Violencia Vicaria
Aprobado el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria en el Consejo de Ministros

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado este martes el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria que el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión semanal. Ha asegurado que con el contexto actual, con nueve víctimas mortales en 2024 y tres en lo que va de este año fruto de la violencia vicaria, ha hecho que “tengamos que dar un paso adelante para la protección de la mujeres”. El anteproyecto de ley, ha explicado la ministra, se hace por modificación de leyes existentes como el Código Penal o la Ley Integral contra la violencia de género, que justo ha cumplido 20 años. “Teníamos que desarrollar esta ley orgánica”, ha adelantado, con el objetivo de que España vuelva a ser “vanguardia” en las políticas de igualdad “cuando la violencia sigue siendo el principal problema al que se enfrentan las mujeres, en particular, y la sociedad, en general”. 

“Tenemos un compromiso político también derivado del Pacto de Estado firmado por todos los partidos menos Vox”, ha asegurado y ha afirmado, a preguntas de los periodistas, que cuentan que el Partido Popular, como participante del pacto renovado este año, “va a participar activamente en el procedimiento parlamentario”. En este sentido, confía en que una vez que el anteproyecto de ley se presente en el Congreso de los Diputados todos los partidos se unan a mejorar el texto aprobado hoy. “Lo fundamental es proteger a las víctimas y concienciar a la sociedad sobre estas violencias inconcebibles”, ha asegurado Ana Redondo. 

La titular de Igualdad ha concretado que el primer paso ha sido la definición del delito ya que estará recogido como “aquella violencia que se ejerce contra la mujer por su pareja o ex pareja  a través de persona interpuesta”. Este concepto, situaría tanto a hijos e hijas menores, como descendientes en general, mayores con discapacidad, a la pareja actual y otros familiares. Para argumentar jurídicamente, se explica que son violencias que atentan “contra la integridad moral de las mujeres” víctimas de la violencia de género. 

Así, se quiere modificar el artículo 173 bis del Código Penal para  establecer dos tipos de este delito: el tipo genérico en el ámbito de la violencia doméstica, que penará estos actos con entre seis meses a un año de cárcel, y el tipo agravado, en el contexto de la violencia de género, que tendrá una pena de entre año y medio a tres años de cárcel. Además, se impondrán penas accesorias como la prohibición de portar armas, entre otras. “Hemos optado por esta modificación por la jurisprudencia existente”, ha concretado Redondo. 

La futura ley prohibirá al victimario publicar informaciones que puedan causar más dolor a la víctima, como pasó en el caso Bretón

También en el Código Penal se incluye la posibilidad por parte de los jueces, recogido en el articulo 70, de prohibir al victimario o condenado de publicar informaciones y documentos para seguir causando dolor a la víctima. La ministra ha explicado que se ha llegado a esta modificación por el caso Bretón, donde el asesino de dos niños, hijos suyos, participó en un libro que la madre de los menores intentó bloquear. “En este caso, la sociedad fue por delante de la ley y ahora queremos que la ley acompañe a la sociedad”, ha indicado la ministra, en el sentido de que en ese momento se puso sobre la mesa el conflicto entre el derecho a la protección de la víctimas con la libertad de publicación o de creación artística. “Anticipamos la solución con esta pena accesoria”, ha concluido. 

Respecto a la ley de enjuiciamiento civil, la ministra ha resaltado que con este anteproyecto de ley se pretende que escuchar al menor sea la norma en casos de violencia, pero también en casos de tutela o custodia. “Se recoge ya en el ordenamiento judicial, pero aquí hacemos un refuerzo de la obligación de que el menor sea escuchado y solamente, como excepción, cuando sea imposible o perjudique al bien superior del menor se podrá no hacer”. En cuanto a la Ley orgánica de 2004, se reforzará todos los planes de sensibilización contra la violencia vicaria. 

La ministra señaló que este anteproyecto también modificará la Ley del Poder Judicial ya que ofrecerá una formación obligatoria para jueces y fiscales sobre la materia. “Es un déficit que tiene el ordenamiento español y queremos reforzar con una oferta obligatoria, algo necesario en la promoción de las carreras judiciales y fiscales”. Por último, la ministra se ha hecho eco de la polémica sobre los fallos de las pulseras antimaltrato, a preguntas de los periodistas, asegurando que son “bulos absolutos” y afirmando que está preocupada por el bienestar de las víctimas ante “tantas falsedades”. “Me preocupa que esto que tanto nos ha costado construir se ponga en duda por un interés político que no llego a entender”, ha asegurado.