Minería
¿Por qué dicen agilidad cuando quieren decir indefensión?

El imperio de la ley es un concepto jurídico-político que generalmente se entiende en el sentido de la primacía de la ley sobre cualquier otro principio gubernativo, especialmente contra la arbitrariedad del poder político. La supremacía constitucional y el imperio de la ley enmarcan la acción estatal dentro de una regla o ley fundamental previamente establecida. Así, el artículo I de la Constitución Española declara que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Sobre este principio al que todos estamos sujetos, del que nadie puede escapar, porque nadie es tan importante o poderoso para estar fuera de la ley: “ni el gobierno, ni el presidente, ni los ministros, ni el Rey, ni el más alto funcionario del Estado o de las Fuerzas Armadas o ni el mismísimo parlamento”; sobre él basamos nuestras “reglas del juego” democrático. Fue gracias a la Revolución Francesa cuando conseguimos la separación de poderes que promulgaban Montesquieu y Locke y las monarquías absolutistas dieron paso a las parlamentarias.

Nuestra Asamblea de Extremadura lleva los últimos meses padeciendo una aguda diarrea legislativa, una avalancha de alrededor de treinta iniciativas legislativas, algo sin precedentes en nuestra modesta cámara

Siguiendo este principio decimonónico, en las sociedades actuales se debería legislar solo para el pueblo y por el pueblo, es decir, contemplando, en primer lugar, los intereses y derechos de los ciudadanos, y no los intereses económicos de un puñado de poderosas empresas multinacionales que quieren controlar todos los recursos de la Tierra con estas nuevas guerras de la globalización, que quieren apropiarse y vender nuestra agua, nuestros recursos naturales, nuestra cultura, nuestros minerales, nuestro territorio y nuestro futuro, amparadas por las leyes.

Estas leyes, algunas obsoletas y poco garantes de la seguridad jurídica de los administrados, como la preconstitucional Ley de Minas española, aprobada en el 73 del pasado siglo y mantenida por todos los gobiernos desde entonces, es la clave que permite que la propiedad privada sea expropiada y entregada a bajo precio a las empresas mineras. Es además, un instrumento de especulación, al no prohibir transmitir derechos mineros cargados de beneficios millonarios, ni la revalorización de las acciones de los compradores de esos derechos, ni el cobro del seguro o la indemnización de fondos públicos por daños y perjuicios en caso de que el proyecto se desestime o la Administración deniegue los permisos necesarios. La ley le ampara de tal manera que nunca pierden activos.

Se trata básicamente de homogeneizar los procedimientos administrativos de concesiones mineras en todas las Comunidades Autónomas

Si esto fuera poco, otra vez bajo el amparo del imperio de la ley, actúa la Comisión Europea con la vista puesta en aquellos países con legislaciones laxas como la nuestra, y en 2014 ve la luz un plan estratégico de “innovación” denominado “Estrategia Europa 2020”, una de las principales líneas de inversión de este programa es la Iniciativa Materias Primas –RMI- cuyo objetivo es asegurar el suministro en Europa de materias primas para la tecnología y los bienes electrónicos de consumo. Se trata, en realidad, de una cobertura administrativa, legislativa y científica para que la Comisión Europea justifique la asignación de financiación pública a proyectos empresariales concretos con la excusa de promover la innovación tecnológica, la exploración e investigación, la concesión de licencias, la extracción, el procesamiento y refinado de los minerales estratégicos.

El Permitting Procedure in Spain –PPS- es un manual de instrucciones en inglés a seguir por las Comunidades Autónomas. Consiste en estrategias a nivel autonómico para facilitar la ofensiva de las industrias extractivistas en España, se trata básicamente de homogeneizar los procedimientos administrativos de concesiones mineras en todas las Comunidades Autónomas, de tal forma que las empresas de la industria extractiva internacional puedan tener un manual de instrucciones, en inglés, de cómo solicitar los permisos en cada región.

Otra vez, bajo el amparo del imperio de la ley, se aprueba el SUMAN 2000, cuyo principal objetivo es la realización de actividades mineras en los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Y por supuesto, aquí en Cáceres ya tenemos un ejemplo muy cerca, como es la última concesión minera, a tan solo unos metros del residencial “Ceres Golf”, conocida como “El Trasquilón”, ubicada casi en su totalidad sobre suelos protegidos dentro de la Red Natura 2000, catalogados con figuras de protección como ZEPA y LIC, y justo encima del acuífero subterráneo que dotó de vida a este rincón del planeta: “El Calerizo”.

Bajo el respetuoso principio, hemos pasado de tener prohibido derechos, como el del divorcio, el aborto o el matrimonio igualitario, a tenerlos totalmente incorporados a nuestra legislación. El imperio de la ley, que parece un principio rígido, en realidad, analizando nuestra historia vemos que es flexible, que cambia conforme la sociedad va avanzando y estableciendo diferentes parámetros de normalidad. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya lo hemos vivido, puede haber pasos atrás, si nos descuidamos estos logros pueden peligrar. En cuanto el activismo flojea se corre el riesgo de regresiones.

Aquí en Cáceres ya tenemos un ejemplo muy cerca, como es la última concesión minera, a tan solo unos metros del residencial “Ceres Golf”, conocida como “El Trasquilón”, ubicada casi en su totalidad sobre suelos protegidos dentro de la Red Natura 2000

De lo europeo, pasando por lo nacional, nos centramos en la aplicación del imperio de la ley en lo regional, concretamente, en nuestra Comunidad Autónoma, y nos encontramos, efectivamente, un intento de regresión, de nuevo bajo el sometimientos del imperio de la ley, del valor supremo de toda democracia que se precie, nuestra Asamblea de Extremadura lleva los últimos meses padeciendo una aguda “diarrea legislativa", una avalancha de alrededor de treinta iniciativas legislativas, algo sin precedentes en nuestra modesta cámara. Esa burbuja normativa a escasos meses de la cita electoral de mayo, nos resulta apresurada, ausente del suficiente debate público, sin una reflexión sosegada con la sociedad civil y diseñada a golpe de titular de periódico.

Hay que diferenciar, también, entre las iniciativas legislativas tramitadas como proyectos de ley, que son las que provienen del Consejo de Gobierno, las proposiciones de ley, más garantistas y con un mayor número de trabas, y las propuestas de ley, que se saltan todo el procedimiento de control que conllevan los proyectos de ley, como el envío al Consejo de Estado para que evalúe su legalidad. Al no haber realizado una planificación más racional y viendo que un proyecto de ley suele tardar un año en tramitarse, al gobierno autonómico no le queda más opción que esta vía para que dé tiempo de tramitarse y, en su caso, aprobarse en la Asamblea.

De la acumulación legislativa de última hora se deduce la intención del ejecutivo de Vara de colar por la vía rápida leyes que, siguiendo el cauce ordinario, tendrían que ser propuestas para la próxima legislatura. Pero la aceleración va en detrimento de la función de control y atestigua una planificación deficiente de la actividad legislativa por parte del parlamento extremeño, quizás presionado por algunas empresas nacionales e internacionales que le financian sus campañas políticas a cambio de algún “favor minero o fotovoltaico”. Como afirmaba Descartes: “Los Estados mejor organizados son los que dictan pocas leyes, pero de rigurosa observancia”.

Para dejar lo deberes bien hechos y terminados con vista a la próxima legislatura, y para que no le puedan reprochar nada, nos viene justo ahora, a casi dos meses de la elecciones, y creo que en el último pleno de la legislatura, con la tramitación de la propuesta de Ley para una Administración más Ágil en Extremadura. ¿Ágil? ¿Para quién? Pues según su art. 3 del título II, capítulo I, solo es ágil para los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico (PIA) que, según su lectura, son parecidos a los antiguos y problemáticos PIR (véase Valdecañas), pero en vez de regular materias de urbanismo, como el ladrillo ya explotó, ahora la nueva figura gira en torno a la reciente burbuja que están insuflando, la de la minería.

Es una ley para atraer inversión extranjera, otorga todo tipo de facilidades, de exenciones fiscales, de subvenciones de dinero público de todos los extremeños, de bonificaciones que no se aplican a nuestros pequeños emprendedores...

Estos proyectos tienen que cumplir dos requisitos para poder ser tramitados por la vía rápida: “un volumen de inversión, como mínimo de 20 millones de euros y la creación de empleo directo superior a 50 trabajadores”. Solo en estos casos la Administración autonómica es más ágil, es decir, ¿quién cumple estos requisitos? Pues ni nuestros autónomos, ni las pequeñas o medianas empresas extremeñas, que pocas verán 20 millones de euros a lo largo de su vida activa, y menos aún todos reunidos para iniciar una actividad industrial. Realmente, es una ley para atraer inversión extranjera, otorga todo tipo de facilidades, de exenciones fiscales, de subvenciones de dinero público de todos los extremeños, de bonificaciones que no se aplican a nuestros pequeños emprendedores, que son los que realmente necesitan una disminución de trámites burocráticos, simplificación de procedimientos, ayudas económicas y bajada de impuestos. La futura ley prevé esta agilidad y beneficios para las grandes y no para las pequeñas empresas, cuando debería ser al revés, a los pequeños le volverán a decir de nuevo aquello que ya mencionó Larra hace un siglo: “Vuelva usted mañana”.

Suprime el trámite de información pública en materia urbanística, que es esencial para que los administrados tengamos conocimiento de lo que está pasando en su entorno. Declara que se aplicará la tramitación de “urgencia” a los procedimientos administrativos y se reducirán a la “mitad” los plazos ordinarios; si el proyecto en cuestión lleva aparejada una alteración urbanística o sobre el territorio, la licencia urbanística será sustituida por un trámite de consultas. También se habla de la expropiación de los terrenos a los particulares, legítimos propietarios de los mismos, y se establece la necesidad y urgencia de la “ocupación de sus tierras”, bajo la declaración de “utilidad pública e interés social”. Es normal que se tengan que expropiar algunos terrenos a propietarios por la necesidad de realizar una carretera, una autovía o alguna obra para todos los ciudadanos y por el interés general, pero no es legítimo y atenta contra el art. 33 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social”.

Que les pregunten a los propietarios de los "LOTES” de Cañamero, donde se realizó un reparto de tierras públicas en beneficio de los pequeños agricultores y ganaderos más desfavorecidos del pueblo en los años 20 del pasado siglo y que la mayoría de ellos han heredado estos terrenos de sus abuelos para así constituir la base de la economía familiar. ¿Es interés general la explotación de una mina a cielo abierto? ¿Donde la mayor parte de las empresas afectadas por la burbuja del ladrillo se han reconvertido hacia este sector aprovechando las nuevas políticas que giran alrededor de la transición energética para volver a especular en los mercados bursátiles de todo el mundo y crear, de nuevo, otra burbuja que pueda sanear sus negativos balances y volver a crecer a un ritmo exponencial? ¿Esto es interés general o corrupción y favoritismo de los políticos que gobiernan exclusivamente para el auténtico poder que es el económico? Esto es una falacia, no se pueden expropiar los bienes ganados con el sudor de la frente o heredados de los antepasados a los particulares amparándose en este falso interés general.

Suprime el trámite de información pública en materia urbanística, que es esencial para que los administrados tengamos conocimiento de lo que está pasando en su entorno

Los terrenos, además, no solo se ocupan para la instalación de la industria propiamente dicha, también dice la Ley Ágil que se expropiarán para el establecimiento de servidumbres de paso, para vías de acceso, caminos, transportes de mercancías, energía, canalizaciones de líquidos o gases, etc.

Pero cuando llegamos a la lectura del artículo 4.2 nos asombramos aún más del absoluto cariz inconstitucional de esta ley, aquí se atenta contra el principio de autonomía local que ostentan las entidades locales como los Ayuntamientos. Este artículo dice: “Los proyectos empresariales de interés autonómico tendrán fuerza vinculante para la Administración local y para los particulares, y prevalecerán sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente”. Es decir, tienen prioridad sobre los Planes Generales Municipales, los PGM de ordenación urbana de los ayuntamientos de toda nuestra región.

Ahora mismo, la mina de Cáceres, la mayor traba administrativa que tiene, para poder llegar a su explotación, se la debe al pleno del ayuntamiento donde todos los grupos políticos, a excepción de Ciudadanos, (que con sus cuatro concejales votaron a favor para poder instalar la mina en el valle de Valdeflores), el resto, los veintiuno restantes, votaron en contra de la modificación. Ciudadanos es el único partido local que se ha declarado abiertamente a favor de la mina de Litio a escasos metros de la ciudad.

Aunque el Sr. Vara nos diga que en este caso se hará lo que diga el ayuntamiento de Cáceres, no sabemos si el presidente se refiere a lo que dice el actual ayuntamiento o el ayuntamiento que salga después de las votaciones de mayo. Los cacereños no sabemos lo que deseará el ayuntamiento después de las elecciones municipales. Lo que sí creemos es que Ciudadanos lo primero que va a pedir para ser apoyo de gobierno con unos o con otros, va a ser la condición de que se instale la mina de litio, que además, si se aprobara ésta ley, ni siquiera se requerirá la modificación del PGM por parte del consistorio.

Ahora mismo, la mina de Cáceres, la mayor traba administrativa que tiene, para poder llegar a su explotación, se la debe al pleno del ayuntamiento

El gobierno de la región nos hace creer que el despoblamiento rural se va a combatir con la instalación de minas a cielo abierto, alguna radiactiva, de uranio, en el sur de Badajoz, y con instalaciones de energía renovable o industrias contaminantes, piensa que son las que van a dar trabajo a todos los desempleados de las áreas rurales extremeñas. No quieren saber que un huerto solar, por ejemplo, o el mantenimiento de los aerogeneradores o la explotación de una mina a cielo abierto, no crean apenas puestos de trabajo ya que estas explotaciones tienen incorporado en su funcionamiento la mecanización tecnológica más avanzada y la robotización de los procesos productivos. La despoblación rural no se va a parar con la instalación de esta mega-industria, lo único que se va a conseguir es restar puestos de trabajo en sectores sostenibles y que deben ser una apuesta para conservar el mayor activo que atesora Extremadura, como es su naturaleza, que es compatible con los sectores económicos del turismo rural, cultural, espiritual, de naturaleza, de observación de aves, de cielos y estrellas, la ecoagricultura, la ganadería tradicional en extensivo, que es un referente en Extremadura, la explotación de la dehesa, ecosistema económico respetuoso, compatible y que mejora el medio natural, nuestra industria alimentaria sostenible, etc.

Se debe potenciar la “economía verde y circular” y destinar esas subvenciones públicas y beneficios fiscales al proyecto “Extremadura 2030”, que es el que promociona la Junta de Extremadura por encima de la mesa y lamentablemente, por debajo, con oscurantismo e intereses espurios, nos “cuela” minas a cielo abierto e industrias contaminantes e insostenibles por toda la región.

La propuesta de Ley para una Administración más Ágil en Extremadura acorta los plazos para recurrir y para dotar de mecanismos de defensa a los afectados. No es más ágil para la participación ciudadana en los asuntos públicos, no es más rápida en aras de la transparencia de los poderes políticos, no es más ágil para la información de los ciudadanos sobre el impacto medio ambiental que se ocasione en el área afectada, se salta la autonomía local de los ayuntamientos y les resta competencias, no es más ágil para nuestros autónomos y pequeños empresarios y no es más ágil para hacer valer los derechos de los legítimos propietarios de los terrenos donde se pretenda instalar la industria privada. En definitiva, es más ágil para explotar nuestra región y expoliarla, pero no para proteger y defender nuestra tierra.

Esta polémica y peligrosa ley la pudieron parar en su momento, pero la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario representado por Podemos no fue respaldada por el grupo Popular y ahora se encuentra en el debate de enmiendas parciales, esperando que hoy jueves, 14 de marzo, se vote en el pleno de la Asamblea de Extremadura, lugar donde parece que se le sacará un buen “jugo” político-electoral, donde se debatirá largo y tendido en la arena del hemiciclo con todo lujo de detalles y con gran expectación. No se pierdan el espectáculo y confiemos que no salga adelante. El imperio de la ley no se puede mancillar para beneficiar a unos pocos.