Derecho a la vivienda
El Gobierno aprueba un Plan de Vivienda hasta 2030 con “un nivel de ambición ridículo”

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Vivienda (2026-2030), la estrategia gubernamental más ambiciosa de los últimos años en esta materia y aún así “insuficiente”, según critican desde Sumar, con “un nivel de ambición ridículo”, añaden desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinos, para enfrentar la crisis de vivienda que atraviesa España.

En los próximos cinco años, el Gobierno prevé gastar 7.000 millones de euros, un presupuesto que triplica el del anterior plan quinquenal, pero no servirá para cubrir ni una mínima parte del déficit de viviendas que tiene el Estado español, calculado por el Banco de España en 700.000 pisos. 

De esos 7.000 millones de euros, el 40% estará destinado a aumentar el parque de vivienda pública, unos 2.800 millones, a razón de 560 millones al año. Según una estimación del Observatori Desca, este presupuesto permitirá adquirir o construir apenas seis mil nuevas viviendas al año. Aún más raquíticos parecen los objetivos si se comparan con la necesidad de pasar de un parque público del 3% a uno del 8%, cercano a la media europea. Para conseguirlo, España tendría que ampliar el parque estatal en más de un millón de pisos.

Pese a las declaraciones del presidente Pedro Sánchez y de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, la vivienda está a la cola de las prioridades presupuestarias del Gobierno. La financiación de 1.400 millones de euros representa solo el 0,4% de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y apenas el 0,09% del PIB español de 2024, según detalla el Observatori Desca. 

La financiación anual de 1.400 millones de euros representa solo el 0,4% de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y apenas el 0,09% del PIB español de 2024, según detalla el Observatori Desca

Estas cifras alejan aún más a España de sus vecinos europeos: Irlanda destina el 0,72%; Francia, el 0,5%, y la media regional se sitúa en el 0,37%. El total destinado a vivienda supondrá el 4,24% del gasto militar, que alcanzó este año los 33.000 millones de euros por exigencia de la OTAN y EEUU. 

El gasto anual en vivienda equivale a un solo programa militar: “Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa” del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, destinado a apoyar la participación de las empresas españolas en el desarrollo de proyectos tecnológico-industriales de aviones de transporte militar, submarinos, helicópteros y barcos militares con un presupuesto de 1.600 millones de euros, según señala este observatorio catalán.

Sumar comparte esta crítica sobre las limitaciones del Plan de Vivienda. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, demanda un gasto en vivienda diez veces mayor al planteado, para llegar al 1% del PIB. Para el diputado de En Comú Gerardo Pisarello, el plan carece de la “audacia” y la “urgencia” que requiere el momento, aunque plantea algunos puntos “interesantes”, especialmente sobre la intención de blindar de forma permanente en el parque público la vivienda permanente. Otro avance del plan es la “cláusula antifraude”, añadida tras el escándalo de adjudicaciones irregulares en Alicante, por la que se exige transparencia, canales de adjudicación, sorteos por notario y un registro público de demandantes de vivienda protegida y social.

Podemos también ha criticado al Gobierno por el contraste entre los anuncios y la realidad. El portavoz de esta formación, Javier Sánchez Serna, preguntaba en el Congreso por las 183.000 viviendas prometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023. Sánchez Serna acusa al Ejecutivo de “ir haciendo anuncios con la esperanza de que parezca que se hace algo”.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinos se muestra todavía más crítica con el plan de vivienda. Según su análisis, la aportación del Estado para la adquisición o construcción de vivienda pública —descontada la aportación del 40% de las comunidades autónomas— es de apenas 360 millones de euros, una cifra que denota “un nivel de ambición ridículo”. Con estas cifras, el presupuesto para ampliar el parque público supone el 1% del gasto militar, denuncian.

El Banco de España calcula que faltan 700.000 pisos. El presupuesto del plan alcanza para adquirir o construir apenas seis mil al año. Para llegar a la media europea de parque público se necesitaría un millón más de viviendas

En un contexto en el que el acceso a la vivienda sigue siendo la principal preocupación social, tal como demostró el último barómetro del CIS, el plan presentado “evidencia la falta de acción real” del Gobierno ante esta crisis. “En la práctica, una inversión así no permite ampliar de forma significativa el parque público de vivienda. Es dinero público que sirve para complementar al mercado, no para sanearlo”, señalan desde esta confederación.

Además, denuncian, el plan deja de lado los “problemas de raíz”, es decir, el ciclo especulativo que convierte la vivienda en un bien especulativo. El plan, apuntan, no incluye medidas para detener el crecimiento de los precios, ni para avanzar hacia alquileres indefinidos, ni para prorrogar los contratos actuales. “Tampoco incluye medidas de tanteo para poder intervenir en las compraventas, y así recuperar viviendas de los fondos buitre, ni grava a los tenedores de vivienda que mantienen pisos vacíos en vez de ponerlos en alquiler”, añaden. 

Para el diputado y responsable económico de Sumar, Carlos Martín Urriza, el plan es una constatación de “la falta voluntad política, mientras los intereses que se benefician de mantener altos los precios de la vivienda vuelven a imponerse y a forrarse”.