Andalucía
Andalucía empieza el curso sin ley de vivienda, sin servicios públicos y sin Doñana

Estos días ha comenzado el curso político en todo el Estado español y la Junta de Andalucía lo comienza arrastrando las diversas problemáticas que está definiendo la legislatura. Tras un verano en el que el gobierno andaluz no ha descansado en sus políticas de recortes sociales. A principios de agosto el BOJA daba a conocer la subida de los precios de los comedores escolares en un 4,2% para este curso escolar, el tercer incremento en este servicio público en lo que lleva el gobierno andaluz. A nivel sanitario este verano ha estado definido por los recortes en los centros sanitarios sin plazas sin cubrir.

Septiembre se inicia siguiendo la dinámica de recortes sociales y con una primera polémica por parte de la presidencia de Juanma Moreno. El ejecutivo andaluz ha dado a conocer esta semana que recurrirá la Ley de Vivienda estatal aprobada por el gobierno de coalición el pasado mayo al Tribunal Constitucional.

El recurso tiene el foco en 16 artículos y cuatro disposiciones generales por “invasión de competencias autonómicas”, según comentan fuentes de la Consejería de Fomento: “La regulación de la Ley estatal de Vivienda en los 16 artículos impugnados es tan completa y acabada que no deja resquicio alguno para la regulación al legislador autonómico, que es el competente en la materia”. 

“La política del Gobierno andaluz continúa beneficiando o continúan enfocadas a promover la enseñanza privada y privada concertada en todos los niveles, con lo que esto supone de ataque y de menoscabo en la educación pública en Andalucía”, sostiene Carmen Yuste de USTEA

La ley de vivienda aprobada por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, a pesar del sentimiento de ser insuficiente que provocó en los movimientos por la vivienda de base en todo el estado español, busca encontrar un tope al precio del alquiler y un mayor control a los arrendatarios, con el objetivo.

La Junta de Andalucía amplía la enseñanza concertada

Susana Sarrión

Educación concertada

La Junta de Andalucía amplía la enseñanza concertada

Susana Sarrión

El borrador de la nueva orden de la Consejería de Educación y Deporte, que incluye a las enseñanzas no obligatorias, ha provocado reacciones encontradas de “ataque frontal a la pública” versus “aumento de la oferta educativa”.

La administración dirigida por Rocío Díaz argumenta que en las leyes relativas a la vivienda aprobadas en la pasada legislatura regulan estos aspectos: “existe en Andalucía suelo suficiente reservado para vivienda protegida desde la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y que se ha mantenido en la vigente Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la conocida como Ley LISTA”.  El empeño de la Junta en desprestigiar a la Ley de Viviendas Estatal está apoyado por medios de la derecha como ABC que justifica en sus titulares que la legislación “espanta a los inversores privados en Andalucía”. Afirmaciones contextualizadas en un momento en el que el precio del alquiler ha subido en solo un año en el territorio un 13,1% según el portal Idealista.

La propia Abogacía de la Junta ha señalado en un informe hecho público el 3 de septiembre que el recurso contra esta Ley está plagado de “argumentos genéricos” que “parecen aludir a aspectos que no se regulan propiamente en dichos artículos”.

Otra de las decisiones que ha tomado en este principio de septiembre la Junta de Andalucía es la de anunciar un presupuesto “expansivo” para el próximo año. Según la consejera, Carolina España, “siga creciendo por encima de la media a pesar de la sequía”. A pesar de que en agosto se anunciaba que el crecimiento de la economía andaluza se ha paralizado a causa de la escasez hídrica. 

Inicio del curso escolar con recortes

“Los problemas de la educación pública siguen siendo los mismos que el año pasado”, comenta Carmen Yuste desde USTEA. Recortes de líneas escolares y de servicios, centros educativos en mal estado y precariedad laboral entre los docentes. 

A pesar de la denuncia de los sindicatos de profesionales de la educación Juanma Moreno ha anunciado en sus redes el pasado 5 de septiembre que “El curso escolar arranca en Andalucía con 1.000 profesores más y un nuevo incremento salarial para los docentes andaluces. Ante la escalada de precios en todos los sectores, destinamos 800M en ayudas a las familias. Seguimos reforzando el mayor sistema educativo de España”. Según los datos del sindicato USTEA el curso escolar ha comenzado con la pérdida de más de 300 clases. 

El pasado 6 de septiembre el portavoz del PP en el parlamento andaluz, Toni Martín, ha anunciado que la ley de Doñana se hará realidad “lo antes posible”. Además ha anunciado que se “le va a dar celeridad” para que se apruebe en septiembre u octubre.

Los centros que sí verán aumentado sus recursos y el profesorado son los concertados. Este miércoles la consejera de educación de la Junta de Andalucía ha firmado un acuerdo para ampliar el equipo docente de los espacios educativos concentrados. Un pacto que la Junta de Andalucía ha firmado con las organizaciones patronales y de titulares Escuelas Católicas, CECE, ACES y SAFA y también con los sindicatos mayoritarios. Desde el inicio del gobierno presidido por Juanma Moreno la educación concertada ha sido el ojito derecho de la Junta.

“La política del Gobierno andaluz continúa beneficiando o continúan enfocadas a promover la enseñanza privada y privada concertada en todos los niveles, con lo que esto supone de ataque y de menoscabo en la educación pública en Andalucía”, sostiene Carmen Yuste de USTEA.

Doñana sigue en el punto de mira

A finales de agosto la Unesco ha vuelto a mostrar su extremada preocupación por el Parque Natural de Doñana y la inminente aprobación de la Ley de regadíos que pretende amnistiar las extracciones ilegales en el entorno. 

El informe expone que “Si no se revierte el continuo deterioro del acuífero de Doñana con la implementación rápida y efectiva de acciones, incluidas las recomendaciones de la misión de observación de 2020, para fortalecer la resiliencia del espacio y reducir las presiones derivadas de la amenaza del clima cambio, podría crear la condiciones para la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”. 

La Organización internacional pretende con este informe presionar a las instituciones andaluzas y estatales para parar la ley de regadíos y pide que el Estado español “presente un informe en el que detalle el estado de conservación” antes de diciembre de 2024.

Por más que el ojo internacional no para de señalar a Andalucía por la decisión de amnistiar los regadíos el gobierno del PP andaluz sigue en sus trece. El pasado 6 de septiembre el portavoz del PP en el parlamento andaluz, Toni Martín, ha anunciado que la ley de Doñana se hará realidad “lo antes posible”. Además ha anunciado que se “le va a dar celeridad” para que se apruebe en septiembre u octubre.

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