Derecho a la vivienda
Fondos buitre en tu casa (Parte I)

Leilani Farha, relatora de la ONU para el derecho a una vivienda digna, denunciaba en 2019 el indignante negocio que corporaciones multinacionales están desarrollando. “De la noche a la mañana –decía - firmas de capital privado, como Blackstone, se han convertido en los mayores caseros del mundo. Con estos modelos de negocio los caseros son ahora corporaciones sin rostro que causan estragos”.  A estas declaraciones, Blackstone respondía que la relatora retrataba un tema de política económica (el acceso a la vivienda) y lo convertía en un problema de derechos humanos, y que ellos habían actuado siempre de manera correcta.

En esta primera parte del artículo detallamos cómo la política económica desarrollada por los gobiernos y las instituciones de la Unión Europea (UE) olvidaron el principio constitucional del derecho a la vivienda. Ya que tomaron medidas, o permitieron prácticas, que provocaron la crisis e implementaron un rescate únicamente al servicio de los accionistas de las entidades financieras.

Crisis hipotecaria

Un dato significativo: detrás de Blackstone están altos cargos de Lehman Brothers, causante de la crisis de 2008 por su difusión masiva de hipotecas basura tanto en EE UU como en España. Nació como su empresa subsidiaria; sus fundadores venían de lo alto del organigrama de Lehman Brothers. Y el “senior advisor” (asesor) en las áreas de capital riesgo e inmobiliario de Blackstone en España es Claudio Boada Pallarés, anterior presidente de Lehman Brothers para España y Portugal. Boada fue también presidente del Círculo de Empresarios durante ocho años y tuvo altos cargos en el BBVA.

La crisis inmobiliaria y financiera de 2008, consecuencia de las hipotecas-basura, fue protagonizada conjuntamente por los bancos españoles, la banca internacional, las firmas de auditoría y de calificación, etc., además de las autoridades de supervisión y control. Pero sus consecuencias las pagaron los cientos de miles de familias que sufrieron las ejecuciones hipotecarias y desahucios, y los ciudadanos en general, por el aumento de deuda pública y su amortización que la crisis provocó en los Presupuestos Generales del Estado.

Según datos del Banco de España, el crédito total pasó de 701.663 millones de euros en 2002 a 1,8 billones en 2008. Este incremento gigantesco de la deuda, es decir del negocio de la banca, fue dirigido en un 70% a la construcción. En el 2000, el crédito a la construcción representaba el 25% del total y en 2008 alcanzaba el 48%. Para financiar este negocio la banca española se endeudó con la banca internacional, pasando en ese período, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), de solicitar 78.000 millones a 428.000 millones de euros. Por eso la banca internacional tenía tanto interés en el “rescate” de España, es decir de ellos mismos2.

Las etapas de la crisis

Venta masiva de inmuebles con una irresponsable financiación bancaria, creando problemas de sobreendeudamiento a las familias. Según las publicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), desde 2001 hasta el rescate, la emisión por parte de las entidades financieras españolas de cédulas hipotecarias ascendió a unos 183.426 millones de euros. El día de su emisión estas cédulas, casi en su totalidad, fueron calificadas como AAA pero, a raíz de la crisis, cayeron hasta ser calificadas como hipotecas basura.

Avalancha de desahucios de familias. En España ha habido, según datos del Consejo General del Poder Judicial, más de 750.000 ejecuciones hipotecarias desde 2009. A pesar de que la hipoteca es un crédito con garantía real, la Ley Hipotecaria española no cancela el crédito con la entrega del colateral (la vivienda), sino que mantiene como deudor al titular de la hipoteca, con todos sus bienes actuales y futuros, aún después de la entrega del colateral, si este no es suficiente para amortizar la hipoteca. Esta es una extraña anomalía de la ley hipotecaria que descarga todos los riesgos sobre el tomador de la hipoteca.

Antes de 1998 los bancos y cajas valoraban los inmuebles, a fines de hipoteca, en un 80% de su valor de mercado, y concedían la hipoteca por el 80% de ese valor tasado (64% del valor de mercado, aproximadamente). Desde 1998 empezaron a tasar los pisos por el 100% o más de su valor de mercado, y concedieron hipotecas por el 100% o más del valor tasado. Una práctica engañosa, imprudente y suicida, con la aprobación del Banco de España y de otras instancias “reguladoras”. Esta práctica indujo a la generalidad de la población a adquirir inmuebles muy por encima de su valor. Para colmo, los bancos y cajas consiguieron hacer recaer todas las responsabilidades y costes sobre el tomador de la hipoteca.

Venta de paquetes de inmuebles a fondos nacionales e internacionales (Blackstone, Cerberus…) a precios de saldo. Inmuebles provenientes de familias desahuciadas a las que no se dio esta opción. De esta manera los bancos se desapalancan vendiendo a los fondos buitre, que, como en el caso de Blackstone, actúan, en bastantes casos, como empresas subsidiarias de las propias entidades financieras, o viceversa, en una red de intereses cruzados.

Rescate bancario

Primer rescate, a cargo de las familias hipotecadas. Se rescató a los bancos a costa de las familias víctimas de la estafa hipotecaria, promovida por las mismas entidades financieras. Las ejecuciones hipotecarias produjeron el traspaso de los inmuebles a los bancos ya que se adjudicaban la vivienda por un valor (ya devaluado) inferior al préstamo. De esta manera dejaban a las familias y a sus avalistas privados de sus viviendas y con una deuda remanente impagable. Todas estas viviendas pasaron a constar en los balances bancarios como activos adjudicados y los remanentes de la deuda como deuda sin garantía.

Segundo rescate, a cargo del Estado, con dinero de todos. Tanto con el gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE), que terminó sometiéndose a las imposiciones del Banco Central Europeo (BCE), (carta de Jean-Claude Trichet, agosto 2011), como con el rescate de entidades financieras quebradas que puso en funcionamiento el gobierno de Rajoy-Guindos (PP), este último ya con beneplácito, apoyo y vigilancia de la denominada Troika conformada por la UE, BCE y FMI. Sumando lo asignado por ambos gobiernos, se ha dedicado al rescate bancario, al menos, unos 158.840 millones de euros en los distintos programas implementados. El total invertido en el rescate bancario ha sido de 158.840 millones de euros.

Esta cantidad nos permite una apreciación de los volúmenes de recursos que el Estado dispuso para rescate de los accionistas de los bancos. Pero también evidencia que el Estado no puso un centavo para las víctimas y demuestra que, si las familias a las que ejecutaron sus hipotecas hubiesen recibido fondos y avales del Estado, el drama humano y social se habría evitado.

Tercer rescate: El BCE ayudó masivamente a los bancos privados comprando estas hipotecas que tenían una mala calificación. Con esta operación se retiró de los balances de las entidades el riesgo, que era asumido por el BCE. Con ello, no solo estaba dando liquidez a los bancos españoles, sino también a bancos alemanes, franceses, ingleses, norteamericanos, etc. que habían adquirido y/o colocado esos bonos, cédulas, etc. y eran parte del origen de la enorme deuda hipotecaria.  

Para ello el BCE puso en marcha la “Flexibilización-expansión cuantitativa” (Quantitative Easing). Se trataba de crear dinero con la finalidad expresa de cubrir el desastre bancario. Desde la misma Asociación Española de Banca (AEB) se informó de que los bancos españoles tenían casi 250.000 millones pedidos al BCE en un año. 

Los bancos, por su parte, no canalizaron esta inyección de millones para reactivar los sectores de la economía de cuya recuperación dependía su propia solvencia, sino que la dedicaron a realizar operaciones de carácter especulativo para obtener beneficios rápidos y seguros. Operaciones como la “Carry trade” que consiste en tomar prestado el dinero del Banco Central al 0,75% e invertirlo en deuda pública con intereses del 4% o 5% para ganar la diferencia. Son operaciones multimillonarias que hacen los bancos con el dinero prestado de la barra libre del BCE destinada a incentivar la economía y que de una manera “torticera” se dirige muy fundamentalmente a la compra masiva de deuda pública española.

Por si esto no fuera suficiente, los apoyos a las empresas y a los proyectos de innovación productiva instrumentados por el ICO (Instituto de Crédito Oficial), se conceden por mediación de los bancos privados, es decir: son los bancos los que analizan el riesgo empresarial y proponen y tramitan las ayudas del ICO, por lo que el Gobierno puso el ICO al servicio de los bancos privados, no de los inversores productivos directamente. Esto le sirve a la Banca para monopolizar, sin riesgo para ella, el crédito oficial.

De esta manera y sin mayor esfuerzo, mientras el país y amplios sectores sociales se debatía en la precariedad y la pérdida de derechos por los recortes, los bancos estrangulaban al sector público y se embolsaban enormes beneficios.

Otras actuaciones de la UE

El agujero en los balances bancarios, consecuencia de los activos deteriorados, estimado por Oliver Wyman, contratada para valorar la solvencia del sistema bancario español y determinar las necesidades de capital de la banca, se estimó en unos 170.000 millones de euros.

La maniobra contable que pusieron en marcha desde la UE en el “Memorándum de Entendimiento” para aprobar el rescate bancario consistió en desprenderse de los activos problemáticos, pero sin asumir las pérdidas contables y reales.  “Los activos problemáticos de los bancos objeto de ayuda debían eliminarse rápidamente de sus balances y transferirse a una entidad de gestión externa”.

Esta segregación de los activos problemáticos dio origen al denominado “Banco malo” o SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) a la que se traspasó una gran cantidad de viviendas y otros activos de las entidades rescatadas.

Todas estas operaciones que se ponen en marcha para rescatar a los bancos suponen una trasferencia de deuda privada de las entidades bancarias a deuda pública del Estado (Ver Gráfico 1), que se incrementa hasta sobrepasar el 100% del Producto Interior Bruto (PIB). La modificación del artículo 135 de la Constitución, exigida por Bruselas, estableció que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.

Las mismas entidades financieras que habían provocado la deuda pública, se beneficiaban también de su amortización, ya que por el Tratado de Maastricht de la UE, las Administraciones públicas no pueden financiarse con el recurso a préstamos del Banco Central Europeo, sino que han de recurrir a créditos de la banca privada, alimentada, esta sí, por los créditos del BCE.

Si durante los últimos 20 años hubiéramos accedido a la financiación que facilita el BCE en las mismas condiciones que accede la banca privada, nos hubiéramos ahorrado unos 313.000 millones de euros, que se han ido a los accionistas de las entidades bancarias y fondos de inversión. Es un ejemplo de lo que consideramos deuda pública ilegítima.

Al servicio de los bancos

El artículo 47 de la Constitución española proclama: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Ante la crisis, los gobiernos se olvidaron de este principio constitucional para tomar medidas de rescate únicamente al servicio de los accionistas de las entidades financieras.

Ante la crisis, los gobiernos se olvidaron de este principio constitucional para tomar medidas de rescate únicamente al servicio de los accionistas de las entidades financieras

Ante este panorama, nos preguntamos: ¿Dónde fueron a parar las ingentes sumas de dinero utilizado y qué negocios se montaron con este pretexto? ¿Por qué se vendieron tan rápido y tan barato los mejores activos? ¿Por qué los bancos terminan malvendiendo las viviendas y demás créditos a los fondos buitre a precios irrisorios? ¿Por qué no se dio oportunidad a las familias dueñas de las viviendas? ¿Por qué no se constituyó un parque público de viviendas con los inmuebles que en principio se transfirieron a la SAREB?.

Estos han sido los mecanismos de “política económica correcta”, en expresión de Blackstone, que han facilitado que una crisis provocada por las entidades financieras privadas haya terminado favoreciendo a los mismos que la provocaron. Y muestran cómo los gobiernos y las instituciones de la UE facilitaron la entrada de los fondos buitre, sin ningún tipo de regulación, que garantizara los derechos sociales de los ciudadanos. Por lo que, también en nuestro país, consideramos acertada la calificación de Leilani Farha de que más bien estamos ante un “indignante negocio”.