Barcelona
Dos activistas por la vivienda se arriesgan a penas de cárcel en un juicio que tiene en vilo al movimiento

Después de cuatro suspensiones y a seis años de los hechos que se imputan, este miércoles se celebrará el juicio en contra de dos militantes del Grup d’Habitatge de Sants (GHAS), Barcelona, acusados de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos agravados. Los hechos se remontan a febrero de 2020 cuando el colectivo, junto a la Escola Popular de Sants, hizo pública la ocupación de un edificio en el número 105 de calle Olzinelles. En el bloque se alojaban desde hace algunos días cuatro familias con menores a cargo y, con el objeto de reivindicar la ocupación, se organizó una rua que recorrería las calles del barrio.

El carnaval, sin embargo, fue interrumpido con la llegada de diversos dispositivos de Mossos d’Esquadra, incluidos equipos de la unidad antidisturbios ARRO y de la BRIMO, que junto con disolver la concentración ejecutaron el desalojo del edificio. En este punto es cuando empiezan las versiones contradictorias: desde el Grup d’Habitatge de Sants denuncian una carga policial injustificada y violenta, mientras que la Fiscalía asegura que los efectivos policiales fueron recibidos con el lanzamiento de “piedras, escombros y botellas”.

Desde el grupo de apoyo Olzinelles Absolució, creado para acompañar a las encausadas, cuestionan la excesiva duración de la causa y plantean que se trata de una estrategia por parte de la Fiscalía

El hecho es que decenas de personas fueron identificadas por la policía y más de cincuenta recibieron sanciones administrativas vinculadas con la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”. La sorpresa para el GHAS llegaría casi un año después de los hechos, cuando dos de las personas identificadas recibieron una notificación judicial para comparecer como acusadas de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos agravados.

A uno de ellos se le denunció por el lanzamiento de una puerta de madera en contra de los agentes policiales, mientras que al segundo se le atribuye el lanzamiento de una botella de vidrio. Para cada una de ellas, la Fiscalía pide seis años de prisión. A otras trece personas, que estaban dentro del edificio, se les denunció por usurpación y daños y se les solicita una multa de dieciocho meses y el pago de 4.800 euros por responsabilidad civil.

Un proceso judicial interrumpido en varias ocasiones

Hasta cuatro veces se ha llegado a suspender el juicio durante los últimos años. Tres de ellas en la sala y una antes de una vista oral. Si las dos primeras suspensiones se debieron a la ausencia de una “persona imprescindible para celebrarlo” —como un mosso o un testigo clave—, los últimos dos el aplazamiento se debieron a que la Audiencia declaró la indefensión de los acusados, producto de la “vulneración de sus derechos fundamentales”. Así, la de este miércoles es la quinta convocatoria para celebrar el juicio.

Desde el grupo de apoyo Olzinelles Absolució,creado para acompañar a las personas encausadas, cuestionan la excesiva duración de la causa y plantean que se trata de una estrategia por parte de la Fiscalía. “Para nosotras, la dilación del procedimiento forma parte de la represión. Creemos que los errores, retrasos y aplazamientos tienen un efecto represivo en sí mismos. La represión no consiste únicamente en una posible condena, también busca generar miedo, desgaste y desmovilización entre las personas que participan en movimientos sociales”, plantea Aida, una de las portavoces del grupo, en conversación con El Salto.

La creación del grupo de apoyo, explica Aida, tuvo como objeto que tanto el GHAS como la Escola Popular hayan podido seguir funcionando con normalidad, sin tener que llevar el peso de la defensa de los encausados. Desde entonces, se han dedicado a visibilizar el proceso, denunciar lo que consideran irregularidades y pedir la absolución de los denunciados. Aseguran, también, que el juicio tiene una motivación política y que busca, entre otras cosas, criminalizar al movimiento por la vivienda en Cataluña.

“Denunciamos que el atestado policial no se corresponde con lo que realmente sucedió aquel día, que estas dos personas fueron escogidas de forma arbitraria y que estamos ante otro montaje policial destinado a desarticular a quienes participan en este caso en el movimiento por la vivienda”, dice Aida.

Las pruebas de la fiscalía y lo que dice la defensa

Para Norma Pedemonte, abogada de Alerta Solidaria y defensora de los acusados, una de las claves del proceso está en el tiempo que transcurrió entre los hechos y las notificaciones. Considera extraño que haya pasado casi un año entre medio, sin una investigación de por medio que pudiera justificar la demora. “No hay intervenciones telefónicas, no hay seguimientos, no existe una investigación secreta o de larga duración. Estamos hablando de hechos ocurridos en la vía pública, por eso llama tanto la atención que pasara un año antes de que se formalizaran las denuncias”, explica la abogada a El Salto.

“Lo único que existe es la declaración de agentes policiales que afirman haber visto unos hechos determinados en un contexto nocturno y multitudinario”, señala Pedemonte

Ante esto, pone en duda que la policía haya podido identificar a las personas que presuntamente lanzaron los objetos y coincide con la versión del grupo de apoyo en que éstas fueron escogidas de forma aleatoria entre las decenas de personas que estaban ahí ese día. “Me cuesta entender cómo se puede afirmar que determinadas personas realizaron determinados actos cuando, según el propio relato policial, había una situación caótica, con más de cien personas presentes y muchas de ellas disfrazadas”, añade Pedemonte.

Para la abogada, además, las penas que solicita la Fiscalía no son proporcionales a los hechos que se denuncian. Explica que no hay facturas por daños, informes periciales o pruebas materiales que acrediten lo que señala la denuncia: “Lo único que existe es la declaración de agentes policiales que afirman haber visto unos hechos determinados en un contexto nocturno y multitudinario”.

Con estos antecedentes, el juicio se basará en la palabra de los agentes que estuvieron esa noche en la calle Olzinelles contra la de los cerca de doce testigos que presentará la defensa. Tanto el grupo de apoyo como abogada y los propios denunciados confían en que este miércoles el juicio finalmente se pueda llevar a cabo. Plantean que la absolución es la única alternativa que consideran válida y aseguran que, en caso de un revés judicial, recurrirán a la sentencia.

Atentos al juicio estará gran parte del movimiento por la vivienda de Cataluña, porque hace tiempo que el proceso traspasó las fronteras de Sants. La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), sindicatos de vivienda de Ciutat Vella, Esplugues, Poble Sec o Badalona, así como diferentes facciones de la PAH y otros movimientos sociales han adherido a la campaña que busca la absolución. El próximo miércoles a las 9h muchos de estos colectivos estarán presentes frente al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sólo ese día se sabrá si el juicio logra finalmente celebrarse o si es nuevamente postergado.