Vivienda
40 años de vida a subasta: historia de un desahucio

Imagina cómo sería construir desde los 18 años la casa de tus sueños. Y que una vez pasados 40 años y formada una familia, llega un banco y se la adjudica por un precio irrisorio, dejándote en la calle junto a tu pareja y tus hijos.

Ese es el caso de María José, Fernando y sus tres hijos, las últimas víctimas de desahucio de la Caja Rural de Granada. El pasado 17 de noviembre, esta familia de Las Gabias, en la provincia de Granada, tenía previsto el lanzamiento de su vivienda, pero la Plataforma Stop Desahucios Granada 15M junto a la familia y la presión de las instituciones han conseguido que esta ejecución se haya aplazado dos veces, a la espera de una nueva fecha de desahucio si no se llega a un acuerdo.

Fue el domingo 12 de noviembre cuando la Plaza del Ayuntamiento de Granada vivió un episodio similar al 15M pero a pequeña escala. La Plataforma Stop Desahucios 15M Granada acampó junto a la familia afectada y algunos familiares en la céntrica plaza del Carmen, justo a la derecha de la puerta de acceso del Ayuntamiento de Granada, que amaneció con tiendas de campaña, carpas y un despliegue de carteles informativos y reivindicativos.

En el día del desahucio, más de 200 personas se presentaron en el domicilio de Las Gabias como muestra de apoyo a la familia. Algunas en el interior de la vivienda y otras muchas tras el cordón desplegado por la Guardia Civil. Dos horas y media de tensión, unión y emoción, ya que al marcar las 11h —hora prevista para el lanzamiento— y pasados unos minutos de silencio en el que todas las personas allí congregadas alzaron sus brazos, se comunicó la paralización del desahucio.

La abogada que colabora con la PAH Granada advirtió que “estaban a la espera del expediente judicial para ver si se había impugnado la otra parte o si el juez lo había resuelto, algo que nos ayudará a barajar qué opciones de recursos cabrían contra una resolución judicial que desestimase ese recurso, además de seguir a la espera de una nueva fecha de lanzamiento”.

Por su parte, el Defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín García, señaló el caso de María José y Fernando “como un nuevo episodio de la gran lacra de esta sociedad” e incide en “poner orden y una conciencia mayor, que los bancos actúen de otra manera, así como los gobernantes legislen de otro modo”. Refiriéndose a Granada, Martín comentó que “no es la excepción en esto de los desahucios” aunque sí recalcó que “quizás el tejido asociativo está alzando la voz y está haciendo más ruido que en otras zonas”.

El domingo 12 de noviembre la plaza del Ayuntamiento de Granada vivió un pequeño 15M en apoyo había María José y Fernando

Fernando y María José relatan a El Salto los motivos que les llevaron a esta delicada situación. “Todo empezó con un crédito que pedimos mis socios y yo para ampliar el negocio”, explica Fernando, que regentaba junto a dos socios un negocio de almacenaje de vidrio y metalistería desde 2004. Este negocio era la única fuente de ingresos de la familia. El último gran préstamo se pidió en 2007 y les hicieron una hipoteca avalando la vivienda de cada socio. Fue a partir de entonces cuando vinieron los problemas. Con la llegada de la crisis comenzaron los impagos a los trabajadores y se deshizo la empresa con embargos de la Seguridad Social y Hacienda.

Llegada la crisis, a la hipoteca le quedaban diez años por pagar todavía. “Aun así, la empresa siguió hasta que no pudo aguantar más frente a los embargos e impagos, y una vez cerrada se nos echaron todos los acreedores encima”, lamenta Fernando. El banco empezó a ejecutar la hipoteca y los avisos a los tres socios eran constantes, que llegaron al extremo de “no tener ni para comer”, apunta.

Con el problema de frente, intentaron hacer una restructuración para que los pagos fueran más pequeños —pagaban de hipoteca casi 6.000 euros mensuales—. ¿Qué pasó? Cuando pidieron una refinanciación resultó imposible pues, como comentaba María José, “una vez que apareces en las listas de morosos, te conviertes en un cero a la izquierda y nadie te ayuda”.

A partir de ese momento empezaron a llegar las cartas de embargo, la casa salió a subasta y se la adjudicaron en 2014 por 115.000 euros, cantidad que la familia ha ofrecido ahora para la recompra y que Caja Rural Granada ha desestimado.

La fecha prevista para el primer lanzamiento fue el 9 de octubre de 2017 y se paró judicialmente. Consiguieron ampliar el plazo 40 días hasta el 17 de noviembre y gracias al apoyo de cientos de personas han conseguido más tiempo, pero la historia de María José y Fernando aún está lejos de terminar.