Padres abusadores, madres juzgadas y cuestionadas

Son tres mujeres muy diferentes, pero tienen un nexo común: se han visto desamparadas por un sistema judicial y burocrático que no solo ha cuestionado sus palabras, sino también las de sus hijos e hijas abusadas sexualmente por quienes se califican como sus padres. El castigo que han recibido por luchar va desde perder custodias de sus criaturas, enfrentarse a años de cárcel o verse inmersas en una madeja institucional, además de la tensión psicológica con la que tienen que lidiar a diario. La historia de Susana Guerrero es una muestra de abuso institucional múltiple.

Este jueves, 1 de marzo, se enfrenta en Talavera de la Reina a dos años de cárcel, acusada por la Fiscalía de presunta denuncia falsa de abusos sexuales. Su historia viene de muy atrás. Desde que fue consciente de lo que le había sucedido, Susana Guerrero hizo público que Francisco Muñoz había abusado sexualmente de ella desde que Susana tenía 12 años, primero en la propia casa de este señor y su esposa y, posteriormente, cuando la buscaba en los centros de menores donde ella creció porque provenía de una familia desestructurada.

A los 17 años, fruto de esos abusos, Susana se quedó embarazada de su hija Nayara y comenzó a sufrir maltrato por parte de él. Cuando nació la niña, se determinó el régimen de visitas y en el momento en que Susana se marchó a trabajar fuera de Toledo en 2011, el denominado ‘padre’ de la menor reclamó su custodia y comenzaron las demandas judiciales. El Juzgado de Talavera obligó a mantener el régimen de visitas inicial incluso cuando la madre y su hija se encontraban viviendo en Gran Canaria.

Tras algunas de estas visitas, la niña empezó a mostrarse reacia y Susana sospechó que estaba sufriendo abusos sexuales por parte de él y maltrato físico por parte de la esposa de este, así que interpuso una demanda pidiendo que se suspendieran las visitas, pero la desestimaron.

“Piden dos años de cárcel para mí por proteger a mi hija de un depredador sexual, es inconcebible”

Después de una breve visita a un psiquiatra, este determinó que Nayara estaba bajo los efectos del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un síndrome sin base científica pero muy utilizado en los litigios de custodias de hijas e hijos. Susana, por su parte, acudió a otro forense y otro psiquiatra y en esta valoración sí aparece que “la huella psíquica de Nayara es compatible con las situaciones de abuso sexual”. “Mi hija no podría decir que este señor le ha puesto películas pornográficas o que le ha incitado a tocarle sus partes si no fuera cierto”, manifiesta esta madre.

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En el año 2015, un juzgado de Talavera le dio la guarda y custodia de Nayara al padre, basándose en el informe que aludía al SAP, pero Susana logró que se revocara y después de una larga lucha el Tribunal Supremo declaró firme hace un año la sentencia que confirma la custodia para la madre. Pero esa no era la última batalla. “Piden dos años de cárcel para mí por proteger a mi hija de un depredador sexual, es inconcebible”.

Tiene muy claro que lo que ha hecho que se produzca esta situación son las irregularidades del Partido Judicial de Talavera de la Reina. “No me protegieron cuando era menor y permitieron que este señor abusara de mí durante años, así que ahora tienen que cubrirse las espaldas”. Actualmente, recibe el apoyo de más de cien colectivos que están denunciando la situación de abuso que ha vivido y continúa viviendo.

Los abusos sexuales son algo que también comparte la historia de Sara Estrada, aunque a ella, además, la han despojado de sus hijos. Después de varios años de relación con un hombre que vivía en Sagunto (Valencia) y con el que convivió un tiempo, ella le denunció por malos tratos y se marchó con sus tres hijos a una casa de acogida cerca de Barcelona.

Lo que ocurrió después fue todo un batacazo. “Comenzó un proceso cruel donde terminé perdiendo a mi hijo por denunciar estos abusos”

Sara cuenta que la criatura más pequeña, hijo de ella y de esta pareja, empezó a mostrar indicios de abusos. Era el año 2014. “El pequeño, que por entonces no llegaba a los dos años, balbuceaba palabras como ‘cola’, ‘boca’ y ahí me di cuenta de lo que está pasando”, manifiesta Sara. El equipo de Urgencias del Hospital del Mar realizó un informe para enviarlo al Juzgado de Barcelona. “Me dicen que tengo que denunciarlo yo porque tengo la guarda y custodia del menor”.

Lo que ocurrió después fue todo un batacazo. “Comenzó un proceso cruel donde terminé perdiendo a mi hijo por denunciar estos abusos”. Como los hechos denunciados habían sucedido en la Comunidad Valenciana y no en Cataluña, los informes viajaron de una comunidad a otra y se perdieron por el camino. En Valencia terminaron determinando que el niño estaba manipulado por la madre y le dieron la custodia al padre. “Entonces me fugué diez meses con mi hijo hasta que me encontraron y tuve que entregarlo”.

En un principio, a Sara no le permitieron ver al niño hasta que inició una huelga de hambre, con la que consiguió poder estar con él una hora al mes en un punto de encuentro en Sagunto. “Así llevo desde enero de 2016, y estas visitas son vigiladas, con un psicólogo, y si no llega un policía no puedo verle”.

Sara Estrada también denunció los abusos sexuales de su hija de 15 años por parte de este mismo señor, unos abusos que se habrían producido mientras Sara y él mantenían la relación de pareja. “Cuando su hermano dijo lo que el padre le hacía ella empezó a ponerse agresiva, muy ansiosa y contó lo que hacía”.

“Lo que nos pasa es la norma, no es una excepción; yo me enfrento a siete años de cárcel por retención de menores, por haberme fugado para proteger a mi hijo”

La niña pasó una exploración médica, emitieron un informe y se llevó el mismo proceso del niño. Ahora la pequeña mantiene un seguimiento psiquiátrico y están a la espera de conseguir un nuevo informe con el que poder llevar el caso al Tribunal Supremo. “Lo que nos pasa es la norma, no es una excepción, es a lo que nos enfrentamos las mujeres cuando denunciamos estos temás tabú; yo me enfrento a siete años de cárcel por retención de menores, por haberme fugado para proteger a mi hijo”, explica Sara Estrada.

Ana Sánchez es un nombre ficticio. Al igual que los dos relatos anteriores, su narración también incluye abusos sexuales. Mantuvo una relación de pareja de diez años con un hombre en la que comenzaron a producirse situaciones de maltrato por parte de él. A raíz de esta relación nacieron su hijo y su hija, de 11 y 7 años actualmente. “En una de las últimas peleas, mientras me intentaba estrangular, mi hijo se metió en medio”, explica.

Poco después de este episodio, en el año 2013, comenzó un complejo entramado judicial. Tras la denuncia de la Policía y más tarde la de la propia Ana, ella se quedó con la guarda y custodia y a él le decretaron un régimen de visitas con las criaturas de dos días entre semana y fines de semanas alternos, a pesar de que fue condenado a seis días de arresto domiciliario.

“En 2014, cuando nos dan la sentencia de divorcio, el niño y la niña empiezan a contar el maltrato y los abusos que están sufriendo”, explica Ana. “Mi hijo no quería comer, estaba apático y me decía que no quería ir más con él, además empezó a venir de las visitas con hematomas gravísimos, pero no contaba nada”.

Ana indica que al poco tiempo su hija empezó a manifestar que no quería ir con su padre y que él le había hecho daño en sus partes íntimas jugando. La llevó al hospital y se inició el protocolo de abusos sexuales, pero cuando llegó al forense, éste determinó que no había penetración y que, por tanto, lo que la niña contaba no era compatible con los abusos sexuales. La Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa.

Ana explica que hace dos años, durante una visita a la pediatra, su hijo reveló que se veía obligado a realizar tocamientos y masturbaciones a este señor, así que se volvió a iniciar el protocolo de abusos sexuales. El niño comenzó a padecer crisis de ansiedad y acudieron a psiquiatría.

Aunque en un primer momento se la denegaron, finalmente la Audiencia Provincial aprobó la orden de protección de las criaturas y se suspendió el régimen de visitas con él. Pero los pasos firmes de la institución siguieron en pie.

¿Qué ocurre para que estas madres y sus criaturas se vean cuestionadas cuando tratan de visibilizar unos hechos de tanta gravedad?

Un año y medio después, en la Clínica Médico-Forense determinaron que la niña no podía ser evaluada porque no hablaba cuando le preguntaban y que el niño no relataba los hechos con detalle y, por tanto, su testimonio era ‘increíble’. La Audiencia determinó que se levantase la orden de protección pero afortunadamente para Ana, en la sentencia aparece que existía una denuncia previa de una pediatra y que se debía abrir un juicio oral, así que la orden de protección siguió vigente. En este momento, la Fiscalía pide pena de prisión para él de 2 a 7 años.

¿Qué ocurre para que estas madres y sus criaturas se vean cuestionadas cuando tratan de visibilizar unos hechos de tanta gravedad? Ana lo tiene claro. “Si mi hijo y mi hija cuentan que esto se lo ha hecho el vecino o su profesor, ya estaría preso; pero es un padre y, además, un padre condenado por malos tratos de forma muy suave. El incesto está muy respaldado judicialmente, y si además las que denunciamos somos madres maltratatadas, las excusas se multiplican y se nos llama manipuladoras”.

Añade que en los recursos institucionales lo complican todo más. “Lidiando con las instituciones lo he pasado aún peor que todos los años con él; en los servicios sociales me abrieron un informe donde decían que yo tenía un trastorno de la personalidad y que lo que existía era un conflicto familiar: resulta que los abusos sexuales y los malos tratos ahora son un conflicto familiar”.

Como indica Sara Estrada, sus casos no son únicos. Ellas lo saben bien, ya que diariamente contactan con otras madres que arrastran historias similares. Algunas reúnen las fuerzas suficientes para seguir luchando por conseguir justicia para sus hijos e hijas pero hay muchas otras que se ven desamparadas y que no saben cómo enfrentar estas situaciones. “Las instituciones, en su mayoría regentadas por hombres que tienen el poder, nos machacan”, concluye Ana Sánchez.