Educación concertada
La Consejería amplía la concertada en Andalucía a FP, Bachillerato y Educación Especial

Esta semana el sindicato CGT ha denunciado en varios comunicados el borrador de la nueva orden que establece las normas para acogerse al régimen de conciertos educativos. Alertan del peligro que supone para la educación pública y les parece que “da ventaja a quienes entienden la educación no como un derecho, sino como un negocio”. Además, han convocado dos jornadas de huelga —hoy 9 de octubre y el próximo jueves 15— para exigir a la Consejería de Educación que blinde la Educación Pública y garantice la seguridad de sus trabajadores y el alumnado.

CGT.A denuncia que el borrador de la nueva orden sigue el modelo de conciertos implantado en la Comunidad de Madrid y que “el gobierno andaluz ha copiado casi literalmente el artículo madrileño que permite abreviar el trámite para la obtención de conciertos educativos para nuevas enseñanzas, que pasará de tres años a uno”, agilización que, auguran, “acelerará” el ritmo de crecimiento de la enseñanza privada concertada en Andalucía. “Hasta ahora la normativa permitía solicitar conciertos para enseñanzas que ya se impartían en los centros privados, ahora se permite la solicitud incluso para estudios que no se imparten en dichos centros; se puede solicitar en el mismo año la autorización para impartir enseñanzas nuevas y su concertación”, destacan desde el sindicato. También resaltan la posible autorización a los centros privados de simultanear unidades concertadas y de pago para unos mismos estudios, por lo que CGT concluye que “parte de la financiación pública para las unidades concertadas redundará en instalaciones y recursos que, inexcusablemente, serán compartidos con el alumnado de pago, suponiendo un negocio redondo para la privada”.

Expresan desde el sindicato que la priorización del concierto de estos estudios, atendiendo según la Consejería a la “lucha contra el fracaso escolar” y a mejorar la “empleabilidad”, “vuelve a demostrar el abandono del que han sido objeto por parte de la Administración pública, tras años de falta de inversión y de obstáculos a los centros públicos que demandaban ampliar la oferta de Formación Profesional. “Ahora será la iniciativa privada la que se beneficie de las lagunas que han creado nuestros gobiernos, y además con un blindaje de cuatro años en un procedimiento que facilita, agiliza y abarata esas concesiones”.

Estudio evolutivo de los modelos de Enseñanza Pública y Concertada

Según un estudio realizado por CGT, que recoge los datos oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Junta de Andalucía, el 75% de las unidades educativas creadas desde el 2011 han sido adjudicadas a las enseñanzas concertadas, en contraste con la adjudicación de las unidades de Educación Especial y FP que en un 99,7% fueron adjudicadas a la pública. En la Educación Infantil de primer ciclo, en 2019 fueron concertadas un 56% de las unidades respecto a las públicas. En el segundo ciclo de Infantil, la etapa educativa que más ha sufrido las consecuencias del descenso de natalidad y pérdida de población, se han eliminado 1.488 unidades públicas. En la Educación Primaria, desde el curso 2016/17, por cada descenso de 27,2 matrículas se elimina una unidad pública; en la concertada, hace falta llegar a 254,5 matrículas menos para que se pierda una unidad; “hablamos de una proporción prácticamente de 1 contra 10”, nos detalla Nacho Contel, secretario de Acción Sindical de la Federación Andaluza de Enseñanza de CGT y autor del estudio.

En la Secundaria, la ESO es la etapa donde la pública sigue creciendo en proporción a la concertada, aunque el sindicato advierte que el descenso poblacional empezará a afectarle a partir del próximo curso. Respecto a las etapas que ahora se contemplan en el borrador, Bachillerato ha perdido un total de 387 unidades públicas frente a las 3 de la concertada; en los Ciclos Formativos de Grado Medio, la concertada se ha quedado con el 41% de las nuevas unidades frente al 59% de la pública, que ha perdido 73 unidades; y en el Ciclo Formativo de Grado Superior, el 89% de las unidades son incorporadas a las enseñanzas públicas.

En los últimos cuatro cursos, la enseñanza pública ha perdido 23.526 alumnos y la enseñanza concertada ha ganado 9.192

El recuento de los datos oficiales también arrojan cifras respecto al alumnado; en los últimos cuatro cursos, la enseñanza pública ha perdido 23.526 alumnos y la enseñanza concertada ha ganado 9.192, dato que CGT interpreta como un “trasvase del alumnado a la concertada”. Respecto al profesorado, desde el curso 2015-2016 se han perdido 7.458 docentes públicos en tan sólo 4 años. El personal administrativo ha pasado de contar en 2011 con 2.301 plazas en la pública, un 82% respecto a la privada, a bajar en 2018 hasta un 49,7%.

Para CGT no cabe duda de que la agilización de los trámites para los conciertos vendrá a acelerar el ritmo de crecimiento de la enseñanza privada concertada en Andalucía que, “a juzgar por los datos oficiales, no puede decirse que haya sido lento en las últimas décadas de gobiernos socialistas”, puntualiza Juanmi Mendoza, de CGT.

Respuestas para todos los gustos: habla la mesa sectorial de la Enseñanza Concertada

Las respuestas de los representantes de las organizaciones en la mesa sectorial de la educación concertada han sido variadas. Estas son las valoraciones acerca del borrador de la nueva normativa, borrador que ahora ha comenzado el periplo legal e irá pasando por foros y escenarios institucionales hasta llegar al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

Sandra Fernández, secretaria de Enseñanza de FeSP UGT Andalucía, ha definido a su sindicato como defensor de todos los trabajadores y que en enseñanza esto engloba a las y los trabajadores tanto de la Enseñanza Pública como de la Concertada; según Fernández, esto no significa que defiendan un modelo mixto, “defendemos un modelo de enseñanza público, pero tenemos lo que tenemos y ahora toca defender que se mantengan los puestos de trabajo de los docentes en la concertada”. Sandra explica a El Salto Andalucía que su organización está en contra de concertar nuevos ciclos o enseñanzas, “pero que no se supriman las que ya están asignadas; porque si se suprimen, supondría la pérdida de puestos de trabajo”.

Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. en Andalucía, declara que su organización pedirá una enmienda a la totalidad de la orden, “pedimos la retirada; esperamos que la administración se de cuenta que esta normativa supone un ataque frontal a la enseñanza pública donde encontrarán una respuesta por parte de la comunidad educativa y donde nosotros estaremos al frente”. Molina explica que el borrador rompe el equilibrio, que su organización sitúa actualmente en un 80-20% entre la pública y la concertada, y sigue la misma hoja de ruta del proceso madrileño en el que la educación pública y la concertada se encuentran en una situación del 50-50. Molina afirma que después de la firma del reciente acuerdo con nuevas contrataciones para afrontar el COVID, espera que la consejería se de cuenta de que si quiere paz social y que no se avecine una confrontación muy dura, debe retirar la normativa y que todo siga como estaba.

En Andalucía, en cada curso 20.000 alumnos se quedan sin poder estudiar FP desde hace muchos años

La Unión Sindical de Inspectores de Educación, USIE, dice llevar varios años planteando la creación de una Mesa de Inspección que analice técnicamente las nuevas normas antes de que se efectúe el trámite de audiencia, donde se tomen en cuenta su conocimiento y experiencia acumulada con la que podrían enriquecer y mejorar determinados aspectos de las normas que regularán los derechos educativos de los ciudadanos, “pero hasta la fecha ni la anterior Administración ni esta han mostrado interés en contar con la inspección para elaborar los borradores”, declara Francisco Javier Fernández, vicepresidente y portavoz de la organización. Desde USIE puntualizan que los llamados “conciertos singulares” se deben hacer con criterios de máxima transparencia y garantizando la igualdad de oportunidades para todos los interesados y siempre si la red pública no puede dar cobertura y respuesta a ciclos formativos con demanda y empleabilidad; denuncia que en Andalucía, en cada curso, 20.000 alumnos se quedan sin poder estudiar FP desde hace muchos años y que no comprenden cómo se lleva tramitando una Ley de FP en el Parlamento de Andalucía desde hace 7 años y no se ha aprobado todavía, “esto demuestra que la educación no es una prioridad, esa Ley lleva aparejados 190 millones en fondos europeos que, si no se ejecutan en el 2021, se perderán”, concluye Fernández.

Maria Luisa Lucena, es la presidenta de CONCAPA, la Confederación de Federaciones de Asociaciones Católicas de Padres y Madres de alumnos andaluces, desde su organización hay un apoyo completo al borrador de la orden, encuentran que supone “un gran avance en los derechos de los padres, recogidos en nuestra Constitución, una oportunidad de avanzar en nuestros derechos y una oportunidad de mejora en nuestro sistema educativo”. CONCAPA lleva años reclamando lo que hoy encuentran plasmado en esta orden ya que “los padres estamos viendo que la educación tiene que estar enfocada a una mayor empleabilidad, que nuestros hijos tienen que dejar a sus compañeros porque no pueden continuar con sus estudios en el centro donde ha transcurrido su vida escolar. El apoyo decidido a la Formación Profesional es un avance, la empleabilidad es un punto de partida que anteriormente no se había tenido en cuenta, y esto supone para los padres la posibilidad de elección de un mayor número de centros”.

La comunidad educativa de Granada se manifiesta por la educación pública

Susana Sarrión

Educación pública

La comunidad educativa de Granada se manifiesta por la educación pública

Susana Sarrión

Unas mil personas han recorrido la ciudad para pedir más recursos orientados a la seguridad de la comunidad educativa y a una mayor calidad de la enseñanza pública.

La Federación de Enseñanza de USO-Andalucía también celebra lo que considera el inicio del cumplimiento de un compromiso adquirido en el pacto de gobierno PP-Cs tras las últimas elecciones en Andalucía el 2 de diciembre de 2018. María Paz Agujetas, su secretaria general, declara que su organización, año tras año, en las Comisiones Provinciales de Concierto viene pidiendo la concertación de todas las unidades que soliciten los centros siempre que tengan suficiente demanda social y/o estén en zonas desfavorecidas; pidiendo el número de unidades de apoyo a la integración que los centros concertados necesiten para escolarizar al alumnado que presente necesidades educativas especiales, NEE y NEAE, y el concierto en Postobligatorias.

Por último, otra de las integrantes en la mesa sectorial, la Federación de Sindicatos Independientes de Andalucía, también celebra la normativa y solicita que se establezca el mismo orden de prioridad para la concertación de unidades de Bachillerato y de Formación Profesional, ya que considera ambas etapas educativas como igualmente esenciales para avanzar en la calidad del Sistema Educativo Público Andaluz y “su concertación es fundamental para que las familias puedan ejercer su derecho constitucional a elegir la Educación que quieren para sus hijos”. Silvia Santos, su secretaria general insiste en la necesidad de que la concertación de las actuales unidades de Bachillerato en funcionamiento en los centros privados concertados se produzca de manera simultánea a la puesta en marcha de la adscripción de los centros de Educación Secundaria Obligatoria a centros sostenidos con fondos públicos de Bachillerato, ya que, “de no ser así, el riesgo de pérdida de puestos de trabajo de los profesionales que desarrollan su labor en unidades de Bachillerato privadas es alto, en una situación agravada por la crisis económica y social provocada por la pandemia”.

El consejero de Educación es socio fundador de una red de academias privadas que imparten Formación Profesional

El hecho de que el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, sea socio fundador de una red de academias privadas que imparten Formación Profesional, ha generado numerosas críticas y acusaciones por lo que se interpreta como “una colisión de intereses” entre su responsabilidad como cargo público y sus intereses privados.