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Otra pequeña victoria en una lucha tremendamente desigual. Así explica Montaña Chaves, de la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña de Cáceres, la decisión de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura de sancionar a la empresa Tecnología Extremeña del Litio SL con una multa económica y la obligación de restaurar las zonas del paraje de Valdeflores donde la minera ha estado realizando sondeos, balsas y caminos de acceso sin el obligatorio Estudio de Impacto Ambiental y sin licencia municipal. La noticia, en la Plataforma, cae como agua de mayo, después de más de 8.000 alegaciones sin respuesta ante la Dirección General de Minas y antes del debate que los candidatos a la alcaldía de Cáceres mantendrán mañana, día 8, en “Las Josefinas” sobre un único punto: la posición de los grupos políticos ante la mina de litio.
Aunque los trabajos llevan ya meses parados por la presión ciudadana sobre el Ayuntamiento, gobernado por el PP, y las denuncias ante el Seprona, la tramitación de los expedientes administrativos ha seguido su curso en la muy receptiva Consejería de Economía e Infraestructuras, de la que depende la aludida Dirección General de Minas. La posición oficial de ambos organismos públicos es esperar, para actuar, a la resolución final del procedimiento administrativo en marcha y a los informes técnicos correspondientes. Pero los colectivos vecinales alegan, precisamente, la nulidad de pleno derecho del incipiente proyecto minero por haberse saltado la empresa los trámites obligatorios para cualquier hijo de vecino. Ahora Medio Ambiente da la razón a Salvemos la Montaña, pero lo hace con la boca pequeña, esto es, sancionando a Tecnología Extremeña del Litio S.L. con el grado más bajo de una infracción leve: 2.500 euros, a los que se les aplicará una reducción del 20% si el pago se hace efectivo en diez días.
Tecnología Extremeña del Litio S.L. es una sociedad instrumental participada al cincuenta por ciento por Valoriza (filial minera del Grupo Sacyr) y la australiana Infinity Lithium
Minería
Proyectan 230 minas en Extremadura y la gente se organiza para decir ‘no’
La Asamblea de Extremadura ha iniciado una ronda de escucha en referencia a los proyectos mineros que están en tramite en nuestra región. Por ahora, han comparecido las plataformas ciudadanas de La Raya, Las Villuercas y Sierra de Gata para mostrar su oposición a las minas a cielo abierto que se han planteado en estas zonas.
Ciertamente, no parece una cifra que pueda hacer recapacitar a las multinacionales que se encuentran detrás del proyecto. Tecnología Extremeña del Litio S.L. es una sociedad instrumental participada al cincuenta por ciento por Valoriza (filial minera del Grupo Sacyr) y la australiana Infinity Lithium. En los últimos meses, posiblemente debido a las complicaciones sobrevenidas por el rechazo ciudadano y los retrasos en la concesión, Sacyr se ha desprendido del 25% de sus participaciones en Tecnología Extremeña, que han sido adquiridas por la menos avispada compañía australiana. No obstante, los trabajos de Sacyr como “facilitador” en España para la entrada de Infinity Lithium le han reportado a la empresa que preside Manuel Manrique Sicilia beneficios de más de un millón de euros, por una aportación inicial al capital social de unos 3.000 euros para la constitución de la sociedad que pretende explotar el litio de la montaña cacereña.
Minería
¿Por qué dicen agilidad cuando quieren decir indefensión?
La propuesta de Ley para una Administración más Ágil en Extremadura acorta los plazos para recurrir y para dotar de mecanismos de defensa a los afectados. En definitiva, es más ágil para explotar nuestra región y expoliarla, pero no para proteger y defender nuestra tierra.
La Plataforma Salvemos la Montaña, la Asociación de Vecinos Sierra de la Mosca y ACIMA (Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental), denunciantes ante la Dirección General de Medio Ambiente, exigen, al menos, la elevación de la multa hasta el umbral máximo de una infracción leve, unos 24.000 euros; reconocen que no es mucho para este tipo de empresas, pero lo de los 2.500 euros les parece, según sus propias palabras, “una tomadura de pelo”. Pese a ello, se felicitan de que el ingente trabajo realizado durante estos años de activismo social y medioambiental haya, por fin, merecido la pena. Mantienen, eso sí, la preocupación por el comportamiento de la Administración extremeña ante las graves irregularidades cometidas por la empresa minera, muchas veces con la connivencia de la propia Junta.
La organización social ha conseguido retrasar el inicio de la explotación apelando, simplemente, al cumplimiento riguroso de la legalidad vigente
¿Qué hubiera pasado de no haberse producido una intensa movilización social contra la mina en Cáceres? Para Montaña Chaves este es el hecho diferencial con respecto a otros proyectos mineros, más de 230 solo en Extremadura. La organización social ha conseguido retrasar el inicio de la explotación apelando, simplemente, al cumplimiento riguroso de la legalidad vigente. Cuando una empresa, con el amparo de la Administración, se salta, como es el caso, el Estudio de Impacto Ambiental, la lucha heroica en la calle puede ser complementada por el minucioso trabajo de documentación para la presentación de denuncias, recursos y alegaciones. Se da la situación, además, de que la Ley de Minas es uno de esos vestigios de la dictadura franquista que quedaron integrados en el marco normativo democrático sin modificación, lo que explica que ahora choque con la legislación sobre otros bienes de dominio público como el agua o el aire.
Minería
¿Una Ley de Minas inconstitucional?
Ecologistas en Acción ha presentado en Cáceres su propuesta para la modificación de la actual Ley de Minas, del año 1973. La propuesta incluye una subida de los impuestos de explotación de los recursos públicos no renovables, que debería pasar del 1% actual (el más bajo en el mundo) al 10%.
Convertir a Extremadura en el Congo no es tan sencillo como pudiera parecerles a los nostálgicos de la Ley de Minas de 1973, por más que Cayetano Polo, candidato de Ciudadanos a la Junta de Extremadura y excabeza de cartel de la formación naranja en el ayuntamiento de Cáceres, responsabilice a “cuatro aguiluchos” de frenar el progreso que promete la mina. Polo puede ser, tras las elecciones del 26-M, el socio preferente del previsible nuevo ejecutivo socialista comandado por Vara. Las asociaciones que se oponen al proyecto minero de Valdeflores han exigido a las candidaturas que optan al ayuntamiento de Cáceres que clarifiquen en sus programas electorales su posición ante la mina de litio. La opinión pública cacereña es mayoritariamente contraria a la explotación minera, pero hay fuerzas subterráneas en la ciudad que trabajan todos los días para que el proyecto se haga realidad. Hay mucho dinero en juego.
Con la sanción económica y la obligación de restaurar el paraje para devolverlo a su estado anterior, la pesadilla de ver convertida la Montaña cacereña en cráter por una mina de litio se desvanece de momento. Es una pequeña victoria en una lucha tremendamente desigual contra el neoextractivismo emergente en la ciudad en la que las mujeres se llaman Montaña.
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Uf, lo de Ciudadanos es terrible, como llegue a depender de ellos el gobierno Extremadura será el paraíso de las empresas expoliadoras del territorio
No mintáis. Por no hacer Evaluación de Impacto Ambiental no multan con 2.500 €. Además, según la legislación, no es necesario hacer Evaluación de Impacto Ambiental en una investigación minera.
Precisamente, la sanción de Medio Ambiente es por excederse en los trabajos de "investigación" sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental, no la Evaluación de Impacto Ambiental, que es otra cosa.