Violencia machista
Crisis en Igualdad por fallos en las pulseras con la pugna entre Telefónica y Vodafone como ruido de fondo

El Ministerio de Igualdad anunció este lunes cambios en los contratos de las pulseras antimaltrato. El nuevo contrato que licitará el Ministerio de Igualdad nuevamente en unos meses para gestionar las pulseras antimaltrato ha incorporado “una serie de mejoras técnicas” tras el “problema” ocurrido en 2024, tal y como ha anunciado este lunes la ministra, Ana Redondo. Entre esas mejoras está una plataforma para que esos datos estén en todo momento a disposición. 

Redondo sigue manteniendo que este dispositivo, que consiste en la imposición de brazaletes que permiten el seguimiento por medios telemáticos para velar por el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación impuestas en el ámbito de la violencia de género y en el ámbito de la violencia sexual por decisión e una autoridad judicial, “siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente”. Pero el anuncio se produjo después de una crisis que empezó el miércoles 17 de septiembre con la publicación de las primeras noticias sobre los fallos. En esta semana de crisis, Redondo ha tenido que admitir fallos y tomar medidas, después de minimizarlos, en la que es hasta ahora la mayor crisis del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo. 

El rifirrafe entre el Ministerio de Igualdad y el Consejo General de Poder Judicial, las críticas de los dos principales sindicatos policiales y, como ruido de fondo, la competencia entre dos grandes compañías de telecomunicaciones forman parte de esta crisis

El rifirrafe entre el Ministerio de Igualdad y el Consejo General de Poder Judicial, las críticas de los dos principales sindicatos policiales y, como ruido de fondo, la competencia entre dos grandes compañías de telecomunicaciones forman parte de esta crisis que ha motivado la petición de dimisión de Redondo por parte del Partido Popular, que se ha referido a la sucedido en estos días como un nuevo “sí es sí”, en referencia a la crisis del Ministerio de Igualdad de la legislatura anterior provocada por la rebaja de penas a condenador por delitos contra la libertad por la aplicación de la ley de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. 

No es la primera crisis del ministerio de Ana Redondo. En julio de 2024, Igualdad tuvo que cesar a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, después de diversas informaciones que hacían alusión a supuestas adjudicaciones del Instituto a la empresa de la mujer de García. El cese apagó entonces ese fuego, de dimensiones mucho menores que la crisis de las pulseras, que cuestiona el núcleo de la labor del Ministerio de Igualdad: la protección a las mujeres víctimas de violencia machista.

A finales de 2023 se produjo la transición del servicio de gestión de las pulseras, que dejó de estar en manos de Telefónica - Securitas Direct a la UTE entre Vodafone y Securitas. En esta transición, se produjo el supuesto fallo en la migración de datos

A finales de 2023 se produjo la transición del servicio de gestión de las pulseras, que dejó de estar en manos de Telefónica - Securitas Direct a la UTE entre Vodafone y Securitas. En esta transición, se produjo el supuesto fallo en la migración de datos, que impidió el volcado de la información histórica de la geolocalización de los agresores. A comienzos de 2024, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de su Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, comenzó a alertar al Ministerio de Igualdad sobre problemas en el sistema. Los jueces informaron de que no pueden acceder a los datos de geolocalización de los agresores correspondientes a un periodo de tiempo determinado, lo que dificultaba la instrucción de los casos.

A lo largo del año, la Fiscalía General del Estado también detectó el problema. Así se recoge en su memoria anual, que se hizo pública a finales de año. Según la Fiscalía, el fallo en el volcado de datos afecta a la capacidad de los fiscales de documentar los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento, lo que podría haber llevado a la “desprotección potencial” de las víctimas y a la suspensión de procedimientos judiciales. El problema se da por resuelto a finales de 2024, cuando la nueva adjudicataria finaliza el volcado de datos.

Esta es la cronología de la crisis de las pulseras Cometa, los brazaletes que permiten el seguimiento por medios telemáticos para velar por el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación impuestas en el ámbito de la violencia de género y en el ámbito de la violencia sexual por decisión e una autoridad judicial.

Miércoles 17 de septiembre. El medio de extrema derecha okdiario.espublica la primera información sobre los fallos en las pulseras: “Igualdad perdió todos los datos de las órdenes de alejamiento por maltrato con Irene Montero como ministra”. Según este medio, una “licitación defectuosa” provocó que se perdieran “todos los datos históricos anteriores al 20 de marzo de 2024”, de forma que dse generó un “vacío informativo duranet meses”, lo que provocó “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios”. 

Un poco después, El País amplía la información y explica que ni el Ministerio de Igualdad, ni Fiscalía, ni Vodafone, ni Securitas han querido contestar a este diario sobre cuánto duró ese fallo exactamente, ni a cuántos casos perjudicó. “En la actualidad tenemos todos los datos integrados en nuestro sistema, tenemos todos y cada uno de los datos”, respondió Igualdad a preguntas de este medio. 

Jueves 18 de septiembre. El jueves, la Fiscalía informado de los problemas, a los que se refiere como “puntuales”. Estos fallos “no tuvieron que ver con los dispositivos, sino con la descarga de los datos previos a marzo de 2024”, dice, y eso “tuvo un impacto en algunos procesos penales por quebrantamiento de condena, que al no disponer de la prueba de la ubicación de los agresores llevó al sobreseimiento temporal de algunos casos”.

Sin embargo, señala que la mayoría de esos casos se pudieron resolver posteriormente, “pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos”. En este sentido, ha aseverado que esos procedimientos judiciales eran por delito de quebrantamiento de alejamiento y no de violencia y ha aclarado que el informe técnico con los datos del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) no es siempre la única prueba inculpatoria: puede haber otros elementos probatorios.

El Ministerio Fiscal hace hincapié en que los dispositivos de control telemático de maltratadores funcionaron correctamente todo el tiempo y las mujeres no quedaron desprotegidas y que la coordinación de las fiscalías permitió detectar el problema de inmediato y ponerlo en conocimiento de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El jueves, la Fiscalía informado de los problemas, a los que se refiere como “puntuales” mientras el Ministerio de Igualdad pide “tranquilidad” y asegura los fallos se solucionaron en 2024

Ese mismo jueves, el Ministerio de Igualdad llama a la calma con un comunicado en el que Redondo pide “tranquilidad”. “Los dispositivos funcionan correctamente, en todo momento han funcionado, y la alarma que se ha generado por algunas noticias que hablan de disfunciones producidas precisamente en la itinerancia de datos del anterior adjudicatario al actual se solucionaron en 2024”, decía Redondo. Por otro lado, ha asegurado que “el sistema está funcionando a pleno rendimiento y ellas pueden estar tranquilas porque están protegidas y seguras”. Según este comunicado, no se pudo obtener información en un momento concreto del procedimiento, pero el dispositivo funcionaba correctamente para controlar el cumplimiento de la orden de alejamiento del agresor respecto a la víctima.

Igualdad explica entonces que “la memoria de la Fiscalía de 2025, que contempla esta incidencia, recoge datos de 2024 y se redacta con mucha antelación a su publicación. El problema quedó resuelto a finales de 2024 y, de hecho, en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia. Y, al igual que la Fiscalía, asegura que los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez se recuperaron los datos para continuar los procedimientos en curso y que el informe técnico de Cometa no es siempre la única prueba, sino que puede haber otros elementos probatorios.

Ni la Fiscalía ni el Ministerio precisan la duración del error, pero ese mismo jueves sí lo hace el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que asegura que falló durante cuatro meses. 

Viernes 19 de septiembre. El viernes, un titular de El País vuelve a poner en aprietos el Ministerio: “Igualdad desoyó los reiterados avisos internos sobre múltiples fallos en las nuevas pulseras antimaltrato”. Según esta información, personal del centro Cometa lleva meses denunciando los errores que se han multiplicado tras el cambio de adjudicataria, unos errores que ha puesto en conocimiento del ministerio.

Por su parte, el sindicato policial Jupol asegura ese viernes que las pulseras que se utilzian en este sistema “se venden en AliExpress”, algo que el Gobierno ha tildado como “absolutamente falso”. “Desde JUPOL queremos poner en valor del trabajo de las UFAM, sin personal suficiente, que hace que la inmensa mayoría de las víctimas tengan que ser atendidas en las ODAC, haciéndolo nuestros compañeros lo mejor que pueden, con enorme profesionalidad”.

Sábado 20 de septiembre. El sábado, en el acto de apertura del curso político del PP canario, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, menciona el asunto en su discurso. Tellado pide e”la dimisión inmediata” de la ministra de Igualdad por las incidencias. Tellado ha avanzado además que su partido ha elevado el asunto ante la Comisión Europea ante la posible violación de “cuatro directivas comunitarias”: “Esto no va a quedar así”, ha advertido Tellado, que ha acusado al Gobierno de España de “fallarle a las víctimas. Las han dejado protegidas, indefensas”. 

En el PSOE, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Oscar López, preguntado en un acto ese mismo sábado, se mantiene al lado de Redondo y dice que debe prevalecer la tranquilidad sobre el funcionamiento del sistema de pulseras telemáticas de control a maltratadores. 

El lunes, pese a los intentos de Igualdad por dar por cerrada la crisos, un comunicado del Consejo General del Poder Judicial ratifica que había informado al Ministerio de Igualdad de los problemas 

Lunes 22 de septiembre. El lunes, pese a los intentos de Igualdad por dar por cerrada la crisos, un comunicado del Consejo General del Poder Judicial ratifica que había informado al Ministerio de Igualdad de los problemas con las pulseras en los meses de enero y febrero de 2024, lo que desmiente las afirmaciones del Gobierno de que el problema no había sido reportado.

Según el CGPJ, las incidencias que se detectaron se comunicaron al ministerio. “Así sucedió con dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia, de los que se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025, respectivamente; y con la comunicación de otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que se dio traslado a la Delegación el 27 de febrero de 2025”. El CGPJ explica haber enviado una carta al ministerio con estos detalles. 

También el lunes, Igualdad anuncia cambios en los contratos de las pulseras antimaltrato. En una comunicación en vídeo, Ana Redondo describe al PP como “ruin y mezquino” por estar “utilizando el miedo y amedrentando a las víctimas como ariete político contra el Gobierno”. 

Martes 23 de septiembre. Este martes a mediodía está previsto que el Senado celebre la Comisión General de las Comunidades Autónomas que el PP ha anunciado como “una sesión monográfica sobre la violencia contra las mujeres". En una nota de prensa este lunes, el PP decía en un anota de prensa aseguraba en una nota de prensa el lunes haber invitado a la ministra de Igualdad y anunciaba intervenciones de los consejeros de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.