Derecho a la vivienda
El ayuntamiento de Gandía ejecuta un desahucio en contra de una resolución de la ONU

Ni la ONU ha conseguido detener el último desahucio que el Ayuntamiento de Gandía ha llevado a cabo en el número 57 de la calle Perú este miércoles por la mañana. Francisco Borrull, de 44 años, ha sido desalojado de la vivienda que ocupaba en ese edificio y ha sido trasladado a un hostal como solución transitoria. Ese ha sido el acuerdo que han alcanzado entre las dos partes, con la mediación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Safor-Valldigna, que ha estado pendiente del caso en todo momento.

Francisco pasará en esa pensión al menos dos meses con los gastos cubiertos por el Ayuntamiento, con la condición de que en ese tiempo busque un piso de alquiler, que deberá pagar con la renta que recibe por ingresos mínimos vitales y otra ayuda autonómica, que ascienden en total a unos 700 euros mensuales.

Una decena de agentes de policía local y nacional han llegado poco después de las 9 de la mañana y le han ofrecido abandonar la vivienda de forma voluntaria. “Me han hecho sacar mis cosas, se las he dejado a una chica porque a la pensión no me dejan llevármelas”, dice Francisco, refiriéndose a los muebles y objetos de mayor volumen.

Joan Cogollos, de 76 años y miembro de la PAH, que ha estado presente en la concentración junto “con otras 15 o 20 personas”, asegura que “ha sido todo pacífico, nosotros íbamos con la intención de negociar. Un policía me ha pedido el DNI y nada más”.

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El desahucio se ha llevado a cabo en contra incluso del reciente pronunciamiento de las Naciones Unidas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca había puesto en conocimiento a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Gandía sobre el hecho de que la ONU “toma en consideración la situación de vulnerabilidad de este vecino de Gandía y ruega, por tanto, que el Estado Español inste a la suspensión del desahucio''.

Esta resolución viene del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que insta al Ayuntamiento de Gandía a suspender el desahucio de forma cautelar, ya que el afectado se encuentra en una situación de “extrema vulnerabilidad”. Desde la PAH recuerdan que “tampoco se está respetando la moción aprobada el 12 de marzo de 2015 por la que Gandía se declaraba ciudad libre de desahucios”.

Francisco, que padece problemas cardíacos desde que sufrió un infarto agudo con 22 años, ha pasado las horas previas a su desalojo “muy angustiado. He estado casi toda la noche sentado en la cama llorando, me he tenido que tomar una pastilla para los nervios porque no podía dormir”. Al menos, no está solo. Además del apoyo de la PAH, hacia la que se muestra “agradecidísimo, porque me están ayudando mucho”, cuenta con la compañía de un joven de 19 años, que tampoco lo ha tenido fácil. “Es un chaval que estaba en adopción con una familia y como se portaba mal, le metieron en un colegio y cuando se hizo mayor de edad, lo echaron. Yo lo conocía desde que era pequeño, un día me dijo que estaba en la calle y le dije que se viniera conmigo, que por lo menos tendría un techo. No tiene a nadie y yo soy como un padre para él”.  

Francisco tampoco puede contar con apoyo familiar por desaveniencias con su entorno más cercano. “Lo estoy pasando muy mal, me veo con un pie en la calle, estoy bebiendo agua de la fuente porque a veces no me llega ni para comprar una botella”. Además, sufre una discapacidad del 36% por un accidente que tuvo. “Ojalá estuviera sano como un pescao para poder trabajar”, dice, sin perder el sentido del humor, a pesar de su situación.  

El edificio en el que vivía hasta ahora Francisco ya era conocido porque allí se originó hace cinco años una reyerta que acabó con numerosos heridos y el fallecimiento de un hombre de 37 años, debido a un conflicto entre clanes familiares. Se trata del edificio Lima, un bloque de viviendas de protección oficial (VPO), en la zona norte de la ciudad, que está habitado de forma no regulada desde hace varios años. Después de que la empresa constructora se declarara en concurso de acreedores, el ayuntamiento de Gandía recuperó la propiedad de esas viviendas y, tras los numerosos episodios de conflictos en la zona, se ha marcado el objetivo de expulsar a sus ocupantes y recuperar el control del edificio, al que le cortaron el suministro de luz hace un año. 

“Al principio, aunque éramos okupas, todo iba bien”, dice Francisco, “Pero ahora quieren echarlos a todos. La jueza ha dicho que sí o sí tienen que salir detrás de mí los demás”. Aún hay tres familias que habitan este edificio y que están pendientes de juicio. “Tenemos que tomar conciencia de que tenemos que movernos”, recalca Joan Cogollos. Desde su asociación aseguran que “la lucha no acaba aquí. Velaremos por el cumplimiento del compromiso del ayuntamiento y denunciaremos cada milímetro de nuevas vulneraciones de sus derechos fundamentales”.

Por otra parte, desde la PAH también reconocen el trabajo de la Conselleria. Joan Cogollos cree que “están buscando soluciones, se están esforzando, el problema es que hay pocas viviendas”. Aunque reconocen que no es una solución digna a largo plazo, “por lo menos Francisco ahora está un poco más contento porque le han dado un hostal y su compañero también puede estar con él”. “Dentro de lo malo, tengo un techo. Ahora solo quiero encontrar un piso, instalarme y vivir tranquilo”, concluye Francisco.