Ayuntamiento de Madrid
Una estafa inmobiliaria que salpica al Ayuntamiento de Madrid precipita el desahucio de una mujer y su hija

“Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid (Partido Popular) compra áticos millonarios en el barrio una madre y su hijo pueden quedarse en la calle mientras hay viviendas tapiadas en el mismo bloque”, protestaban esta semana las integrantes del Sindicato de Vivienda de Tetuán ante la inminencia del desahucio de Hubrimar este miércoles a las 15H por parte del buitre Blackstone. Hubrimar lleva ya años residiendo en el barrio de Cuatro Caminos, donde su hijo está escolarizado y mantiene sólidas redes de apoyo vecinales.

“El desalojo llega en pleno comienzo del curso escolar, con el riesgo de que madre e hijo tengan que abandonar su entorno y buscar un nuevo centro”, explicaban a este medio sus compañeras del sindicato con preocupación. Hace ya semanas que la inquilina sufre el acoso de los propietarios a través de mediadoras para precipitar su salida. “Han empezado por medio de la empresa Canvives a enviar un mediador que acosa a las familias, que las amenaza para conseguir que se vayan ya no siguiendo un procedimiento judicial, sino por puras coacciones”, destacan. De ejecutarse, advierten, se trataría de un desalojo sin alternativa habitacional en un bloque dónde más de 20 viviendas permanecen vacías y donde muchas otras vecinas también viven al borde de la expulsión forzosa.

Una trama inmobiliaria con 30 años de historia

Esta inquilina monomarental, que migró desde Venezuela hace varios años, ha sido la última víctima de un conflicto urbanístico de 32 años de recorrido que salpica a bancos, instituciones y fondos buitre extranjeros. Una estafa perpetuada durante décadas que ha dejado a decenas de familias con procedimientos de desahucio. Para hacer una cronología precisa del caso hay que remontarse a 1991, cuando el Ayuntamiento planteó la reforma urbanística del entorno de las calles Teruel, Dulcinea, Tiziano y Jaén mediante un Plan Especial de Reforma Interior (PERI). La manzana había sido declarada en su momento como zona de especial degradación, lo que motivaba la renovación de 34.966 metros cuadrados.

Los residentes podían optar o bien a sufrir expropiaciones o ceder sus terrenos y ser realojados en casas de protección oficial a cambio de recibir una vivienda de características similares y libre de cargas en las futuras promociones. La mayor parte de ellos escogieron esta última vía. La operación se llevaría a cabo a través de una Junta de Compensación gestionada por una empresa privada, Courbasa S.A. Esta sociedad está vinculada al ex ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y actual presidente del Banco de España, José Luis Escrivá.

La ruina de este plan derivado en estafa inmobiliaria comenzó cuando Courbasa S.A fue vendida a un promotor que declaró el concurso de acreedores, dejando deudas millonarias y cargas a los inquilinos, provocando que un centenar de vecinos se quedaran al borde de la calle y con deudas. Aquel promotor recibía el nombre de Bernardo Martín Moreno, quien pasó a controlar la Junta de Compensación, tal y como relata la Asociación de Afectados por el PERI Tiziano-Dulcinea (APETIDU). “Las actuaciones que realiza el nuevo propietario de las participaciones de la Junta de Compensación han demostrado que estaban dirigidas a su enriquecimiento personal”, cuentan.

Asimismo, gestión del PERI la llevó a cabo un arquitecto que dejó parte de los edificios sin construir de manera que tres décadas después, decenas de vecinas siguen esperando su prometido realojo. Los afectados han tildado de “desastrosa” su gestión de estos cuatro bloques cedidos al Ayuntamiento.

Los bloques construidos pasaron a manos de Blackstone, que entró en 2017 como socio mayoritario para rentabilizar las propiedades del Banco Popular con un 51%

Tras incontables maniobras financieras se realizaron nuevas operaciones hipotecarias sobre los terrenos, esta vez con Banco Pastor (que terminó integrado en Banco Popular y éste fue posteriormente adquirido por Banco Santander). Dichos terrenos terminaron hipotecados y con cargas, en contra de lo que se había prometido inicialmente a las vecinas. Posteriormente los bloques construidos pasaron a manos de Blackstone, que entró en 2017 como socio mayoritario para rentabilizar las propiedades del Banco Popular con un 51%. Cabe recordar que Blackstone es actualmente el mayor propietario de activos de vivienda de España y el mayor fondo de capital riesgo del mundo.

Blackstone continúa expulsando a familias para rentabilizar sus bloques

En los últimos años, el fondo estadounidense ha ido acumulando denuncias de inquilinas por cláusulas abusivas, falta de mantenimiento en las viviendas y subidas desorbitadas en las renovaciones de los contratos que en algunos casos alcanzan el 70%, tal y como ha señalado el Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Blackstone es responsable de más de un millón de desahucios desde su llegada a España hace ya una década, cuando la Comunidad de Madrid facilitó la compra-venta de más de mil viviendas públicas a precios muy inferiores a su valor de mercado”, afirman en un comunicado desde esta organización.

“Hubo familias que realojaron, otras que no, otras que entraron en su casa, pero ahora igualmente les piden, les demandan por usurpación, aunque ya les habían dado las llaves de esa casa”

A día de hoy, los compromisos de realojo siguen pendientes. Desde el Sindicato de Vivienda de Tetuán insisten en que las 30 familias afectadas conservan escrituras notariales que recogen los compromisos de realojo y las viviendas que les fueron asignadas. Otras vecinas como Hubrimar, que residen en los bloques pero sin derecho a realojo, tratan de negociar con Blackstone su permanencia en balde: “Hubo familias que realojaron, otras que no, otras que entraron en su casa, pero ahora igualmente les piden, les demandan por usurpación, aunque ya estaba apalabrado y ya les habían dado las llaves de esa casa”, infiere David Müller, portavoz del SVT.

En ambos casos Blackstone, como acostumbra a maniobrar para sacar la máxima rentabilidad a los bloques que adquiere, está desalojando a decenas de familias con el fin de dejarlas vacías a la mayor brevedad posible. Las vías de negociación con la propiedad quedaron rotas desde el minuto uno. Por este motivo el pasado mes de junio las víctimas de esta trama se constituyeron como bloque en lucha contra los abusos de todas estas entidades financieras que acumulan millones de euros: “Inauguramos los bloques y desde entonces se han ido también sumando más vecinos y estamos haciendo cada vez más esfuerzo para conseguir soluciones para todas las vecinas”, transmite a este medio Müller.

Una de las reclamas a raíz del caso de Hubrimar y de las muchas otras vecinas al borde del desalojo forzoso a través de amenazas, presiones y procesos judiciales eternos pasa por asegurar alquileres sociales tal y como estaba previsto inicialmente. Asimismo, reclaman la apertura de una mesa de negociación con Blackstone, Banco Santander y el Ayuntamiento de Madrid, considerado responsable directo de la gestión negligente de estos pisos.

“Solicitamos contratos indefinidos de alquiler social para los vecinos del bloque y una solución definitiva para las familias históricamente afectadas, así como la apertura de las viviendas actualmente tapiadas y vacías y su puesta a disposición para uso social”, expresan.

Critican igualmente la dejación de funciones por parte del consistorio madrileño, al haberse ido olvidando del asunto “cuando comenzó toda esta trama inmobiliaria ya que deberían sentarse a negociar la efectuación de los realojos que se prometieron hace ya más de 30 años”. El pasado mes de julio el Ayuntamiento autorizó la aprobación de un proyecto de urbanización de Tiziano-Dulcinea presupuestado en 4,8 millones de euros, “para dar un impulso decisivo de cara a culminar la transformación de este espacio, pendiente desde hace años”, pero nadie se ha puesto en contacto con las vecinas de los bloques, como confirman medios locales. El Consistorio asegura que el plan contará con 165 nuevas viviendas pero no se sabe quien se beneficiará de ellas. Mientras, las vecinas siguen esperando a que sus desahucios se paralicen.