Opinión
Ayuso y el ático, 9.052.666 euros, con premeditación y alevosía
Responsable de programa y modelo de país de Izquierda Unida
Nadie a estas alturas, ni siquiera quienes justifican sus actuaciones o intentan ocultar las transgresiones o ilegalidades que perpetra, desconoce la apasionada relación con la vivienda que tiene Isabel Díaz Ayuso. En concreto, con la suya, y especialmente con los áticos de lujo.
Seguramente si se hubiese tomado con un mínimo interés la preocupación que tiene gran parte de la ciudadanía de Madrid por la imposibilidad de acceder a la misma, habría utilizado los medios legales que le proporcionó la Ley de Vivienda para facilitarle la vida a cientos de miles de personas. Pero no. Su preocupación se ha limitado a garantizar la suya y hay que reconocer que ha hecho todo lo que en su mano estaba para lograrlo.
Ya sabemos todas y todos que Ayuso y su novio han puesto a la venta uno de los dos áticos que están solo a nombre del segundo pero que han sido conseguidos a pulso y gracias a los esfuerzos que la primera ha hecho por hacerle la vida más agradable al Grupo Quirón, el principal contratista con el que opera la comunidad de Madrid y del que cobra cuantiosísimos ingresos su pareja. Pretenden doblar en un par de años el precio que pagaron por esa vivienda en Chamberí y eso merece aplauso de quienes consideran que se puede y se debe especular con la vivienda porque es, sobre todo, un activo financiero.
Un pelotazo en toda regla y por partida triple. Por un lado, comisiones por ingresos descomunales que llegaron a los 4,4 millones de euros entre 2021 y 2023 (y la cifra ahora es, con toda seguridad, muy superior) procedentes de la principal beneficiaria del proceso acelerado de privatización de la gestión de la sanidad pública ejecutada por su novia. Por otro, dos delitos de fraude fiscal confesados por la pareja de Ayuso para eludir el pago de impuestos y disponer de más recursos para comprar los áticos. Pero no se conformaron con eso. Y por ello, ya sabemos que levantaron un tercer eje para vender una de las dos viviendas obteniendo una importante plusvalía que alcanzará el millón de euros y cambiarse a otra vivienda, más grande y más lujosa, en el mismo barrio.
Eso sí, ese nuevo ático, pensaron que mejor que lo pagásemos todas y todos desde los presupuestos públicos. ¿Cómo lo hicieron? Empezamos a saberlo ya con detalle. Solamente hay que seguir el rastro de migas de pan que nos han dejado.
El 12 de noviembre de 2025, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid publicó un Acuerdo por el que se autorizaba la modificación del presupuesto de explotación y de capital de la empresa Planifica Madrid, incrementándolo en 9.052.666,86 euros
Utilizaron una empresa pública denominada Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A. Es una forma más sencilla de realizar una operación opaca. Aunque la presidenta dijo desconocer los detalles, la operación se ha realizado con clara premeditación y alevosía. Esto no empezó ayer.
El 12 de noviembre de 2025, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid publicó un Acuerdo por el que se autorizaba la modificación del presupuesto de explotación y de capital de la empresa Planifica Madrid, Proyectos y Obras M.P., S.A., incrementándolo en 9.052.666,86 euros. Ningún detalle adicional podría hacer ver a un lector lo significativo de este cambio en el presupuesto de la empresa pública. Pero estamos hablando de un cambio muy sustancial. Suponía un 36% de los gastos y el triple de las inversiones realizadas por la sociedad pública en 2025.
Diréis que es algo reseñable y de lo que debería haberse informado, tanto por el Consejo de Gobierno como por la empresa pública. Desde luego para cualquier analista lo sería un acuerdo que otorgaba una modificación presupuestaria de tal magnitud. Sin embargo, no mereció ni una nota en la memoria de la sociedad, ni en el informe de auditoría realizado por una empresa externa. No aparece como hecho significativo del ejercicio 2025 y tampoco lo encontraréis en la opinión de los auditores, que rubricaron que las Cuentas Anuales adjuntas expresaron, en todos los aspectos significativos, “la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad”. Ya…
No nos vamos a asustar a estas alturas. A las empresas auditoras de más reconocido prestigio “se les escaparon” los activos de enorme riesgo que manejaban Lehman Brothers o Bankia. ¿Nos tendríamos que sorprender que BS Audit, “especialista en el sector público” y auditor, entre otras empresas, de Canal Sur, no se enterase de un hecho tan relevante como el citado?
Parece evidente que fue esa modificación de crédito de más de 9 millones de euros es la que parece haber proporcionado los recursos para la adquisición del casoplón ya en 2026
Pues no. Quienes demonizan de lo público, instrumentalizan el funcionamiento de los instrumentos que las administraciones públicas tienen y, en vez de mejorar la vida de la gente, los usan para enriquecerse. Ni es la primera vez, ni desgraciadamente será la última. Y, por otro lado, ¿por qué el Consejo de Administración de la Sociedad no facilitó la información pública de un Acuerdo del Consejo de Gobierno tan significativamente relevante a los auditores? Ni unos ni otros tienen excusas para justificar su negligente actuación.
El caso es que parece evidente que fue esa modificación de crédito de más de 9 millones de euros es la que parece haber proporcionado los recursos para la adquisición del casoplón ya en 2026, las comisiones y gastos en los que se ha incurrido en la operación inmobiliaria y la reforma planeada para que ese ático cumpliese la función que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid estableció para acordar ese incremento de presupuesto. ¿Justificaron la adquisición como edificio para oficinas? Difícilmente porque la normativa urbanística lo hace imposible. ¿Fue como vivienda? Desconocemos en este momento el detalle y el desglose definitivo, pero el expediente terminará viendo la luz íntegramente y podremos escudriñarlo a conciencia.
Miguel Ángel García Martín, Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y segundo de a bordo de Ayuso, que es quien preside la empresa, tendrá que explicar por qué ocultó esa información
¿Quién será responsable de la actuación claramente fraudulenta?
El informe de auditoría lo deja claro. Será el Consejo de Administración de la Sociedad el que debe asumir las consecuencias de la falta de transparencia, de la ocultación del hecho en las cuentas de 2025 y en los hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio. Porque los auditores dirán que a ellos nadie les contó nada y que a ellos no les dio por mirar los Acuerdos de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, Miguel Ángel García Martín, Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y segundo de a bordo de Ayuso, que es quien preside la empresa, tendrá que explicar por qué ocultó esa información tan importante en el informe de gestión.
Pero Ayuso y el conjunto de consejeros no pueden eludir que fueron quienes el 12 de noviembre facilitaron los recursos presupuestarios para la compra del ático y las obras de adecuación. Debemos tener claro que las flagrantes irregularidades e ilegalidades se han cometido independientemente que la operación inmobiliaria arroje beneficios (no creo) o pérdidas a la empresa pública que la ha ejecutado. Y, por encima de la opacidad y del quebranto que pudiera producirse, es ineludible que Ayuso asuma la responsabilidad política por las actuaciones realizadas.
La presidenta quería irse a vivir a otro ático de lujo también en Chamberí.
El primero se lo pagó Quirón. El segundo se lo hemos pagado todos.
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