Bilbao
Bilbao frena el pelotazo urbanístico del Obispado en Barrainkua

El pelotazo urbanístico del Obispado de Bilbao y Mutualia en la calle Barrainkua del ensanche bilbaíno queda en suspenso. El Ayuntamiento ha denegado la prórroga de la licencia de obra solicitada por la Diócesis y ha declarado su caducidad. Además, da un plazo máximo de tres meses al Obispado para devolver el solar a su estado original. Una resolución que puede ser recurrida, pero que supone un golpe al plan de levantar la nueva sede diocesana y una clínica privada de Mutualia en pleno barrio de Abando.

El viernes de la semana pasada el área de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao comunicaba su decisión: la licencia de obra concedida en diciembre de 2021 al Obispado de Bilbao queda caducada. Los trabajos, apenas iniciados, habían quedado paralizados en abril de 2024 tras la quiebra de la constructora Murias. El Consistorio ha denegado la prórroga solicitada por la Diócesis, argumentando que “no se han ejecutado ni prácticamente iniciado” las obras en el plazo legal. Con ello, se cierra por ahora la puerta a la construcción del edificio proyectado en el número 2 de la calle Barrainkua.

La receta fallida del Obispado

Las obras del nuevo edificio del Obispado en Barrainkua nacieron torcidas y han arrastrado problemas desde el principio. La licencia se concedió en diciembre de 2021, pero no fue hasta noviembre de 2022 cuando empezaron los trabajos, con casi un año de retraso, porque el Ayuntamiento detectó modificaciones sustanciales en el proyecto de ejecución que obligaban a revisarlo. Apenas arrancadas, en diciembre de ese mismo año las obras se volvieron a parar durante nueve meses, hasta agosto de 2023, un parón que nunca se explicó públicamente pero que fuentes vecinales atribuyen a los problemas financieros de la constructora Murias y a su incapacidad para destinar personal y maquinaria suficientes.

El Ayuntamiento de Bilbao declara caducada la licencia del Obispado argumentando que “no se han ejecutado ni prácticamente iniciado” las obras en el plazo legal

Ese historial de retrasos contradice la imagen de normalidad que ahora pretende transmitir la Diócesis. El Obispado insiste en que la paralización definitiva en abril de 2024 responde únicamente a la quiebra de Murias, pero lo cierto es que ya acumulaba meses de ralentización y paradas previas. La responsabilidad recae también en la propia diócesis, por haber negociado con una empresa en dificultades y por no haber hecho lo suficiente para garantizar la viabilidad del proyecto. Solo en junio de 2025 solicitó al juzgado que lleva el concurso de acreedores rescindir su contrato con Murias, cuando el deterioro era evidente mucho antes.

Mutualia, socia en la operación, se ha movido con mayor celeridad. En enero de 2025 obtuvo una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Donostia-San Sebastián que le permitía rescindir su contrato con Murias, aunque no logró que se le reconociera la deuda de 5,7 millones de euros que reclama. Ha recurrido en apelación, lo que prolonga todavía más la incertidumbre sobre el futuro del proyecto.

En ese contexto de retrasos, litigios y promesas incumplidas, el Ayuntamiento de Bilbao ha decidido denegar la prórroga de la licencia y declarar su caducidad, obligando además al Obispado a restituir el solar en un plazo de tres meses. Para la AMPA del colegio público Cervantes y la plataforma Abando Habitable, que llevan años denunciando este pelotazo urbanístico, la resolución supone un respiro y abre la posibilidad de que el solar tenga otro destino.

El pelotazo estuvo en el paso de uso docente a ‘otros equipamientos’, ahora el barrio reclama su última oportunidad de un espacio libre

Un bendito pelotazo 

En Bilbao, el urbanismo suele resolverse en despachos cerrados, con pocas manos repartiéndose la partida y muchos vecinos asistiendo desde fuera sin capacidad de decidir. Barrainkua ilustra bien esa dinámica: un cambio normativo diseñado a medida que dio ventaja al Obispado y a Mutualia, mientras el barrio veía cómo se ponía en riesgo su última oportunidad de contar con un espacio libre y de proximidad.

La operación hunde sus raíces en 2018, cuando el Ayuntamiento modificó el Plan General de Ordenación Urbana de 1995 para recalificar la parcela de la antigua Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari, propiedad del Obispado. El terreno pasó de tener un uso exclusivo como equipamiento docente a clasificarse como “otros equipamientos”. Ese cambio no alteraba tanto los metros edificables, pero sí su valor económico: un metro cuadrado de uso docente no vale lo mismo que un metro cuadrado abierto a usos diversos. En esa conversión, en apariencia técnica, residía la posibilidad de obtener pingües beneficios.

De ahí que colectivos vecinales hablaran de un pelotazo urbanístico. El Obispado siempre se ha defendido alegando que no agota toda la edificabilidad disponible, pero lo relevante, según la plataforma vecinal Abando Habitable, es que el cambio de uso supuso un enriquecimiento evidente: el suelo dejó de estar vinculado a un servicio educativo concreto para convertirse en un comodín inmobiliario capaz de atraer socios privados como Mutualia.

El proyecto, bautizado como Bizkeliza Etxea, preveía concentrar en un único edificio todos los servicios diocesanos. Pero pronto se conoció que ese inmueble no solo albergaría  actividades de la diócesis: en 2019, apenas dos días después de las elecciones municipales, el Obispado anunció un acuerdo con la mutua sanitaria Mutualia y la constructora Murias para construir el edificio que albergaría la sede obispal y la clínica. El Obispado negó entonces que la operación fuera una venta a una empresa privada, pero se ha demostrado que Mutualia pagó en 2022 10,5 millones de euros a la diócesis por la mitad de la futura edificación, el 54% de la edificabilidad total según los planos. El precio total de la operación era de 28,5 millones de euros, según las cuentas de Mutualia. Con el dinero de esa operación la diócesis financiaría la construcción de su nueva sede.

El Obispado confió en Murias pese a su crisis financiera

Los críticos señalan que la jugada constituye un ejemplo clásico de pelotazo urbanístico: se recalifica suelo bajo el argumento de interés social, se aumenta su valor edificatorio, y luego se monetiza vendiendo parte de lo edificado al sector privado. “Se justificó la necesidad de concentrar los servicios diocesanos en 13.500 m², pero casi la mitad se destina a un negocio privado. Es un fraude de libro”, denuncia Pablo Rey, miembro de la asociación vecinal Abando Habitable. La operación, además, ha quedado marcada por la opacidad. 

Abando Habitable ha llevado este tema del uso de la parcela a los tribunales y espera sentencia a su recurso ante el TSJPV. Considera que se ha pervertido la finalidad de interés general que justificó el cambio de uso del suelo. El plan general fue modificado para el edificio obispal, pero no para dedicar más de la mitad a una clínica privada. Es este concepto jurídico de “memoria vinculante” el que posibilitó que, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo, los vecinos de un barrio de Madrid obtuvieron las viviendas que se les habían prometido.

Oposición vecinal

La partida sigue abierta. La caducidad de la licencia no cierra el conflicto, pero introduce un giro en el tablero que obliga a barajar de nuevo. Para el barrio, es la ocasión de insistir en su propuesta: que el solar se convierta en un espacio verde y de encuentro, en lugar de un edificio privado que condicione el futuro de Abando.

Desde el inicio, el proyecto del Obispado encontró enfrente una oposición vecinal constante, que hoy ve en la caducidad de la licencia una oportunidad para reabrir la partida y reclamar otro destino para el solar. La AMPA del colegio Cervantes, situado frente al solar, ha sido uno de los actores más beligerantes y alertaron de inmediato de los perjuicios para la escuela: pérdida de luz natural en las aulas, incremento de tráfico en una zona escolar, riesgos para la seguridad de alumnado y familias durante las obras. Estudios presentados por la asociación advertían de que el rendimiento escolar podría caer hasta un 15% por la reducción de luz natural.

La plataforma Abando Habitable se sumó pronto a la lucha, subrayando la pérdida de la “última oportunidad” de dotar al barrio de un espacio verde de proximidad. “No hablamos de un capricho: el propio avance del nuevo PGOU reconocía la necesidad de este tipo de espacios, especialmente para la infancia, las personas mayores y quienes tienen movilidad reducida”, recuerdan desde la plataforma. Sus banderolas contra el pelotazo clínico-obispal se desplegaron en balcones y manifestaciones, convirtiéndose en símbolo de una resistencia barrial que ha ganado apoyos de colectivos ecologistas, culturales y vecinales de toda la ciudad.

Ekologistak Martxan, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao y la Asociación vecinal Uribitarte Anaitasuna han respaldado públicamente las demandas de Abando Habitable

Ekologistak Martxan, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao o la Asociación vecinal Uribitarte Anaitasuna han respaldado públicamente las demandas. También lo han hecho organizaciones patrimonialistas preocupadas por el derribo de la antigua escuela de magisterio y sus icónicas palmeras. En conjunto, la movilización ha logrado colocar la operación en el centro del debate público y ha forzado al Ayuntamiento a dar explicaciones que, hasta entonces, apenas había ofrecido. 

La oposición vecinal ha denunciado en la calle, por vía administrativa y judicial diversas ilegalidades cometidas por la constructora, como cuando demostraron que la grúa instalada no tenía la licencia preceptiva o la valla de obra mal puesta. Actúan como vigilantes de la legalidad urbanística, frente a la pasividad municipal. Por su parte, el área de urbanismo, rebajó las exigencias en materia acústica para la obra en enero de 2023 para evitar las fundamentadas y continuas quejas vecinales. Un ejemplo más de cómo la normativa es flexible en favor de unos pocos.

Bilbao, hagan juego 

El caso de Barrainkua ha dejado al desnudo las contradicciones de la política urbanística municipal. El Ayuntamiento ha defendido siempre la legalidad de la operación, asegurando que la recalificación respondía a una “necesidad real” del Obispado. Sin embargo, las voces críticas hablan de urbanismo a la carta: se flexibilizan normas y se modifica el uso del suelo para un actor con capacidad de interlocución directa, mientras se ignoran las prioridades marcadas en el propio planeamiento.

“Nos dicen que este terreno es del Obispado y que, si cumple la norma, cualquier nuevo proyecto habrá de concederse. Pero la norma se cambió a medida del Obispado”, replican desde Abando Habitable

La decisión de denegar la prórroga puede interpretarse como un gesto de autoridad técnica, pero no borra la trayectoria previa. “Nos dicen que este terreno es del Obispado y que, si cumple la norma, cualquier nuevo proyecto habrá de concederse. Pero la norma se cambió a medida del Obispado”, replican desde Abando Habitable. Lo cierto es que, pese al freno actual, el Consistorio ha evitado confrontar de manera abierta con la diócesis, repitiendo que el solar sigue siendo de su propiedad y que el camino de la licencia podría reabrirse.

Esta ambigüedad refleja la tensión entre dos modelos de ciudad: uno que favorece la lógica de la especulación inmobiliaria bajo la excusa del interés general, y otro que defiende la necesidad de preservar espacios comunes en barrios densamente edificados. La batalla política en torno a Barrainkua no es un episodio aislado, sino un síntoma de un urbanismo bilbaíno marcado por operaciones de alto impacto, escasa participación ciudadana y acusaciones recurrentes de opacidad.

El barrio se lo juega al verde

La caducidad de la licencia marca un punto de inflexión. Para los colectivos vecinales, supone una victoria parcial que abre nuevas posibilidades: imaginar un espacio verde, un jardín o un equipamiento público de proximidad en un barrio saturado de cemento. “No podemos desaprovechar esta última oportunidad para Abando”, repiten desde Abando Habitable que convocará a su asamblea vecinal para evaluar qué hacer frente a esta nueva situación. En una pancarta de balcón que da a este agujero, se lee “Permuta ya, ¡aquí va un parque!”, lema de la asociación vecinal para encontrar una solución a este agujero en mitad de su barrio que pide diálogo entre el gobierno municipal y los propietarios. 

En el horizonte, lo que se dirime no es solo el destino de un solar, sino la pregunta por el modelo de ciudad

El Obispado, en cambio, insiste en que volverá a la carga. Su objetivo es reactivar el proyecto con una nueva licencia, probablemente manteniendo el acuerdo con Mutualia. La clínica privada, pensada para dar servicio a más de 200.000 usuarios, sigue en sus planes. Si lo logran, la disputa volverá al mismo punto, con el añadido de un barrio cada vez más movilizado y consciente de lo que se juega.

De momento, la resolución municipal obliga a tapar el agujero dejado por la demolición de la antigua escuela y a devolver al barrio una parcela cerrada y limpia. Pero el conflicto por su uso definitivo sigue abierto. En el horizonte, lo que se dirime no es solo el destino de un solar, sino la pregunta por el modelo de ciudad: ¿un Bilbao entregado al negocio privado y al ladrillo, o una ciudad que escucha a sus barrios y preserva espacios para la vida común?