Minería
¿Una Ley de Minas inconstitucional?

En el Ateneo de Cáceres, la abogada ambientalista de Ecologistas en Acción Elena Solís presentó a la sociedad extremeña la propuesta de modificación de la Ley de Minas que han elaborado desde el Grupo de Minas de esta organización, y que tiene su base jurídica en el artículo 149.1.13ª, 15ª, 25ª y 26ª de la Constitución.

La cantidad de proyectos mineros en el Estado español es muy preocupante. Extremadura, con sus 250 proyectos de investigación, es la región más afectada por esta nueva realidad, seguida de Andalucía y Castilla La Mancha. Y esto tiene tres razones complementarias: una es nuestra vigente Ley de Minas, que fue redactada y aprobada en 1973; la otra, la subida del precio de los metales en el mercado bursátil internacional; y la tercera, que la UE ha hecho una apuesta decidida por la minería en los últimos años. 


Elena Solís nos hizo notar lo primero, que tenemos una Ley de minas preconstitucional y muy probablemente inconstitucional. Una Ley fruto de la mentalidad ultradesarrollista de aquella época, y que permite abrir todo el territorio del Estado español a la exploración de yacimientos mineros. Es una Ley perfecta para la industria minera, pero también para la especulación económica, donde encaja muy bien el fenómeno de las inversiones perezosas (aquellas que producen rentabilidad con poco esfuerzo) del mercado actual.

Aunque la UE hace de la minería una línea de producción prioritaria, no podemos obviar que los países más afectados por la minería son Portugal, España, Finlandia e Italia, lo que es en sí mismo muy significativo.

Nuestra actual Ley de Minas se lo pone fácil, ya que parece haber sido dictada por las empresas extractivas para facilitar al máximo las concesiones, sin dar opciones reales a las personas que habitan el territorio ya que contempla la expropiación forzosa del terreno, atendiendo a la utilidad pública 

Y nuestra actual Ley de Minas se lo pone fácil, ya que parece haber sido dictada por las empresas extractivas para facilitar al máximo las concesiones, sin dar opciones reales a las personas que habitan el territorio ya que contempla la expropiación forzosa del terreno, atendiendo a la “utilidad pública” que la Ley asigna a las explotaciones mineras. Esto va en contra del Convenio de Aarhus que España ratificó en 2014 y que establece el acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Antes de resumir (mucho) las propuestas de modificación que desde Ecologistas en Acción nos han presentado, es importante señalar que han sido presentadas al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio para la Transición Ecológica, así como a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, y han sido (por orden alfabético) Ciudadanos, EQUO, Izquierda Unida y Podemos quienes han respondido, sin haber obtenido respuesta por parte del PSOE o del PP a su solicitud de encuentro.

Nos decía Elena Solís que debemos empezar a tomar conciencia de que los atentados contra el medio ambiente son una forma de violencia contra las personas, porque la contaminación de la tierra, del aire y del agua, atentan contra la vida en su conjunto, también contra nuestra vida. Y es por eso que la ciudadanía debe organizarse y debe coordinarse para denunciar estas violencias. Una de las formas es la que estamos llevando adelante con las Plataformas ciudadanas, las manifestaciones y los actos reivindicativos, pero otra forma es haciendo propuestas legislativas desde la sociedad civil, ya que si en más de 40 años ningún gobierno ni partido político han visto la necesidad de hacer cambios legislativos en una ley obsoleta y preconstitucional, como es el caso de la Ley de minas, se hace necesario que la ciudadanía se empodere y, desde el conocimiento, la experiencia y el deseo lícito de un mundo mejor, exponga sus propuestas.

Esta propuesta de reforma de Ley reconoce la necesidad de la actividad minera, pero sin dejarnos manipular por los intereses económicos de unos pocos

Esta propuesta de reforma de Ley reconoce la necesidad de la actividad minera, pero sin dejarnos manipular por los intereses económicos de unos pocos, y es también una llamada de atención a nuestros representantes.

Debemos ser conscientes de la nueva realidad de la industria minera, cuando la gran mayoría de las minas propuestas van a realizarse a cielo abierto (la forma de explotación más dañina para la salud de los ecosistemas y sus criaturas), por ello la Ley de Minas debería incorporar la normativa ambiental europea, así como establecer un procedimiento de consulta pública que sea transparente, con plazos razonables de entre 30 días a 3 meses para las reacciones ciudadanas, y promover la transparencia de los proyectos facilitando el acceso de forma fácil y eficiente, al contrario de lo que sucede en la actualidad.

El ciclo de “Charlas Verdes” de Cáceres comenzará este año por la mina

El Salto Extremadura

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Cáceres

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Ecologistas en Acción de Cáceres ha programado para los próximos meses una serie de ponencias para las que contará con prestigiosos nombres de la academia y del activismo ecologista.

Todo proyecto debería ir acompañado de un análisis de riesgos partiendo de la peor de las situaciones posibles, algo acorde con los principios de precaución y de los principios de aplicación del mejor conocimiento disponible para dar respuestas a los mismos.

Otro aspecto a incorporar en la Ley es la necesidad de que los permisos de investigación no puedan otorgarse sin ir unidos a un plan de restauración previamente aprobado, y que incluya las técnicas más actuales disponibles. Nos comenta Elena Solis, que los proyectos que se están presentando actualmente son vergonzosamente simples, en su mayoría no se desarrollan personalizadamente sino que son un copia y pega los unos de los otros, y muchos se redactan en inglés, sin traducción a las lenguas oficiales del Estado español, lo que dificulta el acceso a la información y, por tanto, la transparencia.

Otro aspecto a incorporar en la Ley es la necesidad de que los permisos de investigación no puedan otorgarse sin ir unidos a un plan de restauración previamente aprobado

La propuesta incluye una subida de los impuestos de explotación de los recurso público no renovables, que debería pasar del 1% actual (el más bajo en el mundo) al 10%.

La exigencia de un capital social que garantice la respuesta ante accidentes y las necesarias tareas de restauración es otro de los punto fuertes de la propuesta de EEA, ya que en la actualidad están optando a las concesiones empresas con un capital social de 3.000€, cantidad a todas luces insuficiente para abordar las tareas de restauración que deben ser obligatorias durante el proceso extractivo y al finalizar totalmente la actividad, y que deberían aparecen desglosadas en el proyecto de investigación.

Dejar fuera de la Ley de Minas el agua minerales otro asunto trascendental para la organización ecologista; el agua que debe pasar a ser dominio público hidráulico, ya que el acceso al agua necesaria es un Derecho humano.

La actual Ley de Minas deja en manos de las comunidades autónomas la concesión de los permisos de explotación minera, por eso la propuesta incluye dos aspectos complementarios, la acreditación de demanda suficiente (para evitar informes que falsifiquen datos o la especulación bursátil que puede crear burbujas de necesidad falseadas) y el concurso público, que garantizará mayor transparencia en el acceso tanto a las licencias de investigación como de explotación.

Muchas líneas de investigación para sustituir las materias naturales están quedando sin financiación pública, en beneficio de una industria extractiva, que logra para sus inversores grandes beneficios con un mínimo de inversión

Es importante señalar que desde el movimiento ecologista son conscientes de que la minería es necesaria para afrontar la transición energética, pero igualmente son conscientes de que muchas líneas de investigación para sustituir las materias naturales están quedando sin financiación pública, en beneficio de una industria extractiva, que logra para sus inversores grandes beneficios con un mínimo de inversión, y que engañan a la ciudadanía con la promesa de puestos de trabajo efímeros a costa del futuro de nuestros territorios y de la necesaria solidaridad intergeneracional.

Quiero recordarles que fue en agosto de 1975 cuando Wallace S. Broecker, geoquímico marino, publicó sus conclusiones enlazando la acción humana y el aumento de emisiones de dióxido de carbono, y haciendo una proyección sobre la disminución de la capacidad de los océanos para atrapar este gas de la atmósfera, lo que haría subir la temperatura del planeta (Calentamiento Global). Es llamativo que en estos más de cuarenta años desde que fue ratificada la Constitución ningún gobierno democrático haya modificado la Ley de Minas para adecuarla al Artículo 45 de nuestra norma básica, que dice: 

“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”

Y recuerden este término: mining friendly, porque es el que nos asignan las empresas mineras, debido a los factores mencionados al principio del artículo: uno, nuestra Ley de Minas, y el otro, la exigencia de la UE hacia nuestro territorio debido al incremento del precio de los metales en el mercado internacional. Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿lo somos realmente, o nuestros gobernantes están escuchando más a las empresas que a la ciudadanía?