Alquiler
Azora aprovecha la crisis del coronavirus para subir un 80% los alquileres

El fondo de inversión Azora, a través de su firma Lazora, aprovecha la crisis del coronavirus para obligar a sus inquilinos a firmar renovaciones del contrato de alquiler con subidas del 80%, según denuncian desde el Sindicat de Llogaters. “Azora es la misma imagen de cómo un fondo buitre pretende aprovechar la crisis del covid-19 para especular todavía más con sus viviendas”, denuncian desde esta organización, que subraya que este gran propietario, organizado en cuatro socimis y que gestiona 13.000 viviendas en todo el Estado, “se están pasando por el forro” las medidas decretada por el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria. 

El conflicto en las viviendas de Azora no es de ahora. Desde este fondo —que cuenta con cuatro socimis y gestiona 13.000 viviendas en todo el Estado— hace ya diez meses que pusieron a sus inquilinos entre la espada y la pared. “Propuso renovaciones de contratos con subidas del 80%”, recuerda Silvia Abadía, del Sindicat de Llogaters. 

La respuesta por parte de las familias que vivían en muchos de los bloques de Azora fue unirse y pelear juntas. Un total de 232 familias de cinco comunidades de vecinos de Catalunya —en Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa y Barcelona— y otras tres fincas en Madrid y Torrejón de Ardoz. Se negaron a aceptar las condiciones de Azora y consiguieron que los Ayuntamientos y hasta los gobiernos regionales intervinieran para convencer a la socimi de que retirara las condiciones abusivas, pero Azora no respondió.

Ahora, con la crisis del coronavirus, desde el Sindicat de Llogaters denuncian que la empresa ha comenzado a mandar burofaxes a sus inquilinos. Frente a la moratoria del pago de alquileres con ayudas públicas o la quita del 50% del alquiler en el caso de viviendas cuyos propietarios son grandes tenedores —más de diez viviendas— decretadas por el Gobierno, Azora ha ofrecido créditos propios al 2% de interés a pagar en un año. Frente a la renovación por seis meses de los contratos que lleguen a su fin durante el estado de alarma y meses posteriores, Azora ofrece renovaciones de contratos ligadas a una prórroga por siete años con un aumento del alquiler del 40% en los primeros tres años y un 40% más a partir del cuarto año. 

“Lo que han hecho es aprovecharse del confinamiento para arrancarme una renovación con unas condiciones no acordes con la futura crisis que va a venir ellos, siguen con las subidas”, explica Àlex, inquilino de una de las viviendas de Azora en Badalona. Explica que al rpimer burofax que Azora le mandó el 19 de marzo con consejos de salud le siguió otro, dos días después, en el que le subían el alquiler de los 815 euros actuales a 1.215 en los tres primeros años y le anunciaban que, después de esos tres primeros años de renovación tendría que pagar otra nueva subida hasta los 1.450 euros además de pagar un seguro del piso con una empresa de su grupo empresarial y los gastos de comunidad, IBI y el TGRSU. Y sin una llamada de teléfono por parte de la empresa. “Si tanto hablan de responsabilidad social, tienen que sentarse con nosotros para poder negociar; no hablamos solo de mi, solo en el bloque de Badalona hay ya entre 15 y 20 personas en esta situación y pronto seremos 30”, continúa.

Para Àlex, la solución sería congelar los alquileres y hacer renovaciones automáticas por uno o dos años, hasta que la crisis económica que siga a la sanitaria se calme. “Pero como mínimo que se sienten a negociar”, reclama.

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Asociaciones de consumidores y el movimiento por la vivienda denuncian que el “escudo social” frente al covid19 no está funcionando como debería. La burocracia, las dificultades añadidas en tiempos de confinamiento, la brecha digital y unos requisitos “excesivos”, según denuncian, hacen que buena parte de las personas que las necesitan no puedan acceder a las ayudas.

“Como el decreto ley aprobado en abril decía que los contratos tenían que ser de siete años y las subidas no podían ser interanuales, Azora ha usado una cláusula un poco fraudulenta y lo que hace es considerar el aumento del 80% como precio real y hacer una quita en los tres primeros años”, explica Abadía. “No es que sorprenda a los vecinos porque ya saben cómo es Azora, pero se está pasando las medidas del gobierno por el forro y ofreciéndoles que se endeuden y condiciones de renovación de contratos abusivas”, continúa, detallando que hay casos, por ejemplo en Badalona, en los que el alquiler de 900, una vez firmada la renovación, pasará a ser de 1.300 a partir de ahora y después de los tres primeros años pasará a ser de 1.900 euros. “Por un lado, presiona con una última oferta de renovación del contrato con las mismas cláusulas abusivas; y limita esta propuesta contractual al tiempo de vigencia del estado de alarma”, explica un comunicado firmado por once comunidades de vecinos en Catalunya.

“Los vecinos no quieren clases de yoga, quieren que Azora se siente a negociar”, subraya Abadía

Mientras ofrece estas condiciones abusivas, desde el Sindicat de Llogaters señalan que la empresa ha mandado también burofaxes ofreciendo clases de yoga y fumigaciones de espacios colectivos. “Los vecinos no quieren clases de yoga, quieren que Azora se siente a negociar”, subraya Abadía. Azora “utiliza un lenguaje insultante e inmoral cuando publicita en prensa su interés para estudiar las situaciones de vulnerabilidad de sus inquilinos, cuando nunca ha mostrado voluntad de negociación”, señala el comunicado de las comunidades de vecinos. “Lo vuelve a hacer cuando, de nuevo, publicita desinfecciones por empresas especializadas en las zonas comunes de nuestros bloques. Y todavía mucho más cuando nos envía mensajes relacionados con las campañas Lazorateayuda o Vidingencasa, mostrándonos indicaciones de actividad física-yoga para hacer estos días”, continúa.

“Las medias del gobierno no sirven para frenar a los fondos buitre y la actitud totalmente especuladora de Azora, que se está aprovechando de un contexto en el que las familias se sienten más vulnerables que nunca”, concluye.

[Actualización a día 26 de abril a las 13h] Desde el departamento de comunicación de Lazora afirman a El Salto que “Lazora no está aprovechando el estado de alarma para renovar ni actualizar rentas: es un proceso que estaba en marcha, con vencimientos ya previstos, antes de dicho estado” y que “si el inquilino solicita la prórroga, automáticamente ésta se concede por ley. Y así lo está haciendo, por supuesto, Lazora”. Aseguran que si el inquilino no solicita la prórroga contemplada en el real-decreto ley es cuando “se sigue adelante con la renovación que ya estaba en marcha”, añadiendo que esto es algo que pasa con frecuencia incluso en estos momentos. Desde la empresa cifran en una treintena las renovaciones de contratos a siete años, con esta subida de alquileres del 80% aceptadas por los inquilinos solo en abril, lo que, para ellos, es “una prueba de las condiciones competitivas que ofrece Lazora”, que señala que para fijar estos precios se han tenido en cuenta los marcados por la Generalitat de Catalunya como referencia en las distintas zonas y los precios de mercado.  “Muchos inquilinos están renovando con las nuevas rentas actualizadas”, insisten. Sin embargo, en los burofaxes enviados a los inquilinos, a los que ha tenido acceso El Salto, no se menciona en ningún momento la posibilidad de pedir una prórroga de seis meses manteniendo las condiciones actuales, como ordena el real-decreto aprobado en abril y en cambio sí se señala que la campaña de renovaciones de contratos por siete años con subidas del 80% obedece a un “programa extraordinario de revisión de las condiciones de renovación mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno”.

Desde la empresa también afirman que “siempre revisa cada caso de forma individual y ofrece soluciones y alternativas a aquellos casos que puedan presentar vulnerabilidad social”, lo que también niegan los inquilinos con los que ha hablado El Salto. “Aún estoy esperando que un asesor comercial se ponga en contacto con nosotros, y sin noticias”, lamentaba uno de estos inquilinos el pasado 24 de abril, quien afirma llevar casi un mes esperando esa llamada.

Lazora también afirma que ofreció “planes especiales de ayuda a sus inquilinos antes de que el Gobierno aprobada el real-decreto ley”, pero no concreta en qué se materializaron estos planes de ayuda, y señala que lamentan que “desde plataformas de activistas se quiera generar alamar social aprovechando un momento de emergencia como el actual, creando confusión entre nuestros inquilinos” en referencia al Sindicat de Llogaters. También niegan “tajantemente la grave acusación sin fundamento ni sentido alguno sobre el ofrecimiento de microcréditos por parte de Lazora”.