Violencia sexual
Seis profesoras del CRA Lozoya denuncian acoso sexual y laboral ante la inacción de la Consejería de Educación

En las zonas rurales, allí donde no hay suficiente alumnado para establecer un colegio o instituto, existen los CRA, Colegio Rural Agrupado. Son centros con aulas más pequeñas y con profesorado muy reducido. Suelen contar con un claustro de hasta ocho o diez docentes, no muchos más. Por su dimensión no suele trascender demasiada información sobre estos centros escolares. Sin embargo, en las últimas semanas el sindicato CGT Enseñanza ha venido informando sobre la situación que vive el CRA de Lozoya, al norte de la Comunidad de Madrid.

La primera semana de noviembre pasado el director de este colegio, después de haber solicitado una baja laboral en el mes de julio, se reincorporó a su puesto de trabajo después de haber sido denunciado por seis profesoras del mismo centro educativo por acoso laboral y acoso sexual. CGT expone que la administración, en este caso, la Consejería de Educación, no ha tomado medidas cautelares contra el presunto agresor y por ello han sido las denunciantes las que han tenido que abandonar sus puestos de trabajo, ya sea por traslados voluntarios o por baja médica. El mismo día en el que el director volvió a su puesto, las propias denunciantes se enteraron de ello sin que hubieran sido informadas. La única denunciante –en este caso por por acoso laboral– que permanecía hasta entonces en el CRA de Lozoya, solicitó una baja médica.

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”Solicitamos que la administración ponga una serie de medidas cautelares, preservando desde luego la presunción de inocencia, pero sí que consideramos que hay que proteger a las personas denunciantes”

Ya a finales de junio la Consejería de Educación tenía constancia de las seis denuncias ante la Guardia Civil. Desde CGT Enseñanza Madrid consideran que la no aplicación de medidas cautelares es de extrema gravedad a pesar de haberlo solicitado desde el sindicato para evitar mayores prejuicios a las docentes. “Como sindicato solicitamos una reunión para pedir lo que se puede hacer en este caso y es que la Administración ponga una serie de medidas cautelares, preservando desde luego la presunción de inocencia, pero sí que consideramos que hay que proteger a las personas denunciantes”, declara a El Salto Ander Piedra Gaminde, del sindicato CGT. Entre las medidas que se podrían aplicar estaría el desplazar a la persona denunciada a una zona administrativa externa al mismo centro. “Son medidas que en otros casos sabemos que se han adoptado pero, en este caso, la administración no ha querido”, reclama Piedra.

Hasta el momento, y de acuerdo siempre a la información de CGT, la administración anunció que se acometerían medidas de tipo organizativo, sin embargo “por lo que nos hemos enterado en prensa, básicamente consistiría en que no se cruzasen en un pasillo, es decir, que no coincidiesen denunciante y denunciado, relata el sindicalista. Así, piensa, no se resuelve el problema de fondo. Agrega además que sus compañeras “se ven indefensas y sobre todo poco atendidas, o no atendidas ningún caso” por la Consejería. Desde el sindicato ven absurdo que el presunto acosador siga en su puesto de trabajo y ellas se hayan visto forzadas a desplazarse “y con el el malestar de que efectivamente no se ha hecho nada”, concluye Ander Piedra.

Este miércoles 20 de diciembre, cinco de las profesoras denunciantes acudirán a prestar declaración al Juzgado Primer de Torrelaguna. Desde el sindicato avisan de que se presentarán a apoyarlas mediante una concentración junto al juzgado e invitan a la comunidad educativa a acudir también.