Derecho a la vivienda
Blackstone aprovecha el coronavirus para impulsar desahucios en viviendas protegidas compradas a la CAM

Pepa ha pagado su alquiler cada mes, pero teme que su arrendador, Fidere —filial en España del fondo de inversión Blackstone—, la desahucie aprovechando el estado de alarma. 

Vive en el bloque de la calle Francisco Salzillo 7, un edificio de viviendas de protección oficial que en 2013 la Comunidad de Madrid “malvendió” —puntualiza Pepa— a Fidere por 20 millones de euros. Según se fueron cumpliendo los contratos de arrendamiento en el bloque, los vecinos de este edificio y de otros tantos comprados por el fondo de inversión vieron cómo su alquiler subía entre un 60% y un 100%, la Comunidad obviaba su opción a compra y el nuevo propietario duplicaba el precio de venta respecto al que se les tendría que haber ofrecido y hasta les obligaba a pagar el IBI. Rechazaron las subidas de alquiler y, aunque quedaron fuera de contrato, siguieron pagando la misma renta. Hasta ahora. 

“Desde hace un par de meses han empezado a devolver los recibos que han pagado algunos vecinos”, explica Pepa a El Salto. Una vez el recibo es devuelto, la respuesta es acudir a Correos y mandar un burofax y el giro del alquiler devuelto. Eso es lo que hicieron, pero los vecinos apuntan que el fondo de inversión no ha recogido los giros ni los burofaxes.

Una vez comenzó el estado de alarma, los vecinos de los bloques de la calle Francisco Salzillo 7 y Juan Gris 4, en Torrejón de Ardoz, alertan de que Blackstone ha devuelto los alquileres pagados desde agosto o noviembre a todos los vecinos que estaban fuera de contrato.

Según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, el objetivo del fondo de inversión es poner a estos vecinos en situación de impago para acelerar su desahucio. Desde El Salto hemos preguntado a Fidere la intención buscada con estas devoluciones sin que hasta el momento haya contestado. 

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“Creemos que han actuado con muy mala fe porque, con el estado de alarma, hay vecinos que no pueden ir a Correos, que ahora tiene horario reducido, hay compañeros que trabajan en residencias y están las 24 horas fuera de casa, otros estamos en un expediente de regulación temporal de empleo… Lo han hecho en un momento en que no es recomendable salir de casa”, señala Pepa. “Nos hemos quedado en situación de desamparo, no sabemos si tenemos que ir ahora o tenemos que esperar a que acabe el estado de alarma, y esto psicológicamente te hace polvo”, continúa. 

“Ha devuelto estos alquileres para poner una denuncia y decir que llevan en impago desde octubre y agosto, y que así no puedan acogerse al decreto, aunque no pueden ser desahuciadas en estos seis meses”

“Ha devuelto estos alquileres para poner una denuncia y decir que llevan en impago desde octubre y agosto, y que así no puedan acogerse al decreto, aunque no pueden ser desahuciadas en estos seis meses”, explica, por su parte, Javier Gil, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en relación al Real decreto-ley 11/2020.

“Estas personas van a seguir consignando porque el objetivo de estas familias es pagar el alquiler, pero un alquiler digno, no las subidas abusivas que está marcando Blackstone”, continúa Gil. El activista, experto en vivienda, destaca que, ante la nueva Ley de arrendamientos urbanos, que ordena los contratos de alquiler firmados con un fondo buitre y no contempla subidas de alquileres durante siete años, la estrategia utilizada por estos fondos es hacer la subida de una vez, y en todo caso hacer quitas sobre el nuevo precio —con subidas del 80% o del 100%— en los primeros años. 

“Están aprovechando el estado de alarma para hacer firmar contratos abusivos. Así se comportan los fondos buitres durante la crisis, el Gobierno tiene que intervenir y ponerles límites”

Es lo que también está haciendo Azora, según denunciaban la semana pasada muchos de sus inquilinos, y también Cerberus. “Están aprovechando el estado de alarma para hacer firmar contratos abusivos. Así se comportan los fondos buitres durante la crisis, el Gobierno tiene que intervenir y ponerles límites”, destaca Gil, quien apunta que la celeridad de estos fondos de inversión por hacer firmar estas renovaciones con precios que duplican los anteriores responde a la bajada del precio de la vivienda ocasionada por la crisis del coronavirus y que ya se está empezando a ver.

“Estamos viendo que van a caer los precios de la vivienda, y entonces las subidas que puedan hacer van a ser menores de las del 100% que están poniendo ahora sobre la mesa, sobre todo si los inquilinos están en lucha. si suben las subidas del 100% que ofrecen van a ser menores sobre todo si los inquilinos están en lucha: están utilizando esta situación de alarma para que firmen precios de alquileres totalmente hinchados”, concluye.

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Desde el Sindicat de Llogaters denuncian que el fondo de inversión inmobiliario está presionando a los inquilinos para que firmen renovaciones de los alquileres por siete años con un 40% de subida en los tres primeros y un 40% más a partir del cuarto año.