La violencia sexual es “masiva” y ni siquiera existe un teléfono en el que atender a las víctimas

Entre enero y junio de 2018 se denunciaron 788 violaciones en España, más de 4 al día, según datos del Ministerio del Interior, pero España sigue estando a la cola de los países europeos en el número de denuncias presentadas, en concreto en el puesto 25 de 32, según datos de Eurostat en 2015. Son algunos de las estadísticas que incluye el informe Ya es hora de que me creas que Amnistía Internacional ha presentado esta mañana, y en el que pide tomar medidas urgentes ante la falta de recursos para abordar la violencia sexual.

Porque sin campañas de información que aclaren qué hacer cuando has sufrido una agresión sexual y sin cifras que dibujen la dimensión real de la violencia sexual, las mujeres se siguen enfrentando a un sistema en el que los estereotipos permiten que los testimonios de las víctimas sean puestos en cuarentena y la violencia sexual se minimice, argumentan.

Tras ser violada, Blanca acudió con su madre a la policía. Fueron cinco horas de interrogatorio en las que el agente reiteraba las mismas preguntas, “veía que no me creía”

“Las preguntas eran muy repetitivas y el agente ponía caras, me hacía sentir incómoda, porque yo veía que no me creía”, cuenta una víctima de violación. Blanca (nombre fictíceo) ha compartido esta mañana ante los medios el trato que recibió tras ser violada en 2016, al volver a casa. Un hombre la atacó a dos portales de su casa, la violó y la dejó inconsciente. Cuando llegó a casa y se lo contó a su madre, ambas acudieron de inmediato a una comisaría, desde donde las llevaron a otra que, supuestamente, está especializada en este tipo de delitos. Tras cinco horas de interrogatorio deciden acudir a un hospital, y lo hacen en autobús. Este hospital las manda a La Paz, centro de referencia para casos de agresión sexual en la ciudad de Madrid y a donde también van en transporte público.

En La Paz, Blanca recuerda recibir un buen trato del personal médico. Pero no así del forense, que en un primer momento se negó a acudir. Cuando llegó, lo hizo gritando. Tras un comportamiento violento y antiprotocolario del forense, le toman las pruebas. Luego, la policía lleva a Blanca a recorrer el lugar de los hechos. “En total, desde que me violaron hasta que pude llegar a mi casa pasaron unas 17 horas”.

También ha contado su historia Mónica Méndez, cuya hija de 15 años se suicidó tras ser acosada por WhatsApp. “Me siento maltratada, yo y mis hijos, hemos sido un número para la justicia”, ha explicado. La menor, Raquel, se suicidó al día siguiente de acudir con su madre a interponer una denuncia en la que facilitaban los datos del agresor que acosaba y amenazaba a Raquel. La Policía las mandó de vuelta a casa.

Tras el suicidio, las administraciones reaccionaron. Pero el juicio y la condena no han servido para reparar el daño causado a Mónica. “Me empujan a llegar a un acuerdo y le condenan a 2.000 euros y antecedentes penales, pero no se ha ejecutado la sentencia y además su abogada la ha recurrido”. “La vida de mi hija cuesta 2.000 euros”, resume.

VIOLENCIA MASIVA

“La violencia sexual en España fuera de la pareja o expareja es masiva e impacta en la vida de millones de mujeres en España, pero es oficialmente invisible”, ha explicado Sebastián Beltrán director de Amnistía Internacional en España. Pese a que existen datos dispersos, no hay herramientas estadísticas que puedan servir para conocer la dimensión de la violencia sexual en el estado, una violencia cuyas víctimas se encuentran con que no tienen ni tan siquiera un teléfono al que llamar, ha explicado.

Tampoco existen “centros de crisis” como ocurre en muchos países (los rape crisis centers), unos centros que atienden 24 horas al día y que algunos organismos internacionales consideran como referente. En siete comunidades autónomas tampoco hay centros especializados. “¿Se sabe qué hacer? La respuesta es no”, ha concluido.

Entre los obstáculos que señala el informe para atender la violencia sexual está la invisibilización, la falta de políticas públicas, la dispersión y heterogeneidad de los protocolos y la falta de especialización de las personas que atienden a las víctimas. Además, el informe señala entre los obstáculos para denunciar la obligatoriedad de presentar denuncia para que se garantice la intervención de personal forense como establecen algunas comunidades.

“La obligatoriedad de poner una denuncia puede invisibilizar a mujeres en situación de especial vulnerabilidad como son las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular que se podrían enfrentar a una orden de expulsión, las trabajadoras domésticas, o las mujeres con discapacidad que en muchos casos son violadas o abusadas por sus familiares o cuidadores, las mismas personas con las que tendrían que acudir a comisaría o a un centro médico en el caso de que decidieran denunciar”, dice el informe. 

Bárbara Tardón: “Las víctimas dicen que si supieran a qué se van a enfrentar cuando denuncian, no volverían a denunciar”

Bárbara Tardón, una de las investigadoras, describe el camino de las víctimas de violencia sexual como “un camino lleno de piedras”. “Muchas no quieren poner denuncia porque no confían en las administraciones que tienen que defenderlas”, ha explicado para mostrar su preocupación por que “todas las víctimas y la mayoría de las profesionales dicen que si supieran a qué se van a enfrentar cuando denuncian, no volverían a denunciar”.

Entre las medidas que propone Amnistía Internacional están la recopilación de datos, que permitan dimensionar el problema, crear servicios especializados como teléfonos disponibles las 24 horas del día, garantizar la aplicación de un protocolo común, reformar el Código Penal en lo referente a todos los delitos sexuales y facilitar la asistencia letrada a las víctimas.