Violencia machista
Ángela González: “Esta sentencia es un paso gigantesco para la protección de las mujeres, sus hijos e hijas”

La organización Women’s Link Worldwide, que ha acompañado el caso de Ángela González desde 2011, ha valorado hoy la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a González y condena al Estado español a indemnizarla por considerar que es responsable de la desprotección que sufrieron Ángela González y su hija Andrea, que fue asesinada por su progenitor pese a las numerosas denuncias de la madre sobre el riesgo que corría la niña por el régimen de visitas.

En rueda de prensa, Ángela González y la abogada Gema Fernández han explicado el alcance de la decisión que Tribunal Supremo firmó el pasado 17 de julio. “El reconocimiento de que ese dictamen es vinculante tiene una importancia decisiva y también un mensaje de esperanza para mujeres que se encuentren en situaciones similares”, ha asegurado Gema Fernández.

En su opinión, la sentencia lanza un mensaje muy potente: el mensaje de que “en la violencia de género puede imputarse la responsabilidad al Estado cuando sus agentes tienen conocimiento de la situación y no ponen todas las medidas que están a su alcance”, según Fernández.

Y no solo eso. La sentencia también viene a decirle al Estado español que tiene que cumplir con sus compromisos internacionales en Derechos Humanos, después de que en los últimos años vinieran argumentando que los dictámenes de Naciones Unidas no eran vinculantes. “El Supremo viene a decir que son vinculantes y de obligado cumplimiento”, dice Fernández.

Según la abogada Gema Fernández, esta sentencia forma parte de un cambio en el modo en el que se entiende la violencia de género y contribuye a reforzar el enfoque desde los derechos humanos

El Supremo indica que la Justicia española debió acatar el dictamen del comité de la CEDAW, que en 2014 condenó a España por no haber protegido a Ángela ni a su hija. “Esta sentencia forma parte de un cambio en el modo en el que se entiende la violencia de género y refuerza el enfoque como un asunto de derechos humanos”, ha asegurado.

La hija de Ángela González fue asesinada en 2003 por su padre, condenado por malos tratos, en una visita no supervisada y después de que González hubiese interpuesto 47 denuncias para que no se produjeran dichos encuentros. 

“Durante diez años ni la Audiencia Nacional ni el Supremo, ni el Constitucional... nadie se había dignado a leer mi verdad: que a mi hija la asesinaron porque no se la protegió”, ha dicho González en la rueda de prensa. González ha recordado que no se cansó de pedir protección y vigilancia, “pero para la justicia prevaleció el interés de un padre maltratador”. De esta manera, se consideró que es mejor tener un padre violento que no tener ninguno, y el derecho de visita fue contemplado como un derecho del padre, sin tener en cuenta el deseo ni el bienestar de la menor, argumentaron las abogadas de González.

Cuando el 2014 el comité fe la CEDAW emitió el dictamen que reconocía la responsabilidad del Estado en el asesinato de su hija, González asegura que se dijo a sí misma en voz alta: “Por fin alguien me ha leído, alguien me ha escuchado, alguien me ha creído”. Sin embargo, fue necesario emprender nuevas acciones judiciales para que la Justicia española oyera el dictamen, después de que en 2016 la Audiencia Nacional insistiera en que los procedimientos legales y las decisiones tomadas por la Justicia española habían sido correctas.

“Esta sentencia no es solo para mí; es un paso gigantesco para la protección de las mujeres, sus hijos en hijas”, valora Ángela González

Con la sentencia que el Tribunal Supremo emitió el pasado 17 de julio, se da la razón a Ángela González y se condena al Estado a indemnizarla con 600.000 euros. “Esta sentencia no es solo para mí es un paso gigantesco para la protección de las mujeres, sus hijos en hijas”, valora González.

Pese al cambio de paradigma que esta sentencia supone en el abordaje de la violencia de género en pareja, la sentencia recoge solo una de las recomendaciones que hace el dictamen del comité de la CEDAW, la relativa a la indemnización.

Pero el dictamen pide también llevar a cabo una investigación exhaustiva que determine los fallos que produjeron la situación de desprotección, tomar medidas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y de visitas, reforzar la aplicación del marco legal para responder adecuadamente a las situaciones de violencia de género en pareja y formar a los operadores de justicia en materia de lucha contra la violencia machista.

La abogada Gema González explica a El Salto que una forma muy potente de reparación en este caso sería la garantía de no repetición. Sobre quién debería pedir disculpas a Ángela, la abogada cree que toca que algún alto cargo del Gobierno pida disculpas a Ángela González, que asegura que en estos 15 años nadie le ha pedido perdón.

“Los años que llevamos trabajando en el caso de Ángela, cómo ha ido calando el discurso que pone en evidencia los estereotipos de género en la justicia, y también indignación del movimiento feminista y de la calle en casos como Juana Rivas o La Manada... quiero pensar que todo eso ha contribuido a esta sentencia”, concluye.