércoles, Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte, una coalición que engloba a 27 organizaciones, resume las exigencias de esta confederación: “Se dan las condiciones para que, a pesar de la convocatoria de elecciones, el Gobierno apruebe urgentemente el Plan Social para el Clima”. No son las únicas que exigen que este tema pase a las prioridades del Ejecutivo en funciones: la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás, que engloba a otras 29 entidades, también se ha sumado al llamamiento.

“Lo que le exigimos al Gobierno es que apruebe de forma inmediata este plan. Aunque tendrá que ir probablemente al Consejo de Ministros, todavía le queda tiempo para hacerlo y que la Comisión Europea lo pueda aprobar definitivamente”, añade Bravo.

Una iniciativa que acumula demoras

El Plan Social para el Clima nació en España con retraso. Si bien debía haberse comenzado a aplicar el 1 de enero de 2026, no fue hasta el pasado mayo cuando se presentó su borrador, un documento que estuvo sujeto a información pública hasta el 30 de junio. Desde entonces, cero noticias. 

Nacido del paquete legislativo Fit for 55, que la UE prepandemia aprobó para descarbonizar su economía, el Plan es la trasposición española del Fondo Social para el Clima, un instrumento financiero de la UE destinado a ayudar tanto a personas con bajos ingresos como a microempresas en una transición energética que irá acompañada de un encarecimiento de los precios de los combustibles fósiles. 

El Fondo Social para el Clima está pensado específicamente para prestar ayuda financiera tanto a particulares como a empresas afectadas por la incorporación de sectores como la vivienda o el transporte por carretera al régimen de comercio de derechos de emisión de gases efecto invernadero, algo que debía haber ocurrido ya. En total, cuenta con 65.000 millones de euros a nivel europeo, de los que un 10,52 % corresponde a España. A dicho monto —6.800 millones de euros— hay que añadir, además, un mínimo adicional del 25 % del importe del Plan que debe aportar cada Gobierno. En total, 9.099 millones de euros en juego susceptibles de acabar en manos de los sectores sociales más vulnerables.

“Tenemos un parque inmobiliario en el que más del 50 % de las viviendas tiene más de cuatro décadas de antigüedad y casi nueve de cada diez se construyeron antes de la aprobación del Código Técnico de Edificación”, señala Margherita Mini

La transposición de las directivas europeas que reformulan el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión, que debía haberse hecho antes de fin de 2023 y ha fracasado en varias ocasiones en el Congreso, también viene con un amplio retraso. La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir su obligación de incorporar dichas directivas a su derecho nacional y solicitó que se le impongan sanciones, una sentencia que podría salir en breve acompañada de penas económicas.

Dicha transposición es, además, condición ineludible para que la Comisión Europea apruebe el Plan Social para el Clima y desbloquee los 9.100 millones, un Plan que es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros.

Ante estos retrasos, Bravo señala que “no entiende muy bien” por qué han ocurrido y no ve más explicación que una actuación “poco diligente del Gobierno en este tema”.

La convocatoria electoral como ventana de oportunidad

Aunque la transposición de las directivas ha fracasado en varias ocasiones en el Congreso, “ahora se abre una vía muy interesante”, señala Bravo. El portavoz habla de aprobar dicha transposición mediante un real decreto ley, que sería el formato por el que las dos alianzas de organizaciones apuestan para esquivar la burocracia parlamentaria. “El Gobierno puede enviarlo a la Diputación Permanente, donde podría salir aprobado más fácilmente que en las condiciones que había antes”, explica el portavoz

Bravo destaca que “hay motivos de urgencia para hacer este real decreto”. El primero es la esperable sanción por no transponer las directivas relativas a los derechos de emisión: “Si se aprobara este real decreto nos evitaríamos esa multa”. El otro es aprovechar los 6.800 millones de euros del Fondo Social para el Clima, cantidad que peligra de no aprobarse el Plan.

“En este contexto actual, con los problemas de la vivienda, el incremento de precios derivados del conflicto en el estrecho de Ormuz, etcétera, sería más que deseable que se pusiera en marcha esa serie de medidas que incluye este Plan Social para el Clima”, destaca Bravo a El Salto.

“Hay que acompañar a los hogares vulnerables a que esta rehabilitación sea efectivamente justa, con ayudas y subvenciones —continúa Mini—, y el Plan es la herramienta más poderosa que podríamos tener en este momento”.

Desde la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás, su coordinadora, Margherita Mini, destaca: “Tenemos un parque inmobiliario en el que más del 50 % de las viviendas tiene más de cuatro décadas de antigüedad y casi nueve de cada diez se construyeron antes de la aprobación del Código Técnico de Edificación. Es decir, tenemos un parque que no responde a condiciones de eficiencia energética, de confort y de habitabilidad”.

Para esta Alianza, poner en el centro inversiones para ayudar a que quienes menos pueden hagan estas reformas es una necesidad. “Hay que acompañar a los hogares vulnerables a que esta rehabilitación sea efectivamente justa, con ayudas y subvenciones —continúa Mini—, y el Plan es la herramienta más poderosa que podríamos tener en este momento”.

En cualquier caso, el borrador tiene aún una serie de elementos a concretar. “Por ejemplo, cómo identificar con mayor atención quiénes son estos colectivos vulnerables”, apunta la portavoz. También la protección de los inquilinos: “Es un plan en el que las ayudas van dirigidas a los propietarios de vivienda y no se prevén salvaguardas para los inquilinos. Es decir, el propietario acomete una rehabilitación, ¿pero qué pasa con los inquilinos?”, añade Mini.