Almería
¿Qué es el ‘Caso mascarillas’ de Almería que salpica a la cúpula del PP en la provincia?

Las irregularidades en los contratos de emergencia para la adquisición de mascarillas quirúrgicas son una constante en los titulares en todo el Estado español. En la mañana del martes se hacía pública la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, a causa de una investigación acerca de unas supuestas mordidas de las que se habría beneficiado a través de contratos emitidos por la institución. Junto a Aureliano García, los agentes de la UCO han detenido al vicepresidente de la Diputación almeriense Fernando Giménez y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. La UCO ha detenido además a un técnico del área de Obras Públicas de la Diputación de Almería y al hijo del alcalde de Fines y primo del exdiputado Óscar Liria, detenido por esta causa en 2021.

El Juzgado número 8 de Barcelona pidió en 2021 para Liria el ingreso en prisión provisional por los presuntos delitos de blanqueo, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal

La detención se ha producido a raíz de una investigación que se encuentra realizando desde 2020 el Juzgado número 1 de Almería. La causa se encuentra aún en fase de instrucción. El origen de la causa se sitúa en una investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona en 2020, denominada por los efectivos de la UCO como Operación Lúa, que investigaba las irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia de Covid-19. En ese marco se produjeron detenciones en distintas provincias: Barcelona, Girona y Murcia, Palma de Mallorca y Almería. Esta última detención fue al vicepresidente tercero del organismo almeriense Óscar Liria, que además era responsable de Urbanismo. Un hecho que propició el inicio de la investigación por parte de la justicia almeriense. El juzgado barcelonés pidió en 2021 para Liria el ingreso en prisión provisional por los presuntos delitos de blanqueo, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. Una pena que no ha llegado a ejecutarse.

En el momento de la detención de Liria, los agentes encontraron en su casa 30 mil euros en metálico; además, sorprendieron a dos de sus familiares con más de 120 mil euros que asocian a las mordidas de los contratos de material sanitario. Durante su declaración en marzo de 2025 ante el juez instructor de la causa almeriense expuso que ese dinero procedía de “ahorros”. Las nuevas detenciones apuntan a la participación en esas comisiones del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, al vicepresidente de la Diputación almeriense, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Los contratos en los que se realizaron estas supuestas mordidas ascienden a los dos millones de euros, como indica la investigación policial.

Tres empresas almerienses en el foco

El contrato que investigan desde la UCO por el cual se han producido estas detenciones es el que la Diputación de Almería emitió en 2020 a la empresa Azor Corporate Iberica S.L. bajo la denominación de Contrato de suministro de mascarillas, guantes y monos para atender las necesidades derivadas de la protección de personas frente al covid-19 mediante tramitación de emergencia. La investigación apunta a que las comisiones podrían llegar a los 400 mil euros repartidos entre las personas implicadas. La relación de Liria con Azor se debe al vínculo que el dirigente tenía desde la infancia con el CEO de la empresa, Kilian López, que durante su declaración en la instrucción del caso insistió en que los beneficios obtenidos por estos contratos son “beneficios empresariales legítimos”. El empresario fue investigado por el Juzgado número 8 de Barcelona, además en la Operación Lúa, por supuesta relación con una red dedicada al tráfico de drogas, una causa que finalmente fue archivada.

El presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla ha expuesto que desconocía “exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación”.

Las relaciones de este empresario con la Diputación de Almería también se sostienen en otra empresa de su propiedad, Pulconal, sobre la que la UCO también está poniendo el foco en su investigación. En 2020, año en el que se produjo el contrato donde supuestamente incurrieron estas ilegalidades, esta compañía de López recibió de Diputación 132 mil euros a través de seis contratos menores dedicados a distintas funciones de infraestructuras en localidades almerienses. Liria, además de vicepresidente de la Diputación, era el encargado de Urbanismo.

La investigación también apunta a una tercera compañía sospechosa de irregularidades a través de contratos en 2020, OYC Servicios Urbanos, una empresa de la localidad almeriense de Fines cuyo alcalde también ha sido detenido en la jornada del martes. OYC se benefició de dos contratos para infraestructuras en las localidades de Alcontar y Bayarque que alcanzaban la cifra de 109 mil euros.

Desconcierto en el PP y críticas desde la oposición

Las reacciones a estas detenciones no se han hecho esperar en la mañana del martes. El presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla ha expuesto que desconocía “exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación” y alega que se ha puesto en contacto al tener conocimiento de la noticia con el PP de Almería y que “nadie cogió el teléfono en Almería”. Por su parte, el líder nacional del Partido Conservador, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido “cautela” al enterarse de las detenciones y que valorará la situación cuando tenga “la información adecuada”.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, sostiene que el caso ‘no es un problema puntual’ del PP, aunque ha llamado a la prudencia hasta que se conozcan más datos. Desde Adelante Andalucía, el diputado José Antonio García ha pedido al presidente de la Junta que cese “de forma inmediata” a los dirigentes detenidos o, si no, “el Partido Popular andaluz, con Moreno a la cabeza, es cómplice de la corrupción”. Además, García ha añadido que “cuando estábamos todo el mundo en la pandemia pasándolo muy mal, con gente perdiendo a familiares, los sanitarios y las sanitarias ahí dejándose la salud en su puesto de trabajo, con mucha gente con los negocios cerrados y mucha gente en casa pasando miedo, había gente del Partido Popular forrándose, así de duro”. Desde Podemos Andalucía, su coordinadora Raquel Martín ha insistido en que el PP “opera como una mafia negociando con dinero público”.

El caso de las mascarillas almerienses se une, por un lado, aunque no forman parte de la misma causa, a los distintos casos de irregularidades en la compra de mascarillas en los años 2020 y 2021 que se han dado en otros territorios. Como el caso Koldo, que salpicó al exasesor del exministro Ábalos, las comisiones en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y los casos en Canarias que está investigando la Fiscalía europea. Y por otro lado, a las investigaciones de corrupción que ponen el foco en el PP andaluz como la causa de los contratos de emergencia troceados que está investigando a miembros de la Junta de Andalucía.