Andalucía
Ni una agresión más: Jerez se une al resto de Andalucía contra el acoso escolar en los colegios

Aproximadamente doscientas personas se manifestaron en la Plaza del Arenal de Jerez, convocadas por Flampa Jerez y el IES Asta Regia, bajo el lema “Unámonos contra el acoso: haz que tu escuela sea un lugar sin acoso”, para decir que basta ya, que el bullying y la crueldad no tienen cabida en nuestra sociedad, que deben erradicarse de las aulas. 

Alumnado de distintos centros educativos, equipos docentes, miembros de las diferentes Ampas de la ciudad y representantes de todo el arco politico, incluida la alcaldesa María José García-Pelayo —no muy dada a las manifestaciones de la Flampa—, hicieron acto de presencia para apoyar, sin ambages, una voz colectiva en contra el acoso escolar. 

El motivo de la concentración ha sido el doloroso y triste suceso de la joven Sandra Peña, la menor que se suicidó en el colegio privado-concertado Irlandesas de Loreto en Sevilla, así como un nuevo y escalofriante caso ocurrido en el IES Romero Vargas, ubicado en la zona sur de la ciudad, y que ha conmocionado a la sociedad jerezana. Según ha trascendido, una alumna, Alejandra, del IES Romero Vargas recibió amenazas escritas, agresiones verbales y mensajes de odio por parte de algunos de sus compañeros, que ya han sido expulsados del centro en virtud del protocolo de acoso abierto a finales de la pasada semana.

Un protocolo que sí funcionó

“La actuación del instituto ha sido impecable, abriendo el protocolo en tiempo y forma; lo que se podía hacer administrativamente se ha hecho”, nos relata Palu Rosado, madre del IES Romero Vargas y vicepresidenta de Flampa Jerez, pero puntualiza que “el protocolo hemos de tratarlo de una forma mucho más humana, no tan frío, y debe ser más rápido y más efectivo. Debemos estar toda la comunidad educativa remando en el mismo sentido”.

En la misma línea de “todos a una” se mostraba Albert Bitoden, presidente de Flampa Jerez, en conversación con El Salto Andalucía: “hay que invertir en profesionales de la educación de manera transversal, en los centros educativos, para abordar cuestiones de educación para la convivencia”. En un manifiesto leído ayer, la Flampa ha exigido protocolos efectivos y actualizados frente al acoso; formación específica y obligatoria en la comunidad educativa; acompañamiento psicológico y educativo a las víctimas y familiares; programas de educación emocional y corresponsabilidad familiar. 

El caso de Alejandra, por su reseñable crueldad, ha conmocionado a la opinión pública, originando un enorme debate en los pasillos de los centros educativos, las salas de profesores y también en las redes sociales. En pleno siglo XXI, el acoso escolar sigue siendo un asunto sin resolver que, pese a los reseñables avances en su detección, prevención y fagotización, sigue dejando numerosas víctimas cada año. El Observatorio Estatal de Convivencia Escolar recoge que uno de cada diez alumnos asegura haber sufrido bullying y un 2% ciberacoso. 

En Andalucía se contabilizaron unos 150 casos de media en el periodo 2018-2022, según indicó en su momento la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. El III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2024-2027, debatido en el parlamento andaluz hace ya un año, señalaba que en los centros educativos “a veces no se le da la importancia que tiene el bullying y el ciberbullying” y que hay que “prestar más apoyo a las víctimas”.  

En este sentido, resulta fundamental informar sobre los protocolos contra el bullying, que las ratios de las clases sean más bajas y visibilizar con insistencia esta problemática. Parte del alumnado y de las familias no conocen que existe un servicio de atención telefónica habilitado por el Ministerio de Educación en el número 900018018 para denunciar los casos de maltrato y acoso escolar, un número que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. En él se atienden todos los casos de malos tratos y de acoso verbal, psicológico, físico, social, sexual y ciberacoso por internet (redes sociales) y las llamadas son atendidas por profesionales de la psicología, sociología y la psicopedagogía, juristas y trabajadores y trabajadoras sociales, según indica en su web el Ministerio de Educación.