Derecho a la vivienda
Un desalojo sin orden judicial acaba con seis años de petición de cárcel para un activista de Zeberio

Más de un centenar de personas esperaban desde las nueve de la mañana a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona para arropar a los dos activistas encausadas. Entre ellas estaba buena parte del entorno de uno de ellas, que es natural de Zeberio, localidad bizkaina a 600 kilómetros de la Audiencia, y que ha hecho el viaje cada vez que el tribunal ha fijado una fecha. Cuando los dos cruzaron el pasado jueves la puerta del juzgado, la concentración gritó con rabia: “Encausades, no esteu soles”. Esta vez nadie salió a anunciar una suspensión. Después de seis años en vilo, a la sexta fue la vencida.

La Fiscalía pide seis años de prisión para cada uno por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos agravados. Los hechos se remontan a la noche del 22 de febrero de 2020, cuando los Mossos d'Esquadra cargaron contra una fiesta de carnaval y desalojaron, sin orden judicial, un bloque en el que vivían cuatro familias con menores. En junio, cuando el juicio se suspendió por quinta vez, El Salto contó cómo había llegado la causa hasta aquí.

Dos agentes y dos versiones

De los cinco agentes citados a declarar, solo comparecieron dos, y sus testimonios no coincidieron con lo declarado en la minuta el día de los hechos. Además, uno de los agentes declaró que aquella noche no identificó a ninguno de los encausados; el segundo, que solo reconoció visualmente a uno de ellos. Ante la ausencia de los otros tres, el fiscal se remite al atestado policial redactado el mismo día de los hechos.

No hay peritajes ni pruebas materiales, solo la palabra de la policía sobre una escena nocturna con más de cien personas

En la sala se proyectó un vídeo de aquella noche en el que, según la defensa, no se aprecia nada de lo que relata la policía. Varias personas que estuvieron allí declararon como testigos y negaron que hubiera desórdenes o altercados. Tampoco se presentó ninguna prueba física contra los encausados. Aun así, la Fiscalía mantuvo su petición de seis años para cada uno de los activistas.

La acusación sostiene que uno de ellos intentó lanzar una puerta de madera contra los agentes y que el otro arrojó una botella. La abogada Norma Pedemonte, de Alerta Solidària, recordó que la propia minuta policial habla de una mesa, la de la merienda, y aportó un vídeo en el que se ve a un agente apartándola. No hay peritajes ni pruebas materiales, solo la palabra de la policía sobre una escena nocturna con más de cien personas, muchas de ellas disfrazadas.

Antes de entrar en los hechos, la defensa planteó varias cuestiones previas. Alegó la duración excesiva del procedimiento, que la jueza tendrá en cuenta al dictar sentencia, y sostuvo que se las juzga por un delito que ya está derogado.

El Grup d'Habitatge de Sants y la Escola Popular organizaron aquella rua para hacer pública la ocupación del número 105 de la calle Olzinelles. Las familias que vivían allí no tenían alternativa habitacional. La fiesta terminó con la llegada de las unidades antidisturbios de los Mossos, la ARRO y la BRIMO, con cargas y con el desalojo del edificio esa misma noche. Más de cincuenta personas fueron sancionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza; trece afrontan otra causa por daños y dos acabaron en el banquillo.

Las familias perdieron la casa aquella noche sin que un juez lo ordenara, engrosando la larga lista de víctimas de la crisis habitativa. Seis años después, quienes los apoyaban se enfrentan a seis años de cárcel cada uno. Una petición de pena con vocación ejemplarizante.

Seiscientos kilómetros para cada suspensión

El juicio se ha suspendido cinco veces en tres años y medio. La primera, porque no se citó a uno de los acusados; después, por la baja de una abogada y porque a otra le coincidían dos juicios; luego, por la indefensión que provocó el cambio de acusación; y la última, en junio, porque tres de los cinco mossos citados no se presentaron.

El grupo de apoyo Olzinelles Absolució lo ha repetido durante estos años: el proceso paraliza la vida de las encausadas y también la de sus familias y su entorno. En el caso del activista de Zeberio, ese entorno vive en Euskal Herria y cada convocatoria judicial se ha convertido en un viaje. Cada fecha ha supuesto pedir días libres en el trabajo, cuadrar coches compartidos, comprar billetes de tren o de autobús con semanas de antelación y buscar dónde dormir en Barcelona. Y casi siempre para nada, porque la mayoría de las suspensiones se han decidido en la propia sala, cuando el viaje ya estaba hecho.

La mayoría de las suspensiones se han decidido en la propia sala, cuando el entorno de la activista de Zeberio ya había viajado a Barcelona

Así, el castigo se reparte entre mucha más gente que los dos acusados, y la causa ya les ha costado dinero, tiempo y desgaste sin que haya hecho falta una condena. Ante el tribunal, los dos activistas han explicado cómo estos seis años han afectado a su vida laboral, personal y familiar: “Ha sido como congelar mi vida durante seis años, con una incertidumbre total”.

Seis días después del juicio, la huelga general del 11 de noviembre volverá a poner la vivienda en el centro de las reivindicaciones.